Carlos Gerardo Balderas Campuzano
Expediente 648/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 14 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 648/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 31/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Carlos Gerardo Balderas Campuzano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 648/2023-III-A AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Torreón, Coahuila, a las trece horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Jorge Trejo Veloz, secretario quien da fe, la declaró abierta sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta con la demanda de amparo promovida por la parte quejosa y con los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta al Juez con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tiene por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO 533/2023 PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, remitido el día siguiente a este Juzgado Federal, Carlos Gerardo Balderas Campuzano, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal en contra las autoridades Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, y otras, de las cuales reclamó los actos que al efecto precisó. En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto se violaron, son los contenidos en los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 648/2023-III-A, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman normas generales con motivo de su primer acto de aplicación que tuvo lugar en la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal. Se invoca, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, enero de 2003, página 324, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) En ese sentido, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Del Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. 1. La aprobación, expedición, promulgación y publicación, de los artículos 54, fracción II, inciso 1), 60, fracción II, inciso 3), 53-A y 169 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Del Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila. 1. La falta de refrendo de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente. Del Administrador Fiscal General de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, y Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad, con sede en esta ciudad. 1. La aplicación de las normas reclamadas, mediante el cobro y recepción de pago de los derechos por concepto de inscripción de documentos, contenidos en los recibos con números de folio 769150685-A, 769150685-B, 769150591-A y 769150591-B, de fecha tres de abril de dos mil veintitrés, a nombre del peticionario de amparo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos. La autoridad responsable Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, al rendir su informe justificado, negó categóricamente los actos que se le reclaman relativos a la aplicación de los preceptos que tilda de inconstitucionales, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por la autoridad responsable antes mencionada al rendir su informe justificado, en torno a los actos reclamados a ella atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en los términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dicha autoridad se halla en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Además, la negativa en comento se patentiza respecto del refrendo de la legislación combatida, pues el decreto que contiene las modificaciones impugnadas por la parte quejosa, no fue refrendado por la citada autoridad responsable, ya que dicho acto corresponde únicamente al Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado3 y así se encuentra plasmado en la publicación del ordenamiento que se reclama. En lo que respecta a los actos de aplicación atribuidos a la autoridad responsable Administrador Fiscal General de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, y Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad, con sede en esta ciudad, debe destacarse que para los efectos de este juicio de amparo, no existen. Es así, pues los actos de ejecución que se le reclama, no pueden ser imputados a esas autoridades, ya que la parte quejosa acreditó haberse autoaplicado los preceptos legales que reclama. Consecuentemente, el cumplimiento de la norma no puede ser atribuido a esa autoridad. De esta forma, sin prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de esa autoridad responsable. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, pues así se advierte del contenido de sus respectivos informes justificados. La certeza de los actos que en el ámbito de su competencia se atribuyen a las autoridades antes señaladas, se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del decreto que contiene la norma reclamada, pues forman parte de un ordenamiento jurídico general, abstracto e impersonal; de modo que constituyen presupuesto y materia propia del conocimiento del juzgador. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 260, de rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Máxime, que las normas impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de cuya divulgación se desprende su existencia; lo que constituye un hecho notorio, y como tal, no se encuentra sujeto a prueba, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo XV, febrero de 1995, página 205, de rubro siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, al rendir su informe justificado invocaron la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues aducen que las pruebas de la quejosa no son idóneas para acreditar el acto de aplicación de la norma, dado que exhibió formatos de pago y no los comprobantes de liquidación en institución bancaria. Al respecto, son infundados los motivos de improcedencia invocados por las autoridades en comento, pues basta observar las constancias del juicio para advertir que la quejoso sí exhibió