Carlos Filiberto Hernández Aldana

Expediente 970/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
970/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
05/10/2018

Partes del expediente

  • Carlos Filiberto Hernández Aldana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 970/2018, promovido por CARLOS FILIBERTO HERNÁNDEZ ALDANA, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, CARLOS FILIBERTO HERNÁNDEZ ALDANA y otros, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Subdirectora Técnica; Subdirectora, Consejo Técnico Interdisciplinario; Director de Seguridad; Subdirector de Seguridad; Supervisor de Guardias; Jefe de la Primera Compañía; Jefe de la Segunda Compañía; Jefe de la Tercera Compañía y Directora General, todos del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. SEGUNDO. Por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, admitió la demanda de amparo únicamente por cuanto al quejoso Martín Alejandro Vázquez Garita y, ordenó la separación de juicios y que se formara uno por cada quejoso, por lo que remitió copias de la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, a fin de que fueran turnadas. TERCERO.- Por razón de turno, el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito la demanda de amparo del quejoso CARLOS FILIBERTO HERNÁNDEZ ALDANA, por lo que en acuerdo de esa misma fecha se desechó por cuanto a los actos reclamados consistentes en abuso de autoridad y amenazas, y se admitió, únicamente, respecto de los actos reclamados consistentes en aislamiento, incomunicación, golpes, humillación y malos tratos, se requirió a las autoridades responsables, a fin de que rindieran el informe justificado; además, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de seis de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por inexistentes a las autoridades señaladas como responsables Subdirectora y Supervisor de Guardias del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, por lo que se ordenó suspender toda comunicación con estas. Después de ser diferida la audiencia constitucional, dio inicio al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción, I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, menciona que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, ejercerán jurisdicción en el territorio que conforma dicha entidad federativa; además, el acto reclamado es atribuido a autoridades que residen dentro de tal territorio. SEGUNDO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables consistentes en incomunicación, golpes, humillación y malos tratos, toda vez que así lo manifestaron al rendir el informe justificado (fojas 96 a 99), sin que se haya desvirtuado dicha negativa con medio de convicción idóneo. En tal virtud, lo procedente es que se sobresea en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin soslayar las manifestaciones que formula el quejoso respecto de los actos que refiere constituyen el reclamo en el presente juicio, pues se observa que éstas se relacionan con las condiciones que derivan de las medidas de seguridad impuestas en el centro en el que guarda reclusión, las cuales se deben realizar para el control y orden de la población penitenciaria; sin embargo, en términos de lo dispuesto por los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz de la reforma de la judicialización de las penas, tales eventos al constituir parte de la etapa ejecutiva de la pena de prisión, incluso de la prisión preventiva, deben ser impugnados ante el Juez de Ejecución, previo a acudir al juicio de amparo, por lo que en su caso, será ante dicha instancia judicial ante quien deberá de acudir, por tratarse de cuestiones inherentes a las condiciones de su estancia en el citado centro de reclusión. TERCERO.- Es cierto el acto reclamado consistente en el aislamiento, toda vez que si bien las autoridades responsables al rendir el informe justificado negaron su existencia, sin embargo, de las constancias que remitieron, se advierte que por resolución de seis de junio de dos mil dieciocho, el Comité Técnico del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, impuso al quejoso una medida especial de vigilancia consistente en la restricción del tránsito dentro del interior del centro penitenciario por quince días reubicándolo a la unidad de ingresos y evaluación (UNIEVA). Documental pública a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que resulta idónea para acreditar la existencia del acto reclamado y, por tanto, se desvirtuó la negativa que sostuvieron las autoridades responsables. CUARTO.- Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferencial, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede a analizar, de oficio, si se actualiza alguna. De oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.". El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. Ahora, como puede advertirse, la parte inconforme acude a reclamar en esta instancia constitucional, la sanción administrativa de "vigilancia especial consistente en restricción del tránsito dentro del interior del centro penitenciario por quince días", con reubicación a la unidad de ingresos y evaluación (UNIEVA), impuesta en sesión del Comité Técnico del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, el seis de junio de dos mil dieciocho. Sin embargo, contra la sanción combatida procede el medio de impugnación establecido en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispositivo legal que señala lo siguiente: "Artículo 48. Impugnación de resoluciones. Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio.". Del precepto legal transcrito se advierte que contra las resoluciones emitidas por el Comité Técnico del Centro Penitenciario procede el recurso de revisión, dejándose en suspenso la aplicación de la sanción impuesta con motivo de la interposición de dicho recurso, hasta en tanto el Juez de Ejecución resuelva en definitiva; de ahí que, en criterio del suscrito, previo a la promoción del juicio de amparo, debió agotarse dicho medio de impugnación. Lo anterior se estima así, ya que no existe alguna excepción al principio de definitividad, que conforme a la norma invocada, tenga aplicación en el presente asunto, atento a que la sanción combatida es una determinación dictada dentro de un procedimiento disciplinario realizado por las autoridades responsables, y dicho acto reclamado, en estricto sentido, no está directamente vinculado con los aspectos jurídicos básicos de la privación de la libertad del reo en el centro carcelario; de ahí que tal mandato de autoridad debe ser considerado jurídicamente como pronunciado en un procedimiento administrativo, en virtud de la autoridad que lo emite, seguido en forma de juicio y, por ende el quejoso debió observar el principio de definitividad antes de promover el juicio de amparo, tal y como lo consagra la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. La anterior consideración encuentra sustento, en lo conducente, en la jurisprudencia 1a./J. 39/2016 (10 a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 861, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013063, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EN CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES EL GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE." En la ejecutoria que originó la jurisprudencia invocada, se advierte que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país determinó, que el acta o resolución que emite el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación o Reinserción Social, que impone correctivos disciplinarios a un interno ante la comisión de infracciones a las reglas que rigen el orden y disciplina del centro carcelario, constituye un acto emitido dentro del procedimiento disciplinario, porque emana de ese procedimiento administrativo disciplinario formalmente establecido en los ordenamientos reglamentarios que rigen la organización, operación y administración de los centros federales de reclusión, en la cual no tiene intervención el juez del proceso (en caso de que el interno sancionado se encuentre recluido por motivo de la medida de prisión preventiva) o el juez encargado de ejecución de la pena (en caso de que el reo compurgue una sentencia ejecutoria. Y aunque es cierto que la situación jurídica de privación de la libertad del interno en el centro carcelario deriva de la existencia del procedimiento penal (en su fase de juicio o de ejecución de sentencia), también lo es que, el procedimiento disciplinario referido, en estricto sentido, no está directamente vinculado con los aspectos jurídicos básicos de la privación de la libertad que da causa a la presencia del reo en el centro carcelario, pues se trata de un procedimiento autónomo al procedimiento penal, exclusivamente vinculado al mantenimiento del orden, disciplina y seguridad del centro de reclusión, lo cual atañe a las atribuciones de organización, operación y administración del centro de reclusión que conciernen al Ejecutivo, y cuyo conocimiento es reservado por la regulación aplicable, al órgano Consejo Técnico Interdisciplinario, no a la autoridad judicial; por lo que, ese procedimiento disciplinario, atento a su naturaleza y fines, corresponde al denominado "Derecho Administrativo Sancionador". De manera que el acta de correctivos disciplinarios constituye un acto dentro del procedimiento disciplinario, que formalmente cumple con las exigencias mínimas del debido proceso para ser considerado como tal, en el específico contexto de un reo, pues se trata de un procedimiento en el que se prevé en favor del interno, la garantía de audiencia y defensa, previo a la determinación que decide sobre la actualización de la infracción y la procedencia de la sanción, se prevé su notificación formal al reo, incluso, ante la propia autoridad administrativa, tiene cabida el planteamiento de una inconformidad, que debe ser resuelta por la autoridad designada en la norma (artículo 48 Ley Nacional de Ejecución Penal), antes de proceder, en su caso, a la ejecución de la sanción disciplinaria; por tanto, aunque en forma básica, no se trata de un proceso jurisdiccional, sin embargo reúne las condiciones para ser considerado formalmente un "procedimiento". Con apoyo a las consideraciones anteriores, este Juzgador estima que, debido a que la sanción administrativa de "vigilancia especial consistente en restricción del tránsito dentro del interior del centro penitenciario por quince días", con reubicación a la unidad de ingresos y evaluación (UNIEVA), reclamada por el quejoso en el presente juicio de amparo como "aislamiento", constituye un acto emitido dentro del procedimiento administrativo sancionador a cargo de la autoridad carcelaria correspondiente y que previo a la aplicación