Carlos Fernando Rojo Amaro

Expediente 683/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
683/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Carlos Fernando Rojo Amaro

Actuaciones

  1. Principal

    Se agrega el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto y al que anexa copia certificada de los proveídos de trece y veintiuno de los corrientes, dictados dentro del expediente laboral 33/E/2022. Luego, en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías, en el capítulo correspondiente al acto reclamado, se señala lo siguiente: ". la omisión de la autoridad señalada como responsable al dejar de radicar y emplazar la demanda presentada en fecha 5 de enero de 2022, marcada con el número 33/E/2022 así como de notificarme la contestación recaída a su emplazamiento, así como de expedir las constancias de personalidad solicitadas en escrito de fecha 27 de enero de 2022.". Así, se tiene que en la especie, de lo que se duele el quejoso Carlos Fernando Rojo Amaro, por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, es de la omisión de: Radicar la demanda de cinco de enero de dos mil veintidós (recibida el mismo día); Emplazar a las partes a juicio y; Notificar la contestación recaída al emplazamiento. Expedir constancia de personalidad. Dentro del expediente laboral 33/E/2022. Ahora bien, de las documentales anexadas al informe justificado de la responsable, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados consistentes en la omisión de radicar la demanda de cinco de enero de dos mil veintidós y expedir la constancia de personalidad, con base en las siguientes reflexiones. El artículo y fracción de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Del precepto en cuestión se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, en la especie de un análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la aquí parte quejosa reclama, como ya se dijo, es la omisión de radicar la demanda de cinco de enero de dos mil veintidós y expedir la constancia personalidad solicitada por escrito de diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Sin embargo, de las documentales anexadas al informe, se advierte, que por auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, el Tribunal responsable radicó la demanda laboral de ahora impetrante Carlos Fernando Rojo Amaro, registrándola bajo el número 33/E/2022, solicitando a la actora para que dentro del término de tres días hábiles proporcione el ultimo domicilio laboral del de cujus, a fin de llevar a cabo el debido proceso; asimismo, tuvo como representantes legales a los señalados por la parte actora en su escrito de demanda, y por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. De igual manera, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, acordó de conformidad la solicitud de expedir constancias de personalidad, por lo que ordenó la expedición de la constancia de personalidad. Por lo anterior, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de radicar la demanda de cinco de enero de dos mil veintidós y expedir la constancia personalidad, al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su garantía violada y no dejar huella alguna en su esfera jurídica que ameritara ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Por otra parte, respecto a los diversos actos reclamados consistentes en la omisión de emplazar a las partes a juicio y notificar la contestación recaída al emplazamiento, se advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 62. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". De la porción del precepto transcrito se desprende que procede sobreseer en el juicio de amparo cuando de las constancias apareciere demostrado claramente que no existe el acto reclamado. Y, de las documentales anexadas al informe justificado, se advierte la inexistencia de los referidos actos reclamados -a saber, la omisión de emplazar a las partes a juicio y notificar la contestación recaída al emplazamiento-; lo anterior, toda vez que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo -ocho de abril de dos mil veintidós- no existía la determinación cuya omisión de notificación se reclama, pues no fue sino hasta el trece de septiembre del mismo año, cuando se radicó la demanda presentada y se solicitó a la parte actora el ultimo domicilio laboral del de cujus a fin de continuar con el procedimiento. Es decir, no es factible que la autoridad incurra en la omisión de realizar el emplazamiento del demandado, así como de notificar el la contestación recaída a dicho emplazamiento, antes de se ordene tales acciones. De ahí que la autoridad no puede llevar a cabo la notificación de un acto que no ha sucedido o acontecido, pues para que la autoridad sea omisa debe existir el acuerdo que ordene llamar a juicio a la parte demandada, lo cual como se ve, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo no existía tal orden, pues apenas en fecha reciente se registró y radicó la demanda laboral, solicitándose a la parte actora el ultimo domicilio laboral del de cujus, previo a dar trámite a la demanda, por lo cual, no puede constituir válidamente un acto contra el que procede el amparo indirecto, en la medida que es presupuesto necesario que el acto exista previo a la promoción de la demanda. Por lo que, tal inexistencia se actualiza desde la óptica de que, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no existía la determinación que radicaba el juicio de origen, mucho menos existía la orden de llamar a juicio a los integrantes en conflicto. En el caso, al no ser así, las omisiones reclamadas conforman actos futuros, basados sólo en suposiciones y temores. Al respecto cobra aplicación la tesis aislada sustentada por el Pleno del Supremo Tribunal del País, correspondiente a la Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: II, Página: 106, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO. No procede contra actos futuros y basado sólo en suposiciones y temores, sin saber qué autoridad verificará esos actos y si por ello se violará o no alguna garantía constitucional." Igualmente deviene aplicable la tesis aislada emitida también por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, durante la misma Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Página: 727, cuya sinopsis se inserta enseguida: "AMPARO. Sólo puede resolver controversias que se suscitan por leyes o actos que violan las garantías individuales, y no procede por simples temores de que lleguen a violarse esas garantías." Aunado a lo anterior, para efecto de estar en condiciones de acudir al Juicio de amparo, el acto debe existir a la presentación de la demanda que da origen al Juicio de garantías. En apoyo a lo narrado se cita el criterio sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 273, del Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." En consecuencia, al cesar los efectos de la omisión reclamada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se cita en vía de ilustración, la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE", (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386). En mérito de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, misma que se fijó para las once horas con cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós. Finalmente, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, al rendir el informe de cuenta, se desprende que la licenciada Marcela González Arjona, tiene el carácter de representante legal de la parte actora, dentro de los autos del expediente laboral de donde emana el acto reclamado; en tales condiciones, téngasele por reconocida la personalidad con que comparece dentro del presente expediente. Ahora bien, toda vez que mediante acuerdo de siete de los corrientes se reservó a proveer respecto a su solicitud de acceso al expediente electrónico, hasta en tanto se reconociera la personalidad con la que comparecía a la presente instancia, y tomando en consideración que en esta propia fecha se le reconoce tal carácter, atento al Acuerdo General 13/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como el Acuerdo General 12/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en términos de los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso a Marcela González Arjona, para que consulte las determinaciones emitidas en el asunto que nos ocupa; así como para enviar promociones, documentos, comunicaciones y recibir, en su caso notificaciones en forma electrónica; lo anterior también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario "Magoar8810" y correo electrónico marcela_arjona@hotmail.com en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento del promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. De igual forma, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Ello, sin perjuicio de que, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto pueda ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, ordena practicar a la impetrante de amparo las notificaciones de forma electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario antes aludido. Al respecto, se cita la jurisprudencia 71/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, número de registro 2020082, la cual en su rubro refiere "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO." Ahora, y toda vez que resulta necesario habilitar al promovente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Notifíquese; y, electrónicamente a la parte quejosa, vía correo electrónico al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado y la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a siete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no existen constancias con las cuales se justifique que las partes (quejoso y tercero interesado), se encuentren debidamente notificadas de la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, por la cual se sobreseyó en el presente asunto. En tal virtud, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en los domicilios del quejoso y tercero interesado, señalado en autos; y les notifique la sentencia de referencia, para los efectos legales a que haya lugar.Notifíquese y personalmente a las partes.Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con la licenciada SANDRA LUZ GONZÁLEZ GARCÍA, Secretaria que autoriza y da fe.

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