Carlos Gabriel Castillo Reyes

Expediente 736/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
736/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Carlos Gabriel Castillo Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio procedente del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite testimonio de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictado en la queja 122/2022, derivado del presente juicio de amparo, en el cual el órgano revisor dictó lo siguiente: PRIMERO. Es infundado e presente recurso de queja. SEUNDO. Se confirma el acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintidós, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en el juicio de amparo indirecto 736/2022. Acúsese el recibo correspondiente vía electrónica, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo de este asunto como asunto total y definitivamente concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Actuaria Judicial Adscrita al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, mediante el cual refiere que admitió el recurso de queja interpuesto en el presente sumario, asimismo, le correspondió el recurso de queja número ********************/2022, de su estadística; circunstancia de la cual se toma el debido conocimiento y se estará a la espera de lo que resuelva la superioridad. Notifíquese.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, dos de agosto de dos mil veintidós Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Carlos Gabriel Castillo Reyes, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo dictado por este juzgado el dieciocho de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, intégrese a estos autos una de las copias exhibidas y remítase el aludido recurso de queja al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, residente en Mazatlán. De igual forma, de conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, ríndase el informe respectivo sobre la materia del recurso de queja interpuesto. Notifíquese.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, dieciocho de julio de dos mil veintidós. I. Parte quejosa. Carlos Gabriel Castillo Reyes. II. formación del expediente. Fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno. III. Desechamiento. A fin de proveer lo conducente en relación a la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, es preciso señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta a desechar de plano la demanda de amparo al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto, se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Supuesto que se actualiza en el caso concreto, ya que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte la parte quejosa reclama la determinación de veinticuatro de junio del año en curso en la que se resolvió desierta la prueba testimonial aportada en el expediente laboral de origen por el quejoso a cargo de Javier Beltrán Sánchez, Juan José Valle González y Cesar Ossiel Manjarrez Vázquez. Resulta incuestionable que la demanda de amparo debe desecharse, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] De la interpretación conjunta de las normas legales transcritas (la segunda de ellas en sentido contrario) lleva al conocimiento que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuya ejecución no sea irreparable. El segundo de los preceptos es claro al establecer cuándo se está ante actos cuyos efectos son de imposible reparación, al disponer que por éstos se entiende aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo respecto el significado jurídico de imposible reparación desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de derechos sustantivos como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio que no afecten derechos sustantivos, pues sólo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación. De tal manera, el juicio de amparo biinstancial resulta improcedente contra actos que sólo involucren derechos procesales, pues con ello no se inmiscuyen derechos sustantivos, como pudiera ser la vida, propiedad, posesión, etcétera; sin que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo sea válido acudir al concepto de violación procesal que produce afectación en grado predominante o superior, conforme la abrogada Ley de Amparo. En este contexto, resulta dable sostener que la resolución de veinticuatro de junio del año en curso, emitida en el expediente 02-417/2020, en la que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, determinó desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte aquí quejosa, no puede ser de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial ya que sus efectos son meramente procesales. Es así, pues como se ha precisado dicha cuestión no se refiere a una transgresión a los derechos sustantivos, ya que el juicio de origen 02-417/2020, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se seguirá hasta el dictado del laudo y, sólo en caso de que ésta sea contraria a los intereses de la parte demandada en el juicio natural, aquí quejoso, éste podrá controvertir dicha violación como procesal, cuando reclame dicho fallo en el juicio de amparo directo. Por tanto, el acto reclamado no corresponde a aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues en su caso existe la posibilidad de que la parte promovente obtenga una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. En relacionadas condiciones, como la determinación reclamada que nos ocupa no constituye acto de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo por manifiesta y notoria improcedencia. IV. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de José Alejandro Bringas Aquino, Secretario que autoriza y da fe.

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