Carlos Gerardo Lozano Viamonte
Expediente 1252/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1252/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/09/2017
Partes del expediente
- Carlos Gerardo Lozano Viamonte
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el presente juicio y carece de relevancia documental; y, depurable el original del incidente, pues se negó y concedió la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Por último, devuélvanse a las responsables las constancias que remitieron a este juicio.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Cuarto Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, a través del cual remite original y duplicado del incidente de suspensión 512/2017-II de su índice, así como misiva correspondiente a la estadística de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y anexo certificado. Ya que el incidente de suspensión de los actos reclamados fue resuelto por el Juzgado oficiante, únicamente identifíquense los cuadernos relativos al citado incidente, para los efectos legales conducentes. Respecto a las documentales de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, al haber sido emitidas por funcionario que tiene fe pública. En la especie, se advierte que contra el acto tildado de inconstitucional, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, la cual establece que cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, el juicio de amparo será improcedente. Dicha hipótesis puede actualizarse en dos supuestos: a) Cuando el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro; y, b) Que la propia responsable lo revoque, anulando así todos los efectos que aquél producía. En el primer caso, se cancelan jurídicamente los efectos de la determinación controvertida, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando éstas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad; esto es, cuando la afectación al gobernado derive invariablemente de la nueva resolución, de modo que aquéllas no puedan entenderse sin éste y, por tanto, los efectos en concreto pierdan toda vinculación con el acto en principio combatido. En ese contexto, la cesación de efectos por sustitución procesal es característica de los actos jurisdiccionales, por la dinámica en la que se emiten, pues los procedimientos judiciales se conforman por una serie de actos concatenados de tal manera que la existencia de uno constituye la base de otro subsecuente con el que se encuentra íntimamente vinculado y, así, cada acto que se sustenta en otro precedente, lo sustituye de inmediato en los efectos que produce; siendo esta nota distintiva la que hace inaplicable a esa clase de actos la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." No se soslaya que dicho criterio sustenta y define la cesación de efectos que tiene lugar cuando la propia responsable revoca el acto recurrido, la cual derivó de asuntos en los cuales se analizaron exclusivamente actos administrativos que, por regla general, no se emiten a partir de procedimientos con las formalidades que exige el actuar de una autoridad judicial, sino que generalmente constituyen determinaciones unilaterales del imperio estatal, que no exigen un acto posterior que sustituya o modifique el estatus generado por el acto reclamado, porque no son más que expresiones de las diversas atribuciones del Poder Ejecutivo cuya finalidad es regular el comportamiento de los gobernados o exigir el cumplimiento de determinadas obligaciones, a diferencia de la función jurisdiccional que tiene como finalidad otorgar seguridad jurídica a las partes que acuden a litigar ante los tribunales. En esa medida, la revocación unilateral del acto por parte de la autoridad debe ser tal, como establece el criterio en comento, que no admita duda sobre la persistencia de los efectos del acto, esto es, que en ese caso no basta una anulación formal del acto jurídico pues, para que la causal de improcedencia en estudio se verifique en ese supuesto, será necesario que la conducta de hacer por parte de la autoridad anule las consecuencias jurídicas y materiales del acto reclamado, esto es, que el desistimiento de la pretensión estatal respecto del gobernado debe ser incondicional y efectivo. Considerando lo antes expuesto, este juzgado advierte que han cesado los efectos del acto reclamado; lo anterior, porque el acto reclamado en el presente juicio consiste en la sentencia de nueve de marzo de dos mil diecisiete, emitida en el toca 120/2017, que modificó los puntos resolutivos segundo y tercero de la resolución de veinte de enero de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 1364/2015; empero, lo cierto es que éste fue sustituida procesalmente en forma total por la diversa resolución de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete; en la cual, entre otras cuestiones, la Primera Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México dejó sin efectos la determinación reclamada (emitida el nueve de marzo del año en curso) y se pronunció nuevamente respecto a los puntos resolutivos segundo y tercero de la interlocutoria de veinte de enero de dos mil diecisiete, relativa al incidente de liquidación de pensiones alimenticias provisionales deducido del expediente 1364/2015,del índice del Juzgado Supernumerario Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Por tanto, es inconcuso que los conceptos de violación de que se duele el quejoso, ya no se encuentran determinados por la resolución de reclamada (nueve de marzo de dos mil diecisiete), sino por la diversa de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, pues la eficacia jurídica y la ejecución material de tales actos, ya no depende de la determinación primigenia, sino de las nuevas actuaciones, por haber