Carlos Gerardo Urias Pérez

Expediente 2410/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2410/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Carlos Gerardo Urias Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    TIENE POR HECHA LA NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA DEL AUTO DE FECHA DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, TODA VEZ QUE TRANSCURRIDO EL TÉRMINO LEGAL DE DOS DÍAS HÁBILES PARA QUE LA PARTE QUEJOSA HAYA ACUSADO QUE SINTESIS DICE: Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve (foja 100), se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, fue(ron) omisa(s) en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió:  "Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, y, por ende, que no se le apliquen en lo futuro; esto desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo, durante el citado ejercicio.  La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, sin importar que no haya sido llamado en el presente juicio: Tomando en cuenta, la inconstitucionalidad declarada del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, deberá aplicarle en el caso de que exista una cantidad fija mínima a pagar, en el entendido de que la restitución en el goce del derecho humano violado, sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que resultó inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar dicha cantidades mínimas. Por consiguiente, la autoridad en cita deberá emitir otro recibo de pago por los mismos conceptos, devolviendo al quejoso las cantidades que se hayan pagado en exceso, tal como consta en la copia certificada del recibo oficial A 42299941, de once de febrero de dos mil diecinueve, para así respetar el derecho fundamental transgredido en los términos aquí apuntados." De la transcripción anterior se advierte que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable debía: 1) Desincorporar de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco. 2) Devolver al quejoso las cantidades que pagó en exceso, tal como consta en la copia certificada del recibo oficial A 42299941, de once de febrero de dos mil diecinueve. Al respecto, por cuanto hace al cumplimiento del primer lineamiento, por oficio PF-DC-JA-32601 (foja 97), el Director de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, remitió copia certificada del acuerdo del Procurador Fiscal del Estado de Jalisco de fecha uno de agosto de dos mil diecinueve (foja 99), en el cual ordenó desincorporar de la esfera jurídica del quejoso el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Ahora bien, en relación con el segundo lineamiento impuesto a la responsable, se advierte que, mediante oficio PF-DC-JA-30075 (foja 89), remitió diversos anexo de los que se advierte la devolución de las cantidades que la parte quejosa pagó en exceso (fojas 92 y 93). Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado acuerdo general conjunto. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado y no existen documentos originales, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos cinco años, como lo indica el referido punto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del aludido acuerdo general conjunto

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado por la Tesorera Municipal de Guadalajara, Jalisco, a través del cual manifiesta las gestiones que se encuentra realizando a fin de cumplir con la sentencia dictada en autos, y para tal efecto solicita una prórroga de quince días. En atención a ello, dígase que no ha lugar a otorgarle la prórroga que solicita y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, para que, en el término de tres días legalmente computados, a partir de que se le comunique el presente proveído, cumpla cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo conforme a los lineamientos establecidos en ella y lo acredite de manera fehaciente ante este órgano de control constitucional. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, página 832 de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesta a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento. Asimismo, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, en su calidad de superior jerárquico de las autoridades responsables para que ordene cumplir a su inferior, en los términos ya precisados, la ejecutoria de amparo; bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpla con la sentencia de amparo, se le impondrá una multa en los términos previamente destacados, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Notifíquese.

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