Carlos Francisco Otero López

Expediente 364/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
364/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/04/2022

Partes del expediente

  • Carlos Francisco Otero López

Actuaciones

  1. Principal

    Se da destino al incidente. Visto el estado procesal de autos, del que se desprende que en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil trece, dictado en el juicio principal, se ordenó lo relativo al archivo del expediente, sin darle destino al incidente de suspensión; en esa tesitura, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza dicho proveído para el efecto de señalar que, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y definitivamente, hágase la anotación en las carátulas. Una vez hecho lo anterior, devuélvase el expediente al archivo, lugar de donde fue extraído. Cúmplase.

  2. Principal

    I.Juzgado de Distrito acepta competencia declinada. Agréguese a los autos el oficio que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, a través del cual informa que aceptó la competencia declinada por este Juzgado y se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo. II. Depuración, destrucción y archivo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se decretó la incompetencia para conocer del asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  3. Principal

    Incompetencia. En principio, resulta necesario analizar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y preferentes. Acotado lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, se declara incompetente para conocer del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se Divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, atento a las consideraciones que enseguida se exponen. *******************. De la porción normativa reproducida se desprende que en el supuesto de que se promueva un juicio de amparo ante un juez de Distrito legalmente incompetente, éste debe declinar la competencia en favor del diverso juzgador que, en su concepto, deba conocer de dicho asunto. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo de cuenta, se advierte que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán y reclama al director general del mismo, así como al Juez de Ejecución de Sanciones Penales de Apatzingán, Michoacán y al Coordinador General de Centros Federales en la Ciudad de México, la falta de atención médica especializada para los padecimientos que presenta. Por tanto, si la parte peticionaria del amparo acude a reclamar de las autoridades responsables residentes en Michoacán y Ciudad de México, la falta de atención médica especializada para los padecimientos que presenta en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán; es inconcuso que dicho acto no tiene ejecución material dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, sino que sus efectos perjudiciales tienen verificativo precisamente en el lugar donde se encuentra recluido el impetrante y se ubican dos de las autoridades señaladas como responsables (Michoacán); por ende, conforme al precepto legal antes invocado, se considera que la autoridad competente para conocer de la demanda de amparo es el Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el centro de reclusión en el que se encuentra el directo agraviado. En ese tenor, con fundamento en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado de Distrito se declara incompetente legalmente para resolver el juicio de amparo en estudio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, a fin de que analice la competencia que se declina y, en su caso, sea esta autoridad quien determine la procedencia de la demanda de amparo. No procede conceder la suspensión de plano. Sin que en el caso haya lugar a conceder la suspensión de plano respecto a la falta de atención médica reclamada por el impetrante, por no encontrarse expresamente consignada dentro de los supuestos de procedencia de la suspensión de plano previstos por el artículo 126 de la Ley de Amparo. Lo anterior, atendiendo a lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, dentro del recurso de queja 77/2019, de su índice, interpuesto por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco, contra el acuerdo de veintidós de abril de dos mil diecinueve, en el que este Juzgado Federal concedió la suspensión de plano al quejoso dentro del diverso juicio de amparo 331/2019-I de este índice, respecto al acto reclamado consistente en la falta de atención médica. En dicha ejecutoria la superioridad determinó declarar fundado el agravio expuesto por la referida autoridad penitenciaria, y como consecuencia negar la suspensión de plano concedida por este Juzgado Federal, estableciendo que la falta de atención médica reclamada no se encuentra consignada expresamente dentro de los supuestos de procedencia de la suspensión de plano, previstos por el artículo 126 de la Ley de Amparo. Sin embargo, es relevante establecer que la falta de atención médica que reclama el quejoso, no compromete su dignidad e integridad personal, ni mucho menos puede equipararse a un tormento; lo anterior, en virtud de que en el apartado de acto reclamado, manifiesta que solicitan atención médica por parte de la autoridad penitenciaria para atender sus diversas lesiones en espalda, nariz, mandíbula, piernas y pies y en ningún momento refiere que su dignidad e integridad personal han sido vulneradas por el actuar de las responsables, de ahí que al no estar en dicho supuesto, no es factible que el acto reclamado se traduzca en un tormento que torne procedente concederle la suspensión de plano de los actos reclamados. Bajo ese contexto, resulta inaplicable el criterio jurisprudencial antes citado. Asimismo, toda vez que el quejoso afirma que fue objeto de actos de tortura, con la obligación que impone a este Juzgado Federal el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (que establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato), así como la plena observancia de los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, específicamente el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), así como los numerales 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se ordena dar vista con copia íntegra de las constancias que integran el presente juicio de amparo al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal para que, a su vez, dé vista a las autoridades investigadoras correspondientes en el ámbito de su competencia sobre un posible hecho de tortura o maltrato en agravio del solicitante del amparo; debiendo remitir constancia de esa circunstancia a este órgano de control constitucional, para el único efecto de verificar el cumplimiento de la obligación constitucional y convencional antes aludida. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, en virtud de que se encuentra privado de su libertad; lo anterior de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Se ordena girar exhorto. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, es decir, fuera de la jurisdicción de este Tribunal, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal ordene al actuario de su adscripción que se constituya en el citado centro penitenciario para que notifique el presente proveído a Carlos Francisco Otero López. Se solicita a la autoridad exhortada, que una vez diligenciado el exhorto de referencia, dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 110, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y remita las actuaciones conducentes, resultado del trámite de la comunicación oficial electrónica a este órgano jurisdiccional. Sin que resulte legalmente válido devolver sin diligenciar la comunicación oficial de mérito, con motivo a que no se firme de manera autógrafa, pues de acuerdo a los artículos 3,10, 12 inciso f y 13, inciso d, del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; los documentos electrónicos que se envíen y contengan la FIREL, producirán los efectos que los presentados con la firma autógrafa. Se solicita acuse de recibo y se ordena formar cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuadernillo de incompetencia respectivo, para debida constancia legal, ordenándose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicítese al juez declinado el acuse de recibo correspondiente. Comuníquese a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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