Carlos Fidel Buron Cruz
Expediente 731/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 38 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 07/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carlos Fidel Buron Cruz
- Nancy Cecilia Bejarano León
- Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Con Sede En Tanivet, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos, determinación causa estado. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de inconformidad en contra del auto de dos de septiembre del año en curso que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO ACUERDO HA CAUSADO ESTADO; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a su DEPURACIÓN, conforme el artículo 18 del referido acuerdo; y, en su oportunidad, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 3. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 4. Notificación y envío de oficios. Dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo, se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Se comisiona al actuario adscrito a efecto de que firme los oficios que deriven de este acuerdo; asimismo, los remita por correo electrónico, fax, interconexión o estafeta. En la inteligencia que si la dependencia u órgano jurisdiccional a la cual se encuentra dirigido no se encuentra laborando atendiendo a la contingencia sanitaria, deberá realizar la razón respectiva y entregarlo hasta en tanto reanuden labores. 5. Devolución de anexos. Tomando en consideración que la autoridad responsable, juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, remitió dos discos versátiles digitales, con el primero rindió informe con justificación y, con el segundo, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mismos que carecen de relevancia en este Juzgado, en consecuencia, devuélvanse dichas documentales, sin que sea necesario acusar de recibo, toda vez que dicha circunstancia obrará en la constancia de notificación. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de septiembre de dos mil veintidós. I. Estado de autos, se declara cumplida la sentencia de amparo. Vistos los autos se advierte que en proveído de dieciocho de agosto del año en curso se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con el oficio y anexos suscrito por el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca con el cual informó haber dado cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo. En ese tenor, se procede a establecer si del análisis de las constancias remitidas por la responsable se encuentra cumplido el fallo protector; al efecto, es importante destacar: 1° En este juicio de amparo en sentencia engrosada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, realizara lo siguiente: "(.) En las relatadas condiciones, al haber resultado fundados los conceptos de violación, aunque suplidos en su deficiencia, lo procedente es otorgar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, al quejoso ******, para el efecto que la autoridad responsable Juez de Control del Circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, proceda en los siguientes términos: Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el uno de julio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 674/2021, de su índice. Emita otra en la cual reitere los requisitos de forma y fondo que consideró para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores previsto y sancionado en los artículos 407 y 407 Bis del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de la menor de edad R.B.B., y la probabilidad de su comisión por parte de *****, aquí quejoso. Respecto a la necesidad de la cautela, se constriña a los argumentos expuestos por la Agente del Ministerio Público, así como a los datos de prueba objetivos aportados para ello; y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. Dicha concesión de amparo se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a las autoridades responsables que señaló como ejecutoras, ya que no se reclama por vicios propios sino en vía de consecuencia. (.)" 2° En ejecutoria de veintiuno de junio del año en curso, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. 3° Mediante auto de dieciocho de agosto del año en curso se tuvo al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, informando respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y remitiendo un disco en formato DVD certificado, que contiene: 1) audio y video de la audiencia de doce de agosto de dos mil veintidós en la causa penal 674/2021, de su índice y 2) la transcripción de dicha resolución en formato PDF, con lo cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada sin que hayan realizado manifestación al respecto. Ahora de lo anterior expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como se aprecia de la tabla siguiente: Efectos Cumplimiento 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el uno de julio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 674/2021, de su índice. 2. Emita otra en la cual reitere los requisitos de forma y fondo que consideró para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores previsto y sancionado en los artículos 407 y 407 Bis del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de la menor de edad R.B.B., y la probabilidad de su comisión por parte de ******, aquí quejoso. Mediante resolución de doce de agosto del año en curso, dictada en la causa penal 674/2021, de su índice, el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, determinó lo siguiente: 1. Dejo sin efectos la resolución de uno de julio de dos mil veintidós, emitida en la causa penal 674/2021. 2. Con esa misma fecha emitió una nueva determinación en la cual negó librar orden de aprehensión contra ****, en razón de que no se encontraba acreditada la necesidad de la cautela. Al efecto remitieron las constancias con las que acreditaba lo anterior. Lo anterior se corrobora con el análisis que realiza este órgano jurisdiccional de los lineamientos con los cuales se dictó la ejecutoria de amparo y lo realizado por la autoridad responsable, como se advierte de lo siguiente: LINEAMIENTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO DETERMINACIÓN ADOPTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO . No obstante, este órgano de control constitucional considera que no se acredita el último requisito a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, consistente en: e) Que exista necesidad de cautela porque la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada. Conforme al artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales11, la expedición de la orden de captura por el Juez de Control procede en los casos en que el Ministerio Público