Carlos Gerardo Zavala Tellez
Expediente 15/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Gerardo Zavala Tellez
- Secretaría del Trabajo Y Previsión Social
Actuaciones
- Principal
En nueve de febrero de dos mil veintitrés, el Secretario CERTIFICA: Que el plazo legal de que disponían las partes para recurrir el auto que desechó la demanda de amparo, transcurrió para la quejosa, del diecisiete al veintitrés de enero de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada, vía electrónica, el dieciséis de enero del año en curso, sin que lo hubieran hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos.. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de febrero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Toda vez que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2 De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
Cuenta. En diez de enero de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta a la Jueza, con una demanda de amparo presentada electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y turnada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, la cual quedó registrada bajo el folio 347 ********************. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de enero de dos mil veintitrés. 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número ********************. 1.2 DESECHAMIENTO. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII párrafo primero, en relación con los diversos artículos 17, fracción l, y 18, de la Ley de Amparo, porque la demanda se presentó en forma extemporánea. En efecto, de los preceptos citados, se desprende que, el juicio de amparo debe instarse en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente, a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I, del numeral 17, de la Ley de Amparo, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor, cuando se trate de una norma autoaplicativa (caso concreto en el presente juicio, el plazo para la presentación de la demanda de amparo será de treinta días), esto es, que: Hubiere surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame; salvo la hipótesis prevista en la fracción I, del numeral 17, de la ley de la materia, que será de treinta días, contado a partir del mismo día de su entrada en vigor. La parte quejosa hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. La parte quejosa se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber a la parte quejosa el acto reclamado, o bien, con la entrada en vigor de la norma tildada de inconstitucional. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable, distinto a la notificación del acto reclamado, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último tuvo conocimiento en determinada fecha de aquél, el cual debe producir la convicción de que el quejoso se enteró del mismo en forma directa, plena y completa. Por su parte, el último supuesto establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación combatida, conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. En ese contexto, se concluye que en el caso se actualiza el primero de los supuestos indicados, el cual, como se señaló, es determinante para computar el plazo exceptuado de treinta días para la presentación del juicio constitucional. Es así, pues de la demanda de amparo se advierte que la quejosa manifiesta lo siguiente: ".Ley o acto que de cada autoridad se reclama: La expedición del ACUERDO POR EL CUAL SE ESTABLECEN CRITERIOS DE INSPECCiÓN EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN RELACIONADOS CON LA AGROINDUSTRIA DE EXPORTACiÓN publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de noviembre de 2022 y que entro en vigor el día 15 de noviembre de esta misma anualidad. (.) Que con la entrada en vigor de dicho acuerdo se genera una violación a mis derechos fundamentales pues me limita a no ejercer labores de corte, la cual es nuestra actividad económica preponderante. (.) Se está impugnando la entrada en vigor de un acuerdo emitido por una secretaria dependiente del poder ejecutivo federal, por lo que no es menester agotar los medios ordinarios de defensa previamente a la interposición del juicio de garantías. (.) la entrada en vigor de dicho acuerdo trae consigo que la autoridad a futuro pueda ejercer medidas en contra de quienes continúen operando fuera de los criterios emitidos serán sujetos a inspecciones por parte de la STPS, lo que genera de forma inmediata que productores y empacadores , desistan de realizar actividades económicas con entes dedicados al servicio de CORTE como lo es mi empresa, en el entendido de que ningún sujeto que sepa de la existencia de los CRITERIOS de la autoridad buscara que la autoridad , administrativa lleve una inspección en su contra por contratar a una empresa como mía; lo cual es totalmente violatorio a mis derechos fundamentales." Lo anterior es así, ya que la quejosa reclama la expedición del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día catorce de noviembre de dos mil veintidós, en cuanto norma autoaplicativa, pues refiere que con motivo de la entrada en vigor limita sus derechos de ejercer actividades de corte; mismo que, como ya se dijo, entró en vigor al día siguiente, esto es, a las cero horas del quince de noviembre del mismo año. Así, el plazo de treinta días que establece el artículo 17, fracción l, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa presentara la demanda, le transcurrió del quince de noviembre al veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, esto es, el lunes veintiuno de noviembre (en conmemoración al veinte de noviembre), seis sábados (diecinueve y veintiséis de noviembre, tres, diez, diecisiete y veinticuatro de diciembre) y seis domingos (veinte y veintisiete de noviembre, cuatro, once, dieciocho y veinticinco de diciembre de dos mil veintidós). Luego si la demanda de amparo se recibió el día nueve de enero de dos mil veintitrés, y fue turnada en esa misma data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, es evidente que su presentación resulta EXTEMPORÁNEA, pues como se indicó, la parte quejosa estuvo en condiciones de ejercer su derecho para presentar la demanda de amparo, del quince de noviembre al veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Tiene aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 26/98, visible en la página 461, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, Materia Común Constitucional, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación." En consecuencia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, párrafo primero, en relación con los diversos artículos 17, fracción l, y 18, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo y autorizado para tales efectos a las personas que refiere. USUARIO. De igual manera, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario respectivo para que registre al usuario que indica la parte quejosa, a efecto de tenga acceso al expediente electrónico y se le practiquen notificaciones en la misma forma. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con fundamento en los artículos aplicables del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por usuario a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Claudia Geraldina Camacho Castillo, Jueza Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistida de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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