Carlos Fernando Vázquez Figueroa
Expediente 901/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 901/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 22/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Carlos Fernando Vázquez Figueroa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión contra el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto dictado el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 228 a 235); consecuentemente, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por ****, queda firme para todos los efectos legales a que haya lugar.
- Incidental
Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que mediante proveído de primero de abril de dos mil diecinueve (fojas 82 a 84), se dio vista a la parte quejosa a fin de que se manifestara en relación con la existencia o inexistencia de la autoridad señalada como responsable Comisionado Regional de la Policía Federal Ministerial, con sede en Tijuana, Baja California, el cual fue notificado por medio de lista a la parte quejosa el dos siguiente, surtiendo efectos al día siguiente hábil, empezando a contar a partir del cuatro y venció el ocho, ambos del mes de abril de dos mil diecinueve. Por tanto, al no haber hecho manifestación alguna dentro del plazo concedido, se tiene por inexistente a dicha autoridad en el presente incidente de suspensión, no debiendo tomarla en consideración en las subsecuentes actuaciones; consecuentemente, agréguese sin mayor trámite el diverso oficio 4267 dirigido al Comisionado Regional de la Policía Federal Ministerial, con sede en Tijuana, Baja California, el cual es devuelto por el Servicio Postal Mexicano. Por otra parte, tomando en consideración que se declaró inexistente a la autoridad denominada Comisionado Regional de la Policía Federal Ministerial, con residencia en Tijuana, Baja California, lo procedente es declarar sin materia la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, en virtud de no existir la autoridad responsable a la que se le reclama el acto combatido y respecto del cual proceda decretarse la medida cautelar solicitada; virtud a lo anterior, se deja sin efecto la audiencia incidental señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de abril de dos mil diecinueve. Por último, visto el oficio 7977/2019 dirigido al Comisionado General de la Policía Federal Ministerial, con sede en Ciudad de México, el cual es devuelto por el Servicio Postal Mexicano, por los motivos que se exponen en el mismo, agréguese a los presentes autos sin mayor trámite, toda vez que el primero de abril de dos mil diecinueve, fue dictada la interlocutoria respecto a dicha autoridad.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 901/2018-1, promovido por *****, contra el acto que reclama al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. C o n s i d e r a n d o : Primero. La parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable: la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución, relacionada con la causa penal 210/2013; por tanto, deberá considerarse éste como el acto reclamado en términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo. Segundo. La autoridad responsable Comisionado General de la Policía Federal Ministerial, con residencia en Ciudad de México, fue omisa en rendir su correspondiente informe previo, aun cuando fue debidamente requerida para ello, según constancia de notificación que obra agregada a los presentes autos (foja 67); debiendo presumir cierto el acto que de ella se reclama, toda vez que en interlocutoria de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 33 a 35) la autoridad responsable Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, aceptó el acto reclamado. -Suspensión Definitiva - En esas condiciones, de conformidad con los artículos 125, 136, 146, 163 y 166 de la ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado para el único efecto de que el quejoso una vez que sea aprendido, quede a disposición de este Órgano Jurisdiccional de amparo, únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, quedando a disposición del juez de la causa, en relación a la causa penal 210/2013, para la continuación del procedimiento; lo anterior, toda vez que el delito que señaló el Juez Federal responsable amerita prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 constitucional y el diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia 1ª./J. 53/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 99, Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2003, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EFECTOS CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN RESPECTO DE DELITO GRAVE. Cuando el acto reclamado afecta la libertad del quejoso, quien se encuentra en libertad provisional bajo caución, el artículo 136 de la Ley de Amparo, establece que los efectos de la suspensión consisten en que éste quede a disposición de la autoridad de amparo en cuanto a su libertad personal y a disposición del juzgador del conocimiento del procedimiento penal para la continuación del mismo, por ser éste de orden público y, por tanto, no suspendible; por ello, cuando el acto controvertido mediante la acción constitucional es una orden de reaprehensión que está vinculada con ilícitos que conforme a la ley no permiten la libertad provisional bajo caución (por calificarlos de graves), la suspensión únicamente produce el efecto de que el amparista, en su momento, sea puesto a disposición del tribunal de amparo, en lo que corresponde a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y a disposición del Juez de la causa para la continuación del proceso; en virtud de que tanto genéricamente, como por analogía, es una figura que por sus efectos se encuentra contenida en el artículo 136 de la Ley de Amparo." Lo anterior, hasta que se dicte sentencia definitiva firme en el juicio de amparo en el que deriva el acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, se, R e s u e l v e : Primero. Se concede la suspensión definitiva a *****, contra el acto que reclama al Comisionado General de la Policía Federal Ministerial, con residencia en Ciudad de México, en los términos expuestos en el considerando segundo. Segundo. Se reserva la audiencia incidental, por lo que respecta al Comisionado Regional de la Policía Federal Ministerial, con residencia en Tijuana, Baja California; fijándose las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de abril de dos mil diecinueve, para que tenga lugar.