la solicite por advertir que existe la necesidad de cautela, y como tal, requiere un estándar más alto en el cumplimiento de las exigencias necesarias para su expedición por parte de la fiscalía al momento de realizar la solicitud correspondiente. . Sin embargo, este órgano jurisdiccional no comparte esa determinación, toda vez que, el juez responsable, no precisó las razones o argumentos que expuso la Agente del Ministerio Público por las que afirma se encuentra en peligro la integridad física de la víctima, así como los datos objetivos aportados por ésta para acreditarlo. En cuanto al aspecto relativo a la pena que pudiera imponerse de nueve años, si bien dicha circunstancia está prevista en la fracción II, del artículo 168, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que debe ser analizada en conjunto con la actitud que voluntariamente adopte el imputado, el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado, el cual se determina por el domicilio, su residencia habitual, asiento de la familia, las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto y la falsedad sobre su domicilio; lo cual en el caso no fue expuesto en la resolución reclamada, y los datos objetivos aportados por la representante social para acreditar que el imputado no se presentará voluntariamente en caso de ser citado y que por ende su comparecencia pudiere verse demorada o dificultada para ser conducido ante la presencia del Juez a fin de formularle imputación. . Consecuentemente, se estima que la orden de aprehensión reclamada no observa el derecho humano de legalidad tutelado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se encuentra debidamente motivada. Máxime que el juez responsable únicamente tomó en consideración como prueba medular la declaración de la ofendida ******. Además, soslayó que de los elementos aportados por el Ministerio Público se puede obtener, acorde a las copias certificadas que exhibió la ofendida, que el aquí quejoso *****, acudió a la diligencia de veinticinco de junio del dos mil veintiuno, ordenada en el expediente familiar 110/2019 por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, a petición de *****, para la diligencia de presentación del menor y ante el requerimiento para que entregara a la menor, el imputado contestó: ".no la voy a devolver de manera voluntaria."; realizándose por ello la diligencia de recuperación de la menor en el domicilio del imputado ubicado en Calle *****, Andador ***, número **** colonia ***, Oaxaca, asentando el personal judicial que en ese lugar se entrevistaron con *****, madre del quejoso ******, quien señaló que ambos viven en ese domicilio. Con motivo de lo anteriormente expuesto, se estima que la orden de aprehensión reclamada transgrede la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución General de la República, puesto que incumple con la argumentación necesaria para cubrir el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a la justificación de la necesidad de cautela analizada acorde a lo peticionado por la Agente del Ministerio Público y a los datos de prueba objetivos relacionados con ello. Mediante resolución de doce de agosto del año en curso, dictada en la causa penal 674/2021, de su índice, el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, determinó lo siguiente: . Ahora bien, tomando en cuenta también está circunstancia debemos establecer que en cuanto al riesgo para la víctima la Agente del Ministerio Público en su momento que vertió los datos de prueba el primero de julio del dos mil veintiuno hizo referencia que existía un riesgo para la víctima por esta sustracción, sin embargo, por un lado la Agente del Ministerio Público que intervino en esa audiencia no explico y tampoco hizo ver a esta autoridad judicial en qué consistía el riesgo, únicamente se limitó a decir que era un riesgo porque pues el imputado la tenía bajo su resguardo y por no saber su paradero, lo cual esta autoridad no comparte como bien lo refirió la sentencia de amparo, que esto sea suficiente para el libramiento del mandato de captura, porque el Ministerio Público tiene la carga de la prueba precisamente para establecer lo respectivo ,y si bien es cierto la Agente del Ministerio Público en su momento que intervino en la audiencia manifestó que se encontraba en peligro la integridad de la víctima, esta circunstancia no puede atenderse toda vez que no preciso la Representante Social en esa fecha la razón de su argumento que expuso para establecer aun indiciariamente que existe un peligro y riesgo para la integridad física de la víctima, máxime que en este caso pues el imputado es su progenitor y que no hay dato de prueba objetivo que establezca una circunstancia previa o un acto previo de la agresión de cualquier índole en contra de su hija, por lo tanto también se toma en consideración este riesgo procesal para establecer la necesidad de la cautela, en este sentido debemos tomar en cuenta que en conjunto adminiculados no existe hasta este momento base legal para establecer que el imputado no se presentaría voluntariamente en caso de ser citado, y por ende su comparecencia a través de citación judicial cómo lo mencioné o en ese caso que también que pudiese verse demorada y ejecutada para ser conducido ante la presencia del Juez en este caso que lo requiere, Juez de Control de este Circuito Judicial para formular la imputación y con ello continuar con la secuela procedimental, ... Ahora bien, si en este parámetro este criterio se aplica, en ese sentido pues máxime cuando se trata de un delito que no amerita ni siquiera prisión preventiva justificada en un primer momento, entonces en este caso, el Ministerio Público tiene máxime la carga de la prueba para justificar esta necesidad de la cautela ante el Juez de Control, lo cual en este caso la Agente del Ministerio Público que intervino el primero de julio del dos mil veintiuno no lo logró hacer en base a su exposición y datos de prueba que vertió, que si bien es cierto tiene en este momento procesal la suficiencia, congruencia, pertinencia, idoneidad para acreditar el hecho que la Ley señala como delito de sustracción de menores cometido en agravio de la niña de iniciales *****. y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participo, sin embargo, esto no significa que automáticamente se requiera del mandato de captura para lograr la consecución de la secuela procedimental, sino existen otros medios cómo son la cita judicial para llamar al imputado al proceso penal a efecto de lograr esta circunstancia, entonces evidentemente que aquí pues no se cumple con el parámetro que exige el artículo 16 de la Constitución Federal. Ahora bien, en un momento dado las copias