Carlos Gallegos Cruz

Expediente 94/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
94/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Carlos Gallegos Cruz
  • César Augusto Morando Turrent

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por Yaquelina Hernández Marcial, autorizada de la parte tercero interesada; en atención a su solicitud, dese de baja el usuario previamente autorizado para realizar la consulta vía internet en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, registrado con el nombre de usuario "cgallegos". Asimismo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, con el nombre de usuario "alfredosanchez" en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Lo anterior, siempre que se encuentre previamente registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ el Amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    PRIMERO. Demanda. Por escrito depositado el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el día veintiséis de los actuales y turnado a este Juzgado el diecinueve del mes y año en cita, César Augusto Morando Turrent, promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2 a 13). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; emplazar al tercero interesado; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional, la que finalmente tuvo verificativo en el horario y día señalados (fojas 15 a 19). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 31) la constancia de notificación respecto del emplazamiento del tercero interesado Alejandro Colorado Luque (foja 24) el cual compareció sin invocar causa de improcedencia, y tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto dictado dentro de un proceso jurisdiccional, que es susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados, tales como la legalidad y la seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: La resolución de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 1269/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, que aprobó la planilla de liquidación de intereses (foja 110 cuaderno de pruebas). Resolución que fue notificada a las partes por lista de acuerdos el diecinueve de enero de dos mil veintiuno (fojas 110 y 111 del tomo I de pruebas). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al Juez Cuarto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, puesto que al rendir su informe justificado, reconoció la existencia del acto que se le reclama (foja 31). Lo que se corrobora en razón que remite copia certificada de las constancias que integran el expediente 1269/2017, las cuales tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, ya que se tratan de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Son aplicables al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y, "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Al no advertirse de oficio ninguna causa de improcedencia del presente juicio de amparo, ni las partes señalaron que se actualice alguna, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, conforme a los conceptos de violación expuestos, cuya transcripción se omite al no existir precepto legal que lo exija. Ahora, cabe decir que la resolución reclamada de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 1269/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, que aprobó la planilla de liquidación de intereses, fue notificada a las partes por lista de acuerdos el diecinueve del mes y año en cita (fojas 110 y 111 del tomo I de pruebas). El plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, con que contaba el quejoso para la presentación de la demanda de amparo, transcurrió del veintiuno de enero al diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, sin contar los sábados y domingos concurridos en esos quince días, así como el día uno de febrero de dos mil veintiuno, por ser inhábiles en términos del artículo 196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz; asimismo los días: veintidós de enero de dos mil veintiuno, en atención al Comunicado de veinte de enero de dos mil veintiuno; veintiocho y veintinueve de enero, así como dos de febrero del año en cita, en cumplimiento a la Circular 3, de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno; doce y quince de febrero del año en curso, en atención a la Circular 5, de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno; Comunicado y Circulares en las que se suspendieron las labores en todos los Distritos Judiciales del Poder Judicial del Estado en función de la emergencia de salud pública debido a la alerta preventiva por el virus SARS-COV2 (COVID-19); por lo que al dieciocho de febrero del año en curso en que presentó la demanda de amparo, no había fenecido dicho plazo. Lo anterior, pues conforme al criterio de jurisprudencia 2a./J. 9/2018 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, se considera que la demanda de amparo del quejoso se presentó oportunamente, al provenir el acto reclamado de un procedimiento jurisdiccional, en el que deben descontarse del cómputo del plazo de los quince días, aquéllos en que la autoridad responsable suspendió sus labores. Lo que es así, pues como se vio, la notificación practicada al quejoso de la resolución reclamada surtió efecto el veinte de enero de dos mil veintiuno, y presentó su demanda de amparo el dieciocho de febrero del año en cita, empero durante ese lapso fueron inhábiles los días sábados y domingos y uno de febrero de dos mil veintiuno, y el juzgado responsable suspendió las labores los días veintidós, veintiocho y veintinueve de enero, dos, doce y quince de febrero de dos mil veintiuno, según se advierte de la página oficial del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Información que si bien no consta en autos, es apta para motivar la presente resolución, pues se obtuvo de la página de internet que el Poder Judicial del