- Principal
....POR ESTE MEDIO PROCEDO A NOTIFIAR A LA PARTE QUEJOSA EL PRESENTE AUTO QUE A LA LETRA DICE:....Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que mediante proveído de veinte de marzo de dos mil diecinueve (foja 223), se dio vista a la parte quejosa a fin de que se manifestara en relación con la existencia o inexistencia de la autoridad señalada como responsable Comisionado General de la Policía Federal Ministerial, con sede en la Ciudad de México, el cual fue notificado personalmente a la parte quejosa por conducto de su autorizado el veintidós siguiente, surtiendo efectos al día siguiente hábil, empezando a contar a partir del veintiséis y venció el veintiocho, ambos del mes de marzo de dos mil diecinueve. Por tanto, al no haber hecho manifestación alguna dentro del plazo concedido, se tiene por inexistente a dicha autoridad en el presente juicio de amparo, no debiendo tomarla en consideración en las subsecuentes actuaciones. Por otra parte, visto el estado de autos y en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, este juzgador advierte de manera notoria la existencia de una causa de improcedencia que determina el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, como lo señala el precepto 63, fracción V, de la ley apenas citada, que se invoca de oficio y fuera de audiencia, por tratarse de una cuestión de orden público. De la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE a).- C. JUEZ QUINTO DE DISTRITO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO, ANTES JUEZ DECIMO CUARTO DE DISTRITO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO, con domicilio bien conocido en el Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali Baja California en el Edificio Cede (sic) del Poder Judicial Federal. c).- COMISIONADO GENERAL DE LA POLlCIA FEDERAL MINISTERIAL y COMISIONADO REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL (.) el primero con domicilio en el Distrito Federal y el segundo con domicilio en la Delegación Federal de la Procuraduría General de la República en Tijuana, Baja California(.)". "IV.- ACTOS RECLAMADOS: El acto reclamado consiste en la orden de aprehensión dictada el 10 de diciembre del 2015 dentro del proceso penal 210/2013." De la papeleta de turno que expidió la Oficialía de Correspondencia común de Juzgados de Distrito de esta ciudad, se desprende que el presente juicio de amparo guarda relación con el registro 000686/2017 turnado a este órgano jurisdiccional el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, al que se le asignó el número 118/2017-4 en el libro uno de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que por ser documento público se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De dichas constancias se obtiene que el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, el propio impetrante interpuso diverso juicio de amparo, el cual se radicó bajo el expediente 118/2017-4, del índice de este juzgado, contra las autoridades y el acto reclamado siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE a).- C. JUEZ QUINTO DE DISTRITO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO, ANTES JUEZ DECIMO CUARTO DE DISTRITO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO, con domicilio bien conocido en el Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali Baja California en el Edificio Cede (sic) del Poder Judicial Federal. c).- COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL Y COMISIONADO REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL, el primero con domicilio en el Distrito Federal (.)". "IV.- ACTOS RECLAMADOS: El acto reclamado consiste en la orden de aprehensión dictada el 10 de diciembre del 2015 dentro del proceso penal 210/2013." En el que en ocho de mayo de dos mil diecisiete, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Carlos Fernando Vázquez Figueroa, respecto la orden de aprehensión girada el diez de diciembre de dos mil quince, dentro de la causa penal 210/2013, que se instruye en contra del aquí quejoso, por su probable responsabIilidad del delito de delincuencia organizada, que se prevé en el artículo 2°, fracción VII (Secuestro previsto en los artículos 9°, 10 y 11, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) sancionado por el diverso 4°, fracción II, inciso b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con los artículos 7º (acción), fracción II (permanente), 8º (acción dolosa), 9º párrafo primero (dolo directo), y 13, fracción III (los que lo realicen conjuntamente) del Código Penal Federal. Ahora bien, este juzgador invoca como hecho notorio, por tener conocimiento del mismo, en razón de la actividad jurisdiccional que se desarrolla, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, las actuaciones del diverso juicio de amparo 118/2017-4, del índice de este juzgado, las que se desprenden del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), concretamente, el auto de diez de abril de dos mil diecisiete, en el que se recibe el oficio número 1286-I que remitió el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, al cual anexó los autos originales del juicio de amparo número 1111/2016, del índice de ese juzgado, el cual dio origen al juicio de amparo número 118/2017-4 del índice de este juzgado, así como legajos de pruebas identificados como anexos uno (I), dos (II), tres (III), cuatro (IV), cinco (V), seis (VI), siete (VII), ocho (VIII), nueve (IX), diez (X) y once (XI); en el citado oficio la autoridad refiere que se recibió comunicado proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, en el que se dio a conocer que en ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 8/2017, se declaró que no existía conflicto competencial. En virtud de lo anterior, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo indirecto interpuesta por Carlos Fernando Vázquez Figueroa, contra actos del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y Comisionado General de la Policía Federal Ministerial, con residencia en la Ciudad de México. Hecho lo anterior se procedió a dictar resolución