Carlos Flores Pérez
Expediente 272/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 272/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 25/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Flores Pérez
- Agente del Ministerio Público Federal Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por Miguel Ángel Baltazar Chávez, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que si tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con el número de registro único 18314, por el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida dentro del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se les tiene interponiendo recurso de revisión contra la citada resolución y una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado correspondiente, dentro de los tres días siguientes, enviándose al efecto el original y copia del escrito de agravios. Notifíquese por lista y mediante oficios a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte Quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de diez de septiembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 272/2019; promovido por Carlos Flores Pérez, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Carlos Flores Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos reclamados siguientes: Autoridades responsables: Congreso del Estado de Michoacán; Gobernador del Estado de Michoacán; y, Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán. Todos con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: La aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, en particular de los artículos 21 a 31 que contemplan el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 272/2019, el trece de marzo de este año (foja 23) se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. En proveído de catorce de mayo del año en curso (foja 93) se tuvo por admitida la prueba pericial contable ofrecida por la parte quejosa; por ello, mediante comparecencia de dieciséis de mayo siguiente (foja 102) se tuvo a José Rafael Ordaz Reséndiz, aceptando y protestando el cargo de perito de la moral quejosa. Posteriormente, mediante comparecencia de veintiocho de mayo de este año (foja 177) se tuvo a Rosaura Fuentes Aguilera, aceptando y protestando el cargo de perito oficial designado por este juzgado. En auto de veintiocho de mayo de la anualidad que transcurre (foja 176), se tuvo a José Rafael Ordaz Resendiz, en su calidad de perito designado por la parte quejosa, rindiendo su dictamen pericial el cual fue ratificado el treinta y uno de mayo siguiente (foja 184). Por su parte, en proveído de doce de junio de dos mil diecinueve (foja 202) se tuvo a Rosaura Fuentes Aguilar, perito oficial designado por este juzgado, rindiendo su respectiva experticia el cual fue ratificado el once de ese mes y año. Finalmente, el uno de julio de dos mil diecinueve (foja 203) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción I, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues el quejoso reclama normas generales con motivo de su primer acto de aplicación, el cual se materializó en esta ciudad de Morelia, Michoacán, lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, los actos reclamados consisten en: Actos reclamados: La aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, en particular de los artículos 21 a 31 que contemplan el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón. Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a todas autoridades responsables en el ámbito de su competencia, pues así se advierte de los informes justificados que obran como a continuación se anota: INFORME FOJA Congreso del Estado de Michoacán. 31 Gobernador del Estado de Michoacán. 48 Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán. 63 Cuarta. Estudio causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades responsables, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado señala en su informe justificado (foja 31) que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones VII y XXIII en relación con el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, pues aduce que del texto íntegro de la demanda de amparo no se advierte algún concepto de violación dirigido a combatir los artículos tildados de inconstitucionales, requisito indispensable para estar en condiciones de determinar la existencia o inexistencia del agravio que cada uno de ellos pudiera irrogarle a la parte quejosa. Al respecto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, se corrige la cita del precepto referido por la autoridad responsable y se procede al estudio de la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, aplicado en sentido contrario, del ordenamiento legal invocado. Una vez precisado lo anterior, este juzgador considera que es infundado lo aducido por la autoridad responsable, en virtud de que la improcedencia la hace descansar en que la parte quejosa no expresó conceptos de violación tendentes a impugnar la inconstitucionalidad de los preceptos legales combatidos, lo que resulta incorrecto, porque de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa precisó que el proceso legislativo del que deriva el decreto reclamado contiene diversos vicios que lo invalidan y además, en cuanto a la inconstitucionalidad material, señaló que el impuesto que reclama es ilegal porque no se motivó adecuadamente el incremento de la tasa del 2% al 3%. 2. ACTOS CONSENTIDOS. En otro aspecto, la Jefa de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo (foja 63), pues aduce que el único dispositivo legal que se reformó de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán, en relación con el impuesto impugnado, es aquel que establece la tasa de dicho gravamen, esto es, el numeral 24 del aludido ordenamiento, quedando incólume el resto de los numerales que guardan relación con dicho tributo. El citado artículo a la letra expresa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]" En ese sentido, lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado. Es así, porque no es verdad que sólo se haya reformado el artículo 24 de la Ley de Hacienda, sino que por el contrario, se emitió una nueva Ley de Hacienda del Estado de Michoacán, publicada en el Periódico Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, lo que le permite impugnar todos los artículos referentes al impuesto sobre remuneración al trabajo personal subordinado. No existen más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y este juzgador tampoco advierte de manera oficiosa, la existencia de alguna, por lo que procede que este juzgador emprenda el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinta. