Carlos Gabriel Manzano García

Expediente 1683/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1683/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • Carlos Gabriel Manzano García
  • Advence Real Estate 2, S.R.L de C.V.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    (128)... En la Ciudad de México, siendo las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia del incidente innominado que se ordenó tramitar por auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 4137 a 4148), en el presente juicio de amparo número 1027/2012-128, promovido por LUZ ELVIRA SÁNCHEZ ORTIZ, por conducto de su representante legal, en contra de actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad; por lo que, con fundamento en los artículos 66, 67 y 193, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, así como 341, 342, 343, 344, 360 y 361 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo prevé su numeral 2°, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de Josué Yoao García García, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia del Incidente Innominado, sin la asistencia de las partes. Acto Seguido. El Secretario da cuenta a la Jueza con las pruebas documentales y la pericial en materia Contable ofrecidas por las partes en el incidente innominado, el cual fue tramitado con el objeto de cuantificar los montos que efectivamente le corresponde percibir a la parte quejosa en cumplimiento al fallo protector. Acto continuo, la Jueza acuerda: con fundamento en los artículos 67 y 119 de la Ley de Amparo, así como 343 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tienen, por ofrecidas, admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza las pruebas documentales ofrecidas por las partes y, por ofrecida, admitida y desahogada la pericial en materia Contable conforme a los dictámenes que obran en autos. No habiendo prueba pendiente de desahogo, dado que no se estima necesario poner a discusión en ningún punto las pruebas ofrecidas por las partes, con fundamento en los artículos 67 de la Ley de Amparo y 344 del Código Federal Adjetivo, SE ABRE LA AUDIENCIA DE ALEGATOS y en este acto, el Secretario, certifica que las partes no formularon alegatos. La Jueza provee: con fundamento en los artículos 67 de la Ley de Amparo, 344 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE CIERRA LA AUDIENCIA DE ALEGATOS. Acto seguido, al no haber diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia del incidente innominado, en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas para el dictado de la resolución que en derecho corresponda. Vistos los autos del juicio de amparo indirecto número 1027/2012-128, promovido por LUZ ELVIRA SÁNCHEZ ORTIZ Y OTROS, por conducto de su representante legal, en contra de actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad, para resolver el incidente innominado que se ordenó por auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 4137 a 4148), y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito recibido el once de julio de dos mil doce (fojas 2 a 10) en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido al día siguiente por razón de turno a este juzgado, Luz Elvira Sánchez Ortiz y otros, por conducto de su representante legal, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos atribuidos al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad. SEGUNDO. Previo desahogo de diversas prevenciones, en proveído de seis de agosto de dos mil doce (fojas 71 a 77), se admitió a trámite la demanda y seguido que fue el procedimiento, el veintitrés de enero de dos mil trece (fojas 188 a 201) este Órgano Jurisdiccional dictó sentencia, misma que fue recurrida por el Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, correspondiendo conocer del recurso de revisión al Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien fue auxiliado por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y en sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil trece, determinó confirmar la resolución recurrida, por lo que quedó firme la sentencia dictada en autos, en la que se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto siguiente: ".Por lo que se concluye, que al haber sido omisos el Director General y el Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplir la sentencia de catorce de abril de dos mil ocho, dictada en el juicio de nulidad número 4728/07-17-05-2, del índice de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (folio 917 del Tomo de Pruebas I); y, a la resolución de uno de marzo de dos mil once, dictada en la queja por defecto en el cumplimiento relativa al mismo sumario (folio 1071 del Tomo de Pruebas I), lo procedente es conceder a Adán González Vega, María Dolores Madrid González, María Luz Viniegra Catarino, María Elodia Perea Cruz, María Juliana González Maulas, Juan Pérez Carranza, Mariana Ayala Delgado, Marciano Ramírez Ceballos, Epifanio Delgado Frías, Refugio López Cruz, José Loya Cruz, Antonia Aguirre Cruz, Celia Ceballos Ramírez, Rosa Esther González Montes, Rosalina Ceballos Ramírez, Imelda Cruz Romero, Calixtro Moreno García, Elsa González Moreno, Virgilio Ruiz Valenzuela Susana Ramírez González, Consuelo Gaspar Cienega, Laura Hernández Bustillos, Angelina Palma Jiménez, Rosa León Moreno, Martha Domínguez Batista, Eligio Echavarría Cruz, Olivia González Villalobos, María Petra Jariz Corona, Enrique Vega Valois, Eduardo Cruz Molina, Francisco Ruiz Mesquiti, Teresa Alicia Ramírez Flores, Rosario Lima Escárcega, Paula Lima Escárcega, María Olga Guerreo Quezada, Julia Maulas González, Leticia González Moreno, Guadalupe Bustillos Mina, Luciano Bustillos Díaz, María Eulalia Montañez Banda, Isabel López Pérez, Dolores Merino Mapula, Guadalupe Rascón Palma, Quiteria Domínguez Madrid, María Ignacia Cruz Loya,Leonarda Espino Loya, Ernesto Pérez Rascón, María Guadalupe Salmerón Corrales, María del Refugio Aceves Sagarnaga, Cristiana Sáenz Ramos, SoledadMeléndez Galaviz, José Cruz Ramírez García, María Chávez Carrillo, María del Carmen Aguirre Espino, Manuela González Fierro, Germán Darío Arrellano Hernández, Rosendo Bencomo Chávez, Reyes Bustillos Rascón, Justina Carrillo Ceballos, José Chávez Loya, Enriqueta Domínguez Loya, Ramón Galaviz Armenta, Guadalupe García González, Higinio García Torres, Sara Esther Gutiérrez Silveyra, Eloy Holguín Loya, Esperanza Márquez Robles, Alberto Mendoza Mendoza, Aurelia Molina Hernández, Gloria Salas Luján, María de los Ángeles Rodríguez, Rafael Sáenz Gómez, Gloria Salas Luján, Ubaldo Varela Pacheco, Sebastián Varela Reyes, Jesús Antonio Vizcarra Torres, Socorro Bernal Loya, Gloria Salas Luján, Teresa de Jesús Madrid Nájera Lilia Acosta Ramírez, Silvia Luz Cárdenas Castorena, Regino Enríquez Castillo, Filiberto Espino Minjarez, Raquel Rosaura Espinoza Farías, Juana Guerra Reyes, Luis López Cueto, Ana María López Gómez, Guadalupe Moreno Torres, Concepción Navarrete Morales, Andrea Neri Pérez, Mónica Hanani Ortega Orantes, Óscar Ortega Zapata, Rita Palacios Corral, Amelia Isabel Payán Castillo, Lilia Pérez Rodríguez, Sergio Armando Rojas Olivas, Hortensia Solís Olague, Melida Terrazas Ruiz, Lázara Villa Contreras, Antonio López Cedillo, Irma Luján Quezada, Rosa María Zendejas Loya, Celia Echeverría Gómez, Manuel Aceves Corral, Hilda Romelia Álvarez García, Luz María Barragán Howlet, Francisco Bonilla Chávez, Romelia Borrego Elías, Benjamín Calderón Salazar, Benjamín Castañeda Valles, César Contreras Ronquilo, José Sabino Flores Urbina, Jesús Armando Medrano Moreno, María Yolanda Montañez Portillo, Gloria Montes Garza, Rosa Elena Núñez Soto, Martín César Obregón Villanueva, María Victoria Rodríguez Mier, Ludmila Sáenz Bustamante, María del Refugio Sánchez Romero, María Aracely Bejarano Carrasco, Gerardo Calderón Jaquez, Ubaldo Gamboa García, Luis Arturo García Juárez, Hortensia Meléndez Acosta, Zulema Valenzuela, Nicolasa Ruiz Rico, Luz Elvira Sánchez Ortiz, Elizabeth Adame Chavarría, María Ana Terrazas Morales, Jesús Alberto Hernández Ureño, María Lina Hinostroza Gutiérrez, José Abelardo Orozco Orozco, Miguel Acosta Acosta, Sigifredo Carrillo Arroyos, Norma Leticia Nevarez Madariaga, Bernavé Torres Jiménez, Natividad Segobia Gallegos, María del Socorro Hidalgo Correa, Saúl Arroyos Torres, José Heriberto Villanueva Rodríguez, Gregorio Antonio Acosta Vargas, Lucia Teresa Carrasco Escamilla, María del Carmen Adriana Gil Zenteno, Rosa Herlinda Gebbia Sáenz, Martha Elena Gebbia Sáenz, Esteban Chavarría Chávez, Estela Campos Cervantes, Moisés Camacho Salcido, Martha Leticia Barraza Fernández, María Dolores Durán Muñoz, Julio Durán Quintana, Rigoberto González Carrasco, Manuel Guerrero Luna, Amparo Rascón García, Ana Alicia Mendoza Arenas, Humberto Raúl Herrera Díaz, María del Rayo Mendoza Barrera, Jaime Morales Gutiérrez, Alicia Núñez Núñez, Luis Antonio Núñez Salazar, Hayde Olave Arriola, Juana Arminda Olivas Mendoza, Yolanda Rodríguez Castillo, María del Carmen Jasso Lerma, Blanca Esthela Terrazas Chapa, Silvia Esther Castro Velarde, Ismael Chávez Nevarez, Severiano Corrales Carrasco, Rosaura Ramos Márquez, Néstor Vázquez Ávalos, Juan Manuel Rojas Juárez y Nancy Chávez Ochoa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que al día siguiente de la notificación del auto en que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables en comento den cumplimiento dichos fallos." (folio 199 reverso) Debiendo atender en lo conducente, que la sentencia de nulidad de catorce de abril de dos mil ocho, dictada en el expediente 4728/07-17-05-2, por la Quinta Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, impera en los términos siguientes: ".En tal virtud, esta Sala considera que debe declararse la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad emita una nueva, en la que se consideren las cantidades que recibió la enjuiciante en concepto de compensación (definido en líneas anteriores), adecuando su resolución a lo establecido por el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, procediendo la actualización de las cuotas pensionarias a partir del momento en que fue fijada la pensión y en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en la fecha que se fijó la pensión original, y hasta en tanto se cumplimente la presente resolución, en términos del texto vigente en la época de su jubilación, pagando a la actora las diferencias que resulten a su favor." (folio 926 reverso, Tomo I Legajo de Pruebas) Así como lo determinado en la resolución del recurso de queja por defecto de uno de marzo de dos mil once, dictada en el juicio de nulidad en referencia, por la sala de origen, que impera en los términos siguientes: ".En ese sentido, le correspondía a la autoridad demostrar con la exhibición de la documentación respectiva, que ha dado cumplimiento debido, total y completo a lo condenado en la sentencia, al proceder no sólo al pago de cantidades por diferencia de días de aguinaldo como lo demostró la actora, sino que respecto de cada uno de éstos procediera a calcular la cuota diaria de pensión incorporándole los conceptos que recibiera por COMPENSACIÓN, que corresponde la misma a las cantidades adicionales al sueldo presupuestal y sobresueldo que recibieron los demandantes en el último año que prestaron, en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeñe. Por