certificadas del expediente familiar 110/2019, las declaraciones adminiculadas de la propia denunciante ****, y los demás datos de prueba aportados por el Ministerio Público, si establecen en relación a que el imputado evidentemente hasta el momento no ha devuelto a su menor hija y que inclusive en la diligencia familiar y requerimiento que le hizo esta autoridad judicial manifestó que no la iba a devolver de manera voluntaria, sin embargo, esto en un momento dado será análisis del fondo del asunto y que en su momento dado será materia de la petición de vinculación que lleve a cabo la Ministerio Público, no así de la necesidad de la cautela qué esta autoridad tome en cuenta para el libramiento de la orden de aprehensión, porque debemos recordar que el artículo 141, fracción III del Código Nacional establece los motivos por los cuales se emite orden de aprehensión y la finalidad de este mandato de captura es poner a disposición al imputado del Juez de Control que lo requiera, es decir, no entra al fondo del asunto, únicamente es una herramienta para que el imputado sea sometido al proceso, es decir, tiene un carácter instrumental en ese sentido, no de fondo, entonces evidentemente que en este caso una cosa es de que se pueda establecer que en un momento dado los datos de pruebas son suficientes para acreditar el hecho que la Ley señala como delito de sustracción de menores y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y otra cosa que la necesidad de cautela se encuentre acreditada en base a que se tenga que librar la máxima restricción para los efectos de poner a disposición al imputado ante la autoridad judicial, por ende entonces, en este caso de los mismos datos de prueba vuelvo a reiterar cómo es la diligencia judicial de recuperación del menor, establece que el imputado sí indiciariamente se advierte habita en ****, y que en este caso sería el domicilio en donde el Ministerio Público en un momento dado puede solicitar se cite en libertad a ****, ya en un momento dado en este sentido que se lleve a cabo la petición de citación y pues exista alguna circunstancia con la cual pues se advierta que efectivamente esta persona no habita ahí, pues evidentemente que ya el Ministerio Público tendrá a su alcance los medios necesarios legales para hacer someter al imputado al proceso, sin embargo, en este primer momento por lo que contamos con información y datos de prueba objetivos, pues no es dable que se acredite la necesidad de la cautela, acorde a lo que establecen precisamente los ordenamientos legales antes referidos, por ende entonces, y en base a esta circunstancia y a lo que acabo de analizar, no obstante los antes referido no se cumple con el último y quinto requisito para el libramiento de la orden de aprehensión y como consecuencia esta autoridad establece lo siguiente y resuelve conforme a lo correspondiente, obviamente que en este sentido obvio lo que es el análisis de los elementos del tipo penal si se subsumen a la norma penal, obviamente los hechos a la norma penal la subsunción, se acreditan los elementos del tipo porque ya fui mencionando cuales eran los hechos y que en un primer momento se pueden acreditar, sin embargo, ya no lo reitero, también ya lo que es análisis del dolo, antijuricidad, imputabilidad, probable participación, forma de intervención y punibilidad, y pues ya me centro únicamente ya en la necesidad de la cautela, y como consecuencia de lo anterior al no estar colmados todos y cada uno de los requisitos exigidos para el libramiento de una orden de aprehensión solicitada por la Institución Ministerial, de conformidad con el artículo 16 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 141 fracción III y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales esta autoridad. De ahí que, como no existe defecto o exceso en la ejecución, se considera que la responsable se ciñó a la ejecutoria de referencia; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida en sus términos. Sin que sea dable analizar respecto de la legalidad o ilegalidad del nuevo acto dictado por la responsable, ya que ello es, en todo caso, materia de estudio de un medio distinto de impugnación, como así lo ilustra la tesis número 2a. CXIV/97, que se cita en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 1997, Novena Época, del rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." II. Datos de cumplimiento. Se hace constar, que la fecha del cumplimiento por parte de la autoridad responsable fue el doce de agosto de dos mil veintidós, además que el oficio por el que se informó el referido cumplimiento, se recibió en este juzgado federal el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, la notificación del auto por el que se dio vista a la parte quejosa se efectúo el veinticuatro de agosto del año en curso; lo anterior, con el fin de registrar dicha información en los libros de gobierno, y SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). III. Notificación y envío de oficios. Dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo, se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Se comisiona al actuario adscrito a efecto de que firme los oficios que deriven de este acuerdo; asimismo, los remita por correo electrónico, fax, interconexión o estafeta. En la inteligencia que si la dependencia u órgano jurisdiccional a la cual se encuentra dirigido no se encuentra laborando atendiendo a la contingencia sanitaria, deberá realizar la razón respectiva y entregarlo hasta en tanto reanuden labores. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de septiembre de dos mil veintidós. I. Estado de autos, se declara cumplida la sentencia de amparo. Vistos los autos se advierte que en proveído de dieciocho de agosto del año en curso se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con el oficio y anexos suscrito por el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca con el cual informó haber dado cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo. En ese tenor, se procede a establecer si del análisis de las constancias remitidas por la responsable se encuentra cumplido el fallo protector; al efecto, es importante destacar: 1° En este juicio de amparo en sentencia engrosada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, realizara lo siguiente: "(.) En las relatadas condiciones, al haber resultado fundados los conceptos de violación, aunque suplidos en su deficiencia, lo procedente es otorgar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, al quejoso ******, para el efecto que la autoridad responsable Juez de Control del Circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, proceda en los siguientes términos: Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el uno de julio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 674/2021, de su índice. Emita otra en la cual reitere los requisitos de forma y fondo que consideró para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores previsto y sancionado en los artículos 407 y 407 Bis del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de la menor de edad R.B.B., y la probabilidad de su comisión por parte de *****, aquí quejoso. Respecto a la necesidad de la cautela, se constriña a los argumentos expuestos por la Agente del Ministerio Público, así como a los datos de prueba objetivos aportados para ello; y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. Dicha concesión de amparo se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a las autoridades responsables que señaló como ejecutoras, ya que no se reclama por vicios propios sino en vía de consecuencia. (.)" 