Carlos García Zárate

Expediente 194/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
194/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Carlos García Zárate

Actuaciones

  1. Principal

    "... Vistos los autos y la certificación de cuenta; se advierte que, en la especie, mediante proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós, se desechó la demanda de garantías promovida por Carlos García Zarate, la cual fue notificada el quince de febrero de esta anualidad; como esa determinación no fue recurrida a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido..."

  2. Principal

    ...Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 194/2022. Desechamiento Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en atención a lo dispuesto por tal precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Enseguida, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos, se aprecia que el impetrante se duele del préstamo personal número 20120450455 por la cantidad de $80,484.60 (ochenta mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 60/100 M.N.), y por ende, de la instrucción dada por parte del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, al Subdelegado y Jefe de la Unidad Jurídica de dicho Instituto, para impedirle el acceso a un crédito personal, como trabajador de Servicios de Salud de Oaxaca. Precisado lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretada ésta última en sentido contrario. Al respecto, los artículos 1° y 61, fracción XXIII, del precitado ordenamiento legal disponen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Asimismo, el precepto 5°, fracción II, de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)." Los preceptos transcritos revelan que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; teniendo carácter de autoridad responsable aquella que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, teniendo también tal calidad los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, contra actos que no sean emitidos por autoridad o por particulares que no tengan esa calidad, es improcedente el juicio de amparo. Para mayor claridad, existen las siguientes jurisprudencias: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." (Jurisprudencia 2a.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XXXIV, correspondiente al mes de Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." (Jurisprudencia 2a. XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 307, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad, se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. El concepto de autoridad responsable debe concebirse por exclusión, de los actos de particulares; por ende, es menester instituir las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es necesario considerar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Como se adelantó, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos, se aprecia que el impetrante se duele del préstamo personal número 20120450455 por la cantidad de $80,484.60 (ochenta mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 60/100 M.N.), y por ende, de la instrucción dada por parte del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, al Subdelegado y Jefe de la Unidad Jurídica de dicho Instituto, para impedirle el acceso a un crédito personal, como trabajador de Servicios de Salud de Oaxaca, para lo cual, exhibe copia simple de su credencial para votar; comprobante de percepciones y deducciones, así como, captura de pantalla del portal https://oficinavirtual.issste.gob.mx, del que se aprecia el préstamo personal número 20120450455 por la cantidad de $80,484.60. Bajo esa tesitura, deviene improcedente esta instancia constitucional, ya que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca no actúa con el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de garantías; sino como patrón equiparado. Ello, pues aplica los descuentos en la nómina que percibe el impetrante Carlos García Zarate con motivo del préstamo personal número 20120450455 por la cantidad de $80,484.60 (ochenta mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 60/100 M.N.), en acatamiento a lo ordenado por diversa autoridad, esto es, Servicios de Salud de Oaxaca. Incluso, de la copia simple que el justiciable anexa a su escrito de demanda, consistente en la captura de pantalla del portal https://oficinavirtual.issste.gob.mx, permite constatar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca actúa como patrón equiparado pues señala lo siguiente: "la información contenida en el presente documento con lo pagado por tu dependencia al ISSSTE. Si existe diferencia entre el importe pagado y los descuentos en tus recibos de nómina, deberás acudir al área de Recursos Humanos de tu dependencia para confirmar que hayan pagado y reportado en tiempo y forma al ISSSTE. Los descuentos realizados por tu dependencia vía nómina se verán reflejados en tu estado de cuenta hasta que se confirma el pago correspondiente al ISSSTE". De ahí que, se estime que el acto reclamado a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca carece de autonomía y unilateralidad, por lo que, no le reviste el carácter de autoridad. Se insiste, entre el peticionario de amparo y la autoridad señalada como responsable, no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, pues el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca no realiza actos equiparables a los de autoridad, ya que el acto que le reprocha se suscita en una relación de coordinación en la que actúa como particular, como patrón, y no con el carácter de autoridad. En ese sentido, es evidente que el acto reclamado, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y éste resulta notoriamente improcedente. Similares consideraciones sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito al resolver el recurso de revisión 77/2021 en sesión ordinaria virtual de diez de junio de dos mil veintiuno. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha, de plano, la demanda de amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica el quejoso; por su parte, se tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a José Díaz López y Tito Enoch Raymundo, toda vez que, de la certificación de cuenta, se advierte que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Trámite de juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitan días inhábiles. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Transparencia. Finalmente, (.) NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

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