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, Novena Época, Registro 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Establecido lo anterior, a efecto de otorgar un mejor entendimiento a esta sentencia, quien resuelve atenderá y calificará de forma separada cada uno de los tópicos que la parte quejosa establece en sus conceptos de violación para hacer descansar la inconstitucionalidad de los artículos que dice, son inconstitucionales, los cuales consisten en: PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO VICIADO. Respecto de este aspecto, el promovente del amparo aduce que el proceso legislativo que dio origen al decreto reclamado infringe los derechos fundamentales de "debido proceso", "seguridad jurídica" y "legalidad", establecidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que provienen de un proceso legislativo en el que se incumplieron diversas formalidades previstas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, que son: En contravención de lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Constitución de esta entidad federativa, así como en el numeral 246 de la Ley Orgánica del Congreso de Michoacán, antes de su votación, no hubo una segunda lectura del dictamen de la Ley de Hacienda; además, arbitrariamente se indicó que debido a que se trataba de un asunto urgente y de obvia resolución, se sometía a votación el que se dispensara la segunda lectura, sin que en ninguna parte del dictamen se motivara porqué se actualizaba la calificación de urgencia notoria; La convocatoria para sesión extraordinaria no señala el orden del día, por lo que no se mencionó como asunto a tratar el dictamen de la Ley de Hacienda, lo que constituye una evidente infracción a los artículos 226 y 217 de la Ley Orgánica del Congreso de Michoacán; y, No se transmitió en vivo la sesión extraordinaria de treinta de diciembre de dos mil dieciocho ni se encuentra disponible al público el registro videográfico de dicha sesión, lo que transgrede los principios de publicidad y transparencia en la difusión del trabajo legislativo, en violación al artículo 115 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Michoacán. Dicho concepto de violación es inatendible en una parte e infundado en otra. Para dar sustento a esa calificativa, en primer término debe señalarse que contrario a lo que aduce la parte quejosa, las violaciones cometidas en el proceso legislativo que dio origen al decreto reclamado no trascienden al principio de certeza jurídica ni afectan la validez constitucional, en la medida que no impiden conocer de manera precisa y contundente la voluntad del órgano legislativo, como se precisará a continuación. Se realiza esa afirmación, dado que en el caso, ninguna de las violaciones al procedimiento legislativo, transgrede los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legislativo, así como el principio de deliberación parlamentaria, en la medida que ninguna de las omisiones señaladas impide cumplir uno de los elementos esenciales de la democracia en nuestro sistema de gobierno representativo y popular a que se refieren los artículos 39 y 40 de la Constitución Federal. Se dice lo anterior, porque al resolver la ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 9/2005, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la metodología que se debe seguir para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo infringen las garantías de debido proceso y legalidad contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario no tienen relevancia invalidatoria, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión. En dicha ejecutoria el máximo tribunal indicó que la violación de las formalidades dentro de un procedimiento legislativo no puede abordarse sino desde la consideración de las premisas básicas en las que se asienta la democracia liberal representativa como modelo de Estado, establecidas en la Constitución Federal en sus artículos 39, 40 y 41. Por ello, estableció que la evaluación del potencial invalidatorio de dichas irregularidades procedimentales debe intentar equilibrar dos principios distintos: por un lado, un principio que podríamos llamar de economía procesal, que apunta a la necesidad de no reponer innecesariamente etapas procedimentales cuando ello no redundaría en un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada y, por tanto, a la necesidad de no otorgar efecto invalidatorio a todas y cada una de las irregularidades procedimentales identificables en un caso concreto. Y por otro lado, apuntó, a un principio de equidad en la deliberación parlamentaria, que apunta a la necesidad de no considerar automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales que se produzcan en una tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una norma mediante una votación que respeta las previsiones legales al respecto. Este último principio -de deliberación parlamentaria- apuntó, está estrechamente vinculado con las características y el valor mismo de la democracia como sistema de adopción de decisiones públicas en contextos singularizados por el pluralismo político, como es el caso de nuestro país y de la mayor parte de democracias contemporáneas, en las que la democracia representativa, como sistema político, es valioso no solamente porque en su contexto las decisiones se toman por una determinada mayoría de los votos de los representantes de los ciudadanos, sino porque aquello que se somete a votación ha podido ser objeto de deliberación por parte tanto de las mayorías como de las minorías políticas. Puntualizó que es precisamente el peso representativo y la naturaleza de la deliberación pública lo que otorga todo su sentido a la reglamentación del procedimiento legislativo -y a la necesidad de imponer su respeto incluso a los legisladores mismos cuando actúan como órgano de reforma constitucional-. Por ello, concluyó, el órgano legislativo antes de ser un órgano decisorio, tiene que ser un órgano deliberante donde encuentren cauce de expresión las opiniones de todos los grupos, tanto los mayoritarios como los minoritarios; lo que es así, porque las reglas que disciplinan el procedimiento legislativo protegen el derecho de las minorías a influir y moldear en el transcurso de la deliberación pública aquello que va a ser objeto de la votación final. Conforme a lo expuesto, el Tribunal Pleno estimó en esa ejecutoria que para determinar si en un caso concreto las violaciones al procedimiento legislativo redundan en la violación de las garantías de debido proceso y legalidad consagradas en el artículo 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal y provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario las mismas no tienen relevancia invalidatoria de esta última, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares: El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad. En otras palabras, es necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates; El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y, Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas. Sobre este examen, el tribunal pleno señaló que el cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, puesto que de lo que se trata es precisamente de determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales puntuales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. De la citada ejecutoria, derivó la tesis aislada P. L/2008, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Materia Constitucional, Novena Época, registro 169437, página 717, que dice: "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. Para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo aducidas en una acción de inconstitucionalidad infringen las garantías de debido proceso y legalidad contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario no tienen relevancia invalidatoria de esta última, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares: 1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, es decir, resulta necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates; 2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y, 3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas. El cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, pues se busca determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. Así, estos criterios no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, pues su función es ayudar a determinar la relevancia última de cada actuación a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo. Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las vicisitudes presentadas en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, como por ejemplo, la entrada en receso de las Cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia, circunstancias que se presentan habitualmente. En este contexto, la evaluación del cumplimiento de los estándares enunciados debe hacerse cargo de las particularidades de cada caso concreto, sin que ello pueda desembocar en su final desatención." Sentado lo anterior, se tiene que, según se desprende de las constancias relativas al proceso legislativo que culminó con la expedición del decreto reclamado, las cuales obran por separado en un tomo de pruebas, el mismo se verificó en los términos siguientes: a) En la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Michoacán celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho asistieron los veintisiete diputados integrantes del Congreso; b) En el desarrollo de ésta se dio lectura y se puso a consideración del Pleno el orden del día, específicamente en su tercer punto, la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado (foja 1, reverso del tomo de pruebas); c) Al término de la lectura y en relación con el tercer punto del orden del día, el Presidente pidió a la Segunda Secretaria, dar lectura a la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado; finalizada la lectura, el Presidente ordenó su turno a las comisiones de Hacienda y Deuda Pública y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para estudio, análisis y dictamen (foja 9 del tomo de pruebas); d) Posteriormente, en la sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Michoacán celebrada el treinta de diciembre de dos mil dieciocho, se dio cuenta con la orden del día, precisando en el séptimo punto (foja 153 del tomo de pruebas): "VII. PRIMERA LECTURA, DISPENSA DE SU SEGUNDA LECTURA, EN SU CASO, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DEUDA PUBLICA Y DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA"; y, e) Al término de la lectura y en relación con el séptimo punto del orden del día, se acordó lo siguiente: "En cumplimiento del Séptimo Punto del Orden del Día, el Presidente instruyó a la Primera Secretaría dar Primera lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por las Comisiones de Hacienda y Deuda Pública y de Programación Presupuesta, Presupuesto y Cuenta Pública; concluida la lectura, el Presidente declaró toda vez que el Dictamen había recibido su primera lectura, y era presentado con trámite de dispensa de su segunda lectura, por considerarse de urgente y obvia resolución, esa Presidencia, con fundamento en los artículos 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así como 33 fracción XXI, 246 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, sometía en votación económica, si era de dispensarse en trámite de su segunda lectura; solicitado quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo en la forma referida, habiéndose computado 35 treinta y cinco votos a favor. 1 un voto en contra y 0 cero abstenciones; acto posterior, el Presidente declaró APROBADO, se dispensa el trámite de su segunda lectura y sometió a discusión el Dictamen, preguntado que si alguno de los presentes deseaba hacer uso de la palabra se sirviera manifestarlo, a fin de integrar los Estados correspondientes; concediéndole el uso de la palabra en contra del Dictamen a la Diputada Cristina Portillo Ayala; concluida la intervención, el Presidente concedió el uso de la voz en pro del dictamen a la Legisladora Miriam Tinoco Soto; terminada la intervención el Presidente pidió al Diputado David Alejandro Cortes Mendoza, ocupar la Tercera Secretaría, posteriormente, otorgó el uso de la tribuna en contra a las diputadas María Teresa Mora Covarrubias y Laura Granados Beltrán y para rectificación de hechos al Diputado Fermín Bernabé Bahena; posteriormente, desde su curul el Diputado Osiel Equihua Equihua, pidió el uso de la tribuna; a lo que, el Presidente expuso que someterían en votación económica una segunda ronda de oradores, finalizadas las intervenciones, el Presidente sometió a su consideración en votación económica, preguntado si el Dictamen, se encontraba suficientemente discutido, que quienes así lo consideraban lo manifestaran en la forma señalada; el cual fue de 23 veintitrés votos a favor, 13 trece votos en contra y cero abstenciones, acto continuo, el Presidente declaró aprobado, se considera suficientemente discutido, por lo que, sometió el dictamen en votación nominal, en lo general, solicitándoles que al votar manifestaron su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y el o los artículos que se reservan, e instruyó a la Segunda Secretaría recoger la votación e informar a esa Presidencia el resultado, el cual fue de 24 veinticuatro votos a favor, 13 trece votos en contra y 0 cero abstenciones, acto seguido, el Presidente declaró "Aprobado en lo general y en lo particular por la Septuagésima Cuarta Legislatura, el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo", y ordenó se elabore el Decreto, y se procediera en sus términos(..)" Conforme a lo expuesto, los argumentos en lo que la parte quejosa aduce que la omisión de verificar una segunda lectura del dictamen de la Ley de Hacienda, antes de su votación, contraviene lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Constitución de esta entidad federativa, así como el numeral 246 de la Ley Orgánica del Congreso de Michoacán, así como el hecho de que no sé motivara porqué se actualizaba la calificación de urgencia notoria, son inatendibles. Se realiza esa calificación ya que en relación el tópico que se plantea (vicios en los procedimientos legislativos de urgente resolución), existe jurisprudencia que es obligatoria en su observancia, porque fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se establece que tratándose del procedimiento de urgente y obvia resolución -que implica la dispensa de trámites en la etapa de discusión y aprobación de una ley o decreto-, sus violaciones sólo pueden abordarse desde la consideración del principio de deliberación parlamentaria, el cual no tutela a los particulares, sino a los grupos parlamentarios; de ahí que, esos vicios no son oponibles en los conceptos de violación planteados en el juicio de amparo. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 105/2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que existe una tendencia de las normatividades secundarias para establecer un procedimiento de urgente y obvia resolución, que constituye un mecanismo para dar trámite ágil y expedito a un asunto mediante la dispensa de algún trámite legislativo derivado de la existencia de determinados hechos que generen una condición de apremio en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto, que de no realizarse traería consecuencias negativas para la sociedad. Señaló que generalmente en el procedimiento de urgente y obvia resolución, en la etapa de discusión y aprobación de las iniciativas, se dispensan algunos trámites -como lo son las lecturas o el turno a comisiones-; precisamente por ello, indicó, como el procedimiento de urgente y obvia resolución es atinente a la etapa de discusión y aprobación de una ley o decreto, entonces, es evidente que sus violaciones sólo pueden abordarse desde la consideración del principio de deliberación parlamentaria, conforme al cual se pugna por el derecho de participación de las fuerzas políticas con representación en condiciones de igualdad y libertad, es decir, para que se permita tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública. Por ello, que como dicho principio de deliberación parlamentaria no tutela a los particulares, sino a los grupos parlamentarios, no son oponibles en los conceptos de violación planteados en el juicio de amparo. Dicha jurisprudencia es la 2a./J. 133/2017 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Página 1062, Décima Época, Registro 2015322, que dice: "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es factible impugnar una ley o decreto por contravenir los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente por vicios en el proceso de su creación frente a las formalidades que la normativa secundaria correspondiente prevé, lo cierto es que, por virtud de la irradiación del principio de instancia de parte agraviada, los vicios que se expongan contra ese proceso deben repercutir en un derecho que tutele al quejoso o que tenga alguna afectación en su esfera de derechos -directa o indirectamente-, toda vez que sólo así el estudio respectivo y una eventual sentencia protectora podrán justificarse. Ahora, tratándose del procedimiento de urgente y obvia resolución -que implica la dispensa de trámites en la etapa de discusión y aprobación de una ley o decreto-, sus violaciones sólo pueden abordarse desde la consideración del principio de deliberación parlamentaria, conforme al cual se pugna por el derecho de participación de las fuerzas políticas con representación en condiciones de igualdad y libertad, es decir, de que se permita tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública. En ese tenor, como ese principio no tutela a los particulares, sino a los grupos parlamentarios, es evidente que al reclamarse leyes o decretos, las eventuales irregularidades en ese procedimiento no tienen un impacto que pueda redundar en los derechos al debido proceso y de legalidad reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y, por ende, no son oponibles en los conceptos de violación planteados en el juicio de amparo." Lo resaltado es propio. Por otra parte, es infundado el argumento en el que el promovente del amparo aduce que la convocatoria para sesión extraordinaria no señala la orden del día, por lo que no se mencionó como asunto a tratar el dictamen de la Ley de Hacienda, lo que constituye una evidente infracción a los artículos 217 y 226 de la Ley Orgánica del Congreso de Michoacán, que dicen: "ARTÍCULO 217. Las sesiones que celebra el Congreso son: I. Ordinarias: las que se efectúen en los días que determine la Ley; y, II. Extraordinarias: Las que se realicen cuando así lo demanden los asuntos a tratar por su urgencia o gravedad, a juicio de la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva o a petición del Ejecutivo. El Presidente del Congreso convocará a sesión extraordinaria con al menos doce horas de anticipación, salvo que la convocatoria se haga en el Pleno antes de la conclusión de otra sesión, en cuyo caso se podrá sesionar al término de la misma. En estas sesiones se tratarán exclusivamente las cuestiones señaladas en la convocatoria respectiva teniendo la duración necesaria. ARTÍCULO 226. La convocatoria a sesiones del Pleno corresponde al Presidente del Congreso. Se comunicará por escrito o cualquier otro medio fehaciente previo acuse de recibo respectivo, deberá incluir: I. La fecha de su emisión; II. La fecha, hora y sede programadas para la sesión; III. La exposición del orden del día; y, IV. La firma autógrafa, o en su caso clave electrónica del Presidente. La convocatoria deberá ser remitida a sus destinatarios al menos con dos días hábiles de anticipación a la fecha en que haya de celebrarse la sesión, con aviso al Secretario de Servicios Parlamentarios, a efecto de que brinde el apoyo necesario en el ámbito de sus responsabilidades." Se realiza la calificación en ese sentido, porque aunque por principio pudiera asumirse como cierta la afirmación realizada por el promovente del amparo, en el sentido que la convocatoria para la asamblea extraordinaria de treinta de diciembre de dos mil dieciocho, publicada en el portal web del Congreso del Estado de Michoacán, no contiene la orden del día, como se ve de la imagen que se inserta: Lo cierto, es que al remitir las constancias relativas al procedimiento legislativo que se estudia (y con las cuales oportunamente se dio vista a la parte quejosa), el Delegado del Congreso del Estado de Michoacán, señaló que materialmente, el documento denominado "orden del día" es elaborado previamente a toda sesión y distribuido; sin embargo, que el mismo es aprobado en la propia sesión, cuando es leído a todos los presentes (foja 208): Situación que se corrobora en la medida que también en la página web del Congreso del Estado de Michoacán, específicamente en la pestaña titulada como "trabajo legislativo" aparece un apartado denominado orden del día, en el que se localizan las órdenes del día correspondientes a todas las sesiones, por lo que es evidente que con la anticipación debida, los diputados se pueden imponer de su contenido: Incluso, se tiene que, aunque este juzgador desconociera la práctica consuetudinaria relativa a que la orden del día se elabora y distribuye por separado, y que también se publica en el sitio web, previo a la sesión, y que es hasta el momento de su celebración, en la que se vota y aprueba, lo cierto es que de acuerdo a lo establecido en la tesis aislada P. L/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la cual fue citada en los párrafos que anteceden, dicha violación tampoco trascendería al principio de certeza jurídica ni afectaría la validez constitucional del decreto reclamado, en la medida que no impide conocer de manera precisa y contundente la voluntad del órgano legislativo y además, porque quien resuelve considera que la reposición del proceso legislativo, para el efecto de que en la respectiva convocatoria se inserte la orden del día, no redundaría en un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada. Es así, porque sólo se torna necesario reponer el proceso legislativo cuando se advierte que el trámite omitido tuvo repercusión directa en las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras; en las reglas que regulan el objeto y el desarrollo de los debates; en las reglas de votación establecidas; y, en la publicidad de la deliberación parlamentaria como las votaciones. Se cita como sustento de lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 113/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia Constitucional, Página 96, Novena Época, Registro 182550, que dice: "RENTA. LA FALTA DE SEÑALAMIENTO EXPRESO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO EN LA CONVOCATORIA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN QUE SE APROBÓ, NO INFRINGE EL ARTÍCULO 67 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Conforme al citado precepto constitucional, durante los periodos de receso del Congreso de la Unión la Comisión Permanente está facultada para citar a éste o a una de sus Cámaras a sesiones extraordinarias, cuando se presenten asuntos urgentes que lo ameriten, debiéndose ocupar del asunto o asuntos que la Comisión haya hecho de su conocimiento