documentos idóneos para justificar el acto de aplicación, pues en el caso, allegó los recibos electrónicos con números de referencia 769150685-A, 769150685-B, 769150591-A y 769150591-B, de fecha tres de abril de dos mil veintitrés, expedidos por la Administración General de Recaudación, los cuales cuentan con la clave de autorización estatal que garantiza la procedencia de los mencionados recibos digitales, como si tratara de los documentos con firmas autógrafas, según lo dispone el artículo 16 del Código Fiscal del Estado de Coahuila; por ende, los indicados recibos tienen plena validez para acreditar el pago de las contribuciones reclamadas, por lo que gozan de valor probatorio en términos de los artículos 129 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis I.7o.A.410 A, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXII, octubre de 2005, página 2471, que dice lo siguiente: "RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL IMPRESA CORRESPONDIENTE. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión." Toda vez este juzgador no advierte otra causal de improcedencia, ni otra hecha valer por las autoridades responsables, resulta procedente analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Por cuestión de técnica, se procede al estudio de los conceptos de violación contra la norma que prevé el cobro de los derechos de registro, en los cuales la parte quejosa expone medularmente lo siguiente: 1) Sostiene que los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, trasgreden en su perjuicio el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que las normas en cita vulneran en su perjuicio los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, al prever como determinación del derecho que se causa un elemento ajeno a la prestación del servicio de inscripción de documentos, ello, pues en el monto se incluyen como elementos de la contribución los impuestos adicionales, lo que no constituye el costo del servicio. 2) Que la cuota de $23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100) por servicios del Registro Público, es desproporcional pues no guarda relación con el costo que para el Estado representa, ya que, sostiene que por actos registrales análogos se establecen diversas tarifas en la propia ley, por lo que no atiende al costo real del servicio prestado por el Estado, el cual debe ser el mismo para todos los que hagan uso de un servicio igual. 3) Sostiene que en la reforma a la ley para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, el legislador aumentó la cuota a pagar por inscripción de documentos sin haber justificado las razones para ello. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación. De inicio habría de considerar que la contribución que se analiza en el presente asunto es un derecho, la cual define el Código Fiscal del Estado de Coahuila, en su artículo 3°, como las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Luego, la contribución que se combate se encuentra prevista en el artículo 54, fracción II, inciso 1), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, ejercicio dos mil veintitrés, los cuales disponen: "DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD (REFORMADO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2016) (REUBICADO [N. DE E. ANTES ARTÍCULO 79], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) ARTICULO 54.- Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (REFORMADA, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial, se pagará $308.00 (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.). (REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) II. Se pagará una cuota de $23,089.00 (VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado. (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 2). Por la inscripción de la escritura constitutiva de sociedades civiles y asociaciones de carácter civil, así como cualquier modificación a la escritura constitutiva. (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 3). Los contratos mercantiles en que medie condición suspensiva, resolutoria, reserva de dominio o cualquier otra modalidad que dé lugar a una inscripción complementaria para su perfeccionamiento. (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 4). La inscripción de gravámenes sobre bienes inmuebles, sea por contrato, por resolución judicial o por disposición testamentaria; la de los títulos por virtud de los cuales se adquieran, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles, distintos del dominio; los que limiten el dominio del vendedor, del embargo, así como de cédulas hipotecarias, de servidumbres y de fianzas. 5). (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) 6). Las inscripciones que deriven de la inscripción de actos jurídicos por los que se deban pagar los derechos establecidos en el artículo 60 fracción II, de la Sección de Comercio. (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 7). La inscripción de títulos de propiedad, de bienes o derechos que modifiquen, aclaren o disminuyan el capital y sólo sean consecuencia legal de contratos que se otorguen por las mismas partes que figuran en la primera escritura, sin aumentar el capital ni transferir derechos. (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 8). La inscripción del título o contrato cuando se aumente el capital o se transfiera algún derecho. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción y al Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza deban registrarse, se incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan." De acuerdo con dichas disposiciones, el legislador coahuilense estableció el costo de $23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público, y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio. Además, los preceptos en cita también disponen que la cuota fija establecida atiende a los costos generados por revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. Establecido el origen de las contribuciones reclamadas, se procede al estudio de los conceptos de violación, de conformidad con los siguientes apartados. INTRODUCCIÓN DE UN ELEMENTO AJENO PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL PAGO DEL DERECHO. Resulta infundado el argumento del promovente consistente en que el numeral 54, fracción II, inciso 1), de la Ley de Hacienda de Coahuila, contemplan un elemento ajeno para la determinación del derecho por el servicio de inscripción de documentos. Para demostrar dicha aseveración, conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos deben fijarse de acuerdo con el costo que para el Estado represente el servicio administrativo que presta a los particulares, de modo que las cuotas impuestas para los derechos deben ser fijas e iguales para todos aquéllos que reciban el mismo servicio. Dicho razonamiento se encuentra inmerso en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Volumen 169-174, Primera Parte, página 23, registro digital 232409, con rubro: "DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS." De tal manera que, cuando la cuota correspondiente no atienda exclusivamente a la relación entre el costo del servicio y la cuota misma, sino a un elemento extraño al servicio -monto de la operación, medidas de un bien, tipo de documento a registrar, entre otras-, se estaría en presencia de la violación a los principios de proporcionalidad y equidad. Pues en tal situación fáctica, los contribuyentes enterarían mayor o menor cantidad de numerario en dependencia directa de ese elemento extraño incorporado a esa relación de correspondencia íntima entre el costo del servicio y la cuota, originando que por un mismo servicio se cobren cantidades distintas. Situación que en el presente asunto no se actualiza, pues atento al contenido del numeral 54 fracción II, inciso 1), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, correspondiente el ejercicio fiscal de 2023, se advierte que dicho precepto no introduce un elemento ajeno para la cuantificación del pago del derecho, (como es el valor de lo que ha de inscribirse), toda vez que el legislador local estableció expresamente una cuota fija para el cobro por derechos del servicio de inscripción de documentos relativos a la propiedad, a razón de $23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional). Por tanto, al fijar una cantidad para todos los casos en donde se solicite el registro de un contrato de compraventa, títulos de propiedad, resoluciones judiciales, así como cualquier otra en virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique, extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, se cubrirá la misma cuota de -$23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) -, independientemente del monto de la operación. En efecto, la parte quejosa parte de una premisa equivocada, puesto que, se insiste, de la lectura del citado precepto, se advierte que el derecho por servicios de inscripción de documentos relativos a la propiedad no se cobra con base algún elemento ajeno, sino que el legislador estableció una cuota fija. De tal manera que si la tarifa que se le cobró a la parte quejosa como derecho por el servicio de inscripción de documentos, no atiende a un elemento ajeno para la cuantificación del citado pago, como es el valor de lo que ha de inscribirse, es inconcuso que el precepto impugnado no adolece del vicio de inconstitucionalidad aducido por la parte quejosa. Por tanto, en las condiciones anotadas, como se mencionó es infundado el concepto de violación en que señala que dicha contribución trasgrede los referidos principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación a lo anterior, resulta inoperante el argumento hecho valer por el quejoso en el sentido de que en la cuota fija de -$23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.)- señalada en el artículo 54, fracción II, inciso 1), de la Ley de Hacienda de Coahuila, se establecen como elementos ajenos a la contribución los conceptos de impuestos de fomento a la educación y seguridad e impuestos adicionales, pues afirma que los mismos forman parte de los elementos esenciales que integran la contribución establecida por el pago de servicios de inscripción y se determinan atendiendo al monto de la operación. Como se dijo, dicho argumento resulta inoperante por partir de una premisa falsa, pues contrario a lo que sostiene el quejoso, los impuestos adicionales señalados no son parte de los elementos que constituyen la contribución en estudio (sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y la época de pago), pues no se incorporan como parte de la misma, si no que se trata de impuestos diversos e independientes del concepto de pago de derechos registrales. Lo anterior, pues en primer término se determina la cuota fija para todos los que soliciten el mismo servicio $23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) y, posteriormente, se aplican los impuestos adicionales (que en el caso no le fueron aplicados). Por lo que dichos impuestos no inciden o repercuten en alguno de los elementos esenciales del derecho de inscripción reclamado, porque éstos no integran ni forman parte de la mecánica para la determinación del derecho, ya que incluso, desapareciendo los impuestos referidos, todos los elementos esenciales del derecho combatido subsisten, en virtud de que los impuestos adicionales no están adheridos a ninguno de esos elementos esenciales, como son el sujeto pasivo, el objeto del derecho, la base, o su tasa o tarifa, por lo que se considera que tales contribuciones no constituyen o determinan un elemento extraño a tomar en consideración al momento de realizarse el cobro de la cuota fija por servicios de inscripción, pues no forman parte de la misma. Tampoco le asiste la razón al quejoso cuando afirma que por tratarse de un servicio simple, el costo del mismo debe agotarse en la