Carlos García Santiago

Expediente 1351/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1351/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Carlos García Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Carlos García Santiago, contra actos del [1] Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, [2] Directora Académica del Colegio de Bachilleres, Guerrero, [3] Integrantes de la Comisión Mixta o Bilateral para la Elaboración y Aprobación de Plantillas del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, todas las anteriores con sede en esta ciudad y el [4] Delegado Sindical del SUTCOBACH del Plantel 8-Ayutla de los Libres. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de derechos. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. Asimismo, en atención a su contenido el escrito signado Carlos García Santiago, parte quejosa, hágase la devolución de sus documentos originales que solicita en su escrito de cuenta, por tanto, notifíquese a la parte interesada, para que dentro del plazo de noventa días se apersone debidamente identificada ante este órgano jurisdiccional a recoger el mismo, previo acuse de recibo que se deje en autos, apercibido que de no hacerlo en la forma y plazo aquí indicados la documental referida podrán ser destruida,. Finalmente, en el entendido que corresponderá al citado promovente, agendar cita en el módulo denominado Agenda de Visitas a OJ, en términos del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que pueda acceder a las instalaciones que ocupa este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero y realizar las gestiones correspondientes para el trámite de la devolución de sus documentos Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo firmado por ****, por propio derecho; contra actos del [1] Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, [2] Directora Académica del Colegio de Bachilleres, Guerrero, [3] Integrantes de la Comisión Mixta o Bilateral para la Elaboración y Aprobación de Plantillas del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, todos las anteriores con sede en esta ciudad y el [4] Delegado Sindical del SUTCOBACH del Plantel 8-Ayutla de los Libres. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 1351/2022 y fórmese el expediente respectivo. DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. De la demanda de amparo se conoce que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV ACTOS RECLAMADOS: De todas y cada una de las autoridades como responsable reclamo: La ilegal asignación de 36 horas semanas/mes en carga horaria frente a grupo del semestre 2022-2, que inicia en agosto y termina en enero del año 2023, ya que por ley me corresponde impartir 39 horas semana/mes frente a grupo e ilegalmente fui despojado de 3 horas de mi carga horaria que por derecho me corresponde. El pago de 36 horas semanas/mes frente a grupo durante el semestre 2022-2 que inicia en agosto y culmina en enero del año 2023, ya que por estricto derecho me deben pagar TREINTA Y NUEVE horas semana/mes, en este acto, exijo el pago de TREINTA Y NUEVE horas a partir del uno de agosto hasta el 30 de enero del año dos mil veintitrés. La orden de asentar en mi carga horaria 36 horas semana mes frente a grupo cuando legalmente me corresponda TREINTA Y NUEVE horas, por ser maestro basificado con quince horas base, contar con una antigüedad laboral de diecisiete años y seis meses y estudios de doctorado en ciencias sociales (perfil). La omisión de notificar al suscrito en mi calidad de docente basificado con base de quince horas, de la determinación tomada por las autoridades responsables, de manera fundada y motivada, dejándome en complejo estado de indefensión. Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional del [1] Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, [2] Directora Académica del Colegio de Bachilleres, Guerrero, [3] Integrantes de la Comisión Mixta o Bilateral para la Elaboración y Aprobación de Plantillas del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, todos las anteriores con sede en esta ciudad y el [4] Delegado Sindical del SUTCOBACH del Plantel 8-Ayutla de los Libres, la ilegal asignación de 36 horas semanas/mes en carga horaria frente a grupo del semestre 2022-2, que inicia en agosto y termina en enero del año 2023, ya que por ley le correspondían 39 horas, y el pago de las misma, así como la omisión de contestar su petición a la Secretaría General del Sindicato Único del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, de que se le asignaran 39 horas semanal frente a grupo. Al respecto, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. En una interpretación en sentido contrario, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. En relación al tema, es menester señalar que actualmente el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo lo atiende la misma norma al señalar que autoridad es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse de manera fundamental, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Lo expuesto tiene relación con la determinación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia al resolver la contradicción de tesis 253/2011, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en donde advirtió como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Argumentos que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. " La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque en esencia, no se contrapone al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En el caso, el acto reclamado consistente en que se reclama, [1] Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, [2] Directora Académica del Colegio de Bachilleres, Guerrero, [3] Integrantes de la Comisión Mixta o Bilateral para la Elaboración y Aprobación de Plantillas del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, , todos las anteriores con sede en esta ciudad y el [4] Delegado Sindical del SUTCOBACH del Plantel 8-Ayutla de los Libres, la ilegal asignación de 36 horas semanas/mes en carga horaria frente a grupo del semestre 2022-2, que inicia en agosto y termina en enero del año 2023, así como la omisión de contestar su petición a la Secretaría General del Sindicato Único del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, de que se le asignaran 39 horas semanal frente a grupo, fuera de todo procedimiento administrativo o jurisdiccional. Por tanto, las autoridades aquí señaladas como responsables no tienen esa calidad para los efectos del juicio de amparo, dado que los actos que se reclaman emergen de una relación de trabajo, por lo que el nexo del quejoso con las autoridades responsables es de coordinación y no de supra a subordinación, pues la orden de asignación de la carga horaria y demás prestaciones que perciben, emergen de una relación de trabajo con las instituciones referida, de superior a inferior jerárquico, es decir, de patrón y trabajador, respectivamente, que se rige por un contrato de trabajo, por ende, tales actos corrieron a cargo de un particular, que no pueden ser calificados como actos equivalentes a los de autoridad en términos del artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo porque, se insiste, éstos tienen como génesis una relación de coordinación entre particulares, de patrón a trabajador. Resulta aplicable, la tesis 2ª. XXXVI/99, de la referida Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, toma IX, marzo de 1999, página 307, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supra ordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Resultado de lo anterior, es incuestionable que los actos reclamados analizados, no son susceptibles de impugnación a través del juicio de amparo, pues como ya se explicó no emanan de autoridad para los efectos del amparo, pues nacen de una relación estrictamente laboral de patrón a trabajador. Por tanto, no les resulta el carácter de autoridades responsables para la procedencia del juicio constitucional, ya que no están investidas con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativas, sino que están actuando mediante una relación de coordinación y no de suprasubordinación; de ahí que tales relaciones estén sometidas a las prevenciones del derecho laboral y consecuentemente, al desplegar el acto que se les atribuye a las instituciones señaladas carecen de imperio, pues se trata de una decisión particular como organismos patrón. En ese sentido, la relación existente entre los promoventes y las autoridades señaladas como responsables es de coordinación, es decir, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso en la ejecución, ya que actúa como patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre los trabajadores y aquél. Sin que pase desapercibido para este juzgador que se aduzca que las autoridades señaladas como responsables se encuentran violando derechos humanos de los quejosos, ya que este asunto proviene de un posible incumplimiento de la relación contractual por parte de un patrón; por tanto, la alegación de violación de derechos humanos no es lo que actualiza la procedencia del juicio de amparo, sino el carácter de autoridad o equivalencia a ese carácter por parte de un particular. Por ende, el juicio constitucional no es el idóneo para contrarrestar las posibles violaciones que aducen, dado que, es evidente que los actos reclamados derivaron de una relación laboral entre las autoridades señaladas como responsables (patrón) y el quejoso (trabajador), es decir, en un plano de coordinación; por ende, los quejosos pueden acudir ante la autoridad laboral competente antes de instar al órgano federal. Ahora bien, atento a lo relatado, en el caso como se anticipó, se surte plena e indubitablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de garantías que nos ocupa en términos d lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado en únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a **** y Karina García Cervantes, por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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