2° En ejecutoria de veintiuno de junio del año en curso, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. 3° Mediante auto de dieciocho de agosto del año en curso se tuvo al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, informando respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y remitiendo un disco en formato DVD certificado, que contiene: 1) audio y video de la audiencia de doce de agosto de dos mil veintidós en la causa penal 674/2021, de su índice y 2) la transcripción de dicha resolución en formato PDF, con lo cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada sin que hayan realizado manifestación al respecto. Ahora de lo anterior expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como se aprecia de la tabla siguiente: Efectos Cumplimiento 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el uno de julio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 674/2021, de su índice. 2. Emita otra en la cual reitere los requisitos de forma y fondo que consideró para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores previsto y sancionado en los artículos 407 y 407 Bis del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de la menor de edad R.B.B., y la probabilidad de su comisión por parte de ******, aquí quejoso. Mediante resolución de doce de agosto del año en curso, dictada en la causa penal 674/2021, de su índice, el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, determinó lo siguiente: 1. Dejo sin efectos la resolución de uno de julio de dos mil veintidós, emitida en la causa penal 674/2021. 2. Con esa misma fecha emitió una nueva determinación en la cual negó librar orden de aprehensión contra ****, en razón de que no se encontraba acreditada la necesidad de la cautela. Al efecto remitieron las constancias con las que acreditaba lo anterior. Lo anterior se corrobora con el análisis que realiza este órgano jurisdiccional de los lineamientos con los cuales se dictó la ejecutoria de amparo y lo realizado por la autoridad responsable, como se advierte de lo siguiente: LINEAMIENTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO DETERMINACIÓN ADOPTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO . No obstante, este órgano de control constitucional considera que no se acredita el último requisito a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, consistente en: e) Que exista necesidad de cautela porque la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada. Conforme al artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales11, la expedición de la orden de captura por el Juez de Control procede en los casos en que el Ministerio Público la solicite por advertir que existe la necesidad de cautela, y como tal, requiere un estándar más alto en el cumplimiento de las exigencias necesarias para su expedición por parte de la fiscalía al momento de realizar la solicitud correspondiente. . Sin embargo, este órgano jurisdiccional no comparte esa determinación, toda vez que, el juez responsable, no precisó las razones o argumentos que expuso la Agente del Ministerio Público por las que afirma se encuentra en peligro la integridad física de la víctima, así como los datos objetivos aportados por ésta para acreditarlo. En cuanto al aspecto relativo a la pena que pudiera imponerse de nueve años, si bien dicha circunstancia está prevista en la fracción II, del artículo 168, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que debe ser analizada en conjunto con la actitud que voluntariamente adopte el imputado, el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado, el cual se determina por el domicilio, su residencia habitual, asiento de la familia, las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto y la falsedad sobre su domicilio; lo cual en el caso no fue expuesto en la resolución reclamada, y los datos objetivos aportados por la representante social para acreditar que el imputado no se presentará voluntariamente en caso de ser citado y que por ende su comparecencia pudiere verse demorada o dificultada para ser conducido ante la presencia del Juez a fin de formularle imputación. . Consecuentemente, se estima que la orden de aprehensión reclamada no observa el derecho humano de legalidad tutelado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se encuentra debidamente motivada. Máxime que el juez responsable únicamente tomó en consideración como prueba medular la declaración de la ofendida ******. Además, soslayó que de los elementos aportados por el Ministerio Público se puede obtener, acorde a las copias certificadas que exhibió la ofendida, que el aquí quejoso *****, acudió a la diligencia de veinticinco de junio del dos mil veintiuno, ordenada en el expediente familiar 110/2019 por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, a petición de *****, para la diligencia de presentación del menor y ante el requerimiento para que entregara a la menor, el imputado contestó: ".no la voy a devolver de manera voluntaria."; realizándose por ello la diligencia de recuperación de la menor en el domicilio del imputado ubicado en Calle *****, Andador ***, número **** colonia ***, Oaxaca, asentando el personal judicial que en ese lugar se entrevistaron con *****, madre del quejoso ******, quien señaló que ambos viven en ese domicilio. Con motivo de lo anteriormente expuesto, se estima que la orden de aprehensión reclamada transgrede la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución General de la República, puesto que incumple con la argumentación necesaria para cubrir el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a la justificación de la necesidad de cautela analizada acorde a lo peticionado por la Agente del Ministerio Público y a los datos de prueba objetivos relacionados con ello. Mediante