Carlos Fragoso Jiménez
Expediente 1364/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1364/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carlos Fragoso Jiménez
Actuaciones
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del treinta y uno de octubre del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de amparo presentada por ***********, por derecho propio, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones respectivas. En ese contexto, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en razón de que se dictó un acuerdo en el que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser conservable conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Téngase a la Titular del Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, acusando recibo del oficio 23211/2023, por el que se le remitió un tomo de pruebas. En atención a lo anterior se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Asimismo, visto el estado procesal de autos, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de ser conservable, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, en atención a que se negó la protección constitucional. Por otra parte, el cuaderno del incidente de suspensión es susceptible de ser destruible en términos del artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a que se negó la medida cautelar solicitada. Además, no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso, el auto del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **************, por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1364/2023-II. De la lectura integra de la demanda de cuenta se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el auto del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en la causa de control 680/2023, seguida en su contra por el delito de lesiones en la que el juez responsable ordena la reapertura de la investigación por el lapso de dos meses. En el caso, este juzgador considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; preceptos que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]". Conforme a lo anterior, producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Entonces, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de origen, por haberse consumado irreparable e irreversiblemente la violación al derecho fundamental de que se trate. En ese contexto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la resolución definitiva para controvertir la posible violación cometida a través del medio de defensa legal correspondiente. En el caso, el acto reclamado por el quejoso imputado, consiste en la determinación dictada el auto del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en la causa de control 680/2023, seguida en su contra por el delito de lesiones en la que el juez responsable ordena la reapertura de la investigación por el lapso de dos meses. Ahora, de la lectura integra de la demanda se desprende que el acto combatido en esta instancia fue emitido dentro de un procedimiento penal que se encuentra en la etapa intermedia, pues a la fecha no ha sido emitido el auto de apertura a juicio oral; sin embargo, se advierte que tal actuación no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no afecta derecho sustantivo alguno del imputado, ahora quejoso. En efecto, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, sólo debe presentarse cuando éstos afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos del agraviado, es decir, aquellos actos de naturaleza procesal que puedan generar una ejecución de imposible reparación y, que desde luego ameriten su impugnación, desde luego, mediante la acción constitucional del juicio de amparo indirecto. Sobre esa base, la actuación combatida sólo puede tener efectos intraprocesales pues el hecho de que el juez del proceso determinara procedente la solicitud para la reapertura de la etapa de investigación, define cuestiones meramente procesales que involucran derechos de naturaleza adjetiva, lo que no trae un perjuicio que hasta ese estadio procesal resulte de imposible reparación, al no vulnerar derecho fundamental alguno del peticionario de amparo, pues el único efecto que produce es la reapertura del plazo del cierre de investigación en el proceso penal de origen, lo cual tiene como finalidad la obtención de pruebas que serán materia de análisis en la etapa posterior, a saber la de juicio oral. En efecto, conforme lo establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que en el caso, se reclama un acto efectuado en la segunda etapa del proceso (intermedia), la cual se verifica ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer, admitir o rechazar los medios de prueba aportados por las partes, así como la depuración de los hechos controvertidos. