Carlos Garnica Salanueva

Expediente 5/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
5/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/02/2021

Partes del expediente

  • Carlos Garnica Salanueva

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, diez de febrero de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado electrónicamente por el actuario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual solicita que se le envíen los autos originales del expediente en que se actúa, toda vez que éste aceptó la competencia declinada, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de ocho de febrero del presente año, se ordenó remitir los autos originales de dicho expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio de cuenta, remitido electrónicamente por el Actuario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual solicita el expediente original 5/2021-V del índice de este Juzgado. En consecuencia, toda vez que se ordenó el archivo del presente asunto y su destrucción una vez que transcurra el término de seis meses que establece el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de que no es necesaria su conservación, se ordena remitir el expediente original al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por así haberlo solicitado. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, ocho de enero de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado electrónicamente por el actuario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México por el que acusa recibo del juicio de amparo 5/2021-VI e informa que acepta la incompetencia declinada; al respecto, este juzgado toma conocimiento de su contenido. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido y de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; procédase a su destrucción, una vez que transcurra el término de seis meses que se establece en el punto de referencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, cuatro de enero de dos mil veintiuno. Por recibida la demanda promovida por ****, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y otras autoridades, por considerarlos violatorios del artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena su registro en el Libro de Gobierno con el número 5/2021-VI, así como la formación del expediente físico y electrónico que refiere el artículo 3 de la ley de la materia. Ahora, de conformidad con lo previsto en las Circulares SECNO/29/2020 y SECNO/30/2020, emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito no se encuentran realizando funciones jurisdiccionales, de manera normal. Lo anterior, dado que por la situación actual que vive la Ciudad de México (Primer Circuito Judicial) en lo que respecta a la pandemia que acaeció con motivo del virus COVID-19, los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal determinaron, en síntesis, suspender las labores jurisdiccionales, por el periodo comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, con el fin de proteger al personal de los órganos de dicha demarcación territorial. En ese sentido y tomando en consideración que, durante ese plazo, los documentos antes descritos prevén que únicamente: (i) se dará trámite a los asuntos considerados "urgentes", (ii) se tramitarán los juicios que se hayan promovido en el formato denominado "en línea" y, (iii) se dictarán las sentencias de los asuntos que se encuentren en estado de resolución, es que este Juzgado Federal determina acordar la promoción de cuenta. Lo anterior, pues como se desprende del análisis de este juicio constitucional, la litis constitucional encuadra en uno de los supuestos considerados como "urgentes"; y, en consecuencia, este órgano de control constitucional se encuentra en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda, en consecuencia, se provee: INCOMPETENCIA El análisis de la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público y se puede realizar en cualquier momento. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 1/2009, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas". En ese orden, este Juzgado Federal procede a verificar si tiene competencia para conocer el presente asunto. En primer término, es pertinente señalar que, para definir la competencia de los órganos jurisdiccionales, debe atenderse a los criterios siguientes: La materia, que se establece en atención a las cuestiones jurídicas que constituyen el fondo del litigio, y que se clasifica de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo. El territorio, es el ámbito espacial dentro del cual un juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. El grado, que se refiere a la posibilidad de que un juzgador de mayor jerarquía revise la decisión sobre una controversia, con el fin de que determine fue dictada con apego o no a derecho. Los criterios mencionados constituyen factores determinantes de la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho, dentro de un espacio territorial concreto, en una instancia determinada. De acuerdo con el artículo 94, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar la distribución de competencias de los órganos jurisdiccionales de amparo, debe atenderse a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito. Los artículos 52 y 55 de la ley mencionada detallan la competencia de los Juzgados de Distrito respecto a las materias administrativa y de trabajo, en los términos siguientes: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Como se aprecia, la competencia para conocer de un juicio de amparo se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia del Trabajo, entre otros supuestos, cuando se promueva un juicio de amparo en contra de algún tribunal en materia de trabajo. Definido el marco jurídico, corresponde analizar el acto reclamado en el presente sumario constitucional: Bloqueo de la cuenta de cheques **** , aperturada en el Banco ****, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ****, ordenado en el expediente *****, del índice de la Junta Local de Conciliación de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En el caso, el bloqueo de la cuenta bancaria que por esta vía defiende el quejoso, constituye un acto de naturaleza estrictamente laboral, ya que fue ordenado por la Junta Local de Conciliación de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De ahí que, no obstante que las autoridades ejecutoras de dicho acto sean de naturaleza administrativa, lo cierto es que el acto tiene su origen en una determinación dictada por un tribunal en materia de trabajo. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 48, de la Ley de Amparo y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado declara carecer de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto, por lo que ordena remitir este expediente, al JUZGADO DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN TURNO, al que se le solicita atentamente informe si acepta la competencia declinada en su favor. Fórmese cuaderno de antecedentes, con la certificación secretarial respectiva relativa a que las constancias que integran el presente sumario constitucional se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico. SUSPENSIÓN En otro aspecto, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo, cuando se presenta una demanda de amparo ante un juez de distrito y éste considere carecer de competencia, la remitirá de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este orden, dado que los actos reclamados no versan sobre dicho tipo de violaciones, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno sobre dicho tópico. Por otra parte, no ha lugar a notificar personalmente el presente proveído al promovente en atención a la jurisprudencia cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir el que expone y; como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala para tales efectos y que tengan debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a las personas autorizadas en términos de la última parte del referido numeral. HÁBILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a que practiquen las diligencias que se requieran en el presente asunto en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Por último, no ha lugar a notificar personalmente el presente proveído al promovente en atención a la jurisprudencia cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Notifíquese.

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