Carlos Franco Ruiz

Expediente 1037/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1037/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • Carlos Franco Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV .Visto el estado de los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede al estudio de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. [...] V. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima QUE NO SE ENCUENTRA CUMPLIDA la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de Ley de Amparo, requiérase al Tesorero del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, para que, dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, posteriores a la notificación del presente auto, remita a este Juzgado Federal copia certificada de la constancia que acredite el pago a la parte quejosa de la cantidad de ***, con motivo de la diferencia que por concepto de actualización aún se adeuda a la justiciable, respecto del servicio de energía eléctrica ***, por el periodo del treinta y uno de julio al treinta y uno de agosto de dos mil veinte. Hecho lo anterior, deberán remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Dicho plazo se otorga tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, los efectos de la concesión de amparo y tomando en cuenta la dificultad que pudiera presentar su cumplimiento, tal como lo autoriza el artículo 192 de la Ley de Amparo. En el entendido que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo que se le concede, se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo. Ahora, de conformidad con el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena requerir al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en su carácter de superior jerárquico del Tesorero del citado Ayuntamiento, a fin de que obligue a la autoridad responsable a cumplir con la ejecutoria de amparo, debiendo hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento. Además, deberá hacer del conocimiento de este Juzgado dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, las medidas o determinaciones que haya tomado para tal efecto. Conforme a lo anterior, se apercibe al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, [...] Finalmente, en relación a las manifestaciones de inconformidad del cumplimiento realizado por las autoridades responsable hechas valer por la parte quejosa, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese. QSJA