Estado de Veracruz utiliza para poner a disposición del público sus acuerdos, resoluciones e información general, como los periodos vacacionales y suspensión de labores de sus órganos jurisdiccionales, lo que constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que sea válido invocar esa información publicada en tal medio electrónico de difusión. Aquí cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno del Máximo Tribunal del País, que dice: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Y por identidad de razón, se cita como respaldo la tesis XX.2o.33 K del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que se lee: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA QUE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN UTILIZA PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en la página electrónica que el Poder Judicial de la Federación utiliza para poner a disposición del público, entre otros servicios, el directorio de sus empleados, constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "Internet", del cual puede obtenerse el nombre del servidor público, el cargo que ocupa, así como su historial laboral; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Luego, deben descontarse en el cómputo del plazo esos días no laborados por la autoridad judicial, además de los inhábiles, por tanto, como se dijo, dicho plazo le transcurrió del veintiuno de enero al diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por lo que al dieciocho de febrero del año en curso en que presentó la demanda de amparo, no había fenecido el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, se considera que la demanda de amparo con que se formó este asunto fue presentada de manera oportuna dentro de los quince días que establece el citado numeral 17 de la Ley de Amparo. La jurisprudencia que se cita es de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO. Con base en el criterio de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/89, de la que derivó la jurisprudencia 3a. 42, así como de los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, se advierte que es parte esencial del derecho a la defensa adecuada el acceso al expediente del que deriva el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos humanos, por lo que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo llevado en forma de juicio, deben descontarse del cómputo del plazo previsto para la presentación de la demanda los días en los que la autoridad responsable suspenda sus labores o no pueda funcionar por causas de fuerza mayor y, en estos casos, para resolver sobre su admisión, los juzgadores de amparo podrán apoyarse en boletines judiciales o en publicaciones de acuerdos o resoluciones en periódicos oficiales, sin que esta situación impida que el Juez -de estimarlo necesario y con fundamento en las facultades que le otorga la ley- requiera a las autoridades para que manifiesten si durante el plazo para presentar la demanda de amparo suspendieron sus labores." QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son infundados. En ellos se alega violaciones a los derechos humanos consagrado en los artículos 14 y 16 Constitucional, argumentando que la resolución reclamada carece e fundamentación y motivación, y viola en su perjuicio el principio de congruencia, toda vez que el juez responsable omitió valorar que los intereses a los que fue condenado son por demás excesivos, por lo que nos encontramos ante intereses usurarios, pues se exceden a lo permitido. Asimismo, aduce que si bien existe cosa juzgada, el juez responsable dejó de aplicar el criterio en el que se estima que el principio de seguridad jurídica imposibilita eliminar los efectos de la sentencia en cuanto a los hechos anteriores a la cosa juzgada, pero sí permite la anulación de los intereses usurarios generados después de ésta para reducirlos a una tasa equitativa Como se observa, la controversia traída a esta instancia extraordinaria estriba en establecer si la liquidación de intereses realizada en el juicio de origen son usurarios, o si por el contrario tal proceder respeta el marco jurídico que se señala como vulnerado. MARCO NORMATIVO Para dilucidar el tema controvertido, cabe tomar como punto de partida, que en la contradicción de tesis 350/2013, la Primera Sala estableció que "el imperativo constitucional de fuente internacional derivado de la Convención Americana de Derechos Humanos, relativo a que la ley debe prohibir la usura, consiste en que la ley no debe permitir la usura como forma de explotación del hombre por el hombre, o sea, que la ley no debe permitir que una persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo", obligación que la Primera Sala entendió también corresponde cumplir a "todas las autoridades del país", entre las que evidentemente se encuentran todos los órganos jurisdiccionales. En dicho precedente la Primera Sala determinó que un caso de explotación patrimonial "puede ser analizada por el juzgador -aun de oficio- a partir de un criterio objetivo, sin perjuicio de atender a otros elementos si los advierte en las constancias de autos." Así, se sostuvo que "con independencia de que exista un planteamiento, o no, así como de que prospere, o no, en el juicio la controversia suscitada respecto de intereses lesivos pactados en un pagaré; las autoridades judiciales, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el caso, el derecho humano a la propiedad en la modalidad de prohibición de la usura como forma de explotación del hombre por el hombre", lo que les faculta a efectuar el control de convencionalidad ex officio, aun ante la falta de petición de parte sobre el tópico, lo que significa que cuando se adviertan indicios de un interés desproporcionado y excesivo se debe analizar de oficio la posible configuración de la usura, aun ante la desestimación del planteamiento litigioso