resolución de doce de agosto del año en curso, dictada en la causa penal 674/2021, de su índice, el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, determinó lo siguiente: . Ahora bien, tomando en cuenta también está circunstancia debemos establecer que en cuanto al riesgo para la víctima la Agente del Ministerio Público en su momento que vertió los datos de prueba el primero de julio del dos mil veintiuno hizo referencia que existía un riesgo para la víctima por esta sustracción, sin embargo, por un lado la Agente del Ministerio Público que intervino en esa audiencia no explico y tampoco hizo ver a esta autoridad judicial en qué consistía el riesgo, únicamente se limitó a decir que era un riesgo porque pues el imputado la tenía bajo su resguardo y por no saber su paradero, lo cual esta autoridad no comparte como bien lo refirió la sentencia de amparo, que esto sea suficiente para el libramiento del mandato de captura, porque el Ministerio Público tiene la carga de la prueba precisamente para establecer lo respectivo ,y si bien es cierto la Agente del Ministerio Público en su momento que intervino en la audiencia manifestó que se encontraba en peligro la integridad de la víctima, esta circunstancia no puede atenderse toda vez que no preciso la Representante Social en esa fecha la razón de su argumento que expuso para establecer aun indiciariamente que existe un peligro y riesgo para la integridad física de la víctima, máxime que en este caso pues el imputado es su progenitor y que no hay dato de prueba objetivo que establezca una circunstancia previa o un acto previo de la agresión de cualquier índole en contra de su hija, por lo tanto también se toma en consideración este riesgo procesal para establecer la necesidad de la cautela, en este sentido debemos tomar en cuenta que en conjunto adminiculados no existe hasta este momento base legal para establecer que el imputado no se presentaría voluntariamente en caso de ser citado, y por ende su comparecencia a través de citación judicial cómo lo mencioné o en ese caso que también que pudiese verse demorada y ejecutada para ser conducido ante la presencia del Juez en este caso que lo requiere, Juez de Control de este Circuito Judicial para formular la imputación y con ello continuar con la secuela procedimental, ... Ahora bien, si en este parámetro este criterio se aplica, en ese sentido pues máxime cuando se trata de un delito que no amerita ni siquiera prisión preventiva justificada en un primer momento, entonces en este caso, el Ministerio Público tiene máxime la carga de la prueba para justificar esta necesidad de la cautela ante el Juez de Control, lo cual en este caso la Agente del Ministerio Público que intervino el primero de julio del dos mil veintiuno no lo logró hacer en base a su exposición y datos de prueba que vertió, que si bien es cierto tiene en este momento procesal la suficiencia, congruencia, pertinencia, idoneidad para acreditar el hecho que la Ley señala como delito de sustracción de menores cometido en agravio de la niña de iniciales *****. y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participo, sin embargo, esto no significa que automáticamente se requiera del mandato de captura para lograr la consecución de la secuela procedimental, sino existen otros medios cómo son la cita judicial para llamar al imputado al proceso penal a efecto de lograr esta circunstancia, entonces evidentemente que aquí pues no se cumple con el parámetro que exige el artículo 16 de la Constitución Federal. Ahora bien, en un momento dado las copias certificadas del expediente familiar 110/2019, las declaraciones adminiculadas de la propia denunciante ****, y los demás datos de prueba aportados por el Ministerio Público, si establecen en relación a que el imputado evidentemente hasta el momento no ha devuelto a su menor hija y que inclusive en la diligencia familiar y requerimiento que le hizo esta autoridad judicial manifestó que no la iba a devolver de manera voluntaria, sin embargo, esto en un momento dado será análisis del fondo del asunto y que en su momento dado será materia de la petición de vinculación que lleve a cabo la Ministerio Público, no así de la necesidad de la cautela qué esta autoridad tome en cuenta para el libramiento de la orden de aprehensión, porque debemos recordar que el artículo 141, fracción III del Código Nacional establece los motivos por los cuales se emite orden de aprehensión y la finalidad de este mandato de captura es poner a disposición al imputado del Juez de Control que lo requiera, es decir, no entra al fondo del asunto, únicamente es una herramienta para que el imputado sea sometido al proceso, es decir, tiene un carácter instrumental en ese sentido, no de fondo, entonces evidentemente que en este caso una cosa es de que se pueda establecer que en un momento dado los datos de pruebas son suficientes para acreditar el hecho que la Ley señala como delito de sustracción de menores y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y otra cosa que la necesidad de cautela se encuentre acreditada en base a que se tenga que librar la máxima restricción para los efectos de poner a disposición al imputado ante la autoridad judicial, por ende entonces, en este caso de los mismos datos de prueba vuelvo a reiterar cómo es la diligencia judicial de recuperación del menor, establece que el imputado sí indiciariamente se advierte habita en ****, y que en este caso sería el domicilio en donde el Ministerio Público en un momento dado puede solicitar se cite en libertad a ****, ya en un momento dado en este sentido que se lleve a cabo la petición de citación y pues exista alguna circunstancia con la cual pues se advierta que efectivamente esta persona no habita ahí, pues evidentemente que ya el Ministerio Público tendrá a su alcance los medios necesarios legales para hacer someter al imputado al proceso, sin embargo, en este primer momento por lo que contamos con información y datos de prueba objetivos, pues no es dable que se acredite la necesidad de la cautela, acorde a lo que establecen precisamente los ordenamientos legales antes referidos, por ende entonces, y en base a esta circunstancia y a lo que acabo de analizar, no obstante los antes referido no se cumple con el último y quinto requisito para el libramiento de la orden de aprehensión y como consecuencia esta autoridad establece lo siguiente y resuelve conforme a lo correspondiente, obviamente que en este sentido obvio lo que es el análisis de los elementos del tipo penal si se subsumen a la norma penal, obviamente los hechos a la norma penal la subsunción, se acreditan los elementos del tipo porque ya fui mencionando cuales eran los hechos y que en un