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes; la primera que consiste en una fase escrita, que inicia con la presentación de la acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y otra parte oral, que comienza con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Por otra parte, tenemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 346 dispone que una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, los medios de prueba que resulten sobreabundantes -por que acrediten lo mismo-, impertinentes - por no referirse a los hechos controvertidos-, o innecesarios -por aludir a hechos públicos, notorios o incontrovertidos-. Además, que el juez de control podrá disponer que la parte que ofrece como medios de prueba la testimonial y la documental, reduzca el número de testigos o documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos -sobreabundantes- o circunstancias que no guarden pertinencia sustancial con la materia de juicio -impertinentes-. Finalmente, el propio artículo 346 en comento, establece una prohibición para que la potestad judicial admita medios de prueba obtenidos con violación a derechos fundamentales, que hubieran sido declarados nulos, o que contravengan las disposiciones señaladas para su desahogo en el referido código. Este ejercicio de exclusión de medios de convicción se traduce en una depuración para la etapa de juicio, que se reflejará en el auto de apertura a juicio oral, donde solamente se deben precisar aquellos que deberán desahogarse en la audiencia de juicio; y, la decisión del juez de excluir determinados medios de prueba puede recurrirse vía apelación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LII/2018 (10a.), con registro 2017059, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. UNO DE SUS OBJETIVOS ES DEPURAR EL MATERIAL PROBATORIO QUE SE VA A DESAHOGAR EN JUICIO ORAL, EXCLUYENDO AQUEL QUE SE HAYA OBTENIDO CON VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. En el sistema de justicia penal acusatorio, al cierre de la investigación formalizada no sigue inmediatamente la realización del juicio oral, sino una etapa "intermedia" que también se realiza ante el juez de control. Dicha etapa inicia con la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público y tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijando de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y los medios de prueba que deberán ser desahogados. En este sentido, una de las principales funciones del juez de control durante esta etapa consiste en asegurarse que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral. Así, al dictar el auto de apertura a juicio, el juez de control debe verificar esta situación y excluir cualquier medio de prueba obtenido a partir de una violación a derechos fundamentales. En consecuencia, será precisamente durante la etapa intermedia cuando el imputado deba expresar los planteamientos que considere pertinentes en torno a la vulneración de sus derechos fundamentales que hayan tenido un impacto en la obtención de medios de prueba y, en consecuencia, solicitar la exclusión de éstos del material probatorio que va a ser desahogado en el juicio oral. No hay que perder de vista que para que el nuevo sistema de justicia penal funcione adecuadamente es necesario que las cuestiones relativas a la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales, queden definitivamente dilucidadas de forma previa a la apertura del juicio oral, de tal manera que el juzgador en esta última etapa tenga como función exclusiva el análisis de las pruebas para determinar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado". Así, cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo, el cual, una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que en su caso procedan, debe considerarse concluida; de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados en la etapa procesal siguiente. En ese contexto, se insiste que el acto reclamado, en el que el juez del proceso determinara procedente la solicitud para la reapertura de la etapa de investigación, no tiene una ejecución de imposible reparación, pues se trata de una determinación de índole procesal. Es así, porque la autorización para reabrir la investigación complementaria en el proceso de origen, por sí misma, no ocasiona un daño actual e irreparable en perjuicio del peticionario del amparo, pues ello está sujeto a que esa determinación, en su caso, trascienda en el auto de apertura a juicio con relación con su esfera jurídica; ya que la resolución reclamada se emitió antes de la audiencia intermedia y del análisis de las constancias que obran en el juicio se aprecia que esa etapa no ha concluido. Incluso, en esa fase, entre otros aspectos, se pueden hacer acuerdos probatorios, exclusión de medios de prueba para la audiencia de debate y, se emite el auto de apertura a juicio, acorde con los artículos 345, 346 y 347, de la propia codificación invocada. Por ende, será hasta que se emita dicho auto de apertura a juicio en que se determinará, entre otras cuestiones: la acusación que deberá ser objeto del juicio; las correcciones a la misma; los hechos materia de la acusación; los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio; y la prueba anticipada. Entonces, hasta en tanto se emita el auto de apertura a juicio, con el cual se concluya la etapa intermedia, podrá constatarse si trascendió a la esfera jurídica del imputado quejoso la reapertura de la investigación complementaria; pues hasta ese momento se sabrá si esa decisión afecta los derechos de aquél; en tanto los hechos que se pretenden probar o desvirtuar, podría considerarse que no formarán parte del juicio, o bien, que se realice un acuerdo probatorio con el que se tenga por demostrado el hecho o versión que se pretendía. Lo que evidencia que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra. Tiene aplicación a lo anterior, por el criterio que contiene la tesis IV. 1o. P. 27 P (10a.), con registro 2020733, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal del Cuarto Circuito, del siguiente rubro: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Sin que sea factible considerar que el amparo es procedente bajo el argumento de que al autorizarse la reapertura de la etapa de investigación complementaria, se transgrede en perjuicio del quejoso en su carácter de imputado dentro de la causa penal de origen, su derecho de acceso