Carlos García Jaramillo
Expediente 526/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/11/2021
Partes del expediente
- Carlos García Jaramillo
Actuaciones
- Principal
.-Toluca, Estado de México; treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional se reservó acordar respecto al archivo del presente expediente, hasta en tanto, se devolvieran a la Juez Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, las constancias que remitió en complemento a su informe justificado, lo cual ya aconteció; en consecuencia, se provee en los siguientes términos: ...En esas condiciones háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. ...Notifíquese.
- Principal
.- Toluca, Estado de México; veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo en el presente juicio, no fue recurrida por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Devuélvanse a la Jueza Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, las constancias que remitió a este órgano jurisdiccional como complemento de su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento al apercibimiento inserto en el aviso de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se notifica a la parte quejosa la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, del tenor siguiente: SENTENCIA Vistos, los autos, para resolver el juicio de amparo 526/2020-III, promovido por *****; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, turnado al día hábil siguiente a este juzgado de distrito, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que a continuación se citan: AUTORIDAD RESPONSABLE: "Juez Segundo Familiar de Toluca, México [.]". ACTO RECLAMADO: "Lo actuado auto de 28 de julio de dos mil veinte dentro de actuaciones del expediente 1019/2009 radicado ante el Juez Segundo Familiar de Toluca, México." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Previo desahogo de la prevención, por auto de tres de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación; y se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; la audiencia constitucional, previo diferimiento, se verificó sin la comparecencia personal de las partes, tal como se asentó en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra un acto dictado por una autoridad que radica dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía consiste en el acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veinte, dictado en el expediente ***** del índice del juez responsable. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, pues al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; manifestación que resulta suficiente para acreditar la existencia del mismo, con apoyo en la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II, submateria 1, primera parte, sexta sección, página 830, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, consistente en copias certificadas del juicio *****; documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Ahora bien, al no existir causa de improcedencia que se haya hecho valer por las partes o que este órgano jurisdiccional advirtiera de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto. CUARTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados, por las consideraciones que se exponen a continuación. A fin de sustentar la determinación que se emite, es necesario destacar los siguientes antecedentes: 1. Mediante promoción de diecinueve de febrero de dos mil veinte, registrada con número de folio ****, el aquí quejoso solicitó la venta del inmueble ubicado en la calle **** 2. En proveído de veinte de febrero de dos mil veinte, el juez responsable le informó que debía dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.232 del Código de Procedimientos Civiles, esto es, exhibir el certificado de libertad de gravámenes del inmueble referido. 3. Mediante promoción de veintisiete de julio de dos mil veinte, registrada con número de folio *****, el quejoso exhibió certificado de libertad de gravámenes con folio real electrónico 00103516 y fecha de expedición doce de marzo de dos mil veinte. 4. En proveído de veintiocho de julio de dos mil veinte, el juez responsable acordó, en lo que interesa, lo siguiente: "Toluca, México, veintiocho (28) de julio de dos mil veinte (2020). [.] Por cuanto, hace a su petición de acordar la promoción signada con el número 2954/2020, donde se le previno a efecto de que exhibiera el certificado de libertad de gravámenes para poder dar continuidad procesal, se le indica que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2.232 del Código de Procedimientos Civiles, no ha lugar a acordar favorable su solicitud, toda vez que del artículo citado, así como de las constancias exhibidas electrónicamente se desprende que ha excedido el plazo de sesenta (60) días naturales que deben mediar entre la expedición y la exhibición a este Juzgado el certificado de mérito. Por lo que una vez que se haya cumplido con la exhibición en el término estipulado, se podrá dar continuidad." Lo anterior constituye el acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa aduce como primer concepto de violación que el juez no consideró que los plazos y términos se suspendieron con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, y por ende debía considerarse que éste sí satisfacía el requisito de exhibirse dentro de los sesenta días naturales, al haberse presentado al momento de la reanudación de plazos, dentro de los primeros sesenta días. En relación con ello, en el segundo concepto de violación aduce que en términos del artículo 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la determinación adoptada restringe su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues el formalismo de considerar que no se cumplió con la exhibición del certificado dentro del plazo de sesenta días contraviene incluso con la Circular del Poder Judicial del Estado de México de diecisiete de marzo de dos mil veinte, en la cual determinó suspender las actividades en unidades jurisdiccionales y administrativas, lo que incluyó la suspensión de plazos y términos y, como la reanudación de dichas actividades aconteció el veintisiete de julio de la anualidad cursante, evidente resulta que sí se satisfizo el requisito de