tanto la autoridad deberá exhibir ante esta Sala una resolución que cumpla la sentencia respecto de todos los demandantes, y exhibir el pago efectuado a cada uno de éstos que satisfaga todos los extremos de la sentencia de condena, además de exhibir los documentos correspondientes. En las relatadas condiciones, esta Sala juzga que en el caso existe defecto en el cumplimiento de la sentencia de que se trata por parte del Director General y del Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y por consiguiente y con apoyo en el artículo 58 fracción II, inciso d), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, se concede una plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a estos para que den exacto cumplimiento al fallo de mérito, siguiendo estrictamente los lineamientos dados en esta resolución." (folio 1078 reverso y 1080, del Tomo I del legajo de pruebas) Ahora, del análisis de todo lo transcrito, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, la autoridad responsable debe acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: Emitir una resolución, en la que se consideren las cantidades que recibió la parte quejosa en concepto de compensación, adecuando su resolución a lo establecido por el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, procediendo la actualización de las cuotas pensionarias a partir del momento en que fue fijada la pensión y en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la referida Ley, vigente en la fecha en que se fijó la pensión original, y hasta en tanto se cumplimente la sentencia de nulidad de catorce de abril de dos mil ocho, en términos del texto vigente en la época de su jubilación, pagando a la parte quejosa las diferencias que resulten a su favor. En ese orden, mediante proveído de quince de mayo de dos mil trece, se requirió a las autoridades responsables a efecto de que dentro del término legal dieran cumplimento a la sentencia de amparo. Una vez llevado a cabo el trámite necesario para el cumplimiento de la ejecutoria, las autoridades responsables remitieron las constancias con las que adujeron haber acatado los extremos precisados en el fallo protector, motivo por el cual en auto de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis (fojas 3982 a 3985) este juzgado federal ordenó remitir copia certificada de esas documentales a la Quinta Sala Regional Metropolitana del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del término ahí señalado informara si las autoridades responsables habían dado o no cumplimiento a la sentencia de catorce de abril de dos mil ocho y a la resolución de queja de uno de marzo de dos mil once, emitidas en el juicio de nulidad de origen. En desahogo a lo anterior, mediante oficio registrado con el folio "8743" (fojas 4011 a 4029) el Magistrado Presidente y la Secretaria de Acuerdos, ambos de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa señalaron que la autoridad demandada en esa instancia no acreditó haber cumplimentado las resoluciones en cita; lo anterior, toda vez que la sala natural estimó lo siguiente: "Con base en lo anterior, con fundamento en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, esta Juzgadora estima que la autoridad demandad NO CUMPLIÓ con lo resuelto en las sentencias definitivas e interlocutoria de queja dictada con fecha 14 de abril de 2008 y 1° de marzo de 2011, respectivamente; razón por la cual, la autoridad demandada se encuentra obligada a emitir otras resoluciones, debidamente fundadas en las que cumpla con los efectos precisados en las sentencias antes aludidas, en el entendido que la autoridad debe señalar y comparar qué incremento es más favorable al pensionado, entre el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, o bien, el incremento del sueldo de los trabajadores en activo, debiendo de aplicar el aumento que mayor beneficio le dé a los actores y pagar las diferencias que resulten a dicho ajuste, en caso de existir las mismas, a partir del otorgamiento de las pensiones de mérito y hasta en tanto se cumplimenten las sentencias que nos ocupan Visto lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, fracción VII, de la Ley Orgánica de este Tribunal y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad demandada NO acredita el cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha 14 de abril de 2008 y a la diversa resolución de queja por defecto de 01 de marzo de 2011, por lo que se dejan a salvo los derechos de los actores para hacerlos valer en la vía que correspondiente." En virtud de lo anterior, en auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis (fojas 4030 a 4036) se procedió a realizar el requerimiento de cumplimiento de respectivo. TERCERO. Posteriormente, en auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 4137 a 4148), este órgano jurisdiccional ordenó la apertura del incidente innominado con el objeto de cuantificar los montos que efectivamente les correspondía percibir a los quejosos por concepto de actualización de la pensión de la que son beneficiarios, a partir del momento en que la misma fue fijada y en términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en la fecha en que se fijó cada una de las pensiones, y hasta en tanto se cumplimentara la sentencia de nulidad de catorce de abril de dos mil ocho, en términos del texto vigente en la época de su jubilación. De igual forma, de oficio, se ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia contable, a efecto de determinar la cantidad líquida que corresponde a cada uno de los quejosos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se requirió al Director General de Especialidades Periciales Documentales de la entonces Procuraduría General de la República para que proporcionara experto en materia contable que pudiera fungir con el carácter de perito en auxilio de las labores de este Juzgado; se fijó el cuestionario respectivo y se determinaron los lineamientos en base a los cuales habría de desahogarse de prueba pericial en materia contable; asimismo, se requirió a las partes para que de estimarlo conveniente, propusieran un perito de su parte y adicionaran el cuestionario elaborado para el desahogo de la prueba pericial, apercibidas que de no hacerlo se llevaría a cabo el desahogo de la prueba conforme al cuestionario elaborado por este Juzgado y de no designar perito de su parte, dicha probanza sería integrada únicamente con el dictamen que en su momento emitiera el perito designado para actuar en auxilio de las labores de este Juzgado, al cual se les tendría por adheridas. En ese contexto, por oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis (foja 4154), la Directora de Investigación y Análisis Financiero, en ausencia de la Directora General de Especialidades Periciales Documentales de la Coordinación General de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de la República, propuso como perito para actuar en auxilio de las labores de este Juzgado a María del Rosario Martínez Arriaga. Por su parte, mediante oficio registrado con el folio "15773" (foja 4160) el delegado de las autoridades responsables designó como perito de su parte a Luis Ángel Terrazas Hernández, así también, pretendió ampliar el cuestionario propuesto por este juzgado federal para el desahogo de la prueba pericial de mérito; en tal virtud, en auto de tres de octubre de dos mil dieciséis (fojas 4161 a 4165) se requirió al citado especialista para que en término legal aceptara el cargo que le fue conferido, asimismo, en relación a la adición del aludido cuestionario, por una parte, se desecharon las preguntas identificadas con los números 5, 6, 7 y 8 por las razones ahí expuestas, y por la otra, respecto a las restantes preguntas se tuvo por ampliado el cuestionario propuesto para el desahogo de la prueba pericial en materia contable. A través del escrito registrado con el número de promoción "15873" (fojas 4167 y 4168) la parte quejosa señaló como perito de su parte a María Alejandra Jauffred Puente y manifestó su conformidad con el cuestionario formulado por este juzgado de amparo; sobre esa base, en proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciséis (foja 4182) se tuvo por adherida a la parte quejosa al cuestionario en alusión, y, se requirió a la perito designada por su parte a efecto de que dentro del término legal compareciera a aceptar el cargo que le fue conferido. Mediante comparecencia de diez de octubre de dos mil dieciséis (foja 4255), María Alejandra Jauffred Puente aceptó y protestó el cargo de perito que le fue conferido por la parte quejosa, teniéndosele con tal carácter por auto de once del mismo mes y año (foja 4258). Por otro lado, Luis Ángel Terrazas Hernández, en comparecencia de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis (foja 4269), aceptó y protestó el cargo conferido de perito de las autoridades responsables, por lo que en auto de veinticinco de octubre del año en cita (foja 4271) se le tuvo con tal carácter. Y, por comparecencia de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis (foja 4396) María del Rosario Martínez Arriaga, perito designada para actuar en auxilio de las labores de este Juzgado, ante la presencia judicial aceptó el cargo que le fue conferido; en consecuencia, en proveídos de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis (fojas 4398 y 4399), se le tuvo con ese carácter; así también, se requirió a los peritos designados por las partes, así como a la perito oficial María del Rosario Martínez Arriaga, para que en el término legal rindieran y ratificaran su respectivo dictamen pericial. Posteriormente, en escrito registrado con el número de promoción "18145" (foja 4440) la parte quejosa refirió que a fin de que su perito estuviera en aptitud de rendir el dictamen pericial que le fue encomendado, era necesario que se recabaran diversas constancias, por ende, solicitó que por conducto de este órgano jurisdiccional se requirieran las mismas a las autoridades correspondientes; en esa tesitura, en auto de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 4666 y 4667) este juzgado de amparo consideró que tales documentales no guardaban relación con la litis, de ahí que no era preciso solicitarlas. Disconforme con lo anterior, la parte quejosa, a través del escrito identificado con el número de promoción "18745" (foja 4684) interpuso recurso de queja, por tanto, en auto de primero de diciembre de dos mil dieciséis (foja 4702 y 4703) se tuvo por recibido ese medio de impugnación y se ordenó suspender el procedimiento; así, de dicho recurso conoció el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. En oficios registrados con los folios "19853" (foja 4719) y "20160" (foja 4725) el perito de las autoridades responsables remitió su dictamen pericial; en ese sentido, en autos de veinte y veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 4724 y 4726), se reservó acordar lo conducente en virtud de estar suspendido el procedimiento. Luego, en proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete (fojas 4755 a 4759) se tuvo por recibido el testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de uno de febrero de dos mil diecisiete, en la que el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que era improcedente el recurso