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Téngase por hecha la certificación secretarial que antecede, para todos los efectos legales a que haya lugar. Vista la demanda promovida por Carlos Franco Ruiz, por propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1037/2022-VII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. SE PLANTEA RETURNO Ahora, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, entre otros: La imposición de una multa equivalente a quince unidades de medida y actualización en el procedimiento laboral 01/29/17. Luego, como en la certificación secretarial que antecede se hizo constar que de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 753/2020 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con los siguientes datos: Parte quejosa: Zaira Ivonne Vara Olguín (aquí tercera interesada). Autoridad responsable: Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado: el acuerdo de veinte de agosto de dos mil veinte, donde la responsable no toma las medidas pertinentes a su alcance para hacer cumplir el laudo emitido en el juicio laboral 01/29/2017. Además, se advierte que el once de junio de dos mil veintiuno, se dictó resolución definitiva en el juicio de amparo 753/2020, en la que se concedió el amparo a la parte quejosa. De lo que se obtiene que en dicho juicio de amparo (753/2020 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos), existe un antecedente directo en el que se tuvo conocimiento de actos reclamados que derivan del expediente laboral 01/29/2017; circunstancia que constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, además, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materia Común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, registro 2017123, cuyo texto y rubro dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Así, en el caso particular, debe atenderse a lo previsto en el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales", de aplicación obligatoria para los órganos jurisdiccionales del citado Consejo. En ese orden, en el citado Acuerdo General se advierten, entre otros, como criterios generales para el turno de un asunto de nuevo ingreso, los previstos en los artículos 45, fracción II y 46 fracción II, los cuales disponen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: Forma aleatoria: [.] Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. [.]" "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. ... II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos; [...]" Dispositivos de los que se sigue, en lo que interesa, que los asuntos de nuevo ingreso deberán ser turnados para su conocimiento y determinación respectiva - en el caso de juicios de amparo - al órgano jurisdiccional que haya conocido de un diverso juicio de amparo promovido contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal. En ese contexto, quien ahora resuelve considera que la demanda de cuenta se debe tramitar y resolver en el Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Morelos, toda vez que como se advierte el acto de autoridad deriva de manera directa del expediente 01/29/2017, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y, por lo tanto, se encuentra relacionado -por razón de antecedente directo- con el juicio de amparo 753/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. Por tanto, con fundamento en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales", este Juzgado de Distrito estima que el Juzgado que debe conocer de la demanda de cuenta es el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, por ser aquél que previno en el conocimiento de una primera demanda de amparo, en los términos indicados. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 28/2021 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, en Materia Común, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, mayo de 2021, Tomo II, página 1782, con número de registro 2023131, de rubro y texto siguientes: "CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES INEXISTENTE, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, CUANDO SE SUSCITA CON BASE EN CUESTIONES DE TURNO. Hechos: Un Tribunal Colegiado de Circuito, al que correspondió el conocimiento de un recurso, se declaró legalmente incompetente para conocer de él aduciendo que un diverso Tribunal conservaba la competencia originaria, en virtud de que el recurso derivaba de un juicio de amparo indirecto promovido dentro de la misma secuela procesal de un juicio de amparo del que previamente conoció. El diverso órgano jurisdiccional negó tener competencia para conocer del asunto en razón de que consideró que no se surten los supuestos previstos en el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que prevé los criterios generales de relación, porque no existía un conocimiento previo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que es inexistente el conflicto competencial cuando los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentan su incompetencia para conocer de un juicio de amparo o recurso en una cuestión de turno que se da por conocimiento previo, pues ello se encuentra regulado en los artículos 45 y 46 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Justificación: Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 115/2011, para que se considere legalmente planteado un conflicto competencial y éste pueda ser dirimido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta indispensable que la negativa de los órganos jurisdiccionales contendientes para conocer de un asunto se refiera exclusivamente a un punto concreto jurisdiccional, sea por razón de grado, territorio o materia, y no a simples situaciones de hecho o de orden administrativo ajenas al tema jurisdiccional, como lo serían cuestiones de mero trámite o de turno, pues ello involucra la aplicación de los Acuerdos Generales emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regulan la distribución de asuntos entre órganos jurisdiccionales. En ese tenor, cuando el conflicto debe su formación al debate competencial suscitado única y exclusivamente por cuestión de turno que se da por el conocimiento previo de un asunto entre los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a la luz de lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el mismo debe declararse inexistente, pues conforme a los artículos 45 y 46 del Acuerdo citado, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, se establece de manera específica un sistema de turnos e, incluso, como se advierte de los dos últimos párrafos del artículo 46, se disponen acciones específicas a seguir por los órganos jurisdiccionales que determinen no aceptar un turno, correspondiendo su resolución de plano a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal." En consecuencia, remítase el presente juicio de amparo al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, a quien la norma reserva su conocimiento, con preferencia respecto de los demás juzgadores de amparo, para que tenga a bien determinar si acepta o no el returno planteado. Fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese al órgano jurisdiccional de referencia el acuse de recibo correspondiente, así como la comunicación del returno planteado a su favor. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos de este Juzgado, con apoyo en el artículo 27, fracción III inciso a) de la ley en la materia, hágase esta y las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, por dicho medio. Asimismo, se tienen por autorizados para efectos de oír y recibir notificaciones a las personas que señala, en virtud de que no proporciona los datos de sus cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo el cual dispone: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." REPRODUCCIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS Respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Lo anterior, con apoyo en la tesis .1o.A.33 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2013107, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, página 2378, y que es del tenor literal siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE PERMITIR SU CONSULTA NO SE ACTUALIZA CUANDO EL SOLICITANTE NO ES PARTE EN EL ASUNTO DE QUE SE TRATE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 121/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015, página 218, estableció que cuando se remita información clasificada -reservada o confidencial- y exista razón fundada para que alguna o todas las partes del juicio la conozcan, previo análisis que de ella se haga, los Jueces constitucionales podrán permitir el acceso total o parcial, bajo su más estricta responsabilidad, a fin de que aquéllas puedan exponer sus pretensiones y hacer valer en juicio lo que a su derecho e interés convengan, siempre y cuando el órgano jurisdiccional considere que, para efectos del juicio de amparo, dicha información clasificada se puede dar a conocer en atención a la debida defensa de las partes; de ahí que si el quejoso reclamó, por ejemplo, el resultado de un procedimiento de investigación en materia de responsabilidad administrativa de servidores públicos y, de acuerdo con las manifestaciones de la autoridad, aquél no interpuso la queja que dio lugar a su sustanciación ni tuvo intervención en el asunto, es evidente que pretende imponerse del contenido de ese expediente, a pesar de que no se trata del servidor público contra el cual se instruyó el procedimiento, inclusive, aun de ser quien presentó la queja que lo originó, es criterio de la Segunda Sala del Alto Tribunal que carece de interés jurídico para impugnar en amparo las actuaciones practicadas para determinar la improcedencia o falta de elementos para fincar responsabilidad administrativa al funcionario denunciado. Por tanto, la restricción que se establezca al acceso a esa información clasificada no está encaminada a impedir la defensa adecuada del quejoso, sino a garantizar la protección de datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado a personas que no guardan relación con el asunto, pues la obligación del Juez de Distrito de permitir su consulta no se actualiza cuando el solicitante no es parte en el asunto de que se trate." Asimismo, en la tesis I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2008986, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1830, que dice: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Salvador Flores Martínez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Ana María Jiménez Rivera, que autoriza y da fe. Doy fe.

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