Carlos Franco Muñoz

Expediente 164/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
164/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
21/02/2019

Partes del expediente

  • Carlos Franco Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio 1524/2019 de la Actuaria Judicial del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 3895/2019, por el que se le remitió los autos originales del juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de once de febrero de este año; asimismo, comunica que acepta la legal competencia para conocer de la demanda de garantías y le asigna el juicio de amparo directo civil 169/2019; en consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: El cuaderno de antecedentes del expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo vigésimo en razón de que el once de febrero de dos mil diecinueve, se decretó la legal incompetencia.(IV)

  2. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente.(IV)

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso, proveído de once de febrero dos mil diecinueve...Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Franco Muñoz, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Estado de Aguascalientes; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo con el número 164/2019-IV. Este juzgado carece de legal competencia para conocer de la demanda de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Del escrito de demanda y su anexo se desprende que el acto reclamado consiste en la sentencia emitida en el expediente 331/2018, mediante la cual el Juez Segundo de lo Civil del Estado, declaró improcedente la vía especial hipotecaria promovida por el ahora quejoso contra Raúl Romo Guerrero y María de Lourdes Martín del Campo Ramírez; sin entrar al estudio de la acción ejercida y dejándose a salvo los derechos del actor para que los ejerza en la vía y forma correspondiente. En ese contexto, la determinación reclamada consiste en una resolución que pone fin al juicio de origen, pues lo da por concluido, sin decidirlo en lo principal, en términos de lo dispuesto por el artículo 170, de la Ley de Amparo; precepto que estatuye: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Acorde con lo previsto en dicho numeral, así como en el precepto 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las resoluciones que pongan fin al juicio -entendiéndose como tales aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido- dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, son combatibles mediante juicio de amparo, en la vía directa, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito. Se afirma que el acto reclamado es de esas resoluciones porque si bien es cierto que, en ella no se estudió el fondo de la acción intentada, de modo que no se decidió el juicio en lo principal, también es verídico que sí lo concluye definitivamente, pues pone fin a esa instancia en la controversia de origen, ya que la autoridad responsable declaró improcedente la acción intentada y dejó a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía que corresponda. De ahí que se surte la hipótesis a que aluden los artículos 107, fracción V, del Pacto Supremo, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, habida cuenta que el acto reclamado constituye una resolución que pone fin al juicio de origen, sin decidirlo en el fondo. Respecto a la naturaleza de una sentencia que da por concluido el juicio, sin decidirlo en lo principal y deja a salvo los derechos del actor, se invoca la jurisprudencia tesis 3a./J.23/92, registro 206774, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 59, Noviembre de 1992, Octava Época, que dice: "AMPARO DIRECTO, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS CIVILES QUE SIN DECIDIR EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, LO DAN POR CONCLUIDO. AUNQUE EN ELLAS SE DEJEN A SALVO DERECHOS DEL ACTOR PARA EJERCITARLOS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, último párrafo, de la Ley de Amparo, procede el amparo directo en contra de las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. De lo anterior se sigue que la sentencia definitiva de segunda instancia en la que se confirma la de primer grado que declara improcedente la vía ejercitada, dejando a salvo los derechos del actor en el juicio natural, para que los haga valer en la vía que legalmente corresponda, goza de tal naturaleza y por lo mismo es a través del amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda en que puede reclamarse, pues aun cuando no resuelvan el fondo de la cuestión principal ejercitada en el juicio, la sola circunstancia de que den por concluido o pongan fin al juicio, es suficiente para que proceda el amparo directo, de acuerdo con la interpretación de las reformas realizadas a los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, vigentes el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho." En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto y, en consecuencia, se ordena remitirlo al Tribunal Colegiado en Turno del Trigésimo Circuito con residencia en esta ciudad, dejándose en su lugar el cuaderno de antecedentes correspondiente; lo anterior previa notificación a la parte promovente del presente proveído. Se solicita al Tribunal Colegiado de Circuito comunique la determinación que al efecto adopte...(IV)

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