inscripción del documento sin incluir otros conceptos, lo cual resulta incorrecto, pues como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un servicio simple no se distingue porque la actuación del Estado se agote con un solo acto que constituye el servicio mismo, sino, porque el servicio siempre resulta ser el mismo, es decir, que el objeto respecto del cual se solicita no requiere modificaciones por cada vez que se presta o un cambio en la intensidad o especialización para realizarlo. Es decir, es simple porque el Instituto Registral y Catastral efectúa siempre la misma actividad para efecto de la inscripción, por tanto, cualquier acto que se inscriba pasará por el mismo procedimiento, a diferencia de un servicio complejo, en el que cada vez que se solicite el servicio, la actividad del Estado podrá modificarse según el objeto y por tanto el costo podrá variar. Consecuentemente si el precepto impugnado establece una cuota fija para todos los casos de inscripción que contempla, es claro que el costo del servicio atiende únicamente a la cantidad fija y al número de veces que el mismo sea utilizado y no a un monto gradual que aumenta no obstante tratarse del mismo servicio como incorrectamente concluye el quejoso, aunado a que dicho servicio, como se ha señalado, no se agota en la simple inscripción, sino que, implica una serie de actividades que el estado requiere desarrollar para su correcta inscripción y conservación. Resulta ilustrativa a lo anterior la tesis P.V/2012, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, visible en el Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 227, que dice: "DERECHOS POR SERVICIOS. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de derechos por servicios, deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía, ya que para el caso de servicios divisibles prestados por el Estado, el equilibrio entre el costo del servicio y la cuota a pagar debe efectuarse mediante el establecimiento de criterios razonables, conforme a los cuales desde un análisis cualitativo, se verifique que la individualización del costo se efectúa en función de la intensidad del uso del servicio. En este sentido, el análisis de razonabilidad consiste en verificar que la unidad de medida utilizada para individualizar el costo del servicio, esto es, el referente, se relacione con su objeto y que el parámetro individualice los costos en función de la intensidad del uso, lo que conlleva a que pague más quien más utilice el servicio. Por su parte, para el análisis del parámetro debe identificarse si el tipo de servicio es simple o complejo, para con ello determinar si en la cuota debe existir o no una graduación; así, los servicios simples son aquellos en los que las actividades que desarrolla directamente el Estado para prestarlos no se ven modificadas por su objeto, mientras que en los complejos las actividades directamente relacionadas con la prestación del servicio varían con motivo de las características de su objeto; en este sentido, en el primer caso el parámetro no debe reflejar una graduación en la intensidad, pues el aumento en el uso está determinado por las veces en que se actualice el hecho imponible, mientras que en el segundo el parámetro debe reflejar la graduación en la intensidad del uso." (TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD AL ESTABLECER LA CUOTA PARA EL PAGO DE DERECHOS POR SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS. Por otra parte, es inoperante el argumento de la parte quejosa referente a que el costo por el servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público de la Propiedad es desproporcional y desmedido, al no presentar prueba alguna que acredite su manifestación. En el caso, el solicitante del amparo fue omiso en aportar medios de convicción a fin de acreditar que el monto por el servicio de inscripción de documentos, previsto en el precepto 54, fracción II, inciso 1), de la Ley de Hacienda de Coahuila, es superior al costo que tiene en el mercado, pues únicamente exhibió como probanzas al respecto, las documentales consistentes en los recibos de pago 769150685-A, 769150685-B, 769150591-A y 769150591-B, de fecha tres de abril de dos mil veintitrés, expedidos por la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, a nombre de la parte quejosa, los cuales si bien, tienen valor probatorio al contener el sello digital que acredita su autenticidad, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, no son idóneas para que en el presente juicio se configure un parámetro que permita a este juzgador determinar si, efectivamente, existe o no un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio. Efectivamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 343/2013, sustentó el criterio que cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde a la parte quejosa aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo. Explicó que ello era así, porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Ello no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la parte quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen; circunstancias que no acontecieron en el caso particular, dado que la parte quejosa omitió presentar prueba alguna que acredite tal aseveración. Asimismo, aunque el quejoso presenta una lista de diversos Estados y los cobros que efectúan por servicios registrales de inscripción, sin embargo, ello no resulta ser una prueba idónea para acreditar el costo que genera al Estado de Coahuila la inscripción de documentos y demostrar que efectivamente el cobro de dichos servicios es desproporcional, pues no se desprende una base objetiva que permita a este juzgador realizar el estudio respectivo, ya que no puede concluirse que los costos que genera la inscripción de documentos sean los mismos para todas las entidades federativas, prueba de ello es que de la propia lista que presenta la parte quejosa, se presentan variaciones en