Carlos Fernando Ortega Patiño
Expediente 961/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 961/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Fernando Ortega Patiño
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado; sin mayor proveído, toda vez que el doce de los corrientes se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado y acompaña un anexo; sin mayor proveído, toda vez que el doce de los corrientes se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual rinde su respectivo informe en relación a la suspensión de plano; sin mayor proveído, toda vez que el doce de los corrientes se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de junio de dos mil veintitrés.****Vista la demanda promovida electrónicamente por ********************, por su propio y personal derecho, contra los actos que reclama de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y de otra autoridad; al respecto, se acuerda: Fórmese el respectivo expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número 961/2023.***Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el directo quejoso reclama la orden de aprensión dictada en su contra; así como también la ilegal detención, incomunicación y desaparición forzada de que dice es objeto.****Al respecto, cabe mencionar que el artículo 48 del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil dieciséis, establece en su último párrafo que fuera del horario de servicio de las oficinas de correspondencia común, así como los días sábados y domingos e inhábiles las promociones y oficios urgentes serán recibidos por el secretario autorizado del órgano jurisdiccional de guardia para la recepción de esta clase de asuntos.****Así mismo, dicho numeral dispone en su parte conducente que se consideran como asuntos urgentes para su turno, entre otros, los que a continuación se enuncian:********************I. Ejercicio de la acción penal con detenido;***II. Ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos calificados como graves;********************III. Diligenciación de exhortos en que deba resolverse sobre la situación jurídica;********************IV. Solicitudes de orden de cateo********************V. Solicitudes de intervención de comunicaciones privadas;********************VI. Solicitudes de extradición,*****VII. Orden de expulsión del país;********************VIII. Orden de arraigo;*****IX. Demandas de amparo contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, orden de traslado, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión;********************X. Declaración de inexistencia de huelga; y********************XI. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.********************XII. Aquellos que revistan tal carácter, conforme a las leyes que los rijan. *****Así, de la demanda de amparo que ahora se analiza, como se ha dicho en párrafos precedentes, el quejoso también señaló el diverso acto consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra, la cual no se encuentra contemplada dentro de las hipótesis de casos de urgencia que ameritan una tramitación inmediata. ********************En atención a lo anterior, la suscrita se limitará a dictar las providencias necesarias con relación a los actos reclamados por el directo agraviado y que hace consistir en la incomunicación, ilegal detención y desaparición forzada, impetrados en contra de ********************; reservándose acordar lo conducente respecto al diverso acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión que señala en la demanda de amparo el nombrado quejoso hasta en tanto la presente demanda sea, en su caso, ratificada por el directo quejoso.********************En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda, a reserva que sea ratificada. ********************Dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se le hará llegar vía electrónica copia de la demanda.****Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no rendir sus informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización,con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis.********************Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia.*Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberá rendirlo privilegiando la modalidad electrónica.En consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General antes referido así como el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.********************Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio.******************** Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. ********************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: ********************"NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."*****Asimismo, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. ********************Por otro lado, si bien la demanda de amparo fue promovida por el propio quejoso vía electrónica, pero adolece de firma, comisiónese al Actuario adscrito a este Juzgado Tercero de Distrito, para que se constituya en los separos o cárcel a cargo de la autoridad responsable, o cualquier otro lugar en el que pueda encontrarse detenido o recluido el directo agraviado ********************, incluyendo el Centro de Reinserción Social del Estado, a fin de que al momento de la notificación, una vez ante su presencia, le haga de su conocimiento la naturaleza del presente juicio de amparo, y le requiera para que indique si reconoce la demanda de amparo que dio lugar a este juicio o bien, lo haga dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo; asimismo, instrúyase al aludido Actuario de la adscripción, para que en el acto de la ratificación de la demanda, dé fe de las lesiones físicas que pudieren presentar el directo agraviado y le requiera para que manifieste si cuenta con alguna lesión que no esté a la vista, debiendo asentar tales circunstancias en la razón que para el efecto realice; con el apercibimiento, que de no reconocer la misma, se procederá conforme a los párrafos cuarto y quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que en caso de que el quejoso se encuentre en libertad, se le deberá hacer la notificación relativa en el domicilio señalado en la demanda de amparo.