primer momento se pueden acreditar, sin embargo, ya no lo reitero, también ya lo que es análisis del dolo, antijuricidad, imputabilidad, probable participación, forma de intervención y punibilidad, y pues ya me centro únicamente ya en la necesidad de la cautela, y como consecuencia de lo anterior al no estar colmados todos y cada uno de los requisitos exigidos para el libramiento de una orden de aprehensión solicitada por la Institución Ministerial, de conformidad con el artículo 16 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 141 fracción III y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales esta autoridad. De ahí que, como no existe defecto o exceso en la ejecución, se considera que la responsable se ciñó a la ejecutoria de referencia; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida en sus términos. Sin que sea dable analizar respecto de la legalidad o ilegalidad del nuevo acto dictado por la responsable, ya que ello es, en todo caso, materia de estudio de un medio distinto de impugnación, como así lo ilustra la tesis número 2a. CXIV/97, que se cita en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 1997, Novena Época, del rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." II. Datos de cumplimiento. Se hace constar, que la fecha del cumplimiento por parte de la autoridad responsable fue el doce de agosto de dos mil veintidós, además que el oficio por el que se informó el referido cumplimiento, se recibió en este juzgado federal el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, la notificación del auto por el que se dio vista a la parte quejosa se efectúo el veinticuatro de agosto del año en curso; lo anterior, con el fin de registrar dicha información en los libros de gobierno, y SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). III. Notificación y envío de oficios. Dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo, se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Se comisiona al actuario adscrito a efecto de que firme los oficios que deriven de este acuerdo; asimismo, los remita por correo electrónico, fax, interconexión o estafeta. En la inteligencia que si la dependencia u órgano jurisdiccional a la cual se encuentra dirigido no se encuentra laborando atendiendo a la contingencia sanitaria, deberá realizar la razón respectiva y entregarlo hasta en tanto reanuden labores. Notifíquese personalmente.
- Principal
notificación a la parte quejosa por no acudir a notificarse pese dejar aviso.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de septiembre de dos mil veintidós. I. Estado de autos, se declara cumplida la sentencia de amparo. Vistos los autos se advierte que en proveído de dieciocho de agosto del año en curso se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con el oficio y anexos suscrito por el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca con el cual informó haber dado cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo. En ese tenor, se procede a establecer si del análisis de las constancias remitidas por la responsable se encuentra cumplido el fallo protector; al efecto, es importante destacar: 1° En este juicio de amparo en sentencia engrosada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, realizara lo siguiente: "(.) En las relatadas condiciones, al haber resultado fundados los conceptos de violación, aunque suplidos en su deficiencia, lo procedente es otorgar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, al quejoso ******, para el efecto que la autoridad responsable Juez de Control del Circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, proceda en los siguientes términos: Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el uno de julio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 674/2021, de su índice. Emita otra en la cual reitere los requisitos de forma y fondo que consideró para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores previsto y sancionado en los artículos 407 y 407 Bis del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de la menor de edad R.B.B., y la probabilidad de su comisión por parte de *****, aquí quejoso. Respecto a la necesidad de la cautela, se constriña a los argumentos expuestos por la Agente del Ministerio Público, así como a los datos de prueba objetivos aportados para ello; y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. Dicha concesión de amparo se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a las autoridades responsables que señaló como ejecutoras, ya que no se reclama por vicios propios sino en vía de consecuencia. (.)" 2° En ejecutoria de veintiuno de junio del año en curso, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. 3° Mediante auto de dieciocho de agosto del año en curso se tuvo al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, informando respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y remitiendo un disco en formato DVD certificado, que contiene: 1) audio y video de la audiencia de doce de agosto de dos mil veintidós en la causa penal 674/2021, de su índice y 2) la transcripción de dicha resolución en formato PDF, con lo cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada sin que hayan realizado manifestación al respecto. Ahora de lo anterior expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como se aprecia de la tabla siguiente: Efectos Cumplimiento 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el uno de julio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 674/2021, de su índice. 2. Emita otra en la cual reitere los requisitos de forma y fondo que consideró para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores previsto y sancionado en los artículos 407 y 407 Bis del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de la menor de edad R.B.B., y la probabilidad de su comisión por parte de ******, aquí quejoso. Mediante resolución de doce de agosto del año en curso, dictada en la causa penal 674/2021, de su índice, el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, determinó lo siguiente: 1. Dejo sin efectos la resolución de uno de julio de dos mil veintidós, emitida en la causa penal 674/2021. 