los costos por servicios de inscripción en cada entidad federativa, ello aunado a que no existe un costo homologado en todo el país para tal servicio, por lo que no resulta un parámetro objetivo que permita establecer el costo real que representa para el Estado de Coahuila el servicio de inscripción; de ahí que, no se acreditó lo aseverado por el peticionario de amparo. Apoya lo expuesto, la tesis 2a. CX/2013 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 2, enero de 2014, tomo II, página 1589, que señala lo siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen". En consecuencia, la afirmación de que el costo del servicio es desproporcional, no resulta ser un elemento objetivo de valoración para sostener el argumento de inconstitucionalidad planteado por el impetrante. Por otra parte, señala el quejoso que el legislador fue omiso en justificar los motivos por lo que la cuota para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, fue aumentada respecto a los años anteriores. Dicho concepto de violación es infundado, ya que, en primer lugar, debe señalarse que el Alto Tribunal Constitucional ha determinado que el incremento considerable de una contribución de un ejercicio fiscal a otro, incluso en más del cien por ciento, por sí, no puede dar lugar a estimar que se viola la garantía de proporcionalidad tributaria, toda vez que en la configuración del tributo, son múltiples los factores que se deben tomar en cuenta, desde la dinámica microeconómica hasta las propias finanzas públicas del Estado. Consecuentemente, la sola afirmación de que los incrementos anuales se encuentran injustificados y son desproporcionales, no evidencian la inconstitucionalidad aludida, pues el quejoso no sustenta de forma alguna sus afirmaciones. Encuentra sustento lo anterior en las jurisprudencias sustentadas por el Tribunal Pleno y la Segunda Sala de este Alto Tribunal, que respectivamente se leen bajo los rubros: "IMPUESTOS, EL AUMENTO CONSIDERABLE EN EL MONTO DE LOS, NO DEMUESTRA NECESARIAMENTE QUE SEAN DESPROPORCIONADOS E INEQUITATIVOS. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, las contribuciones deben reunir los requisitos de proporcionalidad y equidad, sin embargo, no se puede estimar que el aumento considerable en el monto de un impuesto demuestre que se esté en presencia de un impuesto desproporcionado e inequitativo, pues, en la determinación del mismo, son múltiples los factores que se deben tener en cuenta, como la capacidad contributiva, las necesidades colectivas que deben satisfacerse, la redistribución de la riqueza, etcétera, por lo que el que un impuesto sea elevado, incluso considerablemente, de un año a otro, no significa, necesariamente, que se incurra en violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución." "IMPUESTOS, INCREMENTO EN MAS DE CIEN POR CIENTO A LOS, NO LOS CONVIERTE EN DESPROPORCIONADOS E INEQUITATIVOS. La circunstancia de que el impuesto especial sobre consumo de energía eléctrica decretado en el artículo 32, transitorio, de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1982, sea superior al cien por ciento a la cantidad designada en años anteriores, no demuestra que se esté en presencia de un impuesto desproporcionado e inequitativo, ya que un tributo puede superar, en mucho, a las cantidades cubiertas en ocasiones anteriores por determinados conceptos, sin que se incurra, por ese solo hecho, en violación del artículo 31, fracción IV, de la Constitución." Aunado a lo anterior, respecto a la justificación de la modificación a la norma impugnada, es de considerarse que, como se ha estudiado en la presente ejecutoria, las leyes gozan de la presunción de validez formal que las hace constitucionales a partir de la legitimidad de su proceso de creación, por lo que, si se reclama la inconstitucionalidad de las mismas, es preciso aportar los elementos que permitan realizar el estudio de esa inconstitucionalidad material que les es atribuida, elementos que no pueden considerarse razonablemente justificados con la sola expresión de que la norma resulta desproporcional o que la autoridad responsable omitió en la expresión de motivos aportar toda la fundamentación y motivación necesaria que justifique la creación de la porción normativa impugnada. Resultan aplicables las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 232351 y 389599, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica." "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica." En consecuencia, la afirmación de que el incremento anual del costo del servicio es desproporcional y que la autoridad fue omisa en justificar en la fundamentación y motivación de la ley las razones del costo del servicio de inscripción, no resulta ser un elemento objetivo de valoración para sostener el argumento de inconstitucionalidad planteado por el impetrante, toda vez que no proporciona un parámetro razonable que pueda utilizarse para realizar el estudio correspondiente. En diverso concepto de violación, el quejoso refiere que la desproporcionalidad de la cuota de $23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.) por la inscripción de documentos se patentiza al existir en el artículo 60 fracción I, de la misma legislación, tarifas inferiores por actos registrales análogos como lo son los del examen de documentos para su inscripción, que sean devueltos y se rehúse su inscripción por no ser procedente. Sin embargo, es de precisarse, que contrario a lo manifestado por el justiciable los servicios establecidos en el citado precepto son distintos, pues en tanto los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, establecen la inscripción de documentos relativos a la transmisión de propiedad y créditos, respecto de los cuales procede su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan; el diverso 60, fracción I, dispone el costo únicamente de la revisión que no concluye en el registro, y por tanto no se inscribe, ni se