Carlos García Pérez

Expediente 173/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
173/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Carlos García Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto, el oficio firmado electrónicamente por el Secretario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, por medio del cual acusa recibo del diverso 5042/2021, de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, con el que se remitió el juicio de amparo 173/2021-VI promovido por ***. Por otra parte, informa que aceptó la competencia declinada registrándola con el número de juicio de amparo 147/2021-IV de su estadística. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos para que obre como corresponda. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción J), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el citado artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite, por separación de juicios, copia certificada del amparo 438/2020, promovido por ***, por su propio derecho, del cuaderno incidental y de constancias relativas al registro de atención 0012-101-1801-2019, ahora carpeta de investigación 0020-101-1801-2020. REGISTRO Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 173/2021-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ANÁLISIS DE COMPETENCIA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33, de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. En ese orden de ideas, toda vez que de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que, en el caso, ****, a través de su defensor particular ***, reclamó, el aseguramiento del predio fracción de la parte oriente del rancho denominado actualmente San Francisco, en el Municipio El Salto, Jalisco, fracción oriente del predio rustico El Guamúchil de forma irregular del mismo Municipio con una superficie de 174,000 metros cuadrados, derivados del registro de atención 0012-101-1801-2019 ahora carpeta de investigación 0020-101-1801-2020, atribuido al Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa para la Atención de los Delitos Relacionados con Corredores y Notarios Públicos del Estado de Chiapas de la Fiscalía General del Estado, residente en esta ciudad y de la Agente del Ministerio Público número Uno de Investigación y Litigación Oral adscrita a la Dirección General de Visitaduría de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Atento a lo anterior, este juzgador federal estima carecer de competencia para conocer del presente asunto, en atención las siguientes consideraciones. Así, ya que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Es de precisarse que, como se dijo, este juzgado de distrito considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en razón de lo siguiente: La competencia constitucional de los jueces de distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero, de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse...". Ley de Amparo. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Conforme lo dispuesto por este numeral, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) Será competente el del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, al tratarse de un acto que requiere ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, es menester precisar que, en específico, la separación de juicios, es para conocer contra el aseguramiento del predio fracción de la parte oriente del rancho denominado actualmente San Francisco, en el Municipio El Salto, Jalisco, fracción oriente del predio rustico El Guamúchil de forma irregular del mismo Municipio con una superficie de 174,000 metros cuadrados, derivados del registro de atención 0012-101-1801-2019 ahora carpeta de investigación 0020-101-1801-2020, inmueble que como se dijo se ubica en el Municipio de El Salto, Jalisco. Así, ya que el indicado inmueble se encuentra asegurado en el Estado de Jalisco, es evidente que nos encontramos en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y la autoridad responsable recabarlas con la eficacia debida. Entonces, tenemos que, en el caso, el acto reclamado al tener aparejada una ejecución material y ella estar realizándose en el Estado de Jalisco, la autoridad judicial competente es aquélla con residencia en la citada entidad federal. Lo anterior, a más de que, tratandose de aseguramientos de inmuebles por autoridad ministerial, el primer acto de ejecución, tratandose de aseguramientos de inmuebles, es la anotación marginal que se realice por la autoridad catastral en el Registro Público de la Propiedad, que será, precisamente, en dicha Entidad Federativa. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA EL ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DE BIENES INMUEBLES POR DELITOS FEDERALES. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE SE MATERIALICE LA ORDEN RESPECTIVA O SE LLEVE A CABO SU PRIMER ACTO DE EJECUCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tenerla, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama el aseguramiento ministerial de bienes inmuebles, el cual deriva de la indagatoria seguida por la probable comisión de delitos federales, es competente para conocerlo el Juez de Distrito del lugar donde se materialice la orden respectiva o se realice el primer acto de ejecución que, en la especie, se actualiza con la anotación marginal que hace la autoridad catastral en el Registro Público de la Propiedad, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el citado mandato de restricción constituye un acto de aplicación de diversos dispositivos sustantivos y adjetivos federales penales, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el juzgador que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario, se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LEVANTAR EL ASEGURAMIENTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN DONDE SE MANTIENE LA RETENCIÓN DEL OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR. Del artículo 37 de la Ley de Amparo deriva que para fijar la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, por regla general, debe atenderse a la ejecución material, consistente en la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir un cambio en el mundo fáctico o una afectación material en algún derecho del gobernado. Así, la negativa del Ministerio Público de levantar el aseguramiento de un bien sí tiene ejecución material, al ser un acto en el que, a partir de una reevaluación a las circunstancias del caso concreto, el representante social determina la continuidad de la medida cautelar impuesta y, por tanto, ocasiona indirectamente que el bien continúe asegurado, produciéndose