2. Con esa misma fecha emitió una nueva determinación en la cual negó librar orden de aprehensión contra ****, en razón de que no se encontraba acreditada la necesidad de la cautela. Al efecto remitieron las constancias con las que acreditaba lo anterior. Lo anterior se corrobora con el análisis que realiza este órgano jurisdiccional de los lineamientos con los cuales se dictó la ejecutoria de amparo y lo realizado por la autoridad responsable, como se advierte de lo siguiente: LINEAMIENTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO DETERMINACIÓN ADOPTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO . No obstante, este órgano de control constitucional considera que no se acredita el último requisito a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, consistente en: e) Que exista necesidad de cautela porque la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada. Conforme al artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales11, la expedición de la orden de captura por el Juez de Control procede en los casos en que el Ministerio Público la solicite por advertir que existe la necesidad de cautela, y como tal, requiere un estándar más alto en el cumplimiento de las exigencias necesarias para su expedición por parte de la fiscalía al momento de realizar la solicitud correspondiente. . Sin embargo, este órgano jurisdiccional no comparte esa determinación, toda vez que, el juez responsable, no precisó las razones o argumentos que expuso la Agente del Ministerio Público por las que afirma se encuentra en peligro la integridad física de la víctima, así como los datos objetivos aportados por ésta para acreditarlo. En cuanto al aspecto relativo a la pena que pudiera imponerse de nueve años, si bien dicha circunstancia está prevista en la fracción II, del artículo 168, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que debe ser analizada en conjunto con la actitud que voluntariamente adopte el imputado, el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado, el cual se determina por el domicilio, su residencia habitual, asiento de la familia, las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto y la falsedad sobre su domicilio; lo cual en el caso no fue expuesto en la resolución reclamada, y los datos objetivos aportados por la representante social para acreditar que el imputado no se presentará voluntariamente en caso de ser citado y que por ende su comparecencia pudiere verse demorada o dificultada para ser conducido ante la presencia del Juez a fin de formularle imputación. . Consecuentemente, se estima que la orden de aprehensión reclamada no observa el derecho humano de legalidad tutelado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se encuentra debidamente motivada. Máxime que el juez responsable únicamente tomó en consideración como prueba medular la declaración de la ofendida ******. Además, soslayó que de los elementos aportados por el Ministerio Público se puede obtener, acorde a las copias certificadas que exhibió la ofendida, que el aquí quejoso *****, acudió a la diligencia de veinticinco de junio del dos mil veintiuno, ordenada en el expediente familiar 110/2019 por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, a petición de *****, para la diligencia de presentación del menor y ante el requerimiento para que entregara a la menor, el imputado contestó: ".no la voy a devolver de manera voluntaria."; realizándose por ello la diligencia de recuperación de la menor en el domicilio del imputado ubicado en Calle *****, Andador ***, número **** colonia ***, Oaxaca, asentando el personal judicial que en ese lugar se entrevistaron con *****, madre del quejoso ******, quien señaló que ambos viven en ese domicilio. Con motivo de lo anteriormente expuesto, se estima que la orden de aprehensión reclamada transgrede la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución General de la República, puesto que incumple con la argumentación necesaria para cubrir el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a la justificación de la necesidad de cautela analizada acorde a lo peticionado por la Agente del Ministerio Público y a los datos de prueba objetivos relacionados con ello. Mediante resolución de doce de agosto del año en curso, dictada en la causa penal 674/2021, de su índice, el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, determinó lo siguiente: . Ahora bien, tomando en cuenta también está circunstancia debemos establecer que en cuanto al riesgo para la víctima la Agente del Ministerio Público en su momento que vertió los datos de prueba el primero de julio del dos mil veintiuno hizo referencia que existía un riesgo para la víctima por esta sustracción, sin embargo, por un lado la Agente del Ministerio Público que intervino en esa audiencia no explico y tampoco hizo ver a esta autoridad judicial en qué consistía el riesgo, únicamente se limitó a decir que era un riesgo porque pues el imputado la tenía bajo su resguardo y por no saber su paradero, lo cual esta autoridad no comparte como bien lo refirió la sentencia de amparo, que esto sea suficiente para el libramiento del mandato de captura, porque el Ministerio Público tiene la carga de la prueba precisamente para establecer lo respectivo ,y si bien es cierto la Agente del Ministerio Público en su momento que intervino en la audiencia manifestó que se encontraba en peligro la integridad de la víctima, esta circunstancia no puede atenderse toda vez que no preciso la Representante Social en esa fecha la razón de su argumento que expuso para establecer aun indiciariamente que existe un peligro y riesgo para la integridad física de la víctima, máxime que en este caso pues el imputado es su progenitor y que no hay dato de prueba objetivo que establezca una circunstancia previa o un acto previo de la agresión de cualquier índole en contra de su hija, por lo tanto también se toma en consideración este riesgo procesal para establecer la necesidad de la cautela, en este sentido debemos tomar en cuenta que en conjunto adminiculados no existe hasta este momento base legal para establecer que el imputado no se presentaría voluntariamente en caso de ser citado, y por ende su comparecencia a través de citación judicial cómo lo mencioné o en ese caso que también que pudiese verse demorada y ejecutada para ser conducido ante la presencia del Juez en este caso que lo requiere, Juez de Control de este Circuito Judicial para formular la imputación y con ello continuar con la secuela procedimental, ... Ahora bien, si en este parámetro este criterio se aplica, en ese sentido pues máxime cuando se trata de un delito que no amerita ni siquiera prisión preventiva justificada en un primer momento, entonces en este caso, el Ministerio Público tiene máxime la carga de la prueba para justificar esta necesidad de la cautela ante el Juez de Control, lo cual en este caso la Agente del Ministerio Público que intervino el primero de julio del dos mil veintiuno no lo logró hacer en base a su exposición y datos de prueba que vertió, que si bien es cierto tiene en este momento procesal la suficiencia, congruencia, pertinencia, idoneidad para acreditar el hecho que la Ley señala como delito de sustracción de menores cometido en