asigna un asiento registral y tampoco implica el sistema de archivo y conservación perene, pues como el propio precepto lo dispone, son solicitudes de inscripción que no logran concluirse por no haberse cumplido con los requisitos legales para tal efecto, por lo que no es posible equiparar la actividad y costos de los servicios previstos en dichos numerales. En esa medida, de acuerdo con el principio de tracto sucesivo que, entre otros, rigen la función del Registro Público de la Propiedad, la inscripción de un contrato de traslación de propiedad de inmueble o relativo a un crédito, requiere constatar previamente que el objeto de ese contrato no esté ya inscrito a nombre de persona distinta al solicitante, por lo que, es evidente que aquel no amerita una simple inscripción como lo sostiene el quejoso, sino un análisis exhaustivo para determinar la procedencia y validez de aquel, aunado al registro, asignación de asiento registral, resguardo y conservación tanto digital como material perene de los registros resguardados. En cambio, en las demás revisiones que no constituyen un registro, su realización sólo implica localizar la inscripción principal relativa, no conllevan el mismo procedimiento a realizar para la oficina registral, el cual implica el procedimiento completo de inscripción y no solamente la revisión. Expuesto lo anterior, se puede advertir con claridad que el sólo hecho de que existan cuotas distintas ante el Registro Público de la Propiedad, no implica que ello torne inconstitucional la legislación combatida, como incorrectamente señala la parte quejosa, en la medida de que, son distintos los procedimientos a efectuar. De tal manera que, si, en el caso, el precepto combatido establece una tarifa mayor a las diversas señaladas en dispositivos distintos, ello obedece al proceso que implica su inscripción; empero, el procedimiento no se agota en un solo acto genérico de "inscribir", ni se trata de idéntico servicio, como afirma el quejoso, ya que, la actividad registral requiere una estructura administrativa, operativa y funcional para alcanzar su fin, que también depende de la naturaleza -no del monto- del documento a inscribir. Luego, aun cuando pueda apreciarse de un análisis preliminar una contraposición de cuotas, ello no es suficiente para determinar que la cuota contenida en la aplicación de la norma reclamada sobrepasa los gravámenes que la prestación del servicio de inscripción ocasiona al Estado, esto es, la simple comparativa que hace la parte quejosa no patentiza la inconstitucionalidad debatida. En otro entorno, la parte quejosa refiere que para los artículos aquí analizados, resulta aplicable la jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de rubro y que, con motivo de ello, debería de suplirse la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo. En ese sentido, conviene señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 25/2006-PL, sostuvo que es deber de los órganos de control constitucional suplir la deficiencia de la queja cuando las normas combatidas se ubiquen en un tema ya resuelto por ese Alto Tribunal a través de una jurisprudencia temática, siendo innecesario el estudio de los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo ante la obligación del juez constitucional, entre otras cosas, de hacer prevalecer la Constitución en cuanto a la ley suprema; de privilegiar el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido por la Suprema Corte; y, de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas. En ese contexto, se concluye que el presente caso no existe jurisprudencia temática que haga concluir la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, pues si bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando se trata de derechos existe vulneración a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria cuando en la mecánica de su pago dependa del monto de la operación contenida en el documento motivo de la inscripción, y no por el costo real del servicio que presta el Estado, generando con ello, un trato desigual a los que reciben servicios análogos, pues se produce el efecto que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, no obstante que se trata de la misma función registral. Lo que se evidencia, pues como se desarrolló en el cuerpo de la presente sentencia, en la legislación en estudio no se establece un elemento extraño para determinar el costo del servicio que presta el Estado, como lo podría ser, el valor de la operación o el tipo de documento a inscribir, por el contrario, en la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente, se estableció una cuota fija para el pago de derechos registrales; tema disímil que trata la jurisprudencia relativa que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en ella se estableció como inconstitucional cuando el cobro es desigual no obstante que se trata del mismo servicio; mientras que, en la ley que nos ocupa, precisamente existe el mismo costo para todos los que reciben idéntico servicio. En ese sentido, si bien las jurisprudencias temáticas son de aplicación obligatoria para los Jueces de amparo, en términos de lo dispuesto por el numeral 217 de la ley de la materia, para ello es necesario que los supuestos que se prevén en éstas sean efectivamente aplicables al caso concreto, lo que no se satisface en la especie; de tal suerte que, contrario a lo solicitado, no procede suplir la deficiencia de la queja en los términos que refiere la parte quejosa y, por tanto, los conceptos de violación deben analizarse conforme al principio de estricto derecho que rige a la acción de amparo. Aunado a lo anterior, y contrario a lo referido por el quejoso la interpretación más favorable a la persona en el orden constitucional - principio pro persona o pro homine-, no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia, sino que ello sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Consecuentemente, no