Carlos Flores Morales
Expediente 729/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carlos Flores Morales
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; primero de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. No se tramitó incidente de suspensión. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que sobreseyó fuera de audiencia constitucional estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio con anexo remitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada de la constancia requerida en proveído de quince de julio del año en curso. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación en virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. En ese contexto, la parte quejosa en su escrito de demanda presentado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, la omisión de acordar su escrito presentado ante la oficialía de partes de dicha junta el treinta de septiembre de dos mil veinte. Empero, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en el juicio laboral ******* el veinticinco de junio de dos mil veintiuno (con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo) acordó su escrito con folio ********** de treinta de septiembre de dos mil veinte, el cual le fue notificado a la parte quejosa por medio de boletín laboral el dos de julio del año en curso, de cuya omisión se duele la parte quejosa. De donde se obtiene que cesaron los efectos del acto reclamado, pues con dichas actuaciones llevadas a cabo en el juicio natural, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintitrés de junio de dos mil veintiuno), la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental violado, como si le fuere otorgado el amparo. En ese cause de pensamiento, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja sin efecto legal la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del cinco de agosto de dos mil veintiuno, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; quince de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable: Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. En dicho informe la aludida autoridad responsable niega los actos que se le reclaman. Vista. Con dicho informa, dese vista a las partes, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Relaciónense en la audiencia constitucional. Pruebas. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las documentales que allegó la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Requerimiento. Ahora bien, toda vez que la responsable refiere que el veinticinco de junio actual, dio contestación al escrito del quejoso presentado el treinta de septiembre del año pasado, que registró con el folio ******, sin embargo no adjunta dicha documental, la cual es necesaria para resolver el presente juicio, en consecuencia, a efecto de evitar dilaciones procesales, requiérase nuevamente al Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, remita la documental descrita en líneas que antecede, así como la notificación de dicha determinación a la parte quejosa, sin perjuicio de que en caso de omisión, se le imponga una multa por cien unidades de medida y actualizaciones, conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veinticuatro de junio de dos mil veintiuno Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ***********, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 729/2021, y fórmese expediente. Admisión. Toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan de manera manifiesta e indudable al desechamiento de la demanda de cuenta, así como tampoco de incompetencia, que impidan a este juzgado conocer de aquélla, con fundamento en los artículos 112,115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Suspensión No ha lugar a tramitar incidente de suspensión, por no haberse solicitado dicha medida cautelar. Audiencia constitucional. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Hágase saber a las partes que toda vez que de conformidad con el acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que entró en vigor el tres de agosto del presente año, se privilegia el uso de medios tecnológicos y se controla la presencia física en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, la audiencia constitucional se llevará a cabo mediante el método de videoconferencia en la plataforma digital "CISCO WEBEX"; por lo que, deberán proporcionar un correo electrónico, en el que se les enviará una invitación para unirse a la sesión correspondiente, pero en caso de no hacerlo, se entenderá que no es su deseo participar en la misma. Sin que pase inadvertido que deberán estar legitimadas para tal efecto, ya que a las personas que indiquen, se les enviará el citatorio electrónico respectivo siempre y cuando tengan personería reconocida en autos. Oportunidad de escrito. Se aclara que el escrito deberá presentarse a más tardar dos días antes de la fecha programada para la audiencia constitucional, pues se deben realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional. En caso de que la totalidad de las partes manifiesten que no es su deseo asistir o, hagan caso omiso a lo anterior, se entenderá que no es su deseo participar en la videoconferencia; por lo tanto, la audiencia constitucional no será por este medio, sino únicamente con una constancia que al efecto se realice y firme por el personal de este juzgado, ya que como bien lo estipula el artículo 5, fracción II del acuerdo 21/2020, la misma puede llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Sobre las pruebas y alegatos. Debe decirse a los intervinientes que dicha diligencia será pública; como lo plasma el artículo 124 de la Ley de Amparo. A su vez, se llevará a cabo la relación de constancias y recibirán los alegatos que por escrito formulen. Sobre este punto, las partes no deben soslayar que si es su deseo alegar o inclusive presentar pruebas de manera oportuna, les corresponde conocer el horario y funcionamiento de la Oficialía de Partes Común y el buzón judicial, tal como lo prevé el acuerdo 21/2020, a menos que el acto reclamado encuadre en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la ley de la materia, ya que, de ser el caso, únicamente la parte quejosa podrá alegar verbalmente. Requerimiento informe justificado. Con fundamento en el numeral 117, de la ley en cita, requiérase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles, posterior al en que surta efectos la notificación de este proveído, en el que deberá referirse expresamente, en caso de reclamarse más de uno, a todos y cada uno de los actos reclamados, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente, aun cuando se allegue antes de la celebración de la audiencia constitucional, pero después del citado plazo; debiendo, con fundamento en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, acompañar en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este juzgado cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia, de modo que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, si lo hubiere, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Lo anterior con el apercibimiento que en caso de no desahogar el presente requerimiento, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Requerimiento constancias. En caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo; o bien de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, no la comunique de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañara las constancias que la acrediten, con fundamento en los artículos 260, 64, 251 y 237, fracción I de la Ley de Amparo, se le aplicará una multa de cien y treinta unidades de medida y actualización, la primera por no rendir el informe y la segunda por no informar sobre causas de sobreseimiento; conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. De igual manera, solicítese a la autoridad responsable para que informe, si tiene conocimiento de algún juicio de amparo promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos; para evitar el dictado de resoluciones contradictorias, con el apercibimiento para el caso de no atender lo anterior, de imponérsele, en términos de la fracción I del artículo 237 en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, una multa de hasta de cincuenta unidades de medida y actualización, conforme al invocado artículo Tercero Transitorio del decreto reformas y adiciones constitucionales. Por otro lado, se hace notar a la autoridad responsable que podrá allegar los oficios y anexos que estime pertinentes al correo oficial del juzgado 4jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, por lo que deberá comunicarse al teléfono 777 100 87 00 extensión 1201, en el que previa coordinación se constate en uso de los medios electrónicos a efecto de recibir las comunicaciones respectivas. Apercibimiento a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte promovente, que si la autoridad señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite, se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación; tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. Intervención Ministerio Público. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado y por autorizados en los términos señalados a las personas que refiere, por ser parte actora en el juicio natural. Tercero Interesado. Atendiendo a las particularidades de este caso en el que se reclama denegación de justicia, no tiene el carácter de tercero interesado la contraparte de la quejosa en el juicio de origen, porque no puede considerase válidamente que tenga un legítimo interés contrario al de la parte quejosa -que subsista tal denegación- y que es la razón toral de su participación en el juicio de amparo; y en consecuencia, su búsqueda podría dilatar este juicio. No se inadvierte la Jurisprudencia 1ª/J90/2010 de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8º y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del ordinal 5º de la Ley de Amparo, -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de los impetrantes. Sin embargo, esa tesis no es aplicable a este caso, porque su interpretación fue de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, lo que da pauta a que ahora se tome una interpretación diferente; en efecto ahora el artículo 17 de la Constitución (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete); establece "siempre que no afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso, u otro derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales". En tales consideraciones, se estima que la contraparte de la quejosa no se tenga como tercero interesado en casos como este, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo, en términos del artículo 77 fracción II de la ley de la materia, se obligaría a la responsable a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa. Exhorta a las partes para llevar el trámite en línea. Por otro lado, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, así como para presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Habilitación días y horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Aviso de transparencia. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notificación a autoridad responsable. Hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, en relación con el 245 de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio sean dirigidos, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta, al rendir su respectivo informe justificado; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se les imponga una multa por cien unidades de medida y actualizaciones, conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese.
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