de queja intentado por la parte solicitante del amparo; motivo por el cual, se reanudó el procedimiento. Mediante comparecencia de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete (foja 4765) Luis Ángel Terrazas Hernández, en su carácter de perito de las autoridades responsables ratificó su dictamen; de ahí que en auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete (foja 4767) se tuvo por rendido y ratificado el dictamen pericial de mérito. Por otra parte, a través del escrito registrado con el número de promoción "5394" (fojas 4788 a 4798) la perito de la parte quejosa, María Alejandra Jauffred Puente exhibió su respectivo dictamen; y, en comparecencia de dieciocho de abril de dos mil diecisiete (foja 4815) ratificó el mismo; en razón de ello, en proveído de diecinueve del mes y año en cita (foja 4816), se tuvo por rendido y ratificado. Ahora bien, resulta importante destacar que en auto de veintisiete de julio de dos mil diecisiete (fojas 4891 a 4895), al no haber desahogado la parte quejosa el requerimiento que se le formuló en proveído de cinco de julio de ese año (fojas 4881 a 4885), a efecto de no dejarla en estado de indefensión ante la imposibilidad de aportar el soporte documental solicitado por la perito oficial a fin de estar en aptitud de rendir y ratificar su dictamen pericial, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en este último, y en consecuencia, se requirió al Subdirector de Pensiones de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a efecto de que dentro del término legal determinara la cuota inicial de pensión de la totalidad de los quejosos; ello con la finalidad de que la perito oficial estuviera en aptitud de rendir el dictamen pericial ordenado en autos. Inconforme con lo anterior, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el cuatro de agosto de dos mil diecisiete (fojas 4908 a 4914) la parte quejosa interpuso recurso de queja; del cual conoció el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el toca número Q.A. 242/2017, el cual en resolución de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete determinó que era infundado dicho medio de impugnación. En ese sentido, en auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 4951 a 4955) se tuvo por recibido el testimonio de esa resolución, se reanudó el procedimiento que estaba suspendido, y entre otras cuestiones, se solicitó al Subdirector de Pensiones de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que en el término ahí concedido determinara la cuota inicial de los amparistas. Con posterioridad, mediante proveído de quince de marzo de dos mil dieciocho (fojas 5006 a 5008), dada la complejidad de la información requerida y tomando en consideración, además, la cantidad de personas a las que le fue concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, este Juzgado de Distrito consideró conveniente elaborar un sistema de periodización a efecto de que el Subdirector de Pensiones de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado estuviera en aptitud de determinar la cuota inicial de pensión de cada uno de los quejosos, por lo que se requirió a la referida autoridad a fin de que desahogara el requerimiento formulado en las fechas que ahí se señalaron. En ese orden, en auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho (fojas 5078 y 5079) se tuvo por recibido el oficio de la autoridad señalada en el párrafo que antecede, en el que desahogó el requerimiento que le fue formulado, y por ende, remitió las documentales que le fueron solicitadas respecto de los quejosos ahí descritos; asimismo, se ordenó formar un cuaderno por separado del expediente principal relativo al juicio de amparo 1027/2012 por cada uno de los quejosos, en el entendido de que en cada cuaderno aperturado debía proveerse lo que en derecho corresponda hasta el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Sobre esa base, en lo que aquí interesa, a través del oficio registrado con el folio "9670" el delegado del Subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado exhibió el cálculo de la cuota inicial de pensión de la parte quejosa LUZ ELVIRA SÁNCHEZ ORTIZ, entre otros; por consiguiente, en auto de dos de septiembre de dos mil veinte, se ordenó formar el cuaderno por separado correspondiente al impetrante. Derivado de lo anterior, en auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte (fojas 11 y 12 del cuaderno identificado con el número 1027/2012-128) se requirió a la perito oficial para que en el término legal rindiera y ratificara el dictamen pericial correspondiente. Resulta importante señalar que, a través del oficio identificado con el folio "21021" (foja 6798), la Directora General de Especialidades Periciales Documentales de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, propuso como perito para actuar en auxilio de las labores de este Juzgado a Lidia Angélica Córdova Méndez; lo anterior, con la finalidad de apoyar en la emisión de la totalidad de los dictámenes en relación con cada uno de los quejosos. En razón de lo anterior, en comparecencia de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (foja 6808), Lidia Angélica Córdova Méndez aceptó y protesto el cargo de perito oficial en materia de contabilidad; en consecuencia, en auto de la misma fecha se le tuvo con ese carácter. Ahora bien, previa remisión de diversas documentales solicitadas por las peritos oficiales a efecto de emitir su respectiva opinión técnica, mediante oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Directora General de Especialidades Periciales Documentales de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, remitió el dictamen de María del Rosario Martínez Arriaga y Lidia Angélica Córdova Méndez, peritos designadas para actuar en auxilio de las labores de este Juzgado; el cual fue ratificado mediante comparecencias de catorce de mayo siguiente, por tanto, en proveído de esa misma fecha se tuvo por rendido y ratificado el dictamen de referencia. CUARTO. Seguido el trámite de ley, por auto de seis de enero de dos mil veintidós, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos del incidente innominado, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente innominado tramitado por auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 4137 a 4148), con la finalidad de cuantificar los montos que efectivamente le corresponde percibir a la parte quejosa; incidente que es procedente dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, ello acorde con lo dispuesto en los artículos 66, 67 y 193, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, 358 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, y de conformidad con la tesis CVII/2013 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 733, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, que a la letra dice: "INCIDENTE INNOMINADO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). PROCEDE ORDENAR SU APERTURA CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA SU DESACUERDO CON LAS CANTIDADES PRECISADAS UNILATERALMENTE POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. El recurso de inconformidad previsto en la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo se circunscribe a resolver si el auto que tuvo por cumplida la sentencia de amparo se efectuó en términos de lo establecido en el diverso artículo 196; es decir, que esté debidamente acatada sin defectos ni excesos. En tal virtud, si al momento de resolverlo se advierte que el quejoso manifestó su desacuerdo con la cantidad que fijó unilateralmente la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector es necesario que los órganos de amparo antes de pronunciarse sobre su ejecución ordenen la apertura del incidente innominado previsto en el cuarto párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, puesto que, de otra manera provocaría la ilegalidad de su pronunciamiento al no contar con los elementos suficientes para determinar si se encuentra totalmente cumplida o si existe un defecto o exceso con el acto exhibido por la autoridad responsable." Asimismo, sirve de apoyo la tesis 2a.CXLIX/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, diciembre de 2000, página 445, Novena Época, cuyo tenor es el siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SI NO EXISTE DESACATO SINO SÓLO DIFICULTAD EN EL CUMPLIMIENTO POR OSCURIDAD EN SU OBJETO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DETERMINARLO EN UN INCIDENTE INNOMINADO. Si el Juez de Distrito ordena el envío de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, haciendo notar que no existe desacato o negativa de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria, sino dificultad en el cumplimiento del fallo por oscuridad en su objeto, debe ordenarse la devolución de los autos al a quo para que abra un incidente innominado, dentro del procedimiento de ejecución, a fin de efectuar la determinación correspondiente, siempre que no exista imposibilidad para llevar a cabo tal ejecución en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, y así la autoridad responsable esté en posibilidad de acatar la sentencia de amparo, allegándose para ello de todos los elementos necesarios y valorando las pruebas que para el efecto aporten las partes, en términos de lo previsto en los artículos 79, 80 y 358 a 364, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme a lo establecido en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, en virtud de que es presupuesto para que se inicie el incidente de inejecución de sentencia la determinación del juzgador en torno a que la autoridad responsable no ha obedecido la ejecutoria, lo que da lugar a que ordene la remisión del expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos precisados en el precepto constitucional citado, que prevé la separación del cargo de la autoridad responsable y su consignación al Juez de Distrito que corresponda. Así como el criterio sustentado en la jurisprudencia número 1a./J. 90/2007, visible en la página 140, Tomo: XXV, Junio de 2007, Instancia: Primera Sala, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. Que acorde con lo dispuesto en el artículo 217 de la ley de la materia anteriormente citada, es de observancia obligatoria para este Órgano Jurisdiccional. SEGUNDO. Previo a realizar la determinación correspondiente en la presente resolución del incidente innominado, es conveniente precisar los alcances y efectos de la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, en la que se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los siguientes términos: ".Por lo que se concluye, que al haber sido omisos el Director General y el Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplir la sentencia de catorce de abril de dos mil ocho, dictada en el juicio de nulidad número 4728/07-17-05-2, del índice de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (folio 917 del Tomo de Pruebas I); y, a la resolución de uno de marzo de dos mil once, dictada en la queja por defecto en el cumplimiento relativa al mismo sumario (folio 1071 del Tomo de Pruebas I), lo procedente es conceder a Adán González Vega, María Dolores Madrid González, María Luz Viniegra Catarino, María Elodia Perea Cruz, María Juliana González Maulas, Juan Pérez Carranza, Mariana