a través de la convocatoria respectiva. En ese sentido, la Ley del Impuesto sobre la Renta, expedida mediante decreto de 31 de diciembre de 2001 aprobado por el Congreso de la Unión dentro del periodo de sesiones extraordinarias, no infringe el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien en la convocatoria respectiva, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2001, la Comisión Permanente no la mencionó expresamente como asunto a tratar, tal circunstancia es insuficiente para declarar su inconstitucionalidad, pues dentro de la convocatoria se estableció que entre los temas que se abordarían en ese periodo extraordinario de sesiones se encontraba la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002 y el paquete fiscal; es decir, reformas a diversas disposiciones en materia fiscal y tributaria, entre las cuales se encuentra, la referida Ley del Impuesto sobre la Renta." Por otra parte, es también infundado el argumento en el que el promovente del amparo aduce que no se transmitió en vivo la sesión extraordinaria de treinta de diciembre de dos mil dieciocho, ni se encuentra disponible al público el registro videográfico de dicha sesión, lo que transgrede los principios de publicidad y transparencia en la difusión del trabajo legislativo, lo que implica una violación al artículo 115 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Michoacán: "ARTÍCULO 115. La Coordinación de Comunicación Social depende del Comité de Comunicación Social, es el enlace con los medios de comunicación y tendrá a su cargo la difusión de las actividades institucionales del Congreso mediante estrategias y políticas de comunicación que serán estudiadas, analizadas y propuestas para su aprobación al Comité de Comunicación, mismas que deberán atender y ejecutar buscando la optimización permanente, razonable y organizada de la información. Esta difusión se hará por todas las formas que apruebe el Comité. La Coordinación de Comunicación Social transmitirá en vivo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso, a través de su Portal de Internet, con la finalidad de difundir el trabajo legislativo, bajo los principios de transparencia y equidad. También realizará la videograbación de las sesiones del Pleno, comisiones, comités, reuniones de trabajo, foros, comparecencias, conferencias de prensa y otras actividades legislativas. Para integrar el acervo histórico de la Videoteca del Congreso, la Coordinación de Comunicación Social, captará, analizará y enviará de manera oportuna, a los diputados la información generada por los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, referente a los acontecimientos de interés para el Congreso, e integrar y preservar el material de videograbación, para su consulta interna y externa. Además atenderá las atribuciones que le señale (sic) las demás leyes y reglamentos. (.)" La calificación en ese sentido descansa esencialmente en dos aspectos; el primero, porque respecto de la afirmación en el sentido que no se transmitió en vivo la sesión extraordinaria de treinta de diciembre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional no está en posibilidad de comprobar si se transmitió o no en vivo dicha sesión, sencillamente, porque se trata de un acontecimiento pasado que sólo podría comprobarse retrotrayendo el tiempo a la época de celebración de la asamblea extraordinaria y verificando si la misma fue publicada en tiempo real; o en todo caso, a través de un acta destacada fuera de protocolo en la que un fedatario público diera fe de dicha circunstancia en el momento mismo de la celebración de la asamblea; circunstancia la última, que en todo caso correspondía acreditar a la moral quejosa. El segundo, porque respecto de la afirmación en la que aduce que dicha sesión no se encuentra disponible al público el registro de videograbación, debe decirse que legalmente el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, no exige que los registros de video relativos a la sesiones, estén disponibles en la página web, ya que sólo dispone que la Coordinación de Comunicación Social transmitirá en vivo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso, a través de su Portal de Internet y que realizará la videograbación de las sesiones del Pleno, comisiones, comités, reuniones de trabajo, foros, comparecencias, conferencias de prensa y otras actividades legislativas, para su consulta interna y externa en el acervo histórico de la Videoteca del Congreso. Lo que se corrobora con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, que establece, que sólo es obligatorio publicar en el portal web, lo siguiente: "Artículo 37. El Poder Legislativo, además deberá poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: I. Agenda legislativa; II. Gaceta Parlamentaria; III. Orden del Día; IV. El Diario de Debates; V. Las versiones estenográficas; VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités; VII. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas; VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo; IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia; XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro; XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; y, XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa." Aunado a lo anterior, quien resuelve considera que el hecho que no esté publicada en el sitio web la videograbación relativa a la asamblea extraordinaria de treinta de diciembre de dos mil dieciocho, no transgrede los principios de publicidad y transparencia en la difusión del trabajo legislativo, sencillamente, porque como lo refirió el delegado de la autoridad responsable (foja 211), el registro de video de esa sesión es de libre acceso a la ciudadanía y en el caso particular, la parte quejosa no acreditó que hubiera solicitado ese video a la autoridad responsable y que esa información le hubiera sido negada. VICIO FORMAL PORQUE EL DECRETO RECLAMADO NO SE FIRMÓ POR EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. Con relación a este aspecto, el accionante de la tutela constitucional aduce que el decreto reclamado carece de uno de los requisitos para su formación válida, esencialmente por la falta de firma del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, en su calidad de titular de la dependencia básica a la que el asunto corresponde y atendiendo a la eminente naturaleza fiscal de la contribución. Dicho concepto de violación es infundado. Para dar sustento a dicha calificación, es menester traer a colación el contenido del artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, cuyo contenido reza: "Artículo 65. La promulgación y la orden de publicación de las leyes se harán constar mediante la firma del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobierno. Todos los decretos reglamentos; órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos, deberán ser firmados por el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y los titulares de las dependencias básicas a que el asunto corresponda; requisito sin el cual no serán obligatorios." Ahora bien, con el objeto de atender debidamente el planteamiento del quejoso, el contenido del artículo 65 en cita se interpretará en términos de los criterios gramatical, sistemático y funcional. En primer lugar, cabe precisar que la literalidad del artículo 65 conduce a estimar que el ordenamiento constitucional del Estado de Michoacán establece dos supuestos, a saber: 1. El Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno deben firmar la promulgación y la orden de publicación de las leyes. 