una nueva afectación material sobre aquél. Así, en términos del párrafo primero del artículo aludido, la autoridad competente para conocer del juicio de amparo promovido contra la negativa del representante social de levantar el aseguramiento de un bien, y resolverlo, es el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde se está ejecutando dicho acto, es decir, donde continúa la retención del bien objeto de la medida cautelar, en el entendido de que en el caso de bienes, ocurrirá en el lugar en el que físicamente se encuentren asegurados y, tratándose de cuentas bancarias, en el sitio donde se localice la sucursal bancaria a la que corresponde la cuenta, con lo que se logra congruencia con los criterios que versan sobre el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo en el que se reclama el acuerdo de aseguramiento, reduciendo la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias sobre un punto jurídico estrechamente relacionado, garantizando la continencia de la causa y maximizando la protección de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y de acceso a la impartición de justicia de manera pronta, completa y expedita. AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE. Conforme a las reglas de competencia contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, si en una demanda de garantías se reclama la orden de embargo contenida en el auto de exequendo, cuya diligenciación ha sido solicitada a otro Juez, por medio de exhorto, facultándolo para que dicte las medidas pertinentes para la consecución de lo ordenado, el competente para conocer de dicha demanda será el Juez de Distrito que corresponda a la jurisdicción donde se diligencie dicho exhorto, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto y jurídicamente relevante es que la autoridad ejecutora desempeña una función fundamental, porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición es quien enfrenta directamente al particular afectado, pues aunque el Juez exhortante ordene la remisión del exhorto, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse el acto reclamado, pues en todo caso la ejecución material de la orden de embargo corresponde al Juez exhortado, ya que el envío del exhorto sólo constituye una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, por esa razón será competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. Por tanto, tomando en consideración que el acto de ejecución ha de materializarse fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, es decir, en el Municipio El Salto, Jalisco; conforme lo dispuesto por el citado artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia y 48, del mismo ordenamiento reglamentario, así como el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional declara de plano su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo de cuenta y declina la competencia al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, que ejerce jurisdicción en el lugar de ejecución del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. Cuando se trate de juicios de amparo interpuestos en contra de actos realizados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa, que no incidan en la libertad personal del quejoso ni se esté en presencia de un procedimiento de extradición, en atención a su naturaleza intrínsecamente penal, independientemente de la procedencia del juicio de garantías, es competente para conocer de ellos el Juez de Distrito en Materia Penal y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia para resolver el recurso de revisión respectivo. Ello es así, en virtud de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito atiende a la naturaleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la naturaleza formal de la autoridad de la que emana el acto; de ahí que aun cuando durante la integración de la averiguación previa el agente del Ministerio Público es una autoridad formalmente administrativa, los actos que realiza son de naturaleza penal, ya que practica toda clase de diligencias con fundamento en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto. Por las razones apuntadas con antelación, no se surte la competencia legal de este juzgado para resolver el juicio de amparo respecto al acto reclamado en esta instancia. Consecuentemente, sin resolver sobre su admisión, ni sobre la suspensión, se ordena remitir la copia certificada de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, el cuaderno incidental así como las constancias relativas al registro de atención 0012-101-1801-2019, ahora carpeta de investigación 0020-101-1801-2020, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al Juez Federal que en su momento corresponda conocer del asunto, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Por todo lo anterior, con copia de la demanda de amparo y del presente proveído, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales consiguientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en términos amplios de conformidad con el ordinal 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a Fidel Angel Aguirre Castañeda, Mónica Tapia Cervantes, Alberto Gómez Vega, Raúl González Delgadillo y María Georgina Peña Delgadillo. Y como autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a Fausto Fabián Pérez de Lara López, Tania Mónica Pérez de Lara Tapia, Tadeo de Jesús Medina Romo, Luisa Juleth Hernández Iñiguez, Alejandra y Paul Uriel, ambos de apellidos Carrillo Cabral, toda vez que sus cédulas profesionales no se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Ahora, atento a lo peticionado, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se autoriza la consulta electrónica, así como las notificaciones que emanen del presente asunto; por tanto, se ordena a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), darla de alta para tales efectos, quien cuenta con el nombre de usuario osfaosfa, monicatapiac y alberto.gomezv, asimismo, a los actuarios que tomen nota de ello. De igual manera, se instruye al personal comisionado de efectuar la digitalización de constancias, que realice el escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. SOLICITUD DE MEDIOS MAGNETICOS De igual forma, se autoriza el uso de los medios electrónicos que menciona para los fines que solicita, previa razón que obre en autos, con la salvedad de que se le hace saber que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincará responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis cuyo rubro es del tenor siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

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