Ayala Delgado, Marciano Ramírez Ceballos, Epifanio Delgado Frías, Refugio López Cruz, José Loya Cruz, Antonia Aguirre Cruz, Celia Ceballos Ramírez, Rosa Esther González Montes, Rosalina Ceballos Ramírez, Imelda Cruz Romero, Calixtro Moreno García, Elsa González Moreno, Virgilio Ruiz Valenzuela, Susana Ramírez González, Consuelo Gaspar Cienega, Laura Hernández Bustillos, Angelina Palma Jiménez, Rosa León Moreno, Martha Domínguez Batista, Eligio Echavarría Cruz, Olivia González Villalobos, María Petra Jariz Corona, Enrique Vega Valois, Eduardo Cruz Molina, Francisco Ruiz Mesquiti, Teresa Alicia Ramírez Flores, Rosario Lima Escárcega, Paula Lima Escárcega, María Olga Guerreo Quezada, Julia Maulas González, Leticia González Moreno, Guadalupe Bustillos Mina, Luciano Bustillos Díaz, María Eulalia Montañez Banda, Isabel López Pérez, Dolores Merino Mapula, Guadalupe Rascón Palma, Quiteria Domínguez Madrid, María Ignacia Cruz Loya, Leonarda Espino Loya, Ernesto Pérez Rascón, María Guadalupe Salmerón Corrales, María del Refugio Aceves Sagarnaga, Cristiana Sáenz Ramos, Soledad Meléndez Galaviz, José Cruz Ramírez García, María Chávez Carrillo, María del Carmen Aguirre Espino, Manuela González Fierro, Germán Darío Arrellano Hernández, Rosendo Bencomo Chávez, Reyes Bustillos Rascón, Justina Carrillo Ceballos, José Chávez Loya, Enriqueta Domínguez Loya, Ramón Galaviz Armenta, Guadalupe García González, Higinio García Torres, Sara Esther Gutiérrez Silveyra, Eloy Holguín Loya, Esperanza Márquez Robles, Alberto Mendoza Mendoza, Aurelia Molina Hernández, Gloria Salas Luján, María de los Ángeles Rodríguez, Rafael Sáenz Gómez, Gloria Salas Luján, Ubaldo Varela Pacheco, Sebastián Varela Reyes, Jesús Antonio Vizcarra Torres, Socorro Bernal Loya, Gloria Salas Luján, Teresa de Jesús Madrid Nájera, Lilia Acosta Ramírez, Silvia Luz Cárdenas Castorena, Regino Enríquez Castillo, Filiberto Espino Minjarez, Raquel Rosaura Espinoza Farías, Juana Guerra Reyes, Luis López Cueto, Ana María López Gómez, Guadalupe Moreno Torres, Concepción Navarrete Morales, Andrea Neri Pérez, Mónica Hanani Ortega Orantes, Óscar Ortega Zapata, Rita Palacios Corral, Amelia Isabel Payán Castillo, Lilia Pérez Rodríguez, Sergio Armando Rojas Olivas, Hortensia Solís Olague, Melida Terrazas Ruiz, Lázara Villa Contreras, Antonio López Cedillo, Irma Luján Quezada, Rosa María Zendejas Loya, Celia Echeverría Gómez, Manuel Aceves Corral, Hilda Romelia Álvarez García, Luz María Barragán Howlet, Francisco Bonilla Chávez, Romelia Borrego Elías, Benjamín Calderón Salazar, Benjamín Castañeda Valles, César Contreras Ronquilo, José Sabino Flores Urbina, Jesús Armando Medrano Moreno, María Yolanda Montañez Portillo, Gloria Montes Garza, Rosa Elena Núñez Soto, Martín César Obregón Villanueva, María Victoria Rodríguez Mier, Ludmila Sáenz Bustamante, María del Refugio Sánchez Romero, María Aracely Bejarano Carrasco, Gerardo Calderón Jaquez, Ubaldo Gamboa García, Luis Arturo García Juárez, Hortensia Meléndez Acosta, Zulema Valenzuela, Nicolasa Ruiz Rico, Luz Elvira Sánchez Ortiz, Elizabeth Adame Chavarría, María Ana Terrazas Morales, Jesús Alberto Hernández Ureño, María Lina Hinostroza Gutiérrez, José Abelardo Orozco Orozco, Miguel Acosta Acosta, Sigifredo Carrillo Arroyos, Norma Leticia Nevarez Madariaga, Bernavé Torres Jiménez, Natividad Segobia Gallegos, María del Socorro Hidalgo Correa, Saúl Arroyos Torres, José Heriberto Villanueva Rodríguez, Gregorio Antonio Acosta Vargas, Lucia Teresa Carrasco Escamilla, María del Carmen Adriana Gil Zenteno, Rosa Herlinda Gebbia Sáenz, Martha Elena Gebbia Sáenz, Esteban Chavarría Chávez, Estela Campos Cervantes, Moisés Camacho Salcido, Martha Leticia Barraza Fernández, María Dolores Durán Muñoz, Julio Durán Quintana, Rigoberto González Carrasco, Manuel Guerrero Luna, Amparo Rascón García, Ana Alicia Mendoza Arenas, Humberto Raúl Herrera Díaz, María del Rayo Mendoza Barrera, Jaime Morales Gutiérrez, Alicia Núñez Núñez, Luis Antonio Núñez Salazar, Hayde Olave Arriola, Juana Arminda Olivas Mendoza, Yolanda Rodríguez Castillo, María del Carmen Jasso Lerma, Blanca Esthela Terrazas Chapa, Silvia Esther Castro Velarde, Ismael Chávez Nevarez, Severiano Corrales Carrasco, Rosaura Ramos Márquez, Néstor Vázquez Ávalos, Juan Manuel Rojas Juárez y Nancy Chávez Ochoa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que al día siguiente de la notificación del auto en que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables en comento den cumplimiento dichos fallos." (folio 199 reverso) Debiendo atender en lo conducente, que la sentencia de nulidad de catorce de abril de dos mil ocho, dictada en el expediente 4728/07-17-05-2, por la Quinta Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, impera en los términos siguientes: ".En tal virtud, esta Sala considera que debe declararse la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad emita una nueva, en la que se consideren las cantidades que recibió la enjuiciante en concepto de compensación (definido en líneas anteriores), adecuando su resolución a lo establecido por el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, procediendo la actualización de las cuotas pensionarias a partir del momento en que fue fijada la pensión y en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en la fecha que se fijó la pensión original, y hasta en tanto se cumplimente la presente resolución, en términos del texto vigente en la época de su jubilación, pagando a la actora las diferencias que resulten a su favor." (folio 926 reverso, Tomo I Legajo de Pruebas) Así como lo determinado en la resolución del recurso de queja por defecto de uno de marzo de dos mil once, dictada en el juicio de nulidad en referencia, por la sala de origen, que impera en los términos siguientes: ".En ese sentido, le correspondía a la autoridad demostrar con la exhibición de la documentación respectiva, que ha dado cumplimiento debido, total y completo a lo condenado en la sentencia, al proceder no sólo al pago de cantidades por diferencia de días de aguinaldo como lo demostró la actora, sino que respecto de cada uno de éstos procediera a calcular la cuota diaria de pensión incorporándole los conceptos que recibiera por COMPENSACIÓN, que corresponde la misma a las cantidades adicionales al sueldo presupuestal y sobresueldo que recibieron los demandantes en el último año que prestaron, en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeñe. Por tanto la autoridad deberá exhibir ante esta Sala una resolución que cumpla la sentencia respecto de todos los demandantes, y exhibir el pago efectuado a cada uno de éstos que satisfaga todos los extremos de la sentencia de condena, además de exhibir los documentos correspondientes. En las relatadas condiciones, esta Sala juzga que en el caso existe defecto en el cumplimiento de la sentencia de que se trata por parte del Director General y del Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y por consiguiente y con apoyo en el artículo 58 fracción II, inciso d), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, se concede una plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a estos para que den exacto cumplimiento al fallo de mérito, siguiendo estrictamente los lineamientos dados en esta resolución." (folio 1078 reverso y 1080, del Tomo I del legajo de pruebas) En la inteligencia de que las autoridades responsables deben observar los lineamientos establecidos en la determinación dictada el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis por la sala de origen dentro el juicio natural, misma que impera en los siguientes términos: "Con base en lo anterior, con fundamento en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, esta Juzgadora estima que la autoridad demandad NO CUMPLIÓ con lo resuelto en las sentencias definitivas e interlocutoria de queja dictada con fecha 14 de abril de 2008 y 1° de marzo de 2011, respectivamente; razón por la cual, la autoridad demandada se encuentra obligada a emitir otras resoluciones, debidamente fundadas en las que cumpla con los efectos precisados en las sentencias antes aludidas, en el entendido que la autoridad debe señalar y comparar qué incremento es más favorable al pensionado, entre el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, o bien, el incremento del sueldo de los trabajadores en activo, debiendo de aplicar el aumento que mayor beneficio le dé a los actores y pagar las diferencias que resulten a dicho ajuste, en caso de existir las mismas, a partir del otorgamiento de las pensiones de mérito y hasta en tanto se cumplimenten las sentencias que nos ocupan. Visto lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, fracción VII, de la Ley Orgánica de este Tribunal y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad demandada NO acredita el cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha 14 de abril de 2008 y a la diversa resolución de queja por defecto de 01 de marzo de 2011, por lo que se dejan a salvo los derechos de los actores para hacerlos valer en la vía que correspondiente." De lo que se advierte que los efectos del amparo consisten en que las autoridades responsables deben cumplir la sentencia de catorce de abril de dos mil ocho y la resolución de queja de uno de marzo de dos mil once, ambas dictadas en el juicio de nulidad número 4728/07-17-05-2, del índice de la Quinta Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; lo que se traduce en: Emitir una resolución, en la que se consideren las cantidades que recibió la parte quejosa en concepto de compensación, adecuando su resolución a lo establecido por el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, procediendo la actualización de las cuotas pensionarias a partir del momento en que fue fijada la pensión y en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la referida Ley, vigente en la fecha en que se fijó la pensión original, y hasta en tanto se cumplimente la sentencia de nulidad de catorce de abril de dos mil ocho, en términos del texto vigente en la época de su jubilación, pagando a la parte quejosa las diferencias que resulten a su favor. TERCERO. Por auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 4137 a 4148), se aperturó el incidente innominado, para determinar el monto que efectivamente le corresponde percibir a la parte quejosa por concepto de actualización de la pensión de la cual es beneficiaria. De igual forma, de oficio, se ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia contable a efecto de cuantificar el monto líquido que corresponde a la parte quejosa en cumplimiento a la ejecutoria de amparo por el concepto antes mencionado. Ahora bien, de los antecedentes narrados en el resultando tercero se advierte que: 1.- Mediante oficios registrados con los folios "19853" (foja 4719) y "20160" (foja 4725) Luis Ángel Terrazas Hernández, perito de las autoridades responsables remitió su dictamen pericial; mismo que fue ratificado en comparecencia de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete (foja 4765); y por consiguiente, en auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete (foja 4767) se tuvo por rendido y ratificado. 2.