modificado éstas, en forma total, al primero en mención. Así, la cesación de efectos se actualiza no sólo cuando la nueva determinación revoca, anula o deja insubsistente el acto impugnado, sino también en el momento en que sustituido procesalmente por otro, aun cuando para ello se remita a las consideraciones de la determinación recurrida, pues debe entenderse que éstas forman parte del nuevo pronunciamiento que, indudablemente, toma el lugar y modifica los efectos del anterior. De modo que esa determinación final sustituyó al acto reclamado, lo que se traduce en la cesación de efectos del mismo, actualizando el supuesto previsto en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cobra relevancia a lo anterior, el criterio del Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicado en la página ochocientos cuarenta y cinco, XXII, noviembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 176744, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Por tanto, toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo; lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías 1252/2017-III-A, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las doce horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Notifíquese; y personalmente al quejoso y tercera interesada. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la secretaria Jazmín Nallely Martínez Ramírez, que da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de autos, del cual se advierte que a la fecha no obran los acuses de recibo por medio de los cuales se les notificó la sentencia dictada en el presente juicio, así como el recurso de revisión hecho valer a las autoridades responsables denominadas Titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al medio ambiente del Sector Hidrocarburos, (oficio 16447/2017 de diecinueve de mayo del año en curso), Titular de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, (oficio 16450/2017 diecinueve de mayo del año en curso) y Subsecretario de Transporte, (oficio 18825/2017 siete de junio del año en curso). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, se requiere a las citadas responsables, para que en el término de veinticuatro horas, acusen recibo de los oficios antes citado y remitan copia autorizada de los mismos respectivamente; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Información puede ser enviada al fax (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial ejecucion@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3252 o 3267.
- Principal
RADICACIÓN Visto el oficio de cuenta, por medio del cual el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, declina competencia, por conocimiento previo, respecto del juicio de amparo indirecto 512/2017 de su índice; lo anterior, en virtud de la relación con el diverso 556/2017, del índice de este órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y regístrese bajo el número 1252/2017-III-A. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Acúsese el recibo de estilo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL De las constancias remitidas por el Juez Federal oficiante se advierte que en proveído de veinticuatro de julio pasado, se fijaron las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, para verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, a fin de no trasgredir los derechos fundamentales de las partes y comunicarles que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente sumario, se fijan para tal efecto las doce horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, para su celebración. SOLICITUD DE INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Y ANEXOS Se solicita de manera atenta al homologo federal remita el original y duplicado del incidente de suspensión respectivo, en su caso, debidamente transferida la garantía correspondiente, así mismo, los anexos remitidos por la sala responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 párrafo quinto de la Ley de Amparo. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Hágase del conocimiento a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la radicación de este sumario. CONVALIDACIÓN DE ACTUACIONES No ha lugar a solicitar informes justificados de las autoridades responsables, toda vez que ya obran en autos. NOTIFICACIÓN AUTORIDADES Por otro lado, se hace del conocimiento a la autoridad responsable, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificarán por lista y los restantes por oficio. En apoyo se invoca la Jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página mil doscientos cincuenta y tres de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". TERCERO INTERESADO De las actuaciones remitidas por el homologo federal se advierte que a la fecha ha sido llamada a juicio la tercero interesada Aida Janet Hernández Vences en representación de las menores de iniciales K.L.H. y K.L.H; por tanto, notifíquesele la presente determinación, así también en el acto de la diligencia, de conformidad en el artículo 27 de la Ley de Amparo, fracción I (primer párrafo), y fracción II (segundo párrafo), de la Ley de Amparo, le requiera para que dentro del plazo de tres días al en que sea notificada, señale domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, dentro de la residencia de este órgano de control constitucional (municipio de Toluca) o en su defecto dentro de la zona conurbada de este Juzgado (Metepec, Estado de México), con el apercibimiento que de no hacerlo así sin ulterior acuerdo se le harán por lista que se fijan en los estrados de este Juzgado de Distrito. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS Se tienen por autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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