Carlos Ferrer Camacho

Expediente 812/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
812/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
01/08/2017

Partes del expediente

  • Carlos Ferrer Camacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VISTO EL ESTADO......DÉSE VISTA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE NOVENTA DÍAS COMPAREZCA A ESTE JUZGADO A SOLICITAR LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXHIBIDOS, APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SERÁN DESTRUIDOS CON EL EXPEDIENTE.

  2. Principal

    HA CAUSADO EJECUTORIA....ARCHIVESE COMO CONCLUIDO...EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    SE NOTIIFICA POR MEDIO DE LISTA LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DEL CITATORIO DE MÉRITO DE FECHA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE ESTABLECE: Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Luis Enrique Mendoza Cruz, apoderado legal de Carlos Ferrer Camacho, y en atención a su contenido, téngasele por cumplida la prevención formulada en auto de veintitrés de junio de dos mil diecisiete; manifestando para tal efecto, que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el día once de abril del presente año, día en que el quejoso acudió al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro y se impuso de los autos del juicio sumario 656/2015. En virtud de lo anterior, y de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. De conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia VI.3º.C. J/50, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1160, del Tomo XVI, Octubre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ES CASO DE ESTRICTA EXCEPCIÓN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, el desechamiento de la demanda sólo procede cuando exista "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", de lo cual se infiere que si la improcedencia no es patente, clara o evidente ello basta para admitir la demanda; tal consideración que deriva de la interpretación del artículo 145 antes mencionado, es acorde con la intención establecida por el legislador en los artículos 103 y 107 constitucionales, de instituir el juicio de amparo como un remedio abierto a los particulares en contra de los actos de autoridad de manera genérica; asimismo, la conclusión de que el desechamiento de la demanda de amparo es caso de estricta excepción, responde a la idea de que los afectados por la admisión (autoridades responsables y tercero perjudicado) tienen amplia oportunidad de defensa dentro del juicio, así como para acreditar en la audiencia constitucional, o antes de ella, la existencia de cualquier causa de improcedencia, puesto que la admisión de la demanda no impide al Juez Federal pronunciarse al respecto con posterioridad". Cabe destacar que el quejoso reclama esencialmente:  El emplazamiento practicado en el Juico Sumario promovido ante el Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, en el expediente 656/2015 de su índice, al no cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, así como la sentencia definitiva y su ejecución, y el auto de doce de febrero de dos mil dieciséis a través del cual se declaró firme la sentencia defintiva. Ahora bien, en el capítulo de antecedentes, específicamente en el punto uno de su escrito inicial de demanda el promovente de amparo manifestó lo siguiente: "[.] En fecha 11 de abril del presente año 2017 (dos mil diecisiete), encontrándome el quejoso en su domicilio, se apersono (sic) la actora, a través de una persona querían tomaba fotos de su casa, al cuestionarlo dijo ser valuador, enviado por la actora para realizar un avaluó de a casa de su propiedad, ya que iba a salir a remate, porque los dueños la habían perdido en un juicio, ante la sorpresa del quejoso, lo cuestiono que de que se trataba y únicamente refirió el número de expediente y juzgado [.]" De igual forma, ante la prevención formulada por este Juzgado Federal en proveído de fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, a efecto de conocer la fecha exacta en la que la parte quejosa acudió al Juzgado Segundo del Primera Instancia Civil del Distrito Judicial, de San Juan del Río, Querétaro y se impuso de los autos del juicio sumario 656/2015, fuente de los actos reclamados, la parte quejosa por escrito presentado el tres de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, al cual se le asignó el número de registro interno 10322, manifestó: [.] Por lo anterior, y bajo protesta de decir verdad manifiesto que mi representado tuvo conocimiento del acto reclamado el día 11de abril del presente año 2017 (dos mil diecisiete), así mismo, se refiere que el mismo 11 de abril del presente año 2017 (dos mil diecisiete), acudió el quejoso al juzgado segundo civil para verificar que fuese cierto el acto reclmado[...] En consecuencia, de conformidad con el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, al encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del estudio integral de la demanda de amparo así como del escrito aclaratorio con numero interno 10322, se advierte que el apoderado legal del quejoso Carlos Ferrer Camacho, confiesa en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al caso, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2° de la Ley de Amparo, (conforme a los cuales los hechos propios de las partes, declarados en la demanda, o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba), que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el día once de abril del presente año, día en que el quejoso acudió al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro y se impuso de los autos del juicio sumario 656/2015. Resulta ilustrativa a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, del tomo III, Junio de 1996, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En ese contexto, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 17, de la Ley de Amparo; y por tanto resulta imperativo su desechamiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 del propio cuerpo legal. Ahora bien, la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo literalmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento [.]" Por su parte, el artículo 17 de la ley reglamentaria invocada, señala: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Así, se pone de manifiesto que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: Cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a). Un acto de autoridad. b). Una persona afectada por tal acto. c). La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. d). El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. e). El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Pues bien, con respecto a la presentación de la demanda de amparo, el artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa que el término para realizarla, ante la correspondiente autoridad judicial federal del conocimiento, "será de quince días", debiéndose entender que tal término es improrrogable y por tanto, fatal, para el quejoso; aunque esto no se consigne expresamente, deberá sobreentenderse. En lo que nos ocupa, todos los elementos anteriores, se actualizan, habida cuenta que la segunda hipótesis del numeral 17 de la Ley de Amparo, señala que el término para promover el juicio de amparo comenzará a correr a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; y en el caso, el representante legal del quejoso manifiesta que el día once de abril del presente año, el quejoso acudió