- Por su parte, a través del escrito registrado con el número de promoción "5394" (fojas 4788 a 4798) la perito de la parte quejosa, María Alejandra Jauffred Puente exhibió su respectivo dictamen; y, en comparecencia de dieciocho de abril de dos mil diecisiete (foja 4815) ratificó dicho dictamen; de ahí que en proveído de diecinueve del mes y año en cita (foja 4816), se tuvo por rendido y ratificado el mismo. 3.- Por último, mediante oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Directora General de Especialidades Periciales Documentales de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, remitió el dictamen de María del Rosario Martínez Arriaga y Lidia Angélica Córdova Méndez, peritos designadas para actuar en auxilio de las labores de este Juzgado; el cual fue ratificado en comparecencia de catorce de mayo de dos mil veintiuno, por ende, en proveído de diecisiete del mismo mes y año se tuvo por rendido y ratificado el dictamen de referencia. En esas circunstancias, Luis Ángel Terrazas Hernández, perito de las autoridades responsables, en su dictamen pericial, señaló lo siguiente: 1.- Que la cuota pensionaria inicial de la parte quejosa asciende a la cantidad de $463.18 (cuatrocientos sesenta y tres pesos 18/100 moneda nacional). 2.- Que aplicando a la cuota inicial de pensión determinada a la parte quejosa los incrementos correspondientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente en la época en que se fijó la pensión original, desde la fecha en que fue concedida (uno de enero de dos mil cinco) al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, la cuota diaria de pensión de la parte quejosa corresponde a la cantidad de $729.04 (setecientos veintinueve pesos 04/100 moneda nacional). 3.- Que la cantidad que legalmente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debió pagar a la parte quejosa por pensión y aguinaldos, por el período del uno de enero de dos mil cinco, hasta el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, asciende a $2'793,824.54 (dos millones setecientos noventa y tres mil ochocientos veinticuatro pesos 54/100 moneda nacional). 4.- Que la cantidad que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pagó a la parte quejosa por pensión y aguinaldos por el período del uno de enero de dos mil cinco, hasta el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, asciende a $2'437,573.11 (dos millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos setenta y tres pesos 11/100 moneda nacional). 5.- Que mediante cheque 265300 de dieciséis de abril de dos mil trece, se pagó a la parte quejosa la cantidad que asciende a $356,251.43 (trescientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y un pesos 43/100 moneda nacional). 6.- Que no existen diferencias entre lo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pagó a la parte quejosa por pensión y aguinaldos y lo que legalmente le correspondía por tales conceptos. En relación al peritaje rendido por María Alejandra Jauffred Puente, perito designada por la parte quejosa, se advierte lo siguiente: 1.- Que la cuota pensionaria inicial de la parte quejosa asciende a la cantidad de $397.46 (trescientos noventa y siete pesos 46/100 moneda nacional). 2.- Que aplicando a la cuota inicial de pensión determinada a la parte quejosa los incrementos correspondientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente en la época en que se fijó la pensión original, desde la fecha en que fue concedida (primero de enero de dos mil cinco) al treinta y uno de julio de dos mil dieciséis, la cuota diaria de pensión de la parte quejosa corresponde a la cantidad de $676.45 (seiscientos setenta y seis pesos 45/100 moneda nacional). 3.- Que la cantidad que legalmente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debió pagar a la parte quejosa por pensión y aguinaldos, por el período del primero de enero de dos mil cinco, hasta el treinta y uno de julio de dos mil dieciséis, asciende a $2,698,764.54 (dos millones seiscientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 54/100 moneda nacional). 4.- Que la cantidad que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pagó a la parte quejosa por pensión y aguinaldos por el período del dieciséis de abril de dos mil cinco, hasta el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, asciende a $2,371,959.51 (dos millones trescientos setenta y un mil novecientos cincuenta y nueve pesos 51/100 moneda nacional). 5.- Que mediante cheque 265300 de dieciséis de abril de dos mil trece, se pagó a la parte quejosa la cantidad que asciende a $356,251.43 (trescientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y un pesos 43/100 moneda nacional). 6.- Que no existen diferencias entre lo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pagó a la parte quejosa por pensión y aguinaldos y lo que legalmente le correspondía por tales conceptos. Finalmente, María del Rosario Martínez Arriaga y Lidia Angélica Córdova Méndez, peritos designadas para actuar en auxilio de las labores de este Juzgado, en su dictamen correspondiente concluyeron lo siguiente: 1.- Que acorde a lo determinado en auto de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, en el que se indicó que el Subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado debía determinar la cuota inicial de pensión de la parte quejosa, en oficio SP/01445/2013 se precisó que ésta ascendía a la cantidad de $463.18 (cuatrocientos sesenta y tres pesos 18/100 moneda nacional). 2.- Que aplicando a la cuota inicial de pensión determinada a la parte quejosa los incrementos correspondientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente en la época en que se fijó la pensión original, desde la fecha en que fue concedida (primero de enero de dos mil cinco) al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, la cuota diaria de pensión de la parte quejosa corresponde a la cantidad de $866.75 (ochocientos sesenta y seis pesos 75/100 moneda nacional). 3.- Que la cantidad que legalmente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debió pagar a la amparista por pensión y aguinaldos, por el periodo del primero de enero de dos mil cinco, hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veinte, asciende a $4,086,558.22 (cuatro millones ochenta y seis mil quinientos cincuenta y ocho pesos 22/100 moneda nacional). 4.- Que la cantidad que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pagó a la impetrante por pensión y aguinaldos por el periodo del primero de enero de dos mil cinco, hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veinte, asciende a $3,746,769.40 (tres millones setecientos cuarenta y seis mil setecientos sesenta y nueve pesos 40/100 moneda nacional). 5.- Que tomando en consideración el pago realizado mediante cheque por la cantidad de $356,251.43 (trescientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y un pesos 43/100 moneda nacional), no existen diferencias entre lo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pagó a la quejosa por pensión y aguinaldos y lo que legalmente le correspondía por tales conceptos. Ahora bien, dado que el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria en su artículo 197, disponiendo que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; esto es, el órgano jurisdiccional debe, respecto a cada uno de ellos, calificarlos, estimando o desechando, para después valorarlos, en su caso, en su conjunto, adminiculándolos unos con otros equitativamente, según el caso, para estar en aptitud de determinar si entrelazadas forman un conjunto de indicios, que lleven a la convicción de que lo que se pretende probar, se encuentra demostrado. En ese orden de ideas, debe destacarse que los dictámenes periciales contables deben ser valorados por el órgano jurisdiccional atendiendo, entre otros, a los criterios siguientes, en la inteligencia de que la falta de alguno es suficiente para desvirtuar su contenido: 1. La idoneidad de los peritos; 2. La lógica de los razonamientos expuestos en sus dictámenes; 3. Que los razonamientos vertidos estén apoyados en documentos que corroboren sus asertos y tengan eficacia acreditativa; y 4. Que las opiniones contenidas en los dictámenes se refieran a cuestiones propias de su función, sin abordar aquellas que no sean propias de su especialidad. Todo lo anterior, a efecto de apoyar al juzgador en aspectos del debate respecto de los cuales no tiene los conocimientos técnicos o científicos suficientes para resolverlos atendiendo solamente a su cultura general, en la inteligencia de que los dictámenes periciales no son verdades que se deban aceptar como irrefutables, sin considerar las experiencias y las inferencias lógicas, que se traducen en reglas de sana crítica y de prudente arbitrio que deben normar los actos del propio órgano jurisdiccional en cuanto a la convicción que le produzca un elemento de prueba aportado por cualquiera de las partes como pretensión de demostrar la veracidad de un acto o hecho, para así estar en aptitud de concluir, de entre varios dictámenes que le sean propuestos, cuál o cuáles, por los documentos en que están respaldados, por las conclusiones que arrojen, por la fidelidad en la exposición de los hechos cuestionados y su demostración, están más apegados al sentido común y a la lógica de los acontecimientos, que, finalmente, producen la convicción que reflejan con certeza lo que se pretende demostrar. Apoyan lo anterior, en lo conducente, la tesis VI.3o.22 P, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Agosto de 1996, página 713; la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 199-204, Cuarta Parte, página 27, y la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, página 447, que respectivamente, señalan: "PRUEBA PERICIAL CONTABLE. CRITERIOS PARA SU VALORACIÓN. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Los dictámenes periciales contables, en que el Ministerio Público apoya su acusación, deben ser valorados por el Juez, atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios: a) la idoneidad de los peritos; b) la lógica de los razonamientos expuestos por ellos en sus dictámenes; c) la adecuación entre las conclusiones de tales dictámenes y los hechos que configuren el tipo de delito patrimonial materia de la acusación; d) que lo manifestado por los peritos esté apoyado en documentos que corroboren sus asertos y tengan eficacia acreditativa; e) que las opiniones que emitan los peritos en sus dictámenes se refieran a cuestiones propias de su función, sin abordar cuestiones que no sean propias de su especialidad. Cabe apuntar, que si bien el artículo 218 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, confiere al juzgador una facultad discrecional para la valoración de la prueba pericial, esto no implica que el mismo, en forma arbitraria, pueda conferir o negar valor acreditativo a los dictámenes que se rindan, sino que tiene que hacerlo razonadamente, atendiendo, entre otros, a los referidos lineamientos.". "PRUEBA PERICIAL, ANÁLISIS DE LA. Los criterios de los peritos sirven al órgano jurisdiccional para interpretar aspectos del debate respecto de los cuales no tiene los conocimientos técnicos o científicos suficientes para resolverlos atendiendo solamente a su cultura general; más los peritajes no son verdades que deba aceptar como autómata sin considerar las experiencias y las inferencias lógicas, que se traducen en reglas de sana crítica y de prudente arbitrio que deben normar los actos del propio juzgador en cuanto a la convicción que le produzca un elemento de prueba aportado por cualquiera de las partes como pretensión de demostrar la veracidad de un hecho; en otras palabras, a la autoridad corresponde deducir, de entre varios que le sean propuestos, cuáles dictámenes periciales, que por su fidelidad en la exposición de los hechos cuestionados y su demostración; por los estudios en que están respaldados y por las conclusiones que arrojen, más apegadas al sentido común y a la lógica de los acontecimientos, son los que le producen la convicción de que reflejan con certeza lo que ocurrió.". "PRUEBAS. VALORACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El principio general para la valoración de las pruebas en el juicio de amparo, aplicando supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, consiste en que el tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las mismas unas frente a otras y para fijar el resultado final de dicha valuación, restringida parcialmente esa amplia libertad, únicamente con las reglas específicas sobre apreciación de probanzas determinadas que fija la propia ley." Asentado lo anterior, analizados los dictámenes de los peritos designados para el desahogo de la prueba pericial en materia de Contabilidad, se advierte lo siguiente: I.