es dable relevar al quejoso de la carga de acreditar la inconstitucionalidad de las normas que tilda de inconstitucionales pues la aplicación de los principios nacidos del artículo 1° de la Constitución, no implica que este juzgador pierda de vista las condiciones constitucionales y legales de procedencia del juicio de amparo. Máxime si se trata de la inconstitucionalidad de una ley que por su proceso de creación fundado constitucionalmente, tiene la presunción de ser constitucional, por lo que el que asevera lo contrario tiene la carga de acreditarlo, al no ser la norma impugnada por si misma inconstitucional, por no advertirse la aplicación de categorías sospechosas que ameriten un escrutinio estricto de constitucionalidad. En apoyo, se invoca la jurisprudencia clave 2a./J. 56/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicaba en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, que dice lo siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." En consecuencia, toda vez que los conceptos de violación expresados por la parte quejosa fueron calificados como inoperantes e infundados, es que, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto del artículo 54, fracción II, inciso 1), y 60 fracción II, Inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. OCTAVO. Estudio de las contribuciones accesorias. En otro entorno, la parte quejosa aduce que se le aplicaron los diversos numerales 53-A, 169 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2023, por conceptos de "fomento a la educación y seguridad" e "impuesto adicional". Respecto de esas contribuciones adicionales, existe jurisprudencia temática emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que es inconstitucional la legislación cuando se establece un impuesto adicional a cargo de las personas físicas o morales que realicen pagos por concepto de impuestos y derechos; por lo que respecto de dichos artículos procede la suplencia de la queja, en términos de la fracción I del artículo 79 de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 126/2013 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 2, página 1288, de rubro siguiente: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA". Los artículos 53-A, 169 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, disponen lo siguiente: "(ADICIONADO, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) CAPÍTULO SÉPTIMO (REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) DEL IMPUESTO PARA EL FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO OBJETO ARTÍCULO 53-A. Es objeto de esta contribución la realización de pagos por concepto de impuestos, derechos y cualquier otra contribución que se cause conforme a la presente ley y demás disposiciones fiscales del Estado, así como los accesorios que se paguen. [.] ARTICULO 53-D. La tasa correspondiente a este impuesto adicional para el fomento a la educación y de la seguridad pública, será el 22.5% sobre el monto de los pagos por concepto de los impuestos, derechos y cualquier otra contribución y los accesorios de éstos, que se paguen con excepción de los señalados. [.] ARTICULO 169.- La cuota correspondiente a esta contribución para el fomento al deporte, será de $10.00 (DIEZ PESOS 00/100 M.N.), sobre el monto de uno de los pagos por concepto de los impuestos, derechos y cualquier otra contribución y los accesorios de éstos, que se paguen con excepción de los señalados. (.) ARTICULO TERCERO.- Con el propósito de sufragar los gastos que origina al Estado el mejoramiento y modernización de las áreas que tengan a su cargo la prestación de los servicios relacionados con el Registro Público, se causará un impuesto adicional del 10% sobre los derechos que se causen por los servicios que presta el Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza, establecidos en esta ley. El pago de este impuesto deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de rentas de la Secretaría de Finanzas, instituciones de crédito o establecimientos autorizados, en el mismo recibo con que se realicen los pagos objeto de este impuesto." De lo anterior, se advierte que dichos impuestos tiene por objeto gravar el cumplimiento de otras obligaciones fiscales, pues la base sobre la cual se calcula su monto se conforma con el importe de los pagos de otras contribuciones estatales, al que debe aplicarse la tasa indicada, lo que revela que no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza, que estuviera previamente sujeta imposición a través de un impuesto primario, sino que fue estructurado para gravar globalmente todos los pagos que se hagan de otras contribuciones. En ese sentido, la parte quejosa acreditó la aplicación de los impuestos, con los recibos número 769150685-B, y 769150591-B, de fechas tres de abril de dos mil veintitrés, correspondientes al pago de las contribuciones ahí destacadas. Así, las citadas contribuciones accesorias, resultan contrarios a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, en tanto que no participan de la misma naturaleza jurídica del tributo primigenio sobre el que se calcula su monto, ya que al ser su objeto la cantidad que se llegue a pagar por otra contribución, se desnaturaliza la esencia misma del impuesto y sus finalidades. Ello es así, en tanto que la base sobre la cual se calcula el monto de los mencionados impuestos, se conforman con el importe del pago de otras contribuciones estatales, a los cuales debe aplicarse la tasa del 22.5%, 10% y $10.00 (Diez pesos 00/100 moneda nacional, respectivamente. En ese sentido, la expresión económica elegida por el legislador para estructurar el hecho imponible, de manera alguna refleja la capacidad contributiva de los causantes como elemento indispensable del tributo, pues atiende al monto realizado con motivo del pago de una contribución diversa -derechos inscripción de documentos-; de ahí que, la circunstancia de que esta erogación sea considerada como hecho