********************De la revisión de la demanda, se advierte que el quejoso reclama la detención fuera de procedimiento judicial, y la incomunicación, de la que afirma es objeto; ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO todo acto que tienda a tener incomunicado o retenido al quejoso y que pueda privarle de la vida o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, quedando a disposición de esta Juzgadora por lo que hace a su libertad personal.********************Igualmente, la concesión es para que se permita el acceso de manera mesurada a sus familiares y abogados en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de las personas detenidas; bajo el entendido de que al momento de la notificación debe permitir, en caso de ser solicitado por el Actuario adscrito a este Juzgado, el acceso a uno de los familiares o abogados del directo agraviado, a fin de que estén presentes al momento de dicha diligencia.********************En consecuencia, se responsabiliza a las autoridades responsables por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación y deberán proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento.********************Asimismo, requiérase a las responsables para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, comuniquen vía informe a éste órgano jurisdiccional, la forma y términos en que dé cumplimiento a esta suspensión de plano; con el apercibimiento, que de no cumplir con ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la violación a dicha medida concedida, entraña la probable comisión de un delito, de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo citada, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se pondrá en conocimiento de la agente del Ministerio Público Federal adscrita.********************Asimismo, toda vez que uno de los actos reclamados consiste en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, conviene acotar que en el Estado, ha entrado en vigor el sistema penal acusatorio y oral, por lo que se seguirán los lineamientos establecidos para estos casos.********************Así las cosas, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión del citado acto para el efecto de que, en el caso de que la detención del directo quejoso haya sido efectuada por autoridad administrativa distinta al Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, CESE DE INMEDIATO la detención por parte de dicha autoridad, entendiéndose por ello la puesta en libertad del directo agraviado, o bien, ponerlo disposición de las autoridades investigadoras competentes.********************Ahora bien, en el supuesto que dicha detención no tenga relación directa con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que el agraviado sea puesto en libertad. ********************Para acreditar lo anterior, la autoridad que haya llevado a cabo la detención del quejoso, deberá remitir a este Juzgado las constancias de las que se advierta el Registro de la Detención, pues los miembros de la policía que realicen la detención, deberán elaborar un registro de la misma, estableciendo la fecha y hora en que las personas fueron detenidas o puestas a su disposición.********************Igualmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de Amparo, y 16, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el numeral 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales se concede la suspensión solicitada para el efecto de que, en caso de que se trate de delito flagrante o urgencia, la autoridad investigadora que tenga a su disposición al agraviado, deberá examinar de inmediato las condiciones en que se realizó la legalidad de la detención, debiendo remitir a este Juzgado, las constancias en las que se advierta que ha dado cumplimiento a lo estipulado en este párrafo, junto con el registro de la detención o retención correspondiente, a fin de que se esté en aptitud de computar el término de cuarenta y ocho horas, en el que deberá decretar su libertad o solicitar la celebración de la audiencia de control de la detención.********************En caso de que la detención del quejoso obedezca a un caso distinto a los mencionados en los párrafos precedentes, pero que sea el Ministerio Público quien restringe su libertad, se concede la suspensión para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o consignado ante el Juez de Control correspondiente para que califique la detención.********************Ahora bien, en el caso de que la detención derive de una orden de arresto o infracción administrativa dictadas en su contra, con fundamento en los artículos 125, 128 y 139 de la ley de la materia, en atención a la naturaleza de la suspensión solicitada y considerando que el arresto se trata de un acto de tracto sucesivo, por tratarse de hechos continuos los cuales son susceptibles de suspenderse para mantener la materia del amparo, dada su naturaleza jurídica, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE DICHO ACTO.