Carlos Flores Alarcón

Expediente 364/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
364/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Carlos Flores Alarcón

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintisiete de abril del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintidós de mayo de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe. AMH/tmaa*

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 27-04-2023, POR NO ATENDER AL CITATORIO DE 03-05-2023: ... Boca del Río, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda presentada por Carlos Flores Alarcón, contra los actos y autoridades precisados en la misma; fórmese expediente y regístrese con el número 364/2023-2, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el que suscribe tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desechar el asunto sin suspender el acto; congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. En términos del normativo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la precisión que la parte quejosa acude a esta vía constitucional para reclamar, el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés que señala le fue notificado el treinta y uno de marzo pasado, emitido dentro del expediente 852/2018-IV, en el que el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, ordenó lo siguiente: ".Preparar la prueba de la parte actora: PERICIAL GENÉTICA HUMANA MOLECULAR DEL ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO ADN. A cargo del perito en rebeldía de la parte actora CARLOS IVÁN MATEOS GARCÍA." Asimismo, reclama del juez responsable que en dicho auto determinó: ".el ordenar con apercibimiento al suscrito, a comparecer el día 3 de abril del año en curso, para la realización forzosa de "tomas de Muestras biológicas para realizar la prueba pericial de ADN", lo que viene a traducirse en la imposición de una conducta contraria a mi voluntad y a mis creencias, además de poderme provocar lesiones corporales para contar con diversa cantidades de plasma sanguíneo, tejido celular o cualquier otro tipo de prueba biológica para efectuar esa probanza, ya que como lo podrá constatar, el auto que lo ordena, fue para la toma de "muestras biológicas", sin especifiar en que consisten, ni el tiempo que duran dicha tomas, etc., y no una, sino varias, razón por lo cual insisto, me pueden provocar lesiones corporales." Luego, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. Sentado lo anterior, las causas de improcedencia son de orden público; por tanto, de estudio preferente, tal como lo determina el artículo 62 de la Ley de Amparo; mismas que deberán estudiarse de oficio por el juzgador, sean alegadas o no por las partes. A efecto de determinar lo conducente es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por el Pacto Federal y por la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se analiza en forma profunda, de acuerdo con el texto del señalado numeral 62. En ese sentido, respecto del auto reclamado de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio 852/2018-IV, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, en que ordenó al quejoso la práctica de la prueba pericial en Acido Desoxirribonucleico ADN, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XVIII del numeral 61 de la ley especial en aplicación, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Esta hipótesis normativa consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el de definitividad, el cual consiste en que el juicio de amparo solo procede contra actos definitivos, esto es, contra los que ya no proceda recurso, juicio o medio de defensa alguno por el que puedan ser revocados, modificados o confirmados; asimismo, dicho precepto consagra las excepciones que operan tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. La jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes, aborda precisamente que se entiende por definitividad: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Una vez que sean interpuestos esos medios de defensa, el amparo es procedente; no obstante, la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo prevé supuestos de excepción al principio de definitividad y que, por tanto, hacen innecesario agotar los recursos o medios legales ordinarios, de ahí que el quejoso tiene una dispensa para promoverlos y pueda acudir directamente al amparo. En este orden de ideas, se precisa que el juicio del que deriva el acto reclamado se tramita conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Partiendo de ello, se tiene que el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, dispone: "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan un daño irreparable en la sentencia." Como se ve, el precepto legal en comento establece, como regla general, la procedencia del recurso de apelación, en contra de sentencias y autos que causan un daño irreparable en la sentencia. Por su parte, el artículo 516 del código procedimental de la materia y fuero, establece: "ARTICULO 516. El recurso de apelación procede en un solo efecto y en ambos efectos. En el primer caso no se suspende la prosecución del juicio, y en el segundo, se suspende la ejecución de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria, o la tramitación del juicio cuando se haya interpuesto contra un auto. Para la tramitación de la apelación que proceda sólo en el efecto devolutivo, se compulsará y remitirá al tribunal, dentro de tres días, testimonio de las constancias que señalen las partes." De tales preceptos se desprende que: a). El recurso de apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el efecto suspensivo, o solo en el primero; b). La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución de la sentencia hasta que en la segunda instancia se dicte la resolución correspondiente y la misma sea conocida por el inferior; c). Mientras que la apelación admitida solo en el efecto devolutivo, no suspende la prosecución del juicio; d). Entre los autos apelables en efecto devolutivo se encuentran aquellos que tienen fuerza de definitivos o lo disponga expresamente la ley, si además lo fuera la sentencia definitiva en el juicio que se dicten; e). Por autos que tienen fuerza de definitivos se entienden los que causan un gravamen que no pueda repararse en la sentencia que decida el negocio en lo principal, salvo los que se refieran a la mera tramitación del juicio. Dicho lo anterior, se concluye que en contra el acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del 852/2018-VI, procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, pues el gravamen que pudiera ocasionarse la misma, no puede repararse en la sentencia que decida el negocio en lo principal. En esas condiciones, previo a la presentación de la demanda de amparo, la parte quejosa estuvo en posibilidad de agotar en su contra el recurso de apelación, pues a través del mismo pudo lograr su revocación, modificación o nulificación; sobre todo, porque el aspecto ahí decidido, no le sería reparable en el momento en que se dictara la sentencia definitiva. En consecuencia, si la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, no agotó el medio ordinario de defensa que contempla la legislación de la materia, evidentemente no cumplió con el principio de definitividad, que rige en el juicio de amparo. En ese orden de ideas, como se anticipó al inicio del presente considerando, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado de manera destacada en la presente instancia constitucional no tiene la característica de ser un acto definitivo, toda vez que el peticionario del amparo antes de acudir a la presente instancia constitucional, al ser parte en la controversia de origen debió agotar el recurso de apelación, medio de impugnación a través del cual se pueda modificar, revocar o confirmar tal actuación. En efecto, el impetrante de garantías se encontraba obligado a agotar el principio de definitividad, en atención a que si bien es cierto, la admisión y desahogo o preparación de una prueba para determinar la huella genética, es un acto de imposible reparación conforme a la jurisprudencia 1ª./J. 17/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, abril de 2003, página 88, del tenor siguiente: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA" También lo