Carlos Gabriel Souza Domínguez

Expediente 110/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
110/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/02/2019

Partes del expediente

  • Carlos Gabriel Souza Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE: Boca del Río, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido para los efectos legales procedentes, el oficio 2769/2019, signado por el Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, mediante el cual informa que acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Carlos Gabriel Souza Domínguez; en virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, archívese como concluido. De conformidad con la fracción I, del capítulo relativo a "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE DESTRUIR A LOS JUZGADOS DE DISTRITO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción XX del punto segundo del citado acuerdo, pues se trata de un expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes) además a juicio de este órgano jurisdiccional no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Vigésimo, fracción I, y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el escrito de demanda, promovido por Carlos Gabriel Souza Domínguez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos, contra actos de la Directora de la Escuela Primaria Rafael M. Aguirre Cinta, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1° y 3° Constitucionales; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108 y 112 de la Ley de Amparo; fórmese juicio de amparo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 110/2019-II, que es el que le correspondió. INCOMPETENCIA El suscrito estima que en el particular, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, por razón de territorio, no es legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo; y además en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. El estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes, porque avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar en su momento la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor (Tribunal Colegiado de Circuito, Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la consecuente, declaratoria de nulidad de la sentencia que en un momento dado se llegara a dictar, no obstante carecer de aptitud legal para hacerlo. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece en su primer párrafo: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (.)" Con base en el anterior ordinal, para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando los actos reclamados requieran de ejecución material, debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado tal acto. De la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La negativa por parte de las autoridades responsables de causar baja académica en la escuela primaria Rafael M. Aguirre Cinta, ubicada en Acayucan, Veracruz, a los menores de identidad reservada, así como de entregar al quejoso la documentación escolar respectiva de los mismos. Ahora, para determinar la competencia de un Juez de Distrito, en principio debe atenderse a los efectos producidos del acto desde la perspectiva de la ejecución material. En tales circunstancias, si bien el acto reclamado es de naturaleza negativa, dado que consiste en la negativa por parte de las responsables de causar la baja académica de dos menores de edad legal, así como de devolver su documentación escolar respectiva; es necesario precisar que los efectos de dichos actos son positivos, dado que tal "no hacer" tiene como efecto que se siga ejecutando materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa, en razón de que se obliga a los menores a continuar estudiando en la escuela Primaria Rafael M. Aguirre Cinta, ubicada en Acayucan, Veracruz. En este sentido, el acto reclamado si bien es en apariencia puramente de carácter negativo, éste conlleva un principio de ejecución, materializándose los efectos positivos en el hecho de que los menores deberán continuar estudiando en la escuela de la cual se pretende que causen baja. Por tal motivo, es evidente que es competente para conocer de la demanda que dio origen al presente juicio, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales de la parte promovente con motivo de la negativa impugnada, es decir, el lugar de residencia de la escuela primaria en donde, ante tal negativa, deberán continuar estudiando los menores hijos de la parte quejosa, esto es, en Acayucan, Veracruz.

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