********************En consecuencia, la concesión de la suspensión antes referida es para el efecto de que se suspenda de inmediato la ejecución del arresto que derive de la detención del agraviado y no siga verificándose, por lo que la autoridad que materialmente esté ejecutando el acto reclamado, deberá poner en INMEDIATA LIBERTAD al agraviado, siempre y cuando la privación de la misma derive del cumplimiento del arresto o infracción administrativa decretados en su contra por las autoridades señaladas como responsables; pues de consumarse no sería posible de restituir en su caso, a los solicitantes del amparo en el goce de la garantía violada, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito por cuanto a su libertad personal se refiere.********************Asimismo, en el caso anterior, se requiere a las autoridades responsables que hubiere llevado a cabo el arresto, para que dentro de los tres días siguientes al en que tengan conocimiento del presente proveído, realice el cómputo del tiempo que estuvo detenido el directo agraviado, respecto de la sanción administrativa que le fue impuesta, señalando el ordenamiento normativo que dio origen a la medida administrativa que se le aplicó y las circunstancias en que ésta fue empleada.********************A efecto de velar porque la determinación que antecede tenga su más exacto cumplimiento, con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Amparo, comisiónese al Actuario de guardia de este Juzgado, para que una vez que éste último notifique el presente acuerdo a las autoridades responsables respectivas, en el mismo acto de la diligencia, proceda a levantar acta pormenorizada del cumplimiento que a esta determinación realice la autoridad nombrada, a fin de verificar si la autoridad de referencia puso en LIBERTAD INMEDIATA al directo quejoso, ya que como antes se señaló, el cumplimiento deberá ser inmediato, debiendo señalar la hora en que se cumplió esta determinación.********************Lo anterior, con el apercibimiento a la autoridades responsables, que para el caso de no cumplir con lo dispuesto en el presente acuerdo o no hacerlo con la celeridad ordenada, se emplearán los medios de apremio a que se refiere el precitado numeral 211 de la Ley de la Materia, pudiendo hacerse uso de la fuerza pública para cumplirla.********************Por otro lado, se ordena al Actuario de la adscripción para que solicite le proporcionen el control de ingreso que se maneje en la dependencia antes citada con relación a los detenidos, debiendo hacer constar dicho fedatario la hora y el día en el que el quejoso ingresó a la dependencia; a fin de acordar en su caso lo que en derecho corresponda.********************Por último, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 111 de la propia ley, a fin de vigilar el cabal acatamiento de esta determinación judicial y en atención a que para garantizar el cumplimiento de la suspensión, rigen las mismas reglas previstas que para las sentencias de amparo, entonces, aun aquellas autoridades que no hayan sido señaladas como responsables, si están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, deberán acatarla, máxime que en el caso se reclama la detención de varias personas, pues su retención por más tiempo del permitido por nuestra carta magna constituye un delito y la finalidad de esta medida cautelar es vigilar que los agraviados sean puestos a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo correspondiente.********************Para ello, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que, en el caso de tener conocimiento de la intervención de diversas autoridades, por no haber sido señaladas en virtud del desconocimiento del promovente respecto de su participación, sin necesidad de nuevo acuerdo, les comunique mediante oficio esta determinación, autoridades que estarán obligadas a acatarla en sus términos, sin perjuicio de que no hayan sido señaladas expresamente como responsables, pues como se ha dicho, al tener participación en la detención están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, por lo que de igual forma deberán rendir su informe en el plazo de veinticuatro horas y acompañar las constancias respectivas, apercibidas que de no hacerlo, se ordenará la inmediata libertad de la impetrante de amparo.********************Sin que proceda la apertura de los cuadernos incidentales, toda vez que los actos reclamados en esta demanda encuadran en los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo y respecto de los cuales ya se concedió la suspensión de plano.********************Por otra parte, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso también señala como acto reclamado, el inminente riesgo de desaparición forzada; por tanto, resulta procedente determinar el marco normativo sobre el cual deberá emitirse la presente determinación.********************Respecto a la procedencia del juicio de amparo, por cuanto a dicho acto reclamado, el artículo 15 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: ********************"Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.********************...Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona."********************De igual forma, resulta conducente señalar lo que la normativa internacional establece respecto del delito de desaparición forzada.******************** En efecto los artículos 2, 3 y 4 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, disponen:********************"Artículo 2. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley." ********************"Artículo 3. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables."********************"Artículo 4. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal."******************** Asimismo, el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil el 9 de junio de 1994, dice:********************"Artículo II. Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes."******************** Finalmente, los artículos 1, 2 y 3 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en sesión plenaria de 18 de diciembre de 1992, prevén:********************"Artículo 1. ********************1. Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana. Es condenado como una negación de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y como una violación grave manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales pertinentes.******************** 2. Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro."********************"Artículo 2 ********************1. Ningún Estado cometerá, autorizará ni tolerará las desapariciones forzadas. ********************2. Los Estados actuarán a nivel nacional, regional y en cooperación con las Naciones Unidas para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzadas." ********************"Artículo 3 ********************Los Estados tomarán medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras medidas eficaces para prevenir o erradicar los actos de desapariciones forzadas en cualquier territorio sometido a su jurisdicción."****************************************El artículo 3 de la Declaración de la Protección a Todas las Personas de Desapariciones Forzadas estipula que "cada Estado debe tomar medidas efectivas legislativas, administrativas, judiciales, o de otra índole para prevenir y poner fin a actos de desaparición forzada en cualquier territorio de su jurisdicción."********************Esta obligación amplia es asumida por los Estados y es una obligación fundamental de hacer algo, que constituye una medida preventiva que no puede ser interpretada en un sentido restrictivo, debido a que fue diseñada para servir en un modelo general para el propósito y naturaleza de las medidas que deberán ser tomadas, así como el contenido de la responsabilidad internacional del Estado en este sentido. ********************El propósito de estas medidas que deberán ser tomadas son claras: "para prevenir y terminar los actos de la desaparición forzada". Por consiguiente, las medidas preventivas requieren acciones tanto por los Estados en cualquier territorio de su jurisdicción, en donde los actos de desaparición forzada han ocurrido en el pasado; como por los Estados en los cuales no han ocurrido estas acciones. ********************Según la Declaración, se producen desapariciones forzadas cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a las personas o éstas resultan privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.********************Conforme a la definición de desapariciones forzadas que figura en la Declaración, el delito en cuestión comienza con el arresto, detención o traslado contra su voluntad de la víctima, lo que significa que la desaparición forzada puede iniciarse con una detención ilegal o con un arresto o detención inicialmente legal. Es decir que la protección de la víctima contra la desaparición forzada debe resultar efectiva contra la privación de libertad, cualquiera que sea la forma que ésta revista, y no limitarse a los casos de privación ilegal de libertad.********************De las definiciones establecidas en los instrumentos jurídicos antes citados podemos destacar que el delito desaparición forzada cuenta con las siguientes notas distintivas:********************"1. Que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma. La detención o privación de libertad puede tomar muchas formas. Todas las situaciones de privación de libertad pueden conducir a la desaparición forzada. En algunos casos la persona que desaparece ya estaba detenida, a veces incluso por motivos legales. En muchos otros casos, la desaparición comienza al hacer prisionera a la persona fuera de un lugar oficial de detención.********************2. Que la detención sea llevada a cabo por funcionarios gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento. El gobierno es el conjunto de los órganos directivos del Estado, por lo que las detenciones son realizadas por agentes estatales. Referirse al "Estado" como autor de las desapariciones forzadas puede sonar muy abstracto, pero esto se traduce en la inclusión de todas las personas y entidades cuyo funcionamiento pueda vincularse a la responsabilidad del Estado. Las personas que cometen o participan en las desapariciones a menudo son individuos o grupos contratados por el Estado, como soldados, policías o agentes de seguridad. También pueden ser otros actores que operan con instrucciones de las autoridades o instituciones del Estado, o que tienen la aprobación del mismo, como por ejemplo los miembros de las patrullas de autodefensa, las milicias privadas u otros grupos parapolicíacos y paramilitares que cometen crímenes siguiendo las instrucciones de autoridades o instituciones estatales. Sin embargo, cuando intervienen dichos actores en las desapariciones forzadas, es difícil probar la conexión entre el Estado y las personas que realmente ejecutaron la desaparición."