Carlos Gil Cera
Expediente 427/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/04/2018
Partes del expediente
- Carlos Gil Cera
Actuaciones
- Principal
Mesa III. Toluca, Estado de México; trece de abril de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, mediante el cual acusa recibo de las constancias consistentes en copias certificadas del expediente laboral J5/373/205, las cuales le fueron remitidas mediante oficio 7972, del índice de este Juzgado de Distrito; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
MESA VI. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite las constancias de traslado de los terceros interesados ************, *********** y **********, por sí o a través de su representante común *********, mismas que le fueron remitidas por el Presidente de la Segunda Sala Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. En virtud de lo anterior, glósense a los autos para que obren como correspondan las constancias de cuenta, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo promovida por **************, por conducto de su mandatario y representante **********. Notifíquese.
- Principal
MESA VI. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE MARZO ACTUAL, EMITIDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, EN EL CUAL EN ESENCIA SE DETERMINÓ: "Toluca, Estado de México; veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por remisión expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite el expediente original 216/2018 formado con motivo del escrito de demanda de amparo presentado por ******, por conducto de su mandatario y representante legal *****, así como cuatro anexos, consistentes en: Toca de apelación ****/2018. Copias certificadas del testimonio de apelación del expediente ****/2017. Copias certificadas del cuaderno de pruebas de la parte actora, relativo al expediente ***/2017. Copias certificadas del cuaderno de pruebas de la parte demandada, relativo al expediente ****/2017. Lo anterior, toda vez que dicho órgano colegiado estimó carecer de competencia legal para conocer de dicha demanda. Acúsese recibo. RADICACIÓN. Vista la demanda de garantías promovida por *****, quien se ostenta como mandatario y representante legal de *****, contra actos de la Segunda Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Fórmese el expediente físico y electrónico; del mismo modo, regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 427/2018-VI. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito advierte que el promovente señaló como actos reclamados los consistentes en: ? La sentencia dictada en el toca de apelación ****/2018 de fecha *** de ****de dos mil dieciocho, relativa al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de *** de *** de dos mil dieciocho, emitido en los autos del expediente relativo al juicio ordinario civil (interdicto de recuperar posesión) ****/2017, del índice del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, mediante el cual no se admitieron diversas pruebas que ofreció el quejoso como supervinientes en esa instancia. Para una mejor comprensión de lo anterior, es necesario realizar la siguiente narrativa de constancias: 1. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles de Extinción de Dominio con residencia en Toluca, Estado de México, Carlos Gil Cera, demandó en la vía ordinaria civil de ****, **** y ****, la restitución de la posesión del inmueble ubicado en ****, sin número, Barrio la ****, ****, Municipio de ****, Estado de México (fojas 1 a 12 del anexo 1). 2. Por auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete, el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, a quien correspondió conocer del asunto por razón de turno, lo radicó bajo el número ****, admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuestas y ordenó el emplazamiento de los demandados (fojas 13 y 14 del anexo 1). 3. Seguidos los trámites procesales, mediante escrito presentado el ocho de enero de dos mil dieciocho, ****, en su carácter de representante legal del actor ****, ofreció diversas pruebas como supervinientes dentro de dicho juicio (fojas 83 a 87 del anexo 1). 4. Por acuerdo de nueve de enero de dos mil dieciocho, emitido en los autos del expediente ****, el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, no admitió las pruebas ofrecidas como supervinientes por el actor, lo anterior en virtud de que si bien son de fechas posteriores a su demanda, también lo es que se trata de documentos que por existir un archivo público pudo pedir y obtener copia autorizada de ellos para acompañarlos a su demanda o contestación, más aún que en ambas documentales se precisa que se extienden las certificaciones a solicitud del interesado, esto es, que se emitieron a petición de parte, aunado al hecho de que no acreditó haber realizado oportunamente la solicitud al lugar en que se encontraban antes de la demanda y que por causas no imputables no haya podido adquirir con anterioridad (foja 88 del anexo 1). 5. Inconforme con dicha determinación, mediante escrito presentado el once de enero de dos mil dieciocho, ****, en su carácter de representante legal del actor ****, promovió recurso de revocación, mismo que fue declarado improcedente el doce de enero de dos mil dieciocho (fojas 89 a 92 del anexo 1). 6. Mediante escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, ****, en su carácter de representante legal del actor ****, interpuso recurso de apelación, en contra del auto de nueve de enero de dicho año, el cual correspondió su conocimiento a la Segunda Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien lo registró con el número de toca **** y mediante resolución de quince de febrero de dos mil dieciocho, confirmó el auto impugnado (fojas 3 a 8 y 15 a 22 del toca **** identificado como anexo 4). Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente asunto. DESECHAMIENTO. Ahora, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por su manifiesta e indudable improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causal de improcedencia la desechará de plano." Efectivamente, el numeral 113, de la legislación de la materia, impone la obligación al suscrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable improcedencia, procederá a desecharla de plano, sobre la base de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. Ilustra sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890, tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, novena época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el diverso 112 de la misma legislación, señala: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." Y el artículo 107, fracción V, segundo párrafo, de la legislación reglamentaria, dice que: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." En ese orden, en consideración del suscrito, se actualiza la hipótesis normativa prevista por el numeral 113, de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a su desechamiento de plano, al encuadrarse la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, de la Carta Magna, interpretado a contrario sensu, porque el acto combatido no es de los considerados de imposible reparación que deba ser analizado de manera inmediata a través del juicio de amparo indirecto, porque para calificarlo de tal forma, sería necesario que produjera una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y no, únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Destaca, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el numeral 107, fracción V -apenas transcrito-, precisa claramente el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación; respecto de los cuales se dice son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; esto es, a partir de la actual redacción el legislador secundario proporcionó mayor seguridad en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal tuvo la intención de que en los procedimientos judiciales, se entendiera cuáles son los actos que pueden ser así considerados. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, analizó los aspectos que el legislador secundario ponderó para definir los actos de imposible reparación en la actual redacción de la Ley de Amparo, y destacó que las dos condiciones que se dispusieron para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento fueron las siguientes: "la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión en la que reside la idea de repeler cualquier lesión solo de naturaleza formal, la cual se actualiza en los casos en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva". Bajo ese panorama, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra actos de autoridad que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado; y no una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En consecuencia, es evidente que el acto que reclama y que se hace consistir en la sentencia dictada en el toca de apelación **** de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, relativa al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de nueve de enero de dos mil dieciocho, emitido en los autos del expediente relativo al juicio ordinario civil (interdicto de recuperar posesión) ****, del índice del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, mediante el cual no se admitieron diversas pruebas que ofreció el quejoso como supervinientes en esa instancia, no debe considerarse como de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, que deban impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V, del ordinal 107, de la Ley de Amparo vigente, interpretado a contrario sensu. Al respecto, deviene aplicable la Jurisprudencia P./J.6/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo respectivo tenor es: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO.". En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se concluye desechar de plano la demanda de amparo de que se trata. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el precepto 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar ésta y las subsecuentes notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los arábigos 305 y 306, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el que indica el promovente, y respecto de las personas que autoriza, tomando en consideración la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, y de forma restringida a las demás personas que menciona en su escrito de demanda, limitación que subsistirá hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. Notifíquese"
- Principal
Mesa VI. Un acuerdo de notificación personal a la parte quejosa.
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