de la sanción existe la posibilidad de impugnarla ante el Juez de Ejecución tal y como está establecido en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; ello tienen como consecuencia que previo a acudir al amparo debió agotar dicho recurso. En efecto, el quejoso tenía la obligación de agotar el mencionado medio ordinario de defensa, contra el acto reclamado en esta instancia constitucional previo a la interposición del juicio de garantías, ya que el acto señalado como reclamado podía ser modificado, revocado o nulificado, mediante controversia ante el Juez de Ejecución que resulte competente, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima así, habida cuenta que, para que se surta la citada causa de improcedencia, es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dicho acto mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para ello. Y en el caso específico, la sanción de "aislamiento" temporal por quince días, reclamado por el quejoso en el presente juicio de amparo, se imputa a autoridades penitenciarias; por lo cual, el acto de molestia proviene de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Además, el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que queda en suspenso la aplicación de la sanción impuesta con motivo de la interposición de dicho recurso, hasta en tanto el Juez de Ejecución lo resuelva en definitiva, lo que evidencia que con su interposición se suspenden los efectos de la medida disciplinaria, sin exigirse mayores requisitos, ni plazos que los que consigna la Ley de Amparo, tal y como se lee del propio artículo citado. Concluyendo que tampoco se estima que se actualice la última de las excepciones al principio de definitividad, atento al principio que establece la presunción de legalidad de los actos de autoridad, a más que al observar que dicha sanción fue impuesta por la autoridad competente para ello en términos de la Ley Nacional de Ejecución, ello conduce a estimar que no carecía de fundamentación al sí estar previsto en una ley exactamente aplicable su imposición; además de que no se alegan sólo violaciones directas a la constitución como se lee de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis III.2o.P.135 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada el viernes nueve de marzo de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2016370, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Por lo tanto, el quejoso se encuentra obligado a agotar los medios de impugnación de que se trata antes de acudir al juicio de garantías, pues no hay razón para pretender que no deba agotarse el expresado control judicial, cuya interposición priva de definitividad al acto reclamado, máxime que se trata de un acto que proviene de una autoridad formalmente administrativa, que no se sitúa en los casos de excepción al principio de definitividad. Consecuentemente, respecto del acto reclamado consistente en la sanción administrativa de "vigilancia especial consistente en restricción del tránsito dentro del interior del centro penitenciario por quince días", con reubicación a la unidad de ingresos y evaluación (UNIEVA) identificada por el quejoso como "aislamiento", se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se debe sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. QUINTO.- Tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "NOROESTE" en Tepic, Nayarit y dicho centro está ubicado fuera de este Estado, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese vía electrónica, exhorto al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN TURNO EN NAYARIT, con jurisdicción en Tepic, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado y a la brevedad posible disponga la notificación de la presente sentencia, al quejoso CARLOS FILIBERTO HERNÁNDEZ ALDANA, quien se encuentra interno en mencionado Centro Federal de Readaptación Social. Por lo expuesto, y fundado, se RESUELVE: PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR CARLOS FILIBERTO HERNÁNDEZ ALDANA, contra los actos consistente en la incomunicación, golpes, humillación y malos tratos y la sanción administrativa de vigilancia especial consistente en restricción del tránsito dentro del interior del centro penitenciario por quince días (aislamiento), que reclamó de las autoridades precisadas en el resultando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO.- Como se encuentra ordenado en el considerando quinto de ésta sentencia, gírese vía electrónica, exhorto al JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN TURNO EN NAYARIT, CON JURISDICCIÓN EN TEPIC, para que en auxilio de las labores de este Juzgado y a la brevedad posible disponga la notificación de la presente sentencia, al quejoso CARLOS FILIBERTO HERNÁNDEZ ALDANA, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "NOROESTE" en Tepic, Nayarit. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo resolvió Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el día de hoy cinco de octubre de dos mil dieciocho, en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no transcurre la vista ordenada mediante proveído de seis de agosto de dos mil dieciocho a efecto de que el quejoso tuviera el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable; por lo tanto, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, tiene apoyo la anterior consideración en la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." En esas condiciones, atendiendo a que el quejoso Carlos Filiberto Hernández Aldana se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "NOROESTE" en Tepic, Nayarit y dicho centro está ubicado fuera de este Estado, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese vía electrónica, exhorto al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN TURNO EN NAYARIT, con jurisdicción en Tepic, para que en auxilio de las labores de este Juzgado y a la brevedad posible disponga la notificación del presente auto y le corra traslado con éste al quejoso Carlos Filiberto Hernández Aldana. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe. aec

