Carlos Fernando Guerrero Chavez

Expediente 76/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
76/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
15/02/2018

Partes del expediente

  • Carlos Fernando Guerrero Chavez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Fernando Guerrero Chávez, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintinueve de enero del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto, además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Visto el oficio de cuenta al que se acompaña copia certificada del juicio de amparo 56/2018-II, promovido por Carlos Fernando Guerrero Chávez; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 76/2018-III. Ahora, examinadas las constancias que integran la copia certificada del juicio de amparo de referencia, se advierte que este Juzgado Federal por auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, emitido en el juicio de amparo 56/2018, ordenó la separación de autos para formar tres juicios constitucionales, siendo uno de ellos éste; en consecuencia, procédase al estudio de la demanda de amparo promovida por Carlos Fernando Guerrero Chávez, por derecho propio y su escrito aclaratorio, respecto de la omisión de acordar el escrito presentado el diez de enero de dos mil dieciocho, a la Juez Quinto Familiar en esta ciudad, dirigido al juicio familiar 1749/2017. Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al transcrito artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Sobre esas bases, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De los artículos trascritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Apoya a lo anterior, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 837, 288, 134 y 23, la primera, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil dos, la segunda del tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, la tercera del 145-150 Sexta Parte y la cuarta del tomo 43 Séptima Parte, éstas últimas del Semanario Judicial de la Federación, Octava y Séptima Época, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD". "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE RELACIONARSE CON UNA TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA. "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA". En relación a los amparos interpuestos por una de las partes en el juicio natural contra omisiones de la autoridad jurisdiccional, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que acorde con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (actualmente recogidos en el artículo 107 de la Ley vigente), se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. Que en esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. Y que en razón de ello, por regla general, el amparo indirecto es improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a llevar a cabo el acto omitido. Norma el criterio anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 1a./J. 8/2015 (10a.), en la página 478, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada". Al respecto, debe señalarse que los artículos 972, 973 y 974 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, disponen lo siguiente: "Artículo 972.- También se da el recurso de queja contra secretarios o ejecutores por exceso o defecto en las ejecuciones, así como por omisiones o negligencias en el desempeño de sus funciones". "Artículo 973.- El recurso de queja contra un juez se interpondrá por escrito ante el superior inmediato, dentro de los tres días siguientes a la notificación del acto reclamado expresando los motivos del agravio. Al interponer el recurso, el quejoso deberá hacerlo saber al juez presentándole copia, por duplicado, del escrito de queja. Una de ellas se agregará al expediente y la otra se mandará entregar desde luego al colitigante. El juez, dentro de los tres días siguientes, remitirá al superior su informe con justificación y el colitigante, dentro de igual término, que se contará desde que reciba la copia, podrá ocurrir al mismo superior, expresando lo que a su derecho convenga. Dentro del tercer día de recibido el informe del juez, el superior resolverá lo que proceda. Será el acuerdo del Supremo Tribunal el que decida las quejas contra los jueces de primera instancia y los de la capital". "Artículo 974.- La queja contra los secretarios o ejecutores será resuelta de plano por el juez que conozca del asunto, oyendo el informe del acusado". Los anteriores dispositivos legales, entre otras cuestiones, prevén la posibilidad de que las partes interpongan recurso de queja en contra de los servidores públicos por omisiones en el desempeño de sus funciones. Así, tratándose del recurso en contra de un Juez, se interpondrá por escrito ante el superior inmediato, haciéndolo el quejoso del conocimiento del propio juzgador, quien dentro de los tres días siguientes remitirá al superior su informe con justificación, quien al tercer día de acontecido lo anterior resolverá lo que proceda. Por su parte la queja contra los secretarios o ejecutores será resuelta de plano por el juez que conozca del asunto, oyendo el informe del acusado. Lo anterior, evidencia la notoria improcedencia de la demanda de amparo, contra la omisión de que se trata, pues conforme al criterio contenido en la jurisprudencia de mérito (de aplicación obligatoria para todos los tribunales de este país, en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo), la omisión reclamada se estará cometiendo dentro del procedimiento jurisdiccional de origen sin tener el carácter de imposible reparación, pues el inconforme se encuentra en aptitud, atendiendo a la legislación ordinaria, de hacer valer el recurso de queja respectivo a efecto de obligar a la responsable a llevar a cabo en el juicio de origen el acto que se considera omitido, en el caso, acordar lo pedido en la misiva presentada en la oficina de correspondencia del Juzgado familiar aludido el diez de enero de dos mil dieciocho. Por lo que, es claro que dicha demanda, conforme al criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta notoria e indudablemente improcedente. Sin que sea óbice a lo anterior la eventual posibilidad de considerarse que la omisión de acordar el escrito de referencia, por la clase de petición que en él se contiene es susceptible de ser considerado como generador de consecuencias de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos, previamente deben agotarse los medios de defensa previstos en la Ley ordinaria. También, ilustra lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala del Más Alta Tribunal del País, consultable en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Así como la diversa 1a./J. 113/2013 (10a.), de la referida Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, de la Ley de Amparo, por