2. El Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y el titular de la dependencia deben firmar todos los decretos reglamentos; órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos. En tales condiciones, el criterio de interpretación gramatical (análisis del texto) permite establecer que el titular de la dependencia o secretario del ramo sólo se encuentran obligados a firmar los actos emitidos por el Gobernador del Estado de Michoacán, no así los de promulgación y publicación de las leyes del Congreso. Ello, en virtud de que, en el último de los casos referidos, sólo se establece como requisito la firma del Secretario de Gobierno. Además, debe decirse que la expresión "Todos los decretos reglamentos; órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos" tampoco lleva a concluir que los actos enumerados incluyan los de promulgación y publicación de las leyes del Congreso. Lo antedicho obedece a que, al referirse a los ordenamientos susceptibles de ser firmados por el titular de la dependencia, el precepto en cita no hace alusión a todos los que puedan existir, sino sólo a aquéllos que encuadren en la categoría de reglamentos. Así, el artículo constitucional distingue el tipo de decretos, al no dividir mediante coma o cualquier otro signo ortográfico las palabras "decreto" y "reglamento", de lo que se sigue que sólo los "decretos reglamentos" serán susceptibles de ser firmados por el secretario en la materia. En este sentido, debe entenderse que la palabra "reglamentos" fue utilizada en el artículo en cita como un modificador de la palabra "decretos", con la función de delimitar el tipo de actos que serían motivo de firma por parte del titular de la dependencia. Además, cabe precisar que la enumeración de actos a que se refiere la segunda parte del artículo 65 no es uniforme, sino que establece una división de los "decretos reglamentos" respecto de las órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos, al haberse colocado un punto y coma al final de la primera de las aludidas expresiones. Luego, la interpretación gramatical del artículo en cita permite deducir lo siguiente: 1. El Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno deben firmar la promulgación y la orden de publicación de las leyes. 2. El Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y el titular de la dependencia deben firmar: a) Todos los decretos reglamentos. b) Las órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos. 3. Con base en los dos puntos anteriores, el titular de la dependencia no debe firmar los decretos sobre la promulgación y publicación de leyes aprobadas por el Congreso de Michoacán, sino sólo los relacionados con reglamentos. Por otra parte, a fin de llevar a cabo la interpretación sistemática del referido artículo 65 (contraste de la norma con el resto de disposiciones del sistema), se transcriben a continuación los dispositivos 60, fracción I, 61, fracción I, y 66, todos de la Constitución Política del Estado de Michoacán, así como 5º de la Ley Orgánica de la Administración Pública de esa entidad federativa: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO "Artículo 60. Las facultades y obligaciones del Gobernador son: I. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia." "Artículo 61. El Gobernador del Estado no podrá: I. Negarse a promulgar y publicar las leyes y decretos de la Legislatura." "Artículo 66. Los titulares de las dependencias serán responsables con el Gobernador en todos aquellos asuntos que lleven su firma." LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO "Artículo 5. La promulgación y la orden de publicación de las leyes en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, se harán constar mediante la firma del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobierno. Todos los decretos, reglamentos, órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos, deberán ser firmados por el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y los titulares de las dependencias a que el asunto corresponda, requisito sin el cual no serán obligatorios." La interpretación conjunta de los artículos 60, fracción I, 61, fracción I, 65 y 66, todos de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, permite deducir que los titulares de las dependencias o secretarios del ramo no podrán firmar los decretos sobre la promulgación y publicación de leyes aprobadas por el Congreso de Michoacán. Tal situación deriva de que, en términos del artículo 66 en cita, "los titulares de las dependencias serán responsables con el Gobernador en todos aquellos asuntos que lleven su firma", lo que implica que, los "asuntos" a que se refiere dicho precepto constitucional son propios del Poder Ejecutivo y no provenientes del Legislativo de la entidad. Lo anterior se robustece con lo establecido en el artículo 60, fracción I, de la Constitución Local, que prevé como obligación del Gobernador la de promulgar y ejecutar las leyes, así como los decretos que expida el Congreso del Estado. Además, está lo previsto en el artículo 61, fracción I, del referido ordenamiento constitucional, que prohíbe al Gobernador del Estado negarse a publicar las leyes que le envíe para su promulgación el Congreso. De tal manera, si los actos a que se refieren los artículos 65, segunda parte, y 66 de la Constitución de Michoacán no provinieran del Ejecutivo, no sería posible responsabilizar al Gobernador del Estado o al titular de la dependencia, pues en esos casos se estaría cumpliendo con los mandatos constitucionales tanto de promulgar como de publicar las leyes y decretos del Poder Legislativo (artículo 60, fracción I), aunado a que dichas autoridades tampoco estarían en posibilidad de negarse a ello (61, fracción I). No pasa inadvertido que el artículo 5° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo prevé una redacción diversa a lo previsto en el 65 de la Constitución Local, al establecer lo siguiente: "Todos los decretos, reglamentos, órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos, deberán ser firmados por el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y los titulares de las dependencias a que el asunto corresponda.". Sin embargo, aun si se considerara que el artículo 5º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo permite una interpretación gramatical distinta a su similar 65 de la Constitución Política de dicha entidad federativa, tal circunstancia resultaría irrelevante para arribar a una conclusión diversa a la expuesta, por dos motivos: a) En un conflicto de ordenamientos, debe prevalecer el de mayor jerarquía, en este caso, el artículo 65 de la Constitución Política, cuya interpretación gramatical ya fue determinada. b) Al ser el artículo 5º similar en su estructura al 65, por diferenciar ambos los actos en que debe intervenir el Gobernador junto con el Secretario de Gobierno y aquéllos en que también debe hacerlo el titular de la dependencia, subsistiría la interpretación sistemática llevada a cabo con base en los artículos 60, fracción I, 61, fracción I, y 66 constitucionales, que lleva a la conclusión alcanzada en líneas precedentes. Entonces, la interpretación sistemática de los preceptos aludidos permite concluir también que la promulgación y publicación de leyes provenientes del Congreso del Estado de Michoacán corresponde en exclusiva al Gobernador de la entidad y al Secretario de Gobierno, no