los sesenta días para la exhibición del certificado. Para sustentar tal aseveración cita el criterio de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO." En su conjunto, como se adelantó, los conceptos de violación son infundados. En efecto, el artículo 2.232 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México establece: "Artículo 2.232. Al pedirse el remate de bienes inscritos en el Registro Público de la Propiedad, se exhibirá el certificado de gravámenes, debiendo mediar 60 días naturales de la fecha de su expedición a la de su exhibición, citándose a los acreedores que aparezcan en dicho certificado; sin lo cual no se sacarán a remate." De lo antes citado se advierte que para el remate de bienes inscritos en el Registro Público de la Propiedad se requiere la exhibición de un certificado de gravámenes, debiendo mediar sesenta días naturales de la fecha de su expedición a la de su exhibición. Ahora bien, es un hecho notorio que se suspendieron las actividades jurisdiccionales con motivo de la emergencia sanitaria y en consecuencia se declararon días inhábiles el período comprendido del diecisiete de marzo al dieciséis de julio de la anualidad cursante. Sin embargo, existe una diferencia entre un día hábil y un día natural, pues en los segundos el término procesal que se prevea no puede admitir interrupción, al incluir todos los días según el calendario del año, es decir, incluyendo los días hábiles y aquellos en los cuales por cualquier motivo los tribunales suspendan labores; lo cual difiere esencialmente de otros plazos en que sí se rigen por días hábiles, pues en esos casos necesariamente debe acontecer durante aquellos en que los tribunales correspondientes efectúen sus labores. Ahora bien, que la legislación civil explícitamente disponga que para computar el término máximo que debe mediar entre la expedición del certificado y su exhibición en el procedimiento de remate se tomarán en cuenta días naturales, eso evidencia que la suspensión de labores con motivo de la emergencia sanitaria no tuvo ningún impacto en la forma de computarse, en razón que dicha inactividad jurisdiccional sólo suspendió los plazos que se rigen con motivo de días hábiles. Por las razones que la conforman, es ilustrativa de lo anterior la jurisprudencia XIV.C.A. J/2 (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, Décima Época, Materia Civil, página: 3300, Registro 2020879, de contenido siguiente: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL PLAZO DE SEIS MESES EN PRIMERA INSTANCIA Y TRES EN LA SEGUNDA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE YUCATÁN, PARA QUE SE DECRETE, INCLUYE LOS DÍAS INHÁBILES Y AQUELLOS EN QUE NO PUEDEN TENER LUGAR ACTUACIONES JUDICIALES. El artículo citado establece que la caducidad de la instancia por inactividad procesal se decretará, aun de oficio, si transcurridos seis meses consecutivos en primera instancia, o tres en la segunda, contados desde la última notificación que se hubiere hecho a las partes en el proceso de que se trate, no se efectuare promoción de cualquiera de las partes; dicho periodo debe computarse, por días naturales y meses consecutivos, lo que significa que el plazo del primer mes comienza a correr a partir del día siguiente al de la última notificación y vencerá el anterior del mismo día del mes siguiente, y respecto del segundo mes, también del día siguiente al en que venció el primer mes, al mismo día del mes subsiguiente y así sucesivamente durante los seis meses a que alude el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán; sin que obste que el diverso 42 del propio código procesal disponga que en ningún término se contarán los días que no puedan tener lugar las actuaciones judiciales, toda vez que en él se consigna una norma de carácter general, en tanto que el citado 53 contiene una disposición especial que atañe a la figura que en ese propio precepto se establece, la que debe interpretarse a la luz de su redacción, donde la palabra "consecutivos", refiriéndose a los meses, no puede ser entendida de otra forma más que literalmente, es decir, sin interrupción, según el calendario del año, incluyendo los días hábiles y aquellos en los cuales por cualquier motivo los tribunales suspendan labores, lo cual es explicable tomando en cuenta la naturaleza de la caducidad, la cual difiere esencialmente de otros plazos en que sí rige lo dispuesto en el señalado numeral 42, donde necesariamente se debe acudir al tribunal correspondiente para imponerse del contenido del asunto, lo cual solo puede acontecer durante los días hábiles." Sin que en el caso concreto sea aplicable el criterio que cita la parte quejosa, en la medida que el tópico analizado lo es el plazo para presentar una demanda de amparo, el cual se calcula conforme a días hábiles y, en el caso concreto, el plazo se rige por días naturales. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 32/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Común, página 847, Registro 2016525, de contenido siguiente: "TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. El artículo 221 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación, y de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Así, cuando el quejoso transcribe en su demanda de amparo una tesis de jurisprudencia, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste debe verificar su existencia y determinar si es aplicable, supuesto en el cual, ha de resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o de algún precedente que no le resulte obligatorio, precisar si se acoge al criterio referido o externar las razones por las cuales se separa de él, independientemente de que el quejoso hubiere razonado su aplicabilidad al caso concreto; de modo que no puede declararse inoperante un concepto de violación ante la falta de justificación de los motivos por los cuales el quejoso considera que la tesis de jurisprudencia, aislada o precedente es aplicable." En las relacionadas circunstancias y toda vez que no se acreditó la ilegalidad del acto reclamado, procede negar el amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *****. Notifíquese personalmente.
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