Carlos Fernando Hernandez Robles

Expediente 48/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
48/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Carlos Fernando Hernandez Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veintidós de febrero del presente año, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo anexar a los cuadernos incidentales copia autorizada del presente proveído, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo número 48/2022-V-B, promovido por Carlos Fernando Hernández Robles, en contra de los actos que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el día diez siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Carlos Fernando Hernández Robles, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama a los Jueces Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, como autoridades ordenadoras, Fiscal General del Estado, Secretario de Seguridad Pública del Estado y Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado, como autoridades ejecutoras, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de once de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, la que quedó registrada con el número 48/2022-V-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitaron a las autoridades responsables sus informes justificados; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de los informes justificados, se tiene que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión y/o detención y/o presentación dictada en su contra y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a los Jueces Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán (promociones 755 y 777), Fiscal General del Estado (promoción 878), Secretario de Seguridad Pública del Estado (promoción 851) y Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado (promoción 753), todos con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dichas negativas con prueba en contrario. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Fernando Hernández Robles, en contra de las autoridades señaladas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, diez de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y lo de cuenta, se acuerda: de los autos que integran este sumario incidental se aprecia que se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y ocho horas con que cuenta la responsable Tribunal Unitario Agrario, del Distrito 34, con sede en esta ciudad, en términos del artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, para rendir su informe previo. Así mismo, no obran en autos el acuse postal del oficio dirigido al Director del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, residente en la Ciudad de México. En consecuencia, es claro que no es factible llevar a cabo la audiencia incidental señalada para esta fecha, por lo que a fin de que la citada autoridad se encuentre en aptitud de rendir el indicado informe, lo procedente es diferir la audiencia y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VIENTIDÓS, para su celebración. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Raúl Ramos Berzunza, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diez de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, se efectuó a la parte quejosa por medio de lista que se fijó en los estrados de este Juzgado Federal, el día once de enero siguiente, sin que a la fecha se hubiese desahogado la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Por sentencia dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en su segundo punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Rosa Elva Caro Orozco, en contra del acto reclamado al Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, para el efecto de que la citada autoridad responsable realizara las gestiones necesarias, a fin de que de inmediato se concluyera el procedimiento relativo a la expedición del título de propiedad, y de ser legalmente procedente, sin mayor dilación, lo remitiera para su inscripción a las oficinas registrales respectivas; y hecho lo anterior, lo pusiera a disposición de la parte promovente de manera inmediata. Por acuerdo de diez de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo. Seguidos los trámites de ejecución, mediante oficio número RAN/YUC/SR/DJ/0027/2022, la encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede esta ciudad, informó y acreditó que la aquí parte quejosa no acudió a las trece horas con treinta minutos, del día cinco de enero pasado, en el Centro de Atención al Público (CAT) de esa Delegación, a fin de que le notifiquen y entreguen el título de propiedad 1004990, que ampara la parcela 21 Z1 P1/2, del ejido de Temanche, municipio de Mérida, Yucatán, relativa a la solicitud SIMCR 312100001974. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria, en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable se encontraba obligada a realizar las gestiones necesarias, a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo a la expedición del título de propiedad, y de ser legalmente procedente, sin mayor dilación, remitirlo para su inscripción a las oficinas registrales respectivas; y hecho lo anterior, ponerlo a disposición de la parte promovente de manera inmediata; lo que así hizo y acreditó. Lo anterior, pues el cumplimiento de las sentencias pronunciadas por este Juzgado Federal, en forma alguna puede encontrarse supeditado al proceder de las partes (parte quejosa), pues únicamente se deberá velar porque las autoridades responsables den cabal cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de que se trate. Por tanto, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulneradas, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en donde en su segundo punto resolutivo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

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