correspondiente a la lesión. No obstante, si bien se estableció que el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y de ser el caso, actuar en consecuencia, el propio máximo tribunal acotó que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra como límite la institución de la cosa juzgada. Esto es así, en razón de lo siguiente: Por regla general, cuando el acreedor se ve obligado a demandar en la vía judicial el pago de un préstamo que no ha sido saldado, no sólo demanda el monto de la cantidad prestada, sino que además, atendiendo al principio de concentración procesal, también demanda el pago de los intereses ordinarios o moratorios que ese préstamo haya devengado, conforme al acuerdo de voluntades asumido en el documento base de la acción. Por ello, al momento de emitir la sentencia correspondiente, el juzgador, atendiendo al principio de congruencia que rige a las determinaciones judiciales, no sólo debe pronunciarse con relación a la suerte principal reclamada como monto del préstamo, sino que además, debe hacer un pronunciamiento en relación con los intereses devengados, por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con lo dispuesto en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, una vez que la sentencia respectiva queda firme porque en su contra ya no procede ningún recurso ordinario o extraordinario alguno, esa decisión se vuelve inmutable; de ahí que deba ejecutarse en sus términos. Ciertamente, aunque el análisis de la usura puede efectuarse de manera oficiosa mientras la sentencia que condena al pago de los intereses derivados de un préstamo se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva, hecho valer por el acreedor de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura, pues la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa especifica en monto porcentual, debe considerarse firme. Asimismo, no es posible ejercer el control de usura sobre los intereses que se sigan generando después de emitida la sentencia, pues no debe perderse de vista que cuando ésta se emite, la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además, comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal. De ahí que, la circunstancia de que los intereses se sigan devengando, aun después de emitida la sentencia no autoriza a considerar que en la etapa de ejecución pueda ejercerse el control de usura respecto de dichos intereses, pues aun y cuando éstos se están generando después de emitida la sentencia que se pretende ejecutar, lo cierto es que la condena que obliga a su pago a una tasa específica en monto porcentual, deriva de una sentencia que se encuentra firme, de ahí que pese a la obligación que tienen los juzgadores de proteger, respetar y promover los derechos humanos, no es dable que en la etapa de ejecución de sentencia se pretenda ejercer un control de usura sobre los intereses devengados, ni siquiera aún de los que se siguen generando después de emitida la sentencia que condena a su pago. Dichas consideraciones se vieron reflejadas en la tesis de jurisprudencia, de rubro y texto: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal". Hasta aquí las premisas normativas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió el juez responsable relativas al expediente 1269/2017: a). El juicio ejecutivo mercantil 1269/2017 fue promovido por los endosatarios en procuración de Alejandro Colorado Luque, en contra de César Augusto Morando Turrent, a quien demandó el pago de la suerte principal, intereses ordinarios y moratorios, y el pago de los gastos y costas del juicio (fojas 1 a 14). b). El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete se admitió la demanda en la vía ejecutiva mercantil, y se ordenó emplazar al demandado César Augusto Morando Turrent (fojas 15 y 16). c). Luego que se tuviera hecho el emplazamiento del demandado (foja 38) y que se sustanciara en todas y cada una de sus etapas procesales dicho juicio ejecutivo mercantil, el nueve de octubre de dos mil dieciocho se dictó sentencia condenatoria (fojas 73 a 76) misma que causó ejecutoria el cinco de noviembre de ese mismo año (foja 77). d) En auto de veinte de noviembre de dos mil dieciocho se abrió la sección de ejecución de sentencia (foja 79). e). El veintidós de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la autorizada de la parte actora en el juicio natural formulando planilla de liquidación de intereses, la cual se dejó a vista de la parte demandada por el término de tres días a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera (foja 94); en auto de veintiuno de octubre del año en cita, se tuvo al demandado César Augusto Morando Turrent, oponiéndose a la planilla de liquidación de intereses, por lo que se dejó a vista de la parte actora, para que manifestara lo que a su interés conviniera (foja 100). f). El diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se dictó la resolución de planilla de liquidación de intereses moratorios (foja 110) en el sentido de aprobarla, sustancialmente bajo los argumentos que son del contenido siguiente: "Para una mejor comprensión de lo que ha de resolverse a continuación, es necesario tomar en consideración que mediante sentencia ejecutoria pronunciada el nueve de octubre de dos mil dieciocho, se condenó al demandado CÉSAR AUGUSTO MORANDO TURRENT, al pago de la cantidad de $2,123,000.00 (DOS MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal; al pago de los intereses moratorios vencidos a razón del dos por ciento mensual (2%), a partir del día siete de octubre de dos mil dieciséis, más los que se sigan venciendo hasta el pago total de la deuda; así como el pago de los gastos y costas del juicio. Atendiendo a las consideraciones antes expuestas, y una vez analizada la planilla de liquidación que nos ocupa, tenemos que dentro del periodo comprendido del uno de diciembre de dos mil dieciséis, al uno de abril de do mil dieciocho, y del uno de mayo de dos mil diecinueve al uno de agosto de dos mil veinte, transcurrieron treinta y dos meses, que multiplicados a razón de $42,460.00 (CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL), de intereses moratorios mensual, deducido de la suerte principal de $2,123,000.00 (DOS MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL 00/100 M.N.) arrojan como resultado la cantidad de $1,358.720.