Carlos Francisco Estrada Ortiz

Expediente 2206/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2206/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Carlos Francisco Estrada Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado actual los presentes autos de los cuales se desprende que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a la vista que se le dio en proveído de veintinueve de marzo dos mil veintitrés; consecuentemente, esta autoridad procede de oficio a resolver sobre el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Sentencia definitiva. El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés se dictó sentencia definitiva que concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "1. Se cobre a la parte quejosa, únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $******************** ******************** por concepto de derechos por los servicios de inscripción prestados por el Registro Público de la Propiedad, respecto de los recibos de pago con números de operación ********************, expedidos por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, a nombre de la aquí quejosa. 2. Se reintegre la parte que cubrió en exceso.". Causa ejecutoria. Mediante acuerdo del uno de marzo de dos mil veintitrés, la sentencia definitiva causó ejecutoria y en consecuencia, se requirió a la autoridad exactora Supervisor Administrativo del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica y Delegado de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Cumplimiento. Ahora bien, mediante oficios ********************y ********************, la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua -por conducto de su representación-, remitió los acuses de recibo del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés a través de los cuales se entregó al quejoso ******************** los cheques ********************, por la cantidad de ********************cada uno, por concepto del pago de Derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado. Conclusión Por tanto, una vez analizado el efecto de la sentencia protectora, el oficio que remitió la autoridad, se considera que la autoridad acató en sus términos la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio. Ello es así, virtud a que como consecuencia del fallo pronunciado en este juicio, se cobró a la parte quejosa, únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, acorde con el certificado de pago que obra en autos y se le reintegró la parte que cubrió en exceso. En consecuencia, al apreciarse por parte de este órgano jurisdiccional que al llevar a cabo lo anterior, la responsable no incurrió en exceso o defecto, ni tampoco existió imposibilidad para su cumplimiento, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, virtud a que se restituyó a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Finalmente se precisa que en el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa .

  2. Principal

    Agréguense los oficios de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua -por conducto de su representación- mediante los cuales remite los acuses de recibo de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés a través de los cuales se entregaron al quejoso Carlos Francisco Estrada Ortiz, los cheques ****** y *********** por las cantidades de $*************, cada uno. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, que establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho e interés legal convenga. Lo anterior bajo el apercibimiento que transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado dictará resolución en que se declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese los oficios de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua -por conducto de su representación- mediante los cuales informa que expidió los cheques ****** y ********, de seis de marzo de dos mil veintitrés, a favor del quejoso Carlos Francisco Estrada Ortiz ambos por la cantidad de $**************** los cuales se encuentran a su disposición en las oficinas del Departamento Jurídico Fiscal de dicha dependencia. En virtud de lo anterior, a fin de que este Juzgado Federal se encuentre en aptitud de pronunciarse sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días siguientes a que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca ante las oficinas de la Secretaría de Hacienda, para que reciba el título de crédito referido. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no realizarlo, este órgano jurisdiccional calificará el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en autos. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa .

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda, comprobante de pago y sentencia respectiva, requiérase a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, para que dentro del plazo de quince días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia ejecutoria en los siguientes términos: "1. Se cobre a la parte quejosa únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $**************, por concepto de derechos por los servicios de inscripción prestados por el Registro Público de la Propiedad, respecto de los recibos de pago con números de operación *****, ***** y ******, expedidos por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, a nombre de la aquí quejosa. 2. Se reintegre la parte que cubrió en exceso." En la inteligencia que, el plazo otorgado en los términos indicados, desde este momento se concede, tomando en consideración que, constituye un hecho notorio, que la autoridad recaudadora debe realizar los actos administrativos de liberación, expedición y entrega del numerario, de conformidad con la concesión de amparo, de allí que, el plazo que se le otorga para tal efecto, se considera razonable para dichos fines. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Requiere cumplimiento a superior jerárquico. De igual manera, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua -en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable-, para que ordene a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, dé cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoria. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia 9/2022 estableció los lineamientos bajo los cuales se debe requerir a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables para lograr el cumplimiento de las sentencias definitivas, a saber: Que el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo es oficioso, lo que implica que la labor de la persona juzgadora de amparo debe ir más allá que una mera expectación de lo que informen las autoridades responsables, las vinculadas al cumplimiento y sus superiores jerárquicos, sino que merece una actitud proactiva que conduzca al eficaz cumplimiento de lo ordenado en la ejecutoria. Que resulta insuficiente que la autoridad superior jerárquica de la responsable manifieste que giró oficio para instarles a cumplir con la ejecutoria de amparo, pues debe acreditar que ejerció verdaderamente sus facultades como superior jerárquica para vencer la renuencia. Que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance como la imposición de medidas de apremio de índole interno y disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del Juzgado de Distrito en el cumplimiento, a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario, la persona juzgadora de amparo, debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica, y por tanto acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Lo anterior, porque el régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo conduce a considerar que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. Por tanto, su actuación debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 58/2008 y tesis CLXXV/ 2000 de la Primera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establecen: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO. Para que en los incidentes de inejecución se actualice la sanción establecida en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario agotar previamente el procedimiento previsto en la Ley de Amparo; de manera que si al examinar de oficio el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se verifica que se requirió al superior jerárquico de las autoridades responsables a fin de conminarlo, al igual que a éstas, a dar cumplimiento a la sentencia de garantías, pero no han llevado a cabo todas las diligencias necesarias dentro del ámbito de sus facultades legales para hacerlo, es evidente que han incurrido en contumacia, retrasando el debido cumplimiento, por lo que debe estarse a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual dispone que las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo. En ese sentido, el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin enterarlo de que uno de sus subordinados ha incumplido con una sentencia de amparo y se concrete únicamente a enviarle una comunicación en la que le solicite obedezca el fallo federal, sino que el requerimiento de que se trata debe involucrar a tal grado al superior, que si la sentencia no se cumple, procede separarlo de su cargo y consignar los hechos directamente ante el juez de distrito que corresponda, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 105 y 107 de la Ley de Amparo. De ahí que un requerimiento de esa naturaleza, tiene por efecto que el superior jerárquico quede vinculado con las responsables a fin de hacer uso de todos los medios legales a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda hacer e imponer, para conseguir el cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del juez federal." "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer." Bajo el apercibimiento que de no demostrar que dieron la orden, se les impondrá una multa en los términos señalados en párrafos precedentes, además de que incurrirán en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Notifíquese.

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