********************En el ámbito de los derechos humanos, la desaparición forzada está clasificada como un delito de lesa humanidad de carácter múltiple, continuo, imprescriptible y pluriofensivo. ********************Las desapariciones forzadas cometidas "de forma masiva y sistemática" están consideradas en todo el mundo como crímenes contra la humanidad, a los cuales se les aplican jurisdicciones y sanciones específicas. Sin embargo, determinar si ciertas desapariciones forzadas se consideran "un crimen contra la humanidad" o no depende de diferentes acuerdos (legales) y/o normativas de los tribunales o cortes. ********************La desaparición forzada es uno de los delitos más complejos que puedan existir, ya que tiene un carácter múltiple, porque viola todos los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la libertad, a la dignidad y a la seguridad.********************Como una desaparición crea condiciones en las cuales la persona detenida está totalmente a merced de las personas que le han detenido y se encuentra incomunicada, el derecho a las condiciones de detención adecuadas, el derecho a un juicio justo y el derecho a la representación legal también se violan.********************Como en una desaparición los autores por lo general buscan obtener información de la víctima, ésta corre el peligro de ser torturada. Como una desaparición crea las condiciones y el riesgo para el detenido de ser asesinado sin que queden pruebas, las desapariciones forzadas también se consideran una violación del derecho a la vida. ********************En muchos casos de desaparición, se niega la mera existencia de la persona, por lo que se puede deducir fácilmente que se violan fácilmente todos sus derechos. ********************Ahora, si bien esta Juzgadora no cuenta con suficientes elementos para poder determinar, que en el caso, se está ante la posible comisión del delito de desaparición forzada atribuida a las responsables señaladas en la demanda de amparo, no menos cierto es, que dicha circunstancia fue manifestada expresamente por el quejoso; de ahí, que atendiendo al marco normativo antes reseñado, y constituyendo un imperativo constitucional para esta Juzgadora el velar sobre el respeto a los derechos humanos del directo agraviado, se dicta la siguientes medidas a fin de localizar al agraviado ******************** y lograr su presentación ante éste órgano jurisdiccional.********************En tal virtud:********************1. Requiérase al Delegado de la Fiscalía General de la República, al Fiscal General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, así como a la o las autoridades que llegaran a resultar responsables, para que dentro del término de DOCE HORAS, contado a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, realicen lo siguiente: ********************a) Informen si en sus registros o en los de alguna de las autoridades subordinadas a su potestad, obran datos del paradero del directo quejoso; ello, en virtud de que las citadas autoridades tienen dentro de sus facultades la ejecución de mandamientos de detención.********************b) De no tener registro alguno de la detención del quejoso, giren instrucciones a quienes corresponda, a fin de investigar el paradero y localización de los antes nombrados, con el objetivo de lograr su pronta presentación ante esta autoridad jurisdiccional.********************Apercibidas las citadas autoridades, que de no informar lo solicitado, en el término concedido, se les impondrá una multa de cincuenta días de unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 237 y 259, en relación con el diverso 238, todos de la Ley de Amparo, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; pudiendo incurrir incluso en el delito previsto en el artículo 262, fracción V, de la aludida Ley de la Materia.********************2. De igual forma, requiérase al Delegado de la Fiscalía General de la República, al Fiscal General y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, así como a la o las autoridades que llegaran a resultar responsables, para que dentro del término de DOCE HORAS, contadas a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, informen si dentro de sus archivos, existen registros sobre alguna denuncia atinente a la búsqueda y paradero del ahora quejoso y, en su caso, envíen copia certificada de las actuaciones y diligencias que se hayan realizado con motivo de la referida denuncia; apercibidas que de no informar lo solicitado, en el término concedido, se les impondrá una multa de cincuenta días de unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 237 y 259, en relación con el diverso 238, todos de la Ley de Amparo, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; pudiendo incurrir incluso en el delito previsto en el artículo 262, fracción V, de la aludida Ley de la Materia.********************Sin que pase inadvertido para esta Juzgadora Federal el sigilo ministerial que pudiera guardar respecto a las diligencias e investigaciones que ante dicha Fiscalía se tramiten, ya que dada la naturaleza del acto reclamado analizado en este apartado, esto es, la desaparición forzada de los quejosos, resulta preponderante la localización y presentación ante esta autoridad de los referidos agraviados. ********************Lo anterior se orienta en las tesis aisladas de rubros y textos siguientes: ********************"DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ACORDE CON LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE TRAMITAR Y DICTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS, AUN SIN HABER ADMITIDO LA DEMANDA. El delito de desaparición forzada de personas, acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, al implicar al mismo tiempo, vulneraciones conexas de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica. Por ello, el legislador estableció que el juzgador de amparo proveyera de inmediato acerca de la suspensión de oficio y de plano, aun sin haber admitido la