así al titular de la dependencia en la materia. Finalmente, a fin de llevar a cabo la interpretación funcional del artículo 65 de la Constitución Local, se traen nuevamente a contexto los dos supuestos a que se refiere: a) La promulgación y la orden de publicación de las leyes se harán constar mediante la firma del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobierno. b) Todos los decretos reglamentos; órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos, deberán ser firmados por el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y los titulares de las dependencias básicas a que el asunto corresponda; requisito sin el cual no serán obligatorios. De la anterior división se sigue que, como ya se estableció en la interpretación gramatical del artículo 65, éste prevé dos supuestos para la intervención de funcionarios de manera conjunta con el Gobernador del Estado, a saber: a) Cuando el acto a publicar o promulgar provenga del Poder Legislativo. b) Cuando el acto a publicar o promulgar sea emitido por el propio Ejecutivo. Luego, ya en una interpretación funcional del precepto, no puede entenderse que la segunda porción normativa del dispositivo constitucional analizado pueda incluir a la primera. Ello, en razón de que si así lo hubiera dispuesto el Constituyente del Estado de Michoacán de Ocampo, también así lo habría redactado en el mencionado artículo 65 constitucional, lo cual se corrobora con las dos versiones anteriores de dicha norma, cuyo texto se muestra enseguida: "Artículo 65. Todas las leyes, decretos, reglamentos, órdenes generales, acuerdos que resuelvan asuntos administrativos y circulares de observancia general, serán firmados por el Gobernador del Estado y por el Secretario General de Gobierno o por el Oficial Mayor, en los asuntos de su competencia." "Artículo 65. Todas las leyes, decretos, reglamentos, órdenes generales, acuerdos que resuelvan asuntos administrativos y circulares de observancia general, serán firmados por el Gobernador del Estado y por el Secretario de Gobierno encargado de la materia a que el asunto corresponda." De tal manera, en las transcripciones que anteceden se observa que el Constituyente del Estado enunciaba todos los actos que debían ser firmados por el Gobernador junto con otro u otros funcionarios asociados, no haciendo distinción de su origen, al no resultar necesaria, por considerarse que la promulgación y publicación siempre correspondía a los mismos servidores públicos. Por ello, se deduce que si se hubiera deseado que el actual artículo 65 previera la posibilidad de que todos los decretos, incluyendo los legislativos, fueran firmados por el Gobernador, el Secretario de Gobierno y el titular de la dependencia o secretario del ramo, así se habría establecido expresamente y no se hubiera hecho distinción alguna. En ese sentido, no puede asumirse que "todos los decretos", incluso los legislativos, deben ser firmados por el titular de la dependencia o secretario del ramo, pues tal interpretación llevaría a nulificar lo expresado en la primera parte del artículo, lo cual no es propio de una correcta técnica legislativa. En cambio, una interpretación conforme del referido precepto constitucional lleva a establecer, como ya se hizo, que la primera parte del artículo se refiere a los actos provenientes del legislativo, mientras que la segunda a los emitidos por el Ejecutivo. En tales condiciones, la interpretación funcional del artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán permite arribar a las siguientes conclusiones: a) La segunda parte del artículo en cita no puede incluir a la primera. b) No todos los decretos a que se refiere dicho precepto deben ser firmados por el titular de la dependencia o secretario del ramo, sino sólo los provenientes del Ejecutivo. Luego, con base en los tres criterios de interpretación desarrollados en líneas precedentes (gramatical, sistemático y funcional), se concluye lo siguiente: 1. El Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno deben firmar la promulgación y la orden de publicación de las leyes. 2. El Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y el titular de la dependencia deben firmar la promulgación y la orden de publicación de los actos siguientes: a) Todos los decretos reglamentos. b) Las órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos. 3. La segunda parte del artículo 65 en cita no puede incluir a la primera en lo relativo a la expresión "todos los decretos". 4. En consecuencia, no todos los decretos a que se refiere el aludido precepto deben ser firmados por el titular de la dependencia o secretario del ramo, sino sólo los provenientes del Ejecutivo. 5. Por tanto, el titular de la dependencia o secretario del ramo no debe firmar los decretos sobre la promulgación y publicación de leyes aprobadas por el Congreso de Michoacán, sino sólo los relacionados con reglamentos expedidos por el Ejecutivo. Por lo que, partiendo de la interpretación gramatical, sistemática y funcional del artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, es infundado el segundo concepto de violación. Tal afirmación obedece a que, contrariamente a lo que expone el quejoso, los decretos de promulgación y publicación de las leyes reclamadas en el presente juicio no debían ser firmados por el titular de la dependencia especializada en la materia, quien es en este caso el Secretario de Finanzas y Administración, sino sólo por el Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno. Así, tanto la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, como la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al provenir del Poder Legislativo, no debieron ser firmadas por el Titular de la dependencia especializada en la materia, pues tal requisito sólo es exigible a los actos emitidos por el Ejecutivo. INCREMENTO DE LA TASA. Con relación a este tema, el promovente señala que el incremento de la tasa del 2% al 3%, es inconstitucional porque no se expuso motivo alguno que justificara esta decisión. Dicho argumento es infundado. Es así, atendiendo al principio de libertad configurativa con la que cuenta el legislador. Sobre ese aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Conforme a lo anterior, la revisión que se realice de las normas que incidan en aspectos económicos y/o tributarios, específicamente, en lo concerniente al establecimiento de la tasa impositiva, debe realizarse bajo el tamiz de "motivación no reforzada". Sobre las clases de motivaciones que rigen los actos legislativos se tiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria; la reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. La exigencia de esta motivación reforzada se actualiza cuando se detecta alguna norma "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate; en estos supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, pues un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores, a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. Razón por la que en materias que incidan en determinados campos como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental, las autoridades legislativas tienen mayor discrecionalidad, que redunda en que precisamente en esos temas, las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Así se estableció en la jurisprudencia P./J. 120/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Constitucional, Novena Época, Registro 165745, que dice: "MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma." Rebasado