a la impartición de justicia pronta y de equilibrio procesal. Lo anterior, porque como ya quedó relatado, la resolución reclamada únicamente tiene como consecuencia que se apertura nuevamente el plazo del cierre de investigación en la causa penal de origen, a fin de llevar a cabo la obtención o perfeccionamiento de medios de prueba tendentes a finalizar la integración de la investigación; circunstancia que sin duda, no produce en contra del quejoso un perjuicio directo sobre sus derechos sustantivos como lo son la libertad, propiedad o posesión, etcétera, pues incluso, ello está sujeto a la apreciación posterior que de los hechos y de las pruebas realice la autoridad jurisdiccional. Sin que sea obstáculo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación11, en la Jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), estableció que el tribunal de enjuiciamiento sólo se ocupará de cuestiones que conforme a la ley del acto deban ser debatidas en la etapa de juicio, sin atender aquellas que deban ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas, como lo son los puntos tratados hasta el cierre de la investigación complementaria; ya que en el caso, con la reapertura del plazo de cierre de investigación no se vulneró algún derecho sustantivo de la parte quejosa; de ahí que, en este momento, como se ha dicho, su afectación no es actual, porque incluso, ésta pudiera no trascender al resultado de la eventual determinación que se emita -sea favorable o desfavorable a los intereses de la parte quejosa-. Tesis aludida en líneas superiores, con registro 2018868 y del siguiente contenido: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable". Resta precisar que en la orden de reapertura de la investigación, no hay visos de que en el caso concreto, se vaya a ver afectado algún derecho sustantivo del acusado. Antes bien el efecto es adjetivo, pues el calificativo de "imposible reparación", no depende de que el debate sobre su apego a la normativa vigente pueda o no ser retomado o reabierto posteriormente, en la siguiente etapa; sino lo relevante en la especie, es que la permisión de reaperturar dos meses esa investigación, sin nulificar la apertura de la fase intermedia no necesariamente es de ejecución inmediata y directa sobre los derechos sustantivos del quejoso. Al contrario, por regla general, reviste únicamente la naturaleza de un acto de índole adjetiva -intraprocesal-, ya que independientemente del mecanismo procesal elegido, sirve como vehículo para incorporar los datos como medios de prueba a la etapa intermedia y finalmente al juicio oral para su valoración definitiva. En este sentido, la situación procesal advertida aunque implica la incorporación de datos y la eventual admisión, en la etapa de reapertura de investigación; lo cierto es que, la infracción adjetiva que pudiera refutarse a la fase intermedia no permite su impugnación en el amparo indirecto. La calificativa parte de que un acto "de imposible reparación" no depende de la posibilidad de que sea retomado en diversa etapa, sino que, en sí mismo impacte materialmente en un derecho sustantivo; lo que no ocurre en el particular, según así fue razonado con antelación. Así, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 1a./J. 6/2021 (11a.), visible a página 1743, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, Undécima Época, con registro 2023589,, cuyo rubro es "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS", que es hasta la admisión formal de la prueba donde podría evaluarse la afectación sustantiva o eventualmente ser la materia de debate en el juicio oral. En suma, toda vez que lo hasta aquí expuesto permite concluir que la actuación que aquí se reclama, por sí misma, no genera ninguna afectación de manera directa e inmediata sobre los derechos fundamentales del quejoso, porque los efectos jurídicos que produce, constituye un acto que no rebasa lo puramente procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.5o.C.8 K (10a.), con registro 2009302, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del siguiente rubro "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE)". Asimismo, se cita como apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis II.2o.P.66 P (10a.), con registro 2017175, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro "MEDIOS DE PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ORAL DE TIPO ACUSATORIO. SALVO EXCEPCIONES JUSTIFICADAS, CONTRA SU ADMISIÓN EN LAS ETAPAS INTERMEDIA O DE UICIO ORAL ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DE ACUERDO CON EL ASPECTO LÓGICO DE VALORACIÓN POST FACTO DE SU TRASCENDENCIA AL RESULTADO DEL FALLO". En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En otro contexto, háganse las notificaciones, aún las de carácter personal mediante lista electrónica, en virtud de que el domicilio señalado para tal efecto se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal. No obstante por única ocasión notifíquese personalmente esta determinación, por lo que de conformidad con el último párrafo del artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial adscrito realice las diligencias que así lo ameriten. Se toma conocimiento de la cuenta de correo electrónico y número telefónico proporcionado, únicamente para el efecto de establecer contacto en caso de que este juzgado lo considere necesario durante la tramitación del este juicio de amparo. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese, personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."
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