es que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. En tales condiciones, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, por sí una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, de ahí que se estime que en el caso, el peticionario del amparo antes de acudir a la presente instancia constitucional debió 'promover' el recurso de apelación en contra del acuerdo que hoy constituye el acto reclamado, por lo que al no proceder de tal manera, es que es inobjetable que se actualiza la causa de improcedencia invocada de oficio. Las consideraciones que anteceden, encuentran apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, diciembre de 2013, página 350, que a la letra señala: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD". Sobre las bases expuestas, dada la naturaleza del acto reclamado, que la parte quejosa adjunta en vía de instructivo de notificación, es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo debía interponerse el citado remedio procesal (apelación); y al no haberse hecho valer, se inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional. No se omite destacar que, en el caso, no se actualiza alguna de las excepciones previstas en la invocada fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado que se analiza, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso o resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida un incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de los quejosos. Asimismo, la procedencia del recurso de apelación está prevista de manera expresa en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, por lo que no se encuentra sujeto a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla; además, dicho precepto establece que dicho medio de impugnación es idóneo contra los autos que puedan causar un daño irreparable en la sentencia. Aunado a que el recurso de apelación expresamente prevé la suspensión de los actos. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, consideró lo siguiente: "65. Sobre la base de las anteriores consideraciones, fundamentalmente a partir de las premisas de que el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida, de que, en términos del artículo 1o. constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y de que, particularmente, los derechos de la infancia merecen una especial protección por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, será posible dejar de observar la regla de la definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrada una persona menor de edad (desde la perspectiva de su interés superior), cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, y cuyo riesgo, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada, sea alegado por cualquiera de las partes." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en respecto a la aseveración que formula el quejoso en el sentido siguiente: "B).- Del Juez también se le reclama, ser omiso a resolver sobre la solicitud del Perito Carlos Ivan Mateos García, para que su asistente médico, el C. Jorge Crescencio Perera Escamilla, fuera el que tomara la muestra Biológica". El que suscribe considera que, en realidad, no se trata de un acto reclamado, sino de un planteamiento que versa sobre una posible violación al principio de congruencia, respecto de una solicitud que no fue elevada por el quejoso, sino por el perito de la parte actora. No obstante, aun en el supuesto de considerar que se está ante la presencia de un acto reclamado, se considera que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar lo dispuesto por la hipótesis prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el numeral 5, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que interesan disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; . "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ." La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten a la parte quejosa, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos del promovente, en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. En efecto, a fin de llegar a la anterior conclusión es necesario, señalar que no se está en presencia de un agravio debe ser personal y directo, y los elementos constitutivos a demostrar son: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por tanto, se requiere de la existencia de una afectación real en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad o expectativa de derecho, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Sin embargo, en el caso en estudio, se considera que la parte quejosa no tiene un agravio personal y directo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa derivado de una afectación a su esfera de derechos en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Lo anterior se estima así, dado que no se evidencia en forma alguna cómo causaría una afectación a la parte quejosa, la supuesta omisión del Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, de resolver sobre la solicitud que realizó el Perito Carlos Ivan Mateos García, para que su asistente médico Jorge Crescencio Perera Escamilla, fuera el que tomara la muestra Biológica. Ciertamente, los referidos numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico [.]" De los preceptos invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no causa un agravio personal y directo en la esfera jurídica del quejoso, es decir, tal y como lo establece el principio del juicio de amparo de "instancia de parte agraviada", éste solo puede iniciarse a petición de parte y por quien resienta el agravio directo por la ley o acto reclamado. En ese orden de ideas, resulta evidente que el acto que en esta vía constitucional combate, no le causa un agravio real y directo en la esfera jurídica, precisamente porque la solicitud que presuntamente no fue atendida por el juez en el acto reclamado, fue formulada por el perito de la parte actora, y no por el demandado (aquí quejoso). Consecuentemente, con apoyo en el artículo 113, 61, fracción XII en relación con el numeral 5, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el señalado en el ocurso de cuenta. Asimismo, téngase como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que menciona, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngasele solicitando el acceso al expediente electrónico, por lo que de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet mediante el portal de Servicios en línea implementado por el Consejo de la Judicatura Federal como parte del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en la página: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/; el cual le permite el acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República Mexicana, así como a las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario HVIIIA, para que únicamente pueda ingresar y consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, sin que esto implique que las notificaciones se realicen por dicho medio. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese y personalmente al promovente.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con domicilio en esta ciudad, a través del cual remite testimonio de la resolución dictada en la queja ********************/********************, de cuyo punto resolutivo se advierte: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja número ********************/******************** interpuesto por Josué Rodríguez Hernández, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de ********************, en contra del acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, pronunciado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, residente en Boca del Río, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto ********************/********************, mediante el que desechó de plano la demanda de amparo." Acúsese el recibo de estilo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintisiete de abril de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas respectivas. Finalmente, respecto a las copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, remitidas a la superioridad con motivo del recurso de queja interpuesto en autos, procédase a su destrucción, toda vez que las mismas resultan innecesarias...

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