Carlos Francisco Maciel Castellanos
Expediente 3490/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 3490/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/11/2023
Partes del expediente
- Carlos Francisco Maciel Castellanos
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja Q.A.1818/2022 de su índice y el juicio de amparo en que se actúa. Comuníquese al quejoso que el tribunal resolvió: "[.] Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. [.]" De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales procedentes, glósense las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, a este cuaderno principal. Archivo del asunto Háganse las anotaciones en el libro electrónico y dado que este expediente se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se desechó la demanda, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años que se establece en dicho artículo. Finalmente, con fundamento en el artículo 34 del aludido acuerdo, háganse las anotaciones en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE SIETE DEL MES Y AÑO EN CURSO, EL CUAL REFIERE: " Ciudad de México, siete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario adscrito al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en la Ciudad de Mérida Yucatán, por el que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual el uno de septiembre de dos mil veintidós, en la que resolvió: "ÚNICO. Se DESECHA el recurso de revisión interpuesto por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en contra de la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis dictada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el juicio3391/2015 y su acumulado 6919/2015". En estricto cumplimiento a lo resuelto por el citado tribunal colegiado y visto el estado procesal que guardan los autos, así como las certificaciones que anteceden, considerando que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, sin que a la fecha se haya presentado medio de impugnación alguno al respecto; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su ordinal 2, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó, negó y concedió el amparo, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. De lo que se toma conocimiento; acúsese recibo; háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente; y glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal en que se actúa. ANÁLISIS RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Ahora bien, del análisis de la ejecutoria dictada por este Juzgador, se advierte que se concedió el amparo a la parte quejosa para los efectos precisados en el último considerando de dicha ejecutoria, cuyos términos son los siguientes: "(.) En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Resulta aplicable, el criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, aprobada en sesión privada del 19 de octubre de 2016, que a la letra señala: REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sin que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, se haga extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento; toda vez que dichas disposiciones reglamentarias desarrollan supuestos normativos diversos del procedimiento de fiscalización al que se considera violatorio del derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa. (..) De la anterior transcripción, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015 violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA". SE REQUIERE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten. Es decir, deberá de informar si a las quejosas les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Para lo cual, remítaseles copia de la ejecutoria enviado por el tribunal Colegiado oficiante, así como de la sentencia de amparo. En el entendido de que: 1. La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la primera Región con residencia en la Ciudad de México, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de las quejosas son ************, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto. Finalmente, se ordena notificar a las partes la ejecutoria dictada en el amparo en revisión amparo en revisión 136/2017 del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en la Ciudad de Mérida Yucatán. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a las quejosas." NOTIFÍQUESE
- Principal
Ciudad de México, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó que una vez que se contara con las constancias de notificación correspondientes a dicho auto, se turnara el juicio de amparo en que se actúa, al área de proyecto a fin de que se dicte la sentencia correspondiente; en consecuencia, debido que lo anterior ya aconteció, túrnense los autos al área de proyecto a fin de que se dicte la sentencia que en derecho corresponda. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio con folio 10790 remitido por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México quien en atención al diverso requerimiento formulado en autos hace del conocimiento las gestiones que se encuentra realizando como Superior Jerárquico de la autoridad responsable al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; mismas que acredita con copia del oficio SAF/PF/SC/SJAIL/4146/2022. De lo informado por la autoridad oficiante se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo se tienen como delegados a las personas que menciona, quienes tendrán las facultades de rendir pruebas, alegar y hacer promociones únicamente en el acto de la audiencia, así como para interponer recursos; asimismo conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan En otro orden de ideas vistos los oficios con folios 10805 y 12326 remitidos por la Subdirectora de Administración Tributaria en Parque Lira, por medio de los cuales en atención al diverso requerimiento formulado en autos hace del conocimiento las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo informa que ya remitió a diversa autoridad el dictamen 06/IP/0469/21 correspondiente para que se realice la captura de la cuenta por liquidar certificada de la parte quejosa. Asimismo informa que ya se encuentra a disposición el formato de pago expedido a favor de la impetrante de amparo, en cumplimiento al fallo protector, solicitando se requiera a efecto de que comparezca a esa Administración Tributaria a recoger el original del citado documento crediticio, con identificación oficial vigente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda al domicilio señalado en el oficio que se provee con el objeto de recoger los documentos crediticios, o bien, exponga el impedimento que le asista. Se informa que deberá acudir con identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional) o cualquiera de los señalados en el oficio que se provee, y en caso de existir omisión, se acordará lo que en derecho proceda en relación con el acatamiento de la ejecutoria de amparo en su perjuicio. Por otra parte, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del código adjetivo citado, requiérase a la Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en "Parque Lira" para que dentro de los diez días posteriores a que se notifique el presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional, si el quejoso se presentó a recoger el documento crediticio en cuestión, y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, bajo apercibimiento que de existir omisión en cuanto al particular sin causa justificada, se impondrá multa de cincuenta veces la unidad de medida y actualización vigente, en términos de lo previsto por los numerales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa, con copia del oficio con folio 12326.
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