Carlos Francisco Pérez Moraga

Expediente 1561/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1561/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Carlos Francisco Pérez Moraga

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Se agrega informe justificado. Visto el oficio firmado por el presidente y actuario, ambos de la adscripción de la Junta Especial Número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido su informe justificado. Se admiten pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexan dichas autoridades, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las cuales se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: La omisión de la Junta Laboral de señalar dentro del término legal la nueva fecha para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en autos del juicio laboral 1620/2020JE1; y, la omisión del actuario de dicha Junta Laboral, emplazar a juicio a la parte demandada. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables aceptan la existencia del reclamo constitucional, y además, manifestaron que el diez de enero del presente año se corrigió el procedimiento y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. De ahí, que si bien, resultó existente el acto reclamado a la fecha de presentación de la demanda de amparo (catorce de diciembre de dos mil veintiuno), no obstante, como se evidencia de las propias manifestaciones y documentales en trato, durante el trámite de este sumario, la responsable emitió el acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós, en el que corrigió el procedimiento y con ello subsanó el acto consistente en la omisión de señalar fecha para la audiencia de ley. De igual manera, la junta responsable, en ese acuerdo ordenó al fedatario notificar personalmente a la demandada Corporativo ICDT México, sociedad anónima de capital variable, así como al diverso llamado a juicio Luis Rafael Herrera Esquer; asimismo, de correrles traslado con la demanda inicial debidamente cotejada y su auto de radicación; actuaciones que remitió en copias certificadas, a las cuales se le otorgó con antelación plena validez probatoria. En ese sentido, se considera incuestionable que cesaron los efectos del acto impugnado, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció con el propio informe justificado de la junta responsable que no había fijado fecha para la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, durante el trámite del biinstancial, la responsable corrigió el procedimiento y señaló hora y fecha para la celebración de dicha diligencia, la cual fijó para las diez horas con treinta minutos del ocho de febrero de este año; además, ordenó notificar personalmente a la parte demanda y a un llamado a juicio, a lo cual dio cumplimiento el fedatario de esa adscripción, como se advierte de las diligencias de doce y trece de enero del presente año y que obran como anexos al oficio de veintiséis de enero en curso de la junta y por lo que resulta acreditado que cesaron los efectos de los actos reclamados y lo procedente sea sobreseer en el presente sumario, conforme a lo establecido en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo las condiciones apuntadas, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional -nueve horas con cuarenta y un minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidós-. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no impugnó la resolución interlocutoria emitida el diez de noviembre del año en curso, con motivo del incidente innominado de liquidación, aperturado por mandato del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en la inconformidad 6/2020, en el cual se determinó lo siguiente: "1. Ordenar la apertura de un incidente innominado en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, que tenga por objeto cuantificar los montos que efectivamente correspondan a los quejosos. 2.- Una vez realizado lo anterior, emitir el acuerdo que proceda conforme a derecho, respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo." Pues bien, como se advierte de la certificación de cuenta y lo narrado en el párrafo primero de esta determinación, este juzgador resolvió la incidencia ordenada por el órgano revisor, por lo que se procede a emitir el acuerdo correspondiente respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. En términos de lo tratado en las consideraciones de la resolución interlocutoria supra citada, en la que este juzgador determinó infundado el incidente innominado en consideración de que se estimó correcta la cuantificación de los montos pagados a los aquí quejosos por parte de las autoridades responsables; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto. Archivo y valoración del expediente. En consecuencia, teniendo en consideración que la parte quejosa no impugnó esa resolución interlocutoria, en consecuencia, con apoyo en lo establecido en el artículo 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo y archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió el amparo solicitado. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales exhibidos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generado por los órganos jurisdiccionales, dichos instrumentos serán glosados al expediente y seguirán la misma suerte del expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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