- Que María Alejandra Jauffred Puente, perito designada por la parte quejosa: I.I En la respuesta de la pregunta uno del cuestionario elaborado para el desahogo de la prueba pericial, consistente en determinar la cuota diaria de pensión de la parte quejosa, refiere que dicho monto asciende a $397.46 (trescientos noventa y siete pesos 46/100 moneda nacional), sin que adjunte al dictamen de mérito el soporte documental del cual se advierta de manera fehaciente las cantidades percibidas por la impetrante y que sirvieron de base para llegar a tal determinación. En efecto, de la lectura del dictamen se advierte que la referida especialista precisó lo siguiente: ".A partir de 01 de enero de 2005, al tomar en consideración los conceptos de sueldo compactado, Q5 ac. Serv. Doc., E9 asignación docente genérica, SC servicios cocurriculares, 44 previsión social múltiple y CC compensación provisional compactable que percibió en la plaza de Maestro de Grupo de Primaria Foráneo E0281000203991, que ocupó al momento de su baja del servicio activo, mismas que sirven para determinar la cuota pensionaria calculándose de la siguiente manera." (folio 146 del cuaderno identificado con el número 1027/2012-128) Cuestión que genera incertidumbre jurídica a quien resuelve, al no obrar constancia alguna de la que se advierta que la impetrante efectivamente percibía dichos conceptos y por los montos que refiere la perito. Máxime que, de las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa mediante escritos identificados con los números de promoción "18141" (fojas 4434 y 4435) y "11346" (fojas 4888 y 4889) manifestó la imposibilidad que le asistía para exhibir las documentales que le fueron solicitadas, consistentes en la hoja única de servicios, el aviso de concesión de pensión de los quejosos y los recibos de pago correspondientes, constancias que eran necesarias para que los peritos estuvieran en aptitud de rendir su dictamen pericial; por tanto, a efecto de no dejarla en estado de indefensión y ante la falta del soporte documental precisado, en proveído de veintisiete de julio de dos mil diecisiete (fojas 4891 a 4895) se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos, y en consecuencia, se indicó que el Subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado debía determinar la cuota inicial de pensión de todos y cada uno de los quejosos; determinación que quedó firme, al haber declarado el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el expediente Q.A. 242/2017, como infundado el recurso de queja interpuesto en contra de dicho auto. En ese sentido, en las respuestas a las diversas preguntas del cuestionario elaborado para el desahogo de la prueba pericial, se observa que la perito de la parte quejosa toma en consideración la cuota diaria de pensión que determinó, la cual asciende a $397.46 (trescientos noventa y siete pesos 46/100 moneda nacional); sin embargo, al no existir certeza en relación a las cantidades tomadas en consideración por la citada perito a efecto de determinar la cuota inicial de pensión de la parte quejosa, no puede existir, en vía de consecuencia, certeza en los diversos montos calculados a partir de la misma; lo cual resta valor al dictamen de mérito. Sin que pase desapercibido el criterio contenido en la tesis identificada con el rubro "PRUEBA PERICIAL. PARA SU EFICACIA PROBATORIA NO ES INDISPENSABLE QUE EL PERITO ACOMPAÑE AL DICTAMEN LA SERIE DE EXÁMENES O ESTUDIOS RESPECTIVOS."1; ello toda vez que el dictamen rendido por la perito de la parte quejosa no genera convicción para este órgano jurisdiccional en atención a las siguientes consideraciones: por una parte, de autos se advierte que la parte solicitante del amparo manifestó la imposibilidad que le asistía para exhibir las documentales que le fueron solicitadas, consistentes en la hoja única de servicios, el aviso de concesión de pensión de los quejosos y los recibos de pago correspondientes, constancias que eran necesarias para que los peritos estuvieran en aptitud de realizar el cálculo de la cuota inicial de pensión y aplicar los incrementos correspondientes a la pensión de la parte quejosa, y por la otra, que ante la falta de soporte documental, en auto de veintisiete de julio de dos mil diecisiete (fojas 4891 a 4895) se estableció que el Subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado debía determinar la cuota inicial de pensión de todos y cada uno de los quejosos; motivos que este juzgado federal considera suficientes para no otorgarle valor probatorio al dictamen en cuestión. I.II Ahora, de un análisis de la tabla comparativa de incrementos inserta a foja 4 del dictamen rendido por la perito de la parte quejosa, se aprecia que la citada experta establece lo siguiente: Sobre esa base, como se ilustra en la imagen inserta, la perito designada por la quejosa al realizar la aludida tabla, realiza una comparativa entre los incrementos realizados a los sueldos de los trabajadores en activo, al salario mínimo y al Índice Nacional de Precios al Consumidor; circunstancia que genera incertidumbre debido a que en la época en que se jubiló la quejosa (primero de enero de dos mil cinco), la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su artículo 57, establece, en lo conducente, que la cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o bien, en caso de que éste resulte inferior, conforme aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo; no así como incorrectamente lo precisa la perito designada por la parte quejosa María Alejandra Jauffred Puente, conforme aumente el salario mínimo general. I.III Así, en relación a ese dictamen, la perito de la parte quejosa señala que para la elaboración de éste, tomó en consideración, entre otros, las solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con folios 6017100012816 y 6017100012916, las cuales se encuentran en la página web www.infomex.org.mx, relativas a los convenios de la relación laboral colectiva estatal sección 8 del S.N.T.E. del Estado de Chihuahua y los comunicados de negociación salarial y presupuestal de esa sección. Sin embargo, en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 4666 y 4667) este juzgado de amparo puntualizó que dichas documentales no guardaban relación directa con la litis; lo anterior, toda vez que se considera que los incrementos de los sueldos de los trabajadores en activo deben ser obtenidos de las constancias de evolución salarial correspondientes, no así de las documentales que refiere la perito de la parte quejosa en su opinión técnica. Por consiguiente, a criterio de este Juzgado, resulta incorrecto que María Alejandra Jauffred Puente, perito designada por la parte quejosa, para la elaboración de su dictamen, haya tomado en consideración las documentales precisadas, pues, en auto de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 4666 y 4667) se estableció que éstas no guardaban relación directa con la litis. Máxime que, como se precisó en párrafos precedentes, en la época en que se jubiló la quejosa (primero de enero de dos mil cinco), la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su artículo 57, establece, en lo conducente, que la cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o bien, en caso de que éste resulte inferior, conforme aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo; por lo que la citada perito debió limitarse a incrementar la cuantía de la cuota diaria de pensión de la impetrante del amparo en esos términos. I.IV En el mismo sentido, en el dictamen de la especialista designada por la parte quejosa, se observa que la perito aduce lo siguiente: ".Por lo que respecta de 2005 a 2011 y 2013 a 2016 se consideraron los incrementos autorizados en las minutas y/o convenios. Para el año 2012 se consideró el incremento establecido en la evolución salarial proporcionada por la Secretaría de Educación y Deporte, subdirección de personal departamento de Recursos Humanos. A la cuota diaria pensionaria contenida en la pregunta 1 que es la cantidad de $397.46 correspondiente a sus 28 años, 04 meses y 00 días de servicio se le aplicaron los incrementos autorizados, y se calculó multiplicando el sueldo diario anterior por el incremento dando como resultado el nuevo sueldo base de cada año. Por los años 2005 a 2016 se aplicaron los incrementos autorizados. A partir del 01 de enero de 2005 aparecen señalados los incrementos a su cuota diaria de pensión en apego al artículo 57, párrafos tercero, cuarto y quinto de la ley del ISSSTE, vigente a partir del 01 de enero del 2002 que establece." Situación que se considera errónea, ello es así en razón de que en la época en que se jubiló la quejosa (primero de enero de dos mil cinco), la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su artículo 57, establece, en lo conducente, que la cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o bien, en caso de que éste resulte inferior, conforme aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo; no así conforme a los convenios a que hace referencia la perito de la parte quejosa. Por los motivos expuestos, con fundamento en lo establecido en los artículos 143, 149 154, 155, 197, 198 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, no se concede valor probatorio, al dictamen emitido por María Alejandra Jauffred Puente, perito designada por la parte quejosa. II.