Carlos Fernando Guerrero Chávez

Expediente 494/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 1 actuación registrada, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
494/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Carlos Fernando Guerrero Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que reclama del Juez Primero de Control, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí y de otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 494/2019-III. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Del análisis de la demanda de amparo, se desprende que este órgano de control constitucional carece de competencia legal, por razón de territorio, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que la ejecución de los actos reclamados se llevara a cabo fuera de la residencia en la que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El invocado precepto legal establece los parámetros para fijar la competencia por territorio en el medio de control constitucional, lo cual obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado. Por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo y, posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución debe llevarse a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. En este orden de ideas, del examen del precepto legal en cita, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan: a) La primera, contenida en el primer párrafo de la norma en estudio, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Ello presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda, determina la competencia del Juez de Distrito en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, el juzgador que debe conocer y dirimir el litigio planteado es aquel ante quien se haya presentado la demanda de amparo. c) La tercera, deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien se presente la denuncia a la probable afectación de las prerrogativas constitucionales del promovente. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso reclama la orden de aprehensión o detención girada en su contra, la cual atribuye a las autoridades ordenadoras y ejecutoras que señala, quienes tienen su residencia en la ciudad de San Luis Potosí, incluso indica sus domicilios. Asimismo, el peticionario de amparo manifiesta bajo protesta de decir verdad, que siendo las diez horas del uno de diciembre del año en curso, acudieron a su domicilio ubicado en calle Mariano Ávila, número 905-A, entre privada Manuel Robledo y Melchor Ocampo de la colonia Tequisteapan código postal 78250 de San Luis Potosí, dos personas quienes preguntaron por el promovente al parecer eran policías investigadores, recibiéndolos su vecina de nombre María, quien preguntó que se les ofrecía, y le dijeron que traían una orden para llevarlo ante un Juez de Control, que necesitaban hablar con el promovente, lo anterior le fue informado por la mencionada vecina al llegar a su casa. En ese contexto, es evidente que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para resolver el problema planteado en esta instancia, dado que la ejecución de la orden de aprehensión tendrá verificativo en la ciudad de San Luis Potosí, atento a que se pretendió ejecutar en el domicilio del quejoso que se ubica en ese lugar, aunado a que todas las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras están localizadas en dicha ciudad. De ahí que, si la orden de aprehensión o detención, según afirma el quejoso en su demanda, se pretendió ejecutar en su domicilio particular y todas las autoridades ordenadoras y ejecutoras, se ubican en la ciudad de San Luis Potosí, quien debe conocer el asunto es un Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre. En consecuencia, como este Juzgado de Distrito no podría válidamente pronunciarse respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de autoridad controvertidos, con fundamento en los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, a efecto de que resuelva lo que conforme a derecho estime pertinente. Para los efectos relatados fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, se autoriza en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Genaro Pineda Cabrales y Santana Jesús Bautista toda vez que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Ahora bien, se desprende que el promovente señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, lo que no es técnicamente posible; por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal, aun las de carácter personal. Por otro lado, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuario adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese y cúmplase.

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