al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro y se impuso de los autos del juicio sumario 656/2015, confesión que, como ya se dijo, merece pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para tener por confesado por el representante de la parte quejosa que el día once de abril del presente año, el quejoso acudió al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro y se impuso de los autos del juicio sumario 656/2015; asimismo, que en esa data conoció de los actos reclamados. Atento a lo anterior, el término de quince días para la promoción de la acción constitucional, ha transcurrido en exceso, esto es, dicho término transcurrió del diecisiete de abril al nueve de mayo de dos mil diecisiete, sin contar los días sábados y domingos comprendidos dentro de ese periodo así como el uno y cinco de mayo, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como del doce al catorce de abril de dos mil diecisiete, de conformidad con la circular 10/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que del sello de recibo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, se advierte que la demanda de amparo motivo de este juicio fue presentada el doce de junio de dos mil diecisiete, su presentación fue extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del en materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).- El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En efecto, el término para promover la demanda de amparo, comenzó a transcurrir para el promovente del amparo, a partir del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, acorde con lo preceptuado por el ordinal 17 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el plazo para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto combatido; fecha desde la cual, estaba en aptitud de promover su demanda de amparo; de manera que si según el sello estampado por la citada oficina en la boleta de recepción, la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se observa que fue presentada hasta el doce de junio de dos mil diecisiete, es evidente que en esta última fecha había fenecido el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por lo que la impetrante de amparo, para los efectos del amparo, consintió tácitamente los actos reclamados, al presentar en forma extemporánea su escrito de demanda, pues no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de éstos desde el día once de abril del presente año, día en que el quejoso acudió al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro y se impuso de los autos del juicio sumario 656/2015, como lo manifiesta en su escrito aclaratorio de esta misma data, implica que es extemporánea su impugnación a través de este juicio de amparo. Da sustento a lo dicho, la tesis formulada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 92, del tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es verdad que el artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de 15 días para interponer el juicio de garantías se computará a partir del día siguiente en que el quejoso tenga conocimiento, debe ser directo, exacto y completo, porque solamente así el afectado con el acto está en condiciones de promover el juicio constitucional, por lo que dicho término debe computarse a partir del día siguiente en que el quejoso manifestó que tuvo conocimiento cabal de los actos reclamados." Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 11, Tomo VI, Materia Común, que comprende los años de 1917 a 1995, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es como sigue: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Además la tesis 13, por su interpretación histórica sustentada por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo VI, Común, Sección Precedente relevante S. C. J. N., Séptima Época, Apéndice 1917-2000, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, NATURALEZA DEL CONSENTIMIENTO EN LOS. No es cierto que el concepto de consentimiento definido por el artículo 1803 del Código Civil Federal, sea el que pueda servir para determinar cuando un acto ha sido consentido expresa o tácitamente, para fines del sobreseimiento, así se esté ante un criterio comparativo por algún autor sobre la materia. Y no debe ni puede privar ese concepto civilista, porque además de que en él campea un sentido que rige para el derecho privado, tan ajeno a la teoría del amparo, hay en la especie norma expresa al respecto en la ley reglamentaria del juicio de garantías, que hace inaplicables criterios ajenos o diversos al contenido directamente en la ley que debe regular y determinar la noción del consentimiento en cuanto a la improcedencia de la acción constitucional de amparo (artículo 73, fracciones XI y XII). La improcedencia del amparo es una cuestión que no fue acogida, en sus albores, por las leyes reglamentarias del juicio constitucional. No la consagra, para nada, la ley del 30 de noviembre de 1861, primigenia, en un orden cronológico, como tampoco contiene causales de improcedencia la Ley Orgánica Constitucional del 20 de enero de 1869 que sí menciona el sobreseimiento del amparo, aunque como causa de responsabilidad. En cambio, la Ley Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, datada el 14 de diciembre de 1882, sí trata la materia del sobreseimiento en su artículo 35, al prescribir en la fracción VI del mismo artículo 35, que se sobreseerá el amparo, cualquiera que sea el estado del juicio, cuando el acto hubiere sido consentido y no versare sobre materia criminal. No define, esa ley de 1882, en qué estriba ese consentimiento y otro tanto harán los artículos 702 y 779 del Código de Procedimientos Federales del 6 de octubre de 1897 y del Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre de 1908 que se concretan, al través de su fracción V, a consignar que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de aquella Constitución de 1857. La doctrina del acto consentido es elaborada por la ley del señor presidente Carranza, la del 18 de octubre de 1919, que sí contempla la improcedencia del amparo en ese aspecto y, por ende, define qué se entiende por consentido un acto contra el que no se haya interpuesto amparo dentro de los quince días siguientes al en que se haya hecho saber al interesado, a no ser que la ley conceda expresamente término mayor para hacerlo valer (artículo 43, fracción V). La ley del señor presidente Cárdenas, esto es, la promulgada el 30 de diciembre de 1935, complementa esta doctrina cuando en las fracciones XI y XII de su artículo 73 desenvuelve, cabalmente, la teoría de la improcedencia del juicio constitucional, en punto a actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (artículo 73, fracción XI), habiendo consentimiento tácito, si el juicio de garantías no se promueve dentro de los términos señalados por los artículos 21 y 22 de la ley en cuestión (artículo 73, fracción XII). La integración de esta doctrina del consentimiento de los actos reclamados, en el juicio de garantías, conduce a formular estas nítidas proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria." En tales condiciones, se pone de relieve que respecto de los actos que la quejosa pretende combatir, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso artículo 17, de la Ley de Amparo, y por tanto, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, en el caso, debe desecharse de plano la demanda de amparo de que se trata, por reclamarse actos notoriamente improcedentes.

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