los motivos expuestos con antelación, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la legislación invocada, a Mauricio Zacarías Nájera, con número de cédula 6131005, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta al que se acompaña copia certificada del juicio de amparo 56/2018-II, promovido por Carlos Fernando Guerrero Chávez; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 76/2018-III. Ahora, examinadas las constancias que integran la copia certificada del juicio de amparo de referencia, se advierte que este Juzgado Federal por auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, emitido en el juicio de amparo 56/2018, ordenó la separación de autos para formar tres juicios constitucionales, siendo uno de ellos éste; en consecuencia, procédase al estudio de la demanda de amparo promovida por Carlos Fernando Guerrero Chávez, por derecho propio y su escrito aclaratorio, respecto de la omisión de acordar el escrito presentado el diez de enero de dos mil dieciocho, a la Juez Quinto Familiar en esta ciudad, dirigido al juicio familiar 1749/2017. Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al transcrito artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Sobre esas bases, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De los artículos trascritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Apoya a lo anterior, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 837, 288, 134 y 23, la primera, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil dos, la segunda del tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, la tercera del 145-150 Sexta Parte y la cuarta del tomo 43 Séptima Parte, éstas últimas del Semanario Judicial de la Federación, Octava y Séptima Época, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD". "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE RELACIONARSE CON UNA TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA. "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA". En relación a los amparos interpuestos por una de las partes en el juicio natural contra omisiones de la autoridad jurisdiccional, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que acorde con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (actualmente recogidos en el artículo 107 de la Ley vigente), se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. Que en esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. Y que en razón de ello, por regla general, el amparo indirecto es improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a llevar a cabo el acto omitido. Norma el criterio anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 1a./J. 8/2015 (10a.), en la página 478, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada". Al respecto, debe señalarse que los artículos 972, 973 y 974 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, disponen lo siguiente: "Artículo 972.- También se da el recurso de queja contra secretarios o ejecutores por exceso o defecto en las ejecuciones, así como por omisiones o negligencias en el desempeño de sus funciones". "Artículo 973.- El recurso de queja contra un juez se interpondrá por escrito ante el superior inmediato, dentro de los tres días siguientes a la notificación del acto reclamado expresando los motivos del agravio. Al interponer el recurso, el quejoso deberá hacerlo saber al juez presentándole copia, por duplicado, del escrito de queja. Una de ellas se agregará al expediente y la otra se mandará entregar desde luego al colitigante. El juez, dentro de los tres días siguientes, remitirá al superior su informe con justificación y el colitigante, dentro de igual término, que se contará desde que reciba la copia, podrá ocurrir al mismo superior, expresando lo que a su derecho convenga. Dentro del tercer día de recibido el informe del juez, el superior resolverá lo que proceda. Será el acuerdo del Supremo Tribunal el que decida las quejas contra los jueces de primera instancia y los de la capital". "Artículo 974.- La queja contra los secretarios o ejecutores será resuelta de plano por el juez que conozca del asunto, oyendo el informe del acusado". Los anteriores dispositivos legales, entre otras cuestiones, prevén la posibilidad de que las partes interpongan recurso de queja en contra de los servidores públicos por omisiones en el desempeño de sus funciones. Así, tratándose del recurso en contra de un Juez, se interpondrá por escrito ante el superior inmediato, haciéndolo el quejoso del conocimiento del propio juzgador, quien dentro de los tres días siguientes remitirá al superior su informe con justificación, quien al tercer día de acontecido lo anterior resolverá lo que proceda. Por su parte la queja contra los secretarios o ejecutores será resuelta de plano por el juez que conozca del asunto, oyendo el informe del acusado. Lo anterior, evidencia la notoria improcedencia de la demanda de amparo, contra la omisión de que se trata, pues conforme al criterio contenido en la jurisprudencia de mérito (de aplicación obligatoria para todos los tribunales de este país, en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo), la omisión reclamada se estará cometiendo dentro del procedimiento jurisdiccional de origen sin tener el carácter de imposible reparación, pues el inconforme se encuentra en aptitud, atendiendo a la legislación ordinaria, de hacer valer el recurso de queja respectivo a efecto de obligar a la responsable a llevar a cabo en el juicio de origen el acto que se considera omitido, en el caso, acordar lo pedido en la misiva presentada en la oficina de correspondencia del Juzgado familiar aludido el diez de enero de dos mil dieciocho. Por lo que, es claro que dicha demanda, conforme al criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta notoria e indudablemente improcedente. Sin que sea óbice a lo anterior la eventual posibilidad de considerarse que la omisión de acordar el escrito de referencia, por la clase de petición que en él se contiene es susceptible de ser considerado como generador de consecuencias de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos, previamente deben agotarse los medios de defensa previstos en la Ley ordinaria. También, ilustra lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala del Más Alta Tribunal del País, consultable en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Así como la diversa 1a./J. 113/2013 (10a.), de la referida Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, de la Ley de Amparo, por los motivos expuestos con antelación, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la legislación invocada, a Mauricio Zacarías Nájera, con número de cédula 6131005, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada.

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