Carlos Fernando Cinul Naa

Expediente 1094/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1094/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Carlos Fernando Cinul Naa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el proveído que puso fin a este juicio de amparo sin haberlo hecho, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1. Como el presente expediente no cuenta con valor jurídico, histórico o documental, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que el presente expediente es DESTRUIBLE, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se SOBRESEYÓ respecto de todos los actos reclamados; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Este expediente al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "Archivo de trámite" de este Juzgado, en virtud de que se dan los supuestos establecidos en los artículos 8, fracción I, y 9, ambos del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General; lo anterior, previas las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.

  2. Principal

    SE TIENE DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CUYA SÍNTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que el presente juicio de amparo fue promovido por XXXXXXXXXXXXX, en contra de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, contra la negativa de celebrar la audiencia de desahogo de pruebas dentro del juicio laboral XXX/20XX. Ahora bien, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado estima necesario analizar si durante la sustanciación del juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." 1 I. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que se advierte, de oficio, la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Con la finalidad de comprender los alcances de la causal de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, así como de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Establecida la premisa y sus alcances, precisa destacar, que de las constancias de autos, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2, se aprecia, que el veintisiete de enero de dos mil veinte, la autoridad laboral responsable dictó un proveído en el que, regularizó el procedimiento en el juicio laboral de origen XXX/20XX, acordó respecto al desechamiento y admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, y señaló fecha y hora para su desahogo en el aludido expediente laboral (abril de dos mil veintiuno). Determinación cuyo contenido este órgano de control constitucional hizo del conocimiento de la parte quejosa mediante acuerdo de veintiuno de enero del año en curso, cuando dio vista con el informe justificado rendido por la Junta responsable. Bajo esa condición, se colige que en el presente caso sí se cumplen con los lineamientos, para la configuración de la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, porque: a) El acto reclamado ha quedado insubsistente. De las referidas constancias remitidas como justificación de los actos reclamados a la responsable laboral, se advierte, que si bien a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo, la parte quejosa no tenía conocimiento del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte, en el que se regularizó el procedimiento en el juicio laboral de origen y se acordó lo conducente respecto a las pruebas ofrecidas en dicho expediente; también lo es que mediante acuerdo de veintiuno de enero del año en curso, este juzgado federal le dio vista con su contenido; con lo cual se produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de la omisión reclamada. b) Desaparecieron los efectos del acto omisivo reclamado en forma inmediata, total e incondicional. Lo anterior es así, tomando en cuenta que al haberse dictado el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte, y tener conocimiento del mismo hasta el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, con ello se suprimieron del mundo fáctico los efectos de la dilación reclamada de forma inmediata, total e incondicional. c) Las cosas volvieron al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional Lo anterior acontece, porque con el dictado de los aludidos acuerdos, tal circunstancia trae como consecuencia que se reponga a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que consideró vulnerados con la dilación reclamada, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional, sin dejar huella alguna en los derechos de la parte agraviada; por lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado como si se hubiera otorgado el amparo impetrado, esto es, como si la paralización de que se trata no hubiera invadido la esfera jurídica del solicitante de la protección federal, y si lo hizo no dejara consecuencia alguna. De este modo, en el supuesto de una hipotética concesión de amparo, la parte quejosa no podría haber obtenido mayores beneficios que los señalados, lo cual viene a corroborar que la cesación de los efectos de la omisión controvertida sí trajo consigo el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la existencia del acto objeto de impugnación constitucional. Pues bien, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto Tribunal de la Nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causal de improcedencia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. IV. Se sobresee en el juicio. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, a las once horas con veinte minutos. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. V. Anotación en el libro de gobierno. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. VI. Registro en el S. I. S. E. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que el presente juicio de amparo fue promovido por XXXXXXXXXXXXX, en contra de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, contra la negativa de celebrar la audiencia de desahogo de pruebas dentro del juicio laboral XXX/20XX. Ahora bien, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado estima necesario analizar si durante la sustanciación del juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." 1 I. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que se advierte, de oficio, la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Con la finalidad de comprender los alcances de la causal de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, así como de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Establecida la premisa y sus alcances, precisa destacar, que de las constancias de autos, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2, se aprecia, que el veintisiete de enero de dos mil veinte, la autoridad laboral responsable dictó un proveído en el que, regularizó el procedimiento en el juicio laboral de origen XXX/20XX, acordó respecto al desechamiento y admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, y señaló fecha y hora para su desahogo en el aludido expediente laboral (abril de dos mil veintiuno). Determinación cuyo contenido este órgano de control constitucional hizo del conocimiento de la parte quejosa mediante acuerdo de veintiuno de enero del año en curso, cuando dio vista con el informe justificado rendido por la Junta responsable. Bajo esa condición, se colige que en el presente caso sí se cumplen con los lineamientos, para la configuración de la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, porque: a) El acto reclamado ha quedado insubsistente. De las referidas constancias remitidas como justificación de los actos reclamados a la responsable laboral, se advierte, que si bien a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo, la parte quejosa no tenía conocimiento del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte, en el que se regularizó el procedimiento en el juicio laboral de origen y se acordó lo conducente respecto a las pruebas ofrecidas en dicho expediente; también lo es que mediante acuerdo de veintiuno de enero del año en curso, este juzgado federal le dio vista con su contenido; con lo cual se produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de la omisión reclamada. b) Desaparecieron los efectos del acto omisivo reclamado en forma inmediata, total e incondicional. Lo anterior es así, tomando en cuenta que al haberse dictado el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte, y tener conocimiento del mismo hasta el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, con ello se suprimieron del mundo fáctico los efectos de la dilación reclamada de forma inmediata, total e incondicional. c) Las cosas volvieron al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional Lo anterior acontece, porque con el dictado de los aludidos acuerdos, tal circunstancia trae como consecuencia que se reponga a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que consideró vulnerados con la dilación reclamada, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional, sin dejar huella alguna en los derechos de la parte agraviada; por lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado como si se hubiera otorgado el amparo impetrado, esto es, como si la paralización de que se trata no hubiera invadido la esfera jurídica del solicitante de la protección federal, y si lo hizo no dejara consecuencia alguna. De este modo, en el supuesto de una hipotética concesión de amparo, la parte quejosa no podría haber obtenido mayores beneficios que los señalados, lo cual viene a corroborar que la cesación de los efectos de la omisión controvertida sí trajo consigo el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la existencia del acto objeto de impugnación constitucional. Pues bien, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto Tribunal de la Nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causal de improcedencia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. IV. Se sobresee en el juicio. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, a las once horas con veinte minutos. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. V. Anotación en el libro de gobierno. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. VI. Registro en el S. I. S. E. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido y se agrega a los autos, el oficio y anexo, remitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual rinde su informe justificado. Ahora bien, toda vez que se reservó a dar vista correspondiente a las partes, hasta en tanto se reciban en este juzgado federal, las constancias a que hizo referencias la responsable en su telegrama de catorce de diciembre de dos mil veinte, lo cual ya ocurrió; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido. Con fundamento en el numeral 119 del referido ordenamiento legal, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable la documental que remitió para apoyar su informe justificado, la cual se tomará en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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