en ocho de mayo de dos mil diecisiete, este juzgado negó al aquí quejoso, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la orden de aprehensión girada el diez de diciembre de dos mil quince, en relación a la causa penal 210/2013, por el delito de delincuencia organizada, que se prevé en el artículo 2°, fracción VII (Secuestro previsto en los artículos 9°, 10 y 11, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) sancionado por el diverso 4°, fracción II, inciso b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con los artículos 7º (acción), fracción II (permanente), 8º (acción dolosa), 9º párrafo primero (dolo directo), y 13, fracción III (los que lo realicen conjuntamente) del Código Penal Federal, misma que causó ejecutoria el ocho de junio de dos mil diecisiete, ordenándose el archivo de dicho juicio de amparo como asunto . Cobra aplicación la tesis P./J. 16/2018 (10a.), consultable en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se lee: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." De lo anterior se advierte que el hoy quejoso señaló como autoridad responsable ordenadora a las misma que en el presente juicio de amparo, a quien le atribuyó los mismos actos aquí reclamados, consistente en la orden de aprehensión girada en su contra el diez de diciembre de dos mil quince, por la autoridad señalada como responsable Juez Quinto de Distrito del Décimo Quinto Circuito, antes Juez Décimo Cuarto de Distrito, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 210/2013, por la probable responsabilidad de la comisión del delito de delincuencia organizada, cometido en perjuicio de la sociedad. Actuaciones de las cuales se desprende que el acto reclamado en el presente juicio de amparo fue materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, por lo que se debe sobreseer el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Se cita al respecto el criterio jurisprudencial número 814 que se localiza en la página 553 del Tomo VI de la materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación de 1917 a 1995, de la Octava Época, con registro 394770, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." [.] De las disposiciones legales antes transcritas, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Cierto es, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, y se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejoso, autoridad responsable y acto reclamado, aunque las violaciones reclamadas sean diversas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XCV/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 1107, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011383, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." Pues bien, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que el quejoso hace consistir sustancialmente el acto reclamado en la orden de aprehensión girada en su contra por la autoridad señalada como responsable Juez Quinto de Distrito del Décimo Quinto Circuito, antes Juez Décimo Cuarto de Distrito, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 210/2013, por la probable responsabilidad de la comisión del delito de delincuencia organizada; según se advierte de las copias certificadas que anexó la autoridad responsable a su informe justificado. Documentales que participan de plena eficacia demostrativa de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de dicho ordenamiento. En esas condiciones, toda vez que en el caso la cosa juzgada, es evidente que surge la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XI de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con base en la fracción V, del artículo 63 del ordenamiento legal en cita. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Con lo anterior resulta inconcuso, que dicho acto fue materia de un diverso amparo, y como consecuencia de ello, se actualiza la causal de improcedencia en análisis, pues de lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la posible coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia I.6o.T. J/86, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1532, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170735, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011" Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA" Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Fernando Vázquez Figueroa. No es obstáculo a lo aquí resuelto, que el quejoso en el presente juicio señaló como autoridad responsable ejecutora al Comisionado Regional de la Policía Federal Ministerial con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California, ya que al sobreseerse el acto reclamado respecto del juez responsable no existe materia de estudio de lo reclamado a ésta, ya que no se impugnó por vicios propios. Sobre este tópico, es aplicable la tesis de jurisprudencia VI. 2o. J/7516, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, Materia(s) Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, número de registro 230811, bajo el siguiente rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Fortalece lo anterior, por las razones que le informan, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, la cual se lee en la página 92, número de registro 230950, que establece: "AMPARO IMPROCEDENTE. SE SURTE LA CAUSAL DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA AUNQUE EN UN SEGUNDO JUICIO SE SEÑALE UNA AUTORIDAD EJECUTORA QUE NO SE SEÑALO EN EL PRIMERO. No es óbice para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, que en el juicio de garantías en el que se invoca se señale una autoridad más que en el primer juicio constitucional, cuando ésta únicamente tiene el carácter de ejecutora y sus actos no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia de los actos de la ordenadora, respecto de los cuales le fue negado al quejoso el amparo y la protección que solicitó en dicho primer juicio." Por tal motivo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del quince de abril de dos mil diecinueve (fojas 192 y 193).
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