el aspecto con el que se debe verificar el análisis relativo al aumento de la tasa que alega la parte quejosa, es decir, bajo la óptica de la motivación ordinaria, debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el aumento de la cuota tributaria o coeficiente aplicable a la base impositiva no demuestra necesariamente la infracción a los derechos humanos de corte económico previstos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, puesto que si el legislador goza de potestad para imponer contribuciones, también puede incrementarlas o disminuirlas, en función de la necesidad de cumplir con los gastos públicos del Estado. Bajo ese orden de ideas se estima que el aumento referido del 2% al 3% previsto en el artículo 24 de la Ley de Hacienda, no viola la garantía de proporcionalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al rendir su informe justificado el Congreso del Estado de Michoacán, motivó que dicho impuesto se estableció con base en la facultad impositiva que el Estado tiene para el logro de las funciones que le son encomendadas cubrir los gastos públicos (foja 32), lo cual es válido desde el punto de vista de la potestad tributaria pues, en todo caso, para que las citadas disposiciones vulneraran dicha garantía se requeriría demostrar que la nueva tasa es desproporcional sobre el patrimonio gravado por ese tributo, siendo ruinoso o exorbitante. Se realiza la afirmación que el aumento en la tasa del 2% al 3% no es exorbitante o ruinosa, porque para considerarlo de ese modo tendría que acreditarse que el incremento ajustado en ese sentido por el legislador, agota la fuente de ingresos al ser desproporcional e inequitativo, lo cual no se evidenció en el caso por parte de la quejosa. Respecto de la posibilidad de la justificación del impuesto, se cita por analogía jurídica la jurisprudencia : P./J. 35/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, Materia Administrativa, Página 6, Novena Época, Registro 164749, que dice: "NORMAS TRIBUTARIAS QUE ESTABLECEN UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN EN CIRCUNSTANCIAS SIMILARES. LAS RAZONES TENDENTES A EXPLICARLO PUEDEN EXPONERSE EN EL INFORME JUSTIFICADO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el requisito de motivación de los actos legislativos se satisface cuando las leyes se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, sin que ello implique que todas y cada una de las disposiciones que integran una ley deban ser materia de una motivación específica. Asimismo, ha considerado que para emitir un juicio de constitucionalidad respecto de normas que establecen un trato diferenciado no es indispensable que en el proceso legislativo se hayan expresado las razones que justifican esa determinación, pues la autoridad jurisdiccional competente deberá analizar tales normas a la luz de los principios constitucionales y atento a los argumentos expuestos por los interesados para determinar si resultan o no contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En congruencia con lo anterior, si el Poder Legislativo no está constitucionalmente obligado a exponer una motivación específica y concreta para cada precepto, debe dársele oportunidad de expresar los argumentos correspondientes en el informe justificado, los cuales deberán ser atendidos por el juzgador. Sostener lo contrario implicaría dejar inaudita y en estado de indefensión a la autoridad legislativa pues, por una parte, se le exime de la obligación de aportar una motivación específica en el proceso legislativo que culmina con la expedición del ordenamiento legal cuestionado y, por otra, se haría caso omiso de las razones que se aportan en el juicio para justificar la distinción de trato. Cabe precisar que ese proceder dota a los justiciables de mayor seguridad jurídica, pues se logra un mejor control de la regularidad constitucional en la medida en que el órgano jurisdiccional competente contará con más elementos de juicio, lo que le permitirá adoptar una determinación de mayor rigor técnico y jurídico, máxime cuando es el órgano creador de la norma -es decir, el que mejor conoce los motivos tomados en cuenta para su emisión- quien aporta elementos para hacer un análisis constitucional más completo." En tanto que, respecto del aumento de la tasa, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 116/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Materia Constitucional, Administrativa, Página 564, Novena Época, Registro 161613, que dice: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL AUMENTO DE SU TASA NO VIOLA LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El aumento referido del 28% al 30% previsto en el artículo segundo, fracción I, inciso a), de las disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contenido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, en relación con el numeral 10 de la Ley citada, no viola la garantía de proporcionalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, ya que en el proceso legislativo relativo, el legislador expresamente consideró que tal aumento derivó de la insuficiencia de ingresos públicos disponibles y para evitar que se elevara la deuda pública correspondiente, lo cual es válido desde el punto de vista de la potestad tributaria pues, en todo caso, para que las citadas disposiciones vulneraran dicha garantía se requeriría demostrar que la nueva tasa es desproporcional sobre el patrimonio gravado por ese tributo, siendo ruinoso o exorbitante; sin que pueda tomar en cuenta para probar lo anterior la mayor o menor dificultad para pagarlo." En consecuencia, ante lo inatendible e infundado de los conceptos de violación, se impone negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que la parte quejosa manifestó la oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada y con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tómense las medidas pertinentes para el efecto de la publicación de esta sentencia. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Flores Pérez, contra los actos reclamados que atribuyó al Congreso del Estado de Michoacán, Gobernador del Estado de Michoacán y del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, por las razones expuestas en la consideración quinta de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en su considerando último. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diez de septiembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase a Juan Carlos Herrera Chávez, delegado de la autoridad responsable Congreso del Estado de Michoacán, quien da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de uno de julio de dos mil diecinueve, al remitir lo siguiente: Copia del diario de debates del treinta de diciembre de dos mil dieciocho; Orden del día de la sesión extraordinaria del treinta de diciembre de dos mil dieciocho; Gaceta parlamentaria de la sesión extraordinaria del treinta de diciembre de dos mil dieciocho; Expediente legislativo en copias certificadas, que contiene el proceso legislativo del decreto 116; y, Disco compacto que contiene la sesión de treinta de diciembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales ofertadas y con las mismas dése vista a las partes. Con lo anterior, hágase nueva relación en la audiencia constitucional respectiva y con el expediente legislativo se ordena formar un tomo de prueba. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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