imponible, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, pues no toma en cuenta la capacidad económica del contribuyente, ya que no grava sus ingresos, utilidades ni rendimientos, en tanto que tiene por objeto gravar los pagos por conceptos de impuestos, derechos y cualquier contribución establecida en la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 126/2013 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 2, página 1288, de rubro siguiente: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA". Ahora bien, debido a que la diversa contribución accesoria previstas en el 169 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, denominadas "fomento al deporte en el estado", se generaron a partir de la aplicación de los numerales declarados inconstitucionales (53-A y Tercero Transitorio), procede que las responsables reintegren a la parte quejosa la cantidad que erogó por el citado concepto y que aparece en el recibo oficial con número de referencia 769150591-B, puesto que fue determinado como consecuencia del pago a que aluden esos preceptos, de ahí que, el amparo deberá hacerse extensivo respecto del cobro de esa contribución accesoria de fomento al deporte. Sirve de apoyo a lo anterior, por razón de su contenido jurídico, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, diciembre de 2001, página 339, que establece: "SENTENCIA DE AMPARO. SE INCURRE EN DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO SI HABIÉNDOSE OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE PRECEPTOS RELATIVOS A UN IMPUESTO, LA AUTORIDAD SE LIMITA A DEVOLVER LO PAGADO POR ÉSTE Y NO LO CUBIERTO POR TRIBUTOS COMPLEMENTARIOS A LOS QUE NO SE REFIRIÓ LA SENTENCIA, PERO QUE DEBÍAN CALCULARSE EN UN PORCENTAJE ADICIONAL A AQUÉL. En virtud de que el efecto de las sentencias dictadas en los amparos contra leyes es que al quejoso no le sea aplicada la norma declarada inconstitucional (durante el tiempo de su vigencia), lo conducente es que las autoridades exactoras estén obligadas a restituirle las cantidades que haya enterado, tanto por el impuesto principal como por los tributos complementarios, puesto que su aplicación se encuentra estrechamente vinculada a la norma materia del juicio de garantías, independientemente de que la protección constitucional se haya sustentado en consideraciones relativas al precepto que señalaba la tasa que debía aplicarse para pagar el tributo principal, pues si los tributos complementarios deben calcularse sobre la misma base, el amparo otorgado trasciende necesariamente a ellos". NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para que el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, los artículos 53-A, 169 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal 2023. 2. Deje sin efecto el acto de aplicación de los precitados numerales, contenidos en el recibo de pago 769150685-B, y 769150591-B, de fecha tres de abril de dos mil veintitrés, así como el cobro de la contribución accesoria denominada "fomento al deporte en el estado" 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva a la parte justiciable las cantidades pagadas en el mencionado recibo. En el entendido que las cantidades antes descritas deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 13/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, febrero de 2008, de rubro siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)". Cabe aclarar que con independencia de que en este juicio no haya sido señalada como autoridad responsable el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, esta determinación obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia, entre ellas a la autoridad antes citada; y, por tanto, a realizar los trámites necesarios para darle cabal cumplimiento. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, mayo de 2007, página 144, de rubro siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Carlos Gerardo Balderas Campuzano, por los motivos expuestos en el considerando tercero y la parte conducente del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Gerardo Balderas Campuzano, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carlos Gerardo Balderas Campuzano, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese.
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Torreón, Coahuila de Zaragoza, a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que aún está transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado agregado en proveído de catorce de agosto del año en curso. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las trece horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta y siete, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. Notifíquese.
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de agosto de dos mil veintitrés. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe justificado remitido por la autoridad responsable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe que se trata, con el cual, se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la legislación aplicable, se tienen como delegados a las personas señaladas para ello en el oficio que se provee. Correo y número de teléfono. Por otro lado, se tiene a la autoridad responsable por señalando el correo electrónico webmaster@congresocoahuila.gob.mx, así como el teléfono 844-2421115; ello, para que se le brinde atención en tratándose de comunicaciones no procesales. Notifíquese.
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de agosto de dos mil veintitrés. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe justificado remitido por la autoridad responsable, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe que se trata, con el cual, se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la legislación aplicable, se tienen como delegados a las personas señaladas para ello en el oficio que se provee. Notifíquese.
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