Carlos Geovanni Hernández Mateos

Expediente 243/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
243/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
14/04/2015

Partes del expediente

  • Carlos Geovanni Hernández Mateos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA II B Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el auto dictado el veintitrés de marzo de dos mil quince (fojas 34 a 36), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.

  2. Principal

    MESA II B Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Auxiliar de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado encargado de la presidencia por ministerio de ley, para que surta sus efectos legales consiguientes, con conocimiento de las partes. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la referida autoridad responsable la documental que remite como apoyo a su informe, consistente en copia certificada de diversas constancias deducidas del juicio laboral 73/2015 (2) de su registro; misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que Carlos Giovanni Hernández Mateos, por su propio derecho, promovió el presente juicio contra un acto de los Integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que hizo consistir esencialmente en la falta de acuerdo a su escrito de demanda laboral de diecinueve de enero de dos mil quince, presentada ante la responsable el veintidós de enero siguiente, y como consecuencia de ello, en la dilación procesal para tramitar el juicio laboral en los términos legales. Ahora, de las constancias que obran en autos, mismas que alcanzan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que por acuerdo de diez de marzo del año en curso (foja 20 y 21), se tuvo como autoridad responsable sustituta a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y con motivo de ello se le solicitó rindiera su respectivo informe justificado. Asimismo, que al rendir su informe justificado la citada autoridad, por conducto del Auxiliar de la Junta encargado de la presidencia por ministerio de ley, negó la existencia del acto que se le atribuye (foja 23), y agregó que ello es así, toda vez que la demanda laboral de que se trata fue admitida en proveído de veintidós de enero de dos mil quince, radicándose el juicio 73/2015 (2) de su registro; lo cual fue notificado a la parte actora el veinticinco de febrero siguiente; por tanto, dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto que se le reclama. Precisado lo anterior el suscrito juzgador estima que contra el precisado acto reclamado sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Bajo tales premisas, es evidente que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de febrero de dos mil quince -foja 1-), las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior es así, toda vez que al dictar la autoridad responsable el acuerdo radicación de veintiséis de enero de dos mil quince, respecto a la demanda promovida por el ahora quejoso Carlos Giovanni Hernández Mateos, contra la fuente de trabajo denominada LA OAXAQUEÑA TALABARTERÍA, por conducto de su representante legal, así como de Efrén Díaz Gómez, en su carácter de administrador y Elena Martínez Cruz, con el carácter de encargada de ventas, ambos de la citada fuente de trabajo; y notificarlo al impetrante el veinticinco de febrero siguiente (foja 24), es evidente que se le restituyó en el goce del derecho violado, como si éste no hubiera invadido su esfera jurídica. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causa de improcedencia es manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al citado quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cabe agregar que no pasa inadvertido al suscrito juzgador que en el presente juicio de amparo no se encuentra emplazada la parte tercera interesada; empero, con base en lo determinado en líneas anteriores (sobreseimiento), a nada práctico conduciría emplazarla, puesto que no se le causa ningún perjuicio. Apoya lo anterior la jurisprudencia P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Criterios jurisprudenciales citados que resultan aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 21); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA II B Agréguese el oficio 1787 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el expediente laboral 73/2015 (2), no se tramita ante dicha Junta, sino ante la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado; razón por la que devuelve la demanda de amparo que se le remitió con el oficio 3861 en el que se le requirió rindiera su informe justificado y se le tuvo como autoridad sustituta. En tales consideraciones, téngase como autoridad responsable sustituta a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire al que se acompañe copia simple de la demanda de amparo, solicítesele, su informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días hábiles siguiente a que reciba el oficio, para lo cual deberá acompañar, en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibida que de no hacerlo en sus términos, de conformidad con el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se impondrá a la omisa una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se le previene para que comunique cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, asimismo, informe si en relación con el acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indique el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 226, Tomo XI, Marzo de 1993, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE, SUSTITUCIÓN DE LA. Si la autoridad contra quien se pidió el amparo cesa de tener jurisdicción en el negocio, por impedimento, excusa o cualquier otra causa, tiene el carácter de responsable la que se avoca el conocimiento del asunto, por ser la única que está en condiciones de cumplir con todas las determinaciones dictadas en el amparo y de ejecutar la sentencia que se dicte en el juicio constitucional, independientemente de la responsabilidad que en el caso pueda corresponder, personalmente, a la autoridad que haya dictado la resolución materia de la demanda. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo.

  4. Principal

    MESA II B Agréguese el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por el que manifiesta que dicha autoridad no interviene en el trámite de la demanda laboral señalada por la parte quejosa, en razón de que al tratarse de un conflicto individual de trabajo la misma fue turnada con el número 73/2015 (2), a la Junta Especial Número Cuatro. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire al que se acompañe copia simple de la demanda de amparo, solicítese a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, su informe justificado, en su carácter de autoridad responsable sustituta, el cual deberá rendir dentro del término de quince días hábiles siguientes a que reciba el oficio, para lo cual deberá acompañar, en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibido que de no hacerlo en sus términos, de conformidad con el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se impondrá a la omisa una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se le previene para que comunique cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, asimismo, informe si en relación con el acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indique el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 226, Tomo XI, Marzo de 1993, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE, SUSTITUCIÓN DE LA. Si la autoridad contra quien se pidió el amparo cesa de tener jurisdicción en el negocio, por impedimento, excusa o cualquier otra causa, tiene el carácter de responsable la que se avoca el conocimiento del asunto, por ser la única que está en condiciones de cumplir con todas las determinaciones dictadas en el amparo y de ejecutar la sentencia que se dicte en el juicio constitucional, independientemente de la responsabilidad que en el caso pueda corresponder, personalmente, a la autoridad que haya dictado la resolución materia de la demanda. Para los efectos legales consiguientes, hágasele saber a la aludida autoridad responsable sustituta, que se encuentran señaladas las doce horas con diez minutos del diez de marzo de dos mil quince, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo (foja 7 vuelta).

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