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Por lo que una vez analizada la planilla que nos ocupa, y en virtud de que lo peticionado por la formulante de la planilla se encuentra ajustada a derecho, y que se aprecia que existen errores aritméticos en la misma, sin embargo, en cuanto a las cantidades y procedimiento para el cálculo, se encuentran bien diseñadas, por consiguiente, se regradúa y se aprueba la planilla de liquidación motivo de estudio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio." (Foja 110). La resolución a que se refiere el punto anterior constituye el acto reclamado en el presente juicio y hasta aquí la relatoría de antecedentes del mismo. SUBSUNCIÓN Los conceptos de violación no admiten servir de base para declarar inconstitucional la sentencia impugnada, pues como ya quedó sentado, existe imposibilidad técnico-jurídica para examinar el tema de usura en la etapa de ejecución de sentencia. En conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que emitan las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito de todo el país. En el caso, el criterio de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País de rubro: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA", mencionado en el marco jurídico es obligatorio para este juzgador, por lo cual, si existe una sentencia firme con la cualidad de inmutabilidad, que adquiere mediante la cosa juzgada, para que ésta deba ejecutarse en los términos en que fue dictada, sin que sea posible analizar el tema de la usura, en la etapa de ejecución de sentencia, ni oficiosamente, ni a petición de parte, toda vez que la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica, debe considerarse firme. Según el numeral 354 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, la cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley. En términos del artículo 355 del citado Código Federal, hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria. De acuerdo con el precepto 356, fracción II, del código procesal mencionado, causan ejecutoria las sentencias que admitiendo algún recurso, no fueran recurridas, o habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él. En el caso, en las constancias enviadas por el juez responsables obra copia certificada de la sentencia de nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1269/2017, seguido por los endosatarios en procuración de Alejandro Colorado Luque, en contra del aquí quejoso César Augusto Morando Turrent. En el resolutivo segundo se condenó al enjuiciado al pago de intereses moratorios a razón del 2% mensual a partir del siete de octubre de dos mil dieciséis. Ese fallo causó ejecutoria el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio. Sobre estas bases, como ya existe decisión firme respecto del juzgamiento de la condena al pago de intereses moratorios, es claro que ya no puede examinarse en la etapa de ejecución de sentencia el tema de la existencia de la usura en intereses moratorios, respecto de un incidente de liquidación de intereses moratorio acaecido durante la etapa de ejecución de sentencia. Finalmente, la tesis de rubro: "USURA. EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA IMPOSIBILITA ELIMINAR LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA RESPECTO DE LOS HECHOS ANTERIORES A LA COSA JUZGADA, PERO SÍ PERMITE ANULAR LOS INTERESES USURARIOS GENERADOS DESPUES DE ÉSTA, PARA REDUCIRLOS A UNA TASA EQUITATIVA Y ASÍ LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE EL CITADO PRINCIPIO, LOS DE COSA JUZGADA Y DE PROHIBICIÓN DE AQUELLA, DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA" que cita la parte quejosa no tiene aplicación en el caso, en virtud de que fue superada por la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 28/2017 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se citó previamente en esta sentencia. CONCLUSIÓN. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la justicia de la unión solicitado por César Augusto Morando Turrent, respecto del acto reclamado consistente en la interlocutoria emitida el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, en el expediente 1269/2017 por el Juez Cuarto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, y 75 de la aplicable Ley de Amparo y demás relativos a la ley de la materia; se, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a César Augusto Morando Turrent, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones vertidas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución.Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio, signado por el 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora, dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmese un cuaderno de pruebas para el mejor manejo del presente asunto. Por otro lado, de la certificación de cuenta se advierte que entre la fecha en que se pondría a vista de las partes el informe aquí atendido y la de la audiencia constitucional, no median ocho días hábiles; ello en razón de que el presente acuerdo se notificará por lista de acuerdos el veintidós de marzo actual, y la celebración de la audiencia constitucional se encuentra fijada para el día seis de abril del año en curso. Así las cosas, si conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, señalada para el seis de abril del año en curso, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.

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