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuautla mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 791/2018-II-D; dese de baja en el libro de gobierno correspondiente y agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Ahora bien, tomando en consideración que el actuario adscrito a la citada autoridad oficiante en el razonamiento actuarial respectivo asentó la imposibilidad para notificar al quejoso CARLOS FILIBERTO HERNÁNDEZ ALDANA el acuerdo de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, ya que egresó del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en virtud de que el uno de agosto del año en curso fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 12 con residencia en Ocampo, Guanajuato; por consiguiente, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese vía electrónica, exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado y, a la brevedad posible disponga la notificación del presente auto, así como de los siguientes: Diecinueve de julio de dos mil dieciocho; y Seis de agosto de dos mil dieciocho. Corriéndole traslado con éstos y las constancias que a tal efecto se le remiten al quejoso CARLOS FILIBERTO HERNÁNDEZ ALDANA, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 con residencia en Ocampo, Guanajuato. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las doce horas con tres minutos del dieciséis de agosto del año en curso, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido y en razón del proveído de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado y, con el mismo y con las constancias que a el se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos de los artículos 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a quienes menciona. En lo que respecta a la información concerniente a las autoridades denominadas Subdirectora del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y Supervisor de Guardias del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en virtud de que no existen dentro del organigrama del citado centro; se tienen por inexistentes en el presente juicio; en relatadas consideraciones, se ordena suspender toda comunicación oficial con las mismas, lo que se asienta para los efectos legales a los que haya lugar. Por otra parte, se tiene por recibido y se ordena glosar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes el diverso oficio proveniente del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, mediante el cual solicita a este Juzgado se informe: 1.- Si en el índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, se encuentra radicado juicio de amparo promovido a nombre de las personas que alude. 2.- Si los actos reclamados ocurrieron en junio del presente año y versan sobre segregación temporal en área de ingresos (UNIEVA), prohibición de comunicación con otras áreas y falta de acceso a servicios de higiene personal, en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial con residencia en Ayala, Morelos. 3.- El estado procesal en que se encuentra actualmente; y, 4.- Constancias relativas a lo anterior. En relatadas consideraciones, hágase del conocimiento a la autoridad solicitante que el presente juicio de amparo 970/2018-III fue promovido por Carlos Filberto Hernández Aldama, asimismo, el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables consiste en: Con lo anterior, remítase copia simple de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio e infórmese que se encuentra en trámite y que se señalaron las doce horas con tres minutos del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se tienen por recibidos el telegrama y oficio remitidos por el Encargado de la Dirección jurídica y Representante Legal, mediante los cuales, al segundo anexa copia certificada del acta mediante la cual se determinó imponer una medida de seguridad; el que se agrega a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga, dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tal circunstancia; toda vez que el aquí quejoso se encuentra recluido, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, Cuautla, Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo y le corra traslado con éste, al quejoso Carlos Filiberto Hernández Aldana, quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Se hace del conocimiento a la Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, Cuautla, Morelos, que al momento de que el actuario de su adscripción notifiqué el presente auto, deberá asentar en la razón de notificación correspondiente las constancias con las que corre traslado al promovente, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

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