demanda, pues la falta de esa formalidad no lo imposibilita a requerir a las autoridades sus informes con justificación y obtener datos de la localización o paradero de los desaparecidos, ya que la teleología de un delito de lesa humanidad -como lo es la desaparición forzada de personas-, catalogado como pluriofensivo violenta, entre otros derechos, el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, al sustraerla de la protección que le es debida, con la intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de que interponga las acciones legales, excluyéndola del orden jurídico e institucional; tan es así que el artículo 15 de la Ley de Amparo señala que el Juez de Distrito no puede imponer una temporalidad para que comparezcan los desaparecidos, pues su objetivo a través del habeas corpus está dirigido a obtener su localización, para lo cual, su párrafo sexto dispone que cuando advierta de la demanda de amparo la posible comisión de dicho delito, tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite, lo que evidencia que el legislador destacó que las formalidades regulares de que está previsto el juicio de amparo, en estos supuestos, adquieren un tratamiento diverso ante la violación grave y simultánea de derechos humanos, pues la persona desaparecida está imposibilitada para gozar y ejercer otros y, eventualmente todos los derechos de los cuales es titular, al sustraerla de todo ámbito del ordenamiento jurídico, dejándola en una suerte de limbo o indeterminación jurídica ante la sociedad y el Estado; situación que el sistema jurídico mexicano debe tutelar a través del juicio de amparo; sin que ello implique inobservar las formalidades del recurso judicial efectivo que constituye, pues sus reglas de admisibilidad y trámite, en supuestos de desaparición forzada de personas, le vienen impuestas al órgano de control constitucional por la propia ley; de ahí que el Juez de Distrito puede tramitar y dictar las medidas necesarias para la localización de los desaparecidos, aun sin haber admitido la demanda." ****************************************"DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. AL SER EL JUICIO DE AMPARO LA MATERIALIZACIÓN DEL DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO, RECONOCIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, NO SE REQUIERE DE UNA LEY ADJETIVA PARA INVESTIGAR VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS, TRATÁNDOSE DE ESTE DELITO. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la obligación de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contenida en su artículo 1, numeral 1, se cumple de diferentes maneras en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección, lo que implica el deber del Estado de organizar todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público que fueren necesarias para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicho compromiso, debe investigar seriamente, con los medios a su alcance, las violaciones que se cometan dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, imponerles las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación. En ese sentido, y toda vez que uno de los objetivos en el delito de desaparición forzada de personas es impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, es fundamental que sus familiares (o personas allegadas) puedan acceder a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces, como medio para determinar su paradero; por ello, en este delito, el juicio de amparo implica la posibilidad de que el Poder Judicial haga efectivo el recurso para determinar el destino de la víctima, erigiéndose como el medio idóneo para establecer si se ha incurrido en una grave violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla, ya que como instrumento protector, está estrechamente vinculado con el principio general relativo a la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia; lo que implica que, sin invadir las facultades concedidas al órgano persecutor ni sustituirlo en sus funciones, por la potestad del amparo y acorde con el mandato constitucional previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, el juzgador de amparo tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento la protección más amplia de las personas frente a los actos de autoridad que puedan violentar derechos humanos, y toda vez que tratándose de este delito el legislador enfatizó que se requerirá a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de las víctimas, no se requiere de una ley adjetiva para investigar violaciones graves a derechos humanos tratándose de desaparición forzada de personas, pues basta que el órgano de control constitucional asuma su posición de garante de los derechos fundamentales y prevea las medidas conducentes para que las autoridades señaladas como responsables se avoquen a la búsqueda y localización de las víctimas e identificar a los responsables." ****************************************"DELITOS O CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LOS INVESTIGA. De conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no puede alegarse el carácter de reservado cuando la averiguación previa investigue hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. A fin de que el intérprete determine si un caso concreto se ubica en el supuesto de excepción relativo a los delitos de lesa humanidad y deba dar acceso a la averiguación previa correspondiente, es necesario que atienda, a nivel federal, al Título Tercero del Código Penal Federal, el cual tipifica como delitos contra la humanidad, en su artículo 149, a la violación a los deberes de humanidad respecto de prisioneros y rehenes de guerra y, en su artículo 149 bis, al genocidio. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que el Estado mexicano ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en la capital italiana el 17 de julio de 1998. Asimismo, el 31 de diciembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se promulgó dicho Estatuto. Esta Primera Sala observa que el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, norma vigente en el ordenamiento jurídico mexicano, define los delitos o crímenes de lesa humanidad y establece un catálogo sobre las conductas que deberán considerarse como tales. Así, el asesinato; el exterminio; la esclavitud; la deportación o traslado forzoso de la población; la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; la tortura; la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional; la desaparición forzada de personas; el crimen de apartheid, así como otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, serán considerados delitos o crímenes de lesa humanidad, tal y como los define el apartado segundo del párrafo primero del artículo 7o. del Estatuto de Roma. Asimismo, es importante señalar que estos delitos serán considerados como crímenes de lesa humanidad de conformidad con el Estatuto de Roma, únicamente cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque; entendiendo por ataque generalizado contra la población civil la línea de conducta que implique la comisión de actos mencionados en el catálogo de referencia contra una multiplicidad de personas dentro de dicha población; mientras que por sistematizado debe entenderse que los actos se cometan de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política, es decir, en seguimiento de un plan preconcebido, lo cual excluiría a aquellos actos cometidos al azar." ****************************************"DERECHO A LA INFORMACIÓN. ACCESO A LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE INVESTIGUEN HECHOS QUE CONSTITUYAN GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS O DELITOS DE LESA HUMANIDAD. En materia de derecho a la información pública, la regla general en un Estado democrático de derecho debe ser el acceso y máxima publicidad de la información. Sin embargo, la regla general presenta algunas excepciones, las cuales, por mandato constitucional, deben estar previstas en leyes en sentido formal y material. Una de estas excepciones es el caso de las averiguaciones previas, cuyo contenido debe considerarse como estrictamente reservado, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, y de los artículos 13, fracción V, y 14, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ahora bien, esta limitante tampoco puede considerarse como absoluta y presenta una excepción -de modo que estamos ante una excepción a la excepción- consistente en que, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no puede alegarse el carácter de reservado cuando la averiguación previa investigue hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Las averiguaciones previas se mantienen reservadas en atención a que la difusión de la información contenida en ellas podría afectar gravemente la persecución de delitos y, con ello, al sistema de impartición de justicia. A pesar de lo anterior, la ley previó como excepción a la reserva de las averiguaciones previas aquellos casos extremos en los cuales el delito perseguido es de tal gravedad que el interés público en mantener la averiguación previa en reserva se ve superado por el interés de la sociedad en su conjunto de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables. Estos casos de excepción son las investigaciones sobre graves violaciones a derechos humanos y delitos o crímenes de lesa humanidad. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recuerda que el Tribunal Pleno reconoció en la tesis jurisprudencial P./J. 54/2008, el doble carácter del derecho de acceso a la información, como un derecho en sí mismo, pero también como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En este sentido, el Tribunal Pleno destacó que el derecho de acceso a la información es la base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo cual se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho. En virtud de lo anterior, cobra una especial relevancia la necesidad de permitir el acceso a la información que conste en averiguaciones previas que investiguen hechos que constituyan graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, pues estos supuestos no sólo afectan a las víctimas y ofendidos en forma directa por los hechos antijurídicos, sino que ofenden a toda la sociedad, precisamente por su gravedad y por las repercusiones que implican." ****************************************"DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE ESTE DELITO SON VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LOS INVESTIGA. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado. En consecuencia, si en un caso concreto, el fenómeno delictivo fue cometido por agentes estatales e implicó la violación intensa a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, no cabe duda que nos encontramos ante una violación grave a los derechos humanos, por lo que la autoridad ministerial, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debe garantizar el acceso a la averiguación previa que investiga estos hechos." ****************************************Así como la diversa jurisprudencia de rubro y texto siguientes: ********************"DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS A QUE SE REFIERE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE BELÉM, BRASIL, DE NUEVE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. LA DECLARACIÓN INTERPRETATIVA FORMULADA POR EL GOBIERNO MEXICANO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. En la mencionada declaración interpretativa, que señala que las disposiciones de ese instrumento internacional se aplicarán a los hechos que constituyan el delito de desaparición forzada de personas, el Gobierno Mexicano quiso significar que tales disposiciones no podrán aplicarse a aquellas conductas constitutivas de ese ilícito cuya consumación hubiera cesado antes de que adquiriera obligatoriedad la nueva norma, pero no debe interpretarse en el sentido de que no se aplique a las conductas típicas de tal delito que habiéndose iniciado antes de su vigencia, se continúen consumando durante ella, pues al tener el delito de desaparición forzada de personas el carácter de permanente o continuo puede darse el caso de que las conductas comisivas del ilícito se sigan produciendo durante la vigencia de la Convención. Tal interpretación es acorde con el principio de irretroactividad de la ley consagrado en el artículo 14 constitucional, conforme al cual las disposiciones contenidas en las leyes no se deben aplicar hacia el pasado, afectando hechos realizados o consumados antes de que aquéllas entren en vigor, por lo que es inconcuso que tratándose de delitos de consumación instantánea la nueva ley no puede regir conductas o hechos de consumación anterior, pues resultaría retroactiva, lo cual se encuentra prohibido constitucionalmente. En cambio, sí debe aplicarse la nueva normatividad sin incurrir en el vicio apuntado respecto de hechos constitutivos de delito continuo o permanente cuando, habiendo empezado a realizarse antes de que aquélla entrara en vigor, se continúan cometiendo, en cuyo caso resultará aplicable, como sucede con el delito de desaparición forzada de personas que prevé la Convención mencionada, cuya naturaleza es permanente o continua, porque se consuma momento a momento durante todo el tiempo que el sujeto pasivo se encuentre desaparecido." ****************************************Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita al Actuario adscrito, para que en incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.********************Si al momento de la notificación a las autoridades responsables, alguna de éstas refiere que la denominación a la que se encuentra dirigido el oficio que le corresponde es incorrecta, se faculta al Actuario para que subsane dicho error en la designación de la nominación de la responsable y asiente de propia mano en un nuevo oficio que al efecto le sea entregado por este Juzgado, la denominación correcta, sin que ello implique una alteración al documento a notificar, dada la fe pública con la que cuenta dicho funcionario, esto es así, pues esta Juzgadora se encuentra facultada para corregir la inexactitud del señalamiento del quejoso, en aras de evitar rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el presente caso, los agraviados reclaman actos de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos se encuentran dentro de los catalogados como urgentes, debiéndose tramitar la demanda de amparo con la mayor celeridad, en salvaguarda de los derechos humanos del quejoso. ********************De igual forma, en el supuesto anterior, se apercibe a las autoridades responsables, que si persistieren en no recibir el oficio que les fuera dirigido, se le tendrá por hecha la notificación pretendida, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleve. ********************De la negativa de la responsable, se dará vista a su superior jerárquico, en términos de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 194 del propio ordenamiento legal, a fin de que las disposiciones en materia del cumplimiento de las medidas cautelares decretadas sean ejecutadas y observadas por las autoridades responsables. ********************Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis con los rubros y textos siguientes:********************"AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo." ****************************************"AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." ************************************************************Por otra parte, dado que el quejoso no señala domicilio para oír y recibir notificaciones, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, háganse las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional y por lista electrónica que se pública en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto proporcione domicilio en los presentes autos.********************Por otra parte, respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta Juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que mediante oficio DEY/4458/20, el encargado del despacho de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, designó a la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde como agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionando como correo electrónico para realizarle notificaciones el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, mediante el citado correo electrónico.********************De igual forma, hágase del conocimiento de las autoridades requeridas que el informe requerido podrán rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. ********************En otro contexto, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso.********************Notifíquese personalmente.
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