agravio de la niña de iniciales *****. y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participo, sin embargo, esto no significa que automáticamente se requiera del mandato de captura para lograr la consecución de la secuela procedimental, sino existen otros medios cómo son la cita judicial para llamar al imputado al proceso penal a efecto de lograr esta circunstancia, entonces evidentemente que aquí pues no se cumple con el parámetro que exige el artículo 16 de la Constitución Federal. Ahora bien, en un momento dado las copias certificadas del expediente familiar 110/2019, las declaraciones adminiculadas de la propia denunciante ****, y los demás datos de prueba aportados por el Ministerio Público, si establecen en relación a que el imputado evidentemente hasta el momento no ha devuelto a su menor hija y que inclusive en la diligencia familiar y requerimiento que le hizo esta autoridad judicial manifestó que no la iba a devolver de manera voluntaria, sin embargo, esto en un momento dado será análisis del fondo del asunto y que en su momento dado será materia de la petición de vinculación que lleve a cabo la Ministerio Público, no así de la necesidad de la cautela qué esta autoridad tome en cuenta para el libramiento de la orden de aprehensión, porque debemos recordar que el artículo 141, fracción III del Código Nacional establece los motivos por los cuales se emite orden de aprehensión y la finalidad de este mandato de captura es poner a disposición al imputado del Juez de Control que lo requiera, es decir, no entra al fondo del asunto, únicamente es una herramienta para que el imputado sea sometido al proceso, es decir, tiene un carácter instrumental en ese sentido, no de fondo, entonces evidentemente que en este caso una cosa es de que se pueda establecer que en un momento dado los datos de pruebas son suficientes para acreditar el hecho que la Ley señala como delito de sustracción de menores y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y otra cosa que la necesidad de cautela se encuentre acreditada en base a que se tenga que librar la máxima restricción para los efectos de poner a disposición al imputado ante la autoridad judicial, por ende entonces, en este caso de los mismos datos de prueba vuelvo a reiterar cómo es la diligencia judicial de recuperación del menor, establece que el imputado sí indiciariamente se advierte habita en ****, y que en este caso sería el domicilio en donde el Ministerio Público en un momento dado puede solicitar se cite en libertad a ****, ya en un momento dado en este sentido que se lleve a cabo la petición de citación y pues exista alguna circunstancia con la cual pues se advierta que efectivamente esta persona no habita ahí, pues evidentemente que ya el Ministerio Público tendrá a su alcance los medios necesarios legales para hacer someter al imputado al proceso, sin embargo, en este primer momento por lo que contamos con información y datos de prueba objetivos, pues no es dable que se acredite la necesidad de la cautela, acorde a lo que establecen precisamente los ordenamientos legales antes referidos, por ende entonces, y en base a esta circunstancia y a lo que acabo de analizar, no obstante los antes referido no se cumple con el último y quinto requisito para el libramiento de la orden de aprehensión y como consecuencia esta autoridad establece lo siguiente y resuelve conforme a lo correspondiente, obviamente que en este sentido obvio lo que es el análisis de los elementos del tipo penal si se subsumen a la norma penal, obviamente los hechos a la norma penal la subsunción, se acreditan los elementos del tipo porque ya fui mencionando cuales eran los hechos y que en un primer momento se pueden acreditar, sin embargo, ya no lo reitero, también ya lo que es análisis del dolo, antijuricidad, imputabilidad, probable participación, forma de intervención y punibilidad, y pues ya me centro únicamente ya en la necesidad de la cautela, y como consecuencia de lo anterior al no estar colmados todos y cada uno de los requisitos exigidos para el libramiento de una orden de aprehensión solicitada por la Institución Ministerial, de conformidad con el artículo 16 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 141 fracción III y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales esta autoridad. De ahí que, como no existe defecto o exceso en la ejecución, se considera que la responsable se ciñó a la ejecutoria de referencia; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida en sus términos. Sin que sea dable analizar respecto de la legalidad o ilegalidad del nuevo acto dictado por la responsable, ya que ello es, en todo caso, materia de estudio de un medio distinto de impugnación, como así lo ilustra la tesis número 2a. CXIV/97, que se cita en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 1997, Novena Época, del rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." II. Datos de cumplimiento. Se hace constar, que la fecha del cumplimiento por parte de la autoridad responsable fue el doce de agosto de dos mil veintidós, además que el oficio por el que se informó el referido cumplimiento, se recibió en este juzgado federal el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, la notificación del auto por el que se dio vista a la parte quejosa se efectúo el veinticuatro de agosto del año en curso; lo anterior, con el fin de registrar dicha información en los libros de gobierno, y SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). III. Notificación y envío de oficios. Dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo, se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Se comisiona al actuario adscrito a efecto de que firme los oficios que deriven de este acuerdo; asimismo, los remita por correo electrónico, fax, interconexión o estafeta. En la inteligencia que si la dependencia u órgano jurisdiccional a la cual se encuentra dirigido no se encuentra laborando atendiendo a la contingencia sanitaria, deberá realizar la razón respectiva y entregarlo hasta en tanto reanuden labores. Notifíquese personalmente.
Quedan 34 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,117 expedientes
- Carlos Ernesto Quintero Camacho1408/2014
- Carlos Ernique Coehetero Sabino Sabino665/2017
- Carlos Estrada Sandoval443/2021
- Carlos Fernando Escobar Pérez1549/2014
- Carlos Fernando Escobar Pérez944/2014
- Carlos Fernando Escobar Pérez1189/2014
- Carlos Fidel Buron Cruz939/2021
- Carlos Fidel Buron Cruz873/2021
- Carlos Fidencio Alemán Córdoba264/2015
- Carlos Fierro Ibañez67/2018
- Carlos Florencio Hernández Vásquez o Carlos Hernández Vásquez426/2016
- Carlos Florencio Hernández Vásquez o Carlos Hernández Vásquez y Otros.1658/2015