- Que Luis Ángel Terrazas Hernández, perito de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: II.I En el apartado relativo a la determinación de la cuota inicial pensionaria, el perito designado por las autoridades responsables señala lo siguiente: "(.) Columna B: muestra los conceptos considerados para el cálculo de su cuota diaria de pensión. Columna C: muestra el sueldo mensual, que es la suma de los conceptos de la columna B. (.)" No obstante lo anterior, el perito de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Luis Ángel Terrazas Hernández, es omiso en exhibir las documentales de las cuales obtuvo las cantidades que tomó en consideración para determinar la cuota inicial de pensión, limitándose a insertar un cuadro en el que se observan diversos valores, sin que se tenga la certeza de la veracidad de los mismos al no existir constancia alguna de la que se adviertan tanto los conceptos como los montos que refiere; de ahí que, los montos calculados sobre la cuota inicial de pensión determinada bajo esas circunstancias tampoco generan certeza a este Juzgado Federal. Máxime que, como ha quedado precisado en párrafos precedentes, de las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa mediante escritos identificados con los números de promoción "18141" (fojas 4434 y 4435) y "11346" (fojas 4888 y 4889) manifestó la imposibilidad que le asistía para exhibir las documentales que le fueron solicitadas, consistentes en la hoja única de servicios, el aviso de concesión de pensión de los quejosos y los recibos de pago correspondientes, constancias que eran necesarias para que los peritos estuvieran en aptitud de realizar el cálculo de la cuota inicial de pensión tomando en consideración la totalidad de las cantidades adicionales al sueldo y sobresueldo que la quejosa percibía regularmente con anterioridad al otorgamiento de la pensión; por tanto, a efecto de no dejarla en estado de indefensión y ante la falta del soporte documental precisado, en proveído de veintisiete de julio de dos mil diecisiete (fojas 4891 a 4895) se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos, y en consecuencia, se indicó que el Subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado debía determinar la cuota inicial de pensión de todos y cada uno de los quejosos; determinación que quedó firme, al haber declarado el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el expediente Q.A. 242/2017, infundado el recurso de queja interpuesto en contra de dicho auto. En ese contexto, y por los motivos precisados con antelación, con fundamento en lo establecido en los artículos 143, 149 154, 155, 197, 198 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, no se concede valor probatorio, al dictamen emitido por Luis Ángel Terrazas Hernández, perito de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. III. Que María del Rosario Martínez Arriaga, perito designada para actuar en auxilio de las labores de este Juzgado: III.I Rinde el dictamen que aporta mayores elementos de convicción a que quien resuelve, de los emitidos en el desahogo de la prueba pericial en materia de Contabilidad, dado que del mismo se advierte que: *Realiza el planteamiento del problema, *Cita el material que le fue proporcionado para el desahogo de la prueba. *Describe el método de estudio utilizado. *Realiza el estudio y valoración de los cuestionamientos a resolver, y del material proporcionado. *Establece sus resultados en los que explica la mecánica utilizada. *Establece sus Conclusiones en las que determina: 1.- Que acorde a lo determinado en auto de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, en el que se indicó que el Subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado debía determinar la cuota inicial de pensión de la parte quejosa, en oficio SP/01445/2013 se precisó que ésta ascendía a la cantidad de $463.18 (cuatrocientos sesenta y tres pesos 18/100 moneda nacional). 2.- Que aplicando a la cuota inicial de pensión determinada a la parte quejosa los incrementos correspondientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente en la época en que se fijó la pensión original, desde la fecha en que fue concedida (primero de enero de dos mil cinco) al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, la cuota diaria de pensión de la parte quejosa corresponde a la cantidad de $866.75 (ochocientos sesenta y seis pesos 75/100 moneda nacional). 3.- Que la cantidad que legalmente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debió pagar a la amparista por pensión y aguinaldos, por el periodo del primero de enero de dos mil cinco, hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veinte, asciende a $4,086,558.22 (cuatro millones ochenta y seis mil quinientos cincuenta y ocho pesos 22/100 moneda nacional). 4.- Que la cantidad que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pagó a la impetrante por pensión y aguinaldos por el periodo del primero de enero de dos mil cinco, hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veinte, asciende a $3,746,769.40 (tres millones setecientos cuarenta y seis mil setecientos sesenta y nueve pesos 40/100 moneda nacional). 5.- Que tomando en consideración el pago realizado mediante cheque por la cantidad de $356,251.43 (trescientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y un pesos 43/100 moneda nacional), no existen diferencias entre lo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pagó a la quejosa por pensión y aguinaldos y lo que legalmente le correspondía por tales conceptos. *Y da la razón de su dicho. Consecuentemente, con fundamento en lo establecido en los artículos 143, 149, 154, 155, 197, 198 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se concede valor probatorio pleno al Dictamen emitido por María del Rosario Martínez Arriaga y Lidia Angélica Córdova Méndez, peritos designadas para actuar en auxilio de las labores de este Juzgado, en el que determinan que al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, la cuota diaria de pensión de la quejosa corresponde a la cantidad de $866.75 (ochocientos sesenta y seis pesos 75/100 moneda nacional), y que no existe cantidad a su favor entre lo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le pagó por pensión y aguinaldos, y lo que le debió de pagar por dichos conceptos. Sin que se soslaye que, en la sentencia de nulidad, cuyo incumplimiento se reclama en la instancia constitucional, la sala responsable haya establecido lo siguiente: "(.) En efecto, las cantidades adicionales al sueldo presupuestal y sobresueldo que los actores percibían regularmente en el último año en que prestaron sus servicios, como pago de bonos, estímulos, compensaciones y cualquier otro beneficio adicional que demandan y que actualmente reciben regularmente los trabajadores en activo del ramo de la educación, debieron ser considerados como integradoras del sueldo básico de los hoy actores para efectos de pensión; situación cuya verificación permite establecer en la especie si las resoluciones impugnadas se encuentra o no ajustadas a derecho (.)"(fojas 41 a 51) Derivado de lo anterior, se advierte que en el fallo de anulación de que se trata, la sala responsable indicó que las cantidades adicionales al sueldo presupuestal y sobresueldo que los actores percibían regularmente en el último año en que prestaron sus servicios debieron ser considerados como integradoras del sueldo básico de los hoy actores para efectos de pensión; al respecto, es preciso indicar que en auto de veintisiete de julio de dos mil diecisiete (fojas 4891 a 4895), al no haber desahogado la quejosa el requerimiento que se le formuló en proveído de cinco de julio de ese año (fojas 4881 a 4885), a efecto de no dejarla en estado de indefensión ante la imposibilidad de aportar el soporte documental del cual se advirtiera de manera fehaciente la totalidad de las cantidades adicionales al sueldo y sobresueldo que los quejosos percibían regularmente en el último año en que prestaron sus servicios, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos, y en consecuencia, se requirió al Subdirector de Pensiones de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a efecto de que dentro del término legal determinara la cuota inicial de pensión de la totalidad de los quejosos. Esto, dada la imposibilidad manifestada por la parte quejosa de aportar las documentales requeridas, con la finalidad de que la perito oficial estuviera en aptitud de determinar la cuota pensionaria inicial de los quejosos; en auto de veintisiete de julio de dos mil diecisiete (fojas 4891 a 4895), se hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso proveído de cinco de julio de ese año (fojas 4881 a 4885), y por tanto, se indicó que el Subdirector de Pensiones de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado debía determinar la cuota inicial de pensión de la totalidad de los quejosos. Determinación que quedó firme, pues el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en resolución de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, emitida en el toca número Q.A. 242/2017, concluyó que era infundado el recurso de queja interpuesto en contra del referido auto de veintisiete de julio de dos mil diecisiete (fojas 4891 a 4895). Expuesto lo anterior, se estima que la determinación que antecede, además, encuentra sustento atendiendo al sistema de valoración que rige a la prueba pericial, a saber, el de libre convicción, el cual se funda en la sana crítica que constituye las reglas del correcto entendimiento humano, encontrándose entre estas, las reglas de la lógica y las reglas de la experiencia. En efecto, las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica, apoyada por las reglas de la experiencia. Lo anterior significa que el juzgador es quien toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. En igual forma, es necesario tener en cuenta que el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se suministran al Juez argumentos y razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación; entonces, la peritación cumple con una doble función, que es por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Bajo esa óptica el valor probatorio del peritaje radica en una presunción concreta, para el caso particular, de que el perito es veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, experta en la materia de que forma parte el hecho sobre el cual dictamina, que además ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con eficacia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada, fundada y conveniente. Esto es, el valor probatorio de un peritaje depende de si está debidamente fundado, la claridad en las conclusiones es indispensable para que aparezcan exactas y el Juez pueda adoptarlas; su firmeza y la ausencia de vacilaciones es necesaria para que sean convincentes; la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Sirve de apoyo a lo expuesto, por su contenido sustancial, la jurisprudencia número 403, publicada en la página 270, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anterior a su actual integración, Séptima Época, que en su texto y rubro precisan: "PRUEBA PERICIAL, VALOR DE LA. El artículo 151 de la Ley de Amparo establece que la prueba pericial será calificada por el juzgador según su prudente estimación, y como en la especie, el dictamen del perito se apoya en documentos públicos que obran en el propio expediente del juicio de garantías y dicho dictamen contiene razonamientos y datos que producen convicción, ello es bastante para otorgarle valor probatorio." Además de que los dictámenes emitidos en desahogo de la prueba, fueron analizados con facultades amplias para apreciarlos, razonando las causas para otorgarles o negarles valor probatorio y conforme a los principios de la lógica, ello atendiendo a lo establecido en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, de Julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 739, de la Octava Época, que expresa: "PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA. Resulta legal la valoración que el juzgador haga de la prueba pericial, en atención a que los tribunales tienen facultades amplias para apreciar los dictámenes periciales, y si se razonaron las causas por las cuales merecen eficacia probatoria y no se violaron los principios de la lógica, es indudable que la autoridad de ninguna manera infringió las normas de apreciación de dicha prueba." Por lo anterior, con fundamento en los artículos 66, 67 y 193, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo vigente, 358 a 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se determina que al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, la cuota diaria de pensión de la quejosa corresponde a la cantidad de $866.75 (ochocientos sesenta y seis pesos 75/100 moneda nacional), y que no existe cantidad a su favor entre lo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le pagó por pensión y aguinaldos, y lo que le debió de pagar por dichos conceptos. La anterior determinación, se realiza conforme al criterio aplicado por analogía, sustentado en la jurisprudencia con número de Tesis: 1a./J. 61/2009, visible en la página 46, del Tomo: XXX, Agosto de 2009, de Instancia: Primera Sala, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO EL EFECTO DE LA EJECUTORIA CONSISTE EN EL PAGO DE CANTIDAD LÍQUIDA POR CONCEPTO DE SALARIOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE, ANTES DE TRAMITAR EL INCIDENTE RELATIVO, DETERMINAR LA CANTIDAD EXACTA QUE HA DE PAGARSE CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Tratándose de ejecutorias de amparo cuyo efecto sea el pago de una cantidad líquida por concepto de salarios, es necesario que antes de tramitar el incidente de inejecución de sentencia relativo, el juez de distrito determine la cantidad exacta que ha de pagarse, para lo cual debe solicitar a las partes -quejosa y autoridad responsabletoda la documentación que requiera para hacerlo. Lo anterior, toda vez que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda valorar si se actualiza o no la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe verificar que las autoridades obligadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo hayan contado con los elementos suficientes para ello y, en consecuencia, no puedan alegar algún pretexto para evadir su observancia." Consecuentemente, en el momento procesal oportuno, de ser el caso, acorde con la presente resolución, con fundamento en los artículos 192, 193, 197 y 258 de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en el procedimiento tendente al cumplimiento de la sentencia ejecutoria, provéase lo que conforme a derecho proceda en relación con el ajuste de la cuota diaria de pensión de la quejosa a la cantidad de $866.75 (ochocientos sesenta y seis pesos 75/100 moneda nacional), determinada al treinta y uno de octubre de dos mil veinte en la presente resolución, siempre y cuando ésta sea mayor a la que percibía en dicha fecha toda vez que concedida la protección federal, la responsable no se encuentra en aptitud de agravar la condición de la quejosa, pues, sería tanto como admitir que la Justicia Federal puede resultar perniciosa para el gobernado, lo que contraría el espíritu del juicio de amparo, mediante el cual la autoridad federal se limita a revisar si la autoridad responsable respetó las garantías constitucionales del promovente y, en su caso, a ampararlo y protegerlo, como señalan los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73 de la Ley de Amparo, más nunca podrá tener como consecuencia el perjudicarlo, en observancia al principio non reformatio in peius. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la tesis I.1o.P.24 P del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 235, Tomo V, abril de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO QUE DEJA SIN EFECTO UNA SENTENCIA DEFINITIVA PENAL. INCORRECTA IMPOSICIÓN DE UNA PENA MAYOR A LA DECRETADA INICIALMENTE. Cuando en la vía de amparo directo se ha concedido el amparo y la protección federal, y con ello se deja sin efecto una sentencia penal definitiva condenatoria, a pesar de que en la ejecutoria de amparo se señale que la responsable, una vez que subsane la violación que motivó la concesión, resuelva en cuanto al fondo del asunto lo que en derecho proceda, con pleno uso de su jurisdicción, si tal autoridad responsable nuevamente considera que se acreditaron los elementos del tipo penal del delito imputado al sentenciado y su plena responsabilidad penal, aquella autoridad se encuentra impedida para imponer una pena mayor a la originalmente decretada en la resolución que motivó la protección constitucional. Ello en atención a que la libertad de jurisdicción que se le confiere al Juez de la causa para dictar una nueva resolución, debe entenderse dentro de los límites por él mismo fijados en la primera resolución, pues de aceptar que una vez concedida la protección federal la responsable se encontrase en aptitud de agravar la condición del sentenciado, sería tanto como admitir que el recurrir a la Justicia Federal pueda resultar pernicioso para el gobernado, lo que contraría el espíritu del juicio de amparo, mediante el cual la autoridad federal se limita a revisar si la autoridad responsable respetó las garantías constitucionales del promovente y, en su caso, a ampararlo y protegerlo, si procediere, como señalan los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, mas nunca podrá tener como consecuencia el perjudicarlo, en observancia al principio non reformatio in peius." Así como la tesis I.6o.C.8 K (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 3155, Libro 26, enero de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del contenido siguiente: "AMPARO. NO ES PROCEDENTE CONCEDER LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, SI CON MOTIVO DE ELLO SE PRIVA AL QUEJOSO DE LO YA OBTENIDO EN EL JUICIO NATURAL, ATENTO AL PRINCIPIO NON REFORMATIO IN PEIUS. El juicio de amparo tiene como finalidad restituir al quejoso en el goce de los derechos fundamentales que estima violados en su perjuicio, por lo que la concesión de amparo de ninguna manera puede traducirse en un perjuicio para éste. De manera que, no obstante que alguno de sus conceptos de violación resulte fundado, no sería procedente conceder la protección constitucional si con motivo de ello se le priva de lo ya obtenido en el juicio de origen, pues tal situación resulta contraria al principio jurídico non reformatio in peius." Todo lo anterior, conforme al criterio sustentado en la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Circuito, publicada en la página 1477, Tomo XXII, Septiembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto refiere: "INCIDENTE INNOMINADO PARA DETERMINAR LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA DE DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA AMPARADORA. LA INTERLOCUTORIA QUE SE DICTA EN ÉL, ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL RECURSO DE QUEJA. La necesidad de tramitar el incidente innominado, que tiene por objeto determinar si existe imposibilidad material para cumplir con el fallo protector, surge a partir de criterios que ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y algunos Tribunales Colegiados de Circuito; sin embargo, no se ha establecido en criterios aislados, ni en jurisprudencia, cuál es el recurso que procede contra la interlocutoria que decide la referida incidencia. Luego, si ninguna de las fracciones del arábigo 95 de la Ley de Amparo contempla de manera expresa la posibilidad de impugnar, vía queja, la interlocutoria que decide la imposibilidad material de dar cumplimiento a una ejecutoria amparadora, debe considerarse que dicha resolución válidamente puede ser considerada dentro de las previstas en la segunda parte de la fracción VI del artículo en mención, porque es factible de ser considerada como de aquellas que se dictan después de fallado el juicio de amparo indirecto, que no son reparables por el Juez de Distrito que la emitió, ni por el Máximo Tribunal del país. Así las cosas, acorde a lo que disponen los numerales 97, fracción II y 99, primer párrafo, del aludido ordenamiento legal, el escrito de expresión de agravios debe presentarse directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO.- Se determina que al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, la cuota diaria de pensión de la quejosa corresponde a la cantidad de $866.75 (ochocientos sesenta y seis pesos 75/100 moneda nacional), y que no existe cantidad a su favor entre lo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le pagó por pensión y aguinaldos, y lo que le debió de pagar por dichos conceptos. SEGUNDO.- En el momento oportuno, acorde con la presente resolución, con fundamento en los artículos 192, 193, 197 y 258 de la Ley de Amparo, en el procedimiento tendente al cumplimiento de la sentencia ejecutoria, provéase lo que conforme a derecho proceda en relación con el ajuste de la cuota diaria de pensión de la quejosa a la cantidad de $866.75 (ochocientos sesenta y seis pesos 75/100 moneda nacional), determinada al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, siempre y cuando ésta sea mayor a la que percibía en dicha fecha.

  2. Principal

    PERSONAL. agréguese a los autos el oficio de cuenta con numero 846 signado por la delegada del Subdirector de Pensiones y del Director Normativo de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, a través del cual aduce haber dado cumplimiento al fallo protector. dese vista a la parte quejosa, manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento que intenta dar la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo y en caso de así considerarlo, manifieste en relación con dicho cumplimiento, si existe exceso o defecto en la ejecución de la sentencia ejecutoria. Apercibida

  3. Principal

    ....En consecuencia, dadas las razones expuestas, con fundamento en lo previsto en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa únicamente el auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, por lista de estrados de este órgano jurisdiccional....

  4. Principal

    ...notificacion por lista...Ciudad de México; veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran los presentes autos, así como de la certificación de cuenta en la que se hace constar que del veintiuno al veintisiete de diciembre del año en curso, la parte promovente no desahogó la prevención contenida en el auto de ocho de diciembre de la presente anualidad, en el término concedido para tal efecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el citado acuerdo y con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley Por último, a fin de que se proceda a realizar la notificación del presente proveído en el domicilio señalado, con fundamento en lo previsto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilita al actuario adscrito a este Juzgado Federal, para practicar la diligencia que se encomienda, en horas y días inhábiles. Notifíquese; y, personalmente a la parte promovente.

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