Carlos Fernando Cigarroa Garcia

Expediente 1450/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1450/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
09/03/2022

Partes del expediente

  • Carlos Fernando Cigarroa Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal en materia de amparo, mediante el cual solicita acceso al expediente electrónico. Notifíquese

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO "Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo 83/2020, promovido por José Guadalupe Parra Marmolejo, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Torreón, Coahuila, y actuario de su adscripción. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, misma que correspondió conocer a este juzgado federal, José Guadalupe Parra Marmolejo, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos que señala en la demanda. SEGUNDO. Por auto de veintiocho de enero de dos mil veinte, este juzgado admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, ordenó el emplazamiento del tercero interesado, dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público adscrito; y, una vez que se integró el asunto, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede, por lo que a fin de concluirla se procede al dictado de la resolución que en derecho corresponde. TERCERO. Según autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, emitida en sesión celebrada el once de octubre de dos mil veintiuno, comunicada por oficio CCJ/ST/3387/2021 de esa fecha, se designó a Sergio Pérez Cárdenas, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, para fungir como Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, y 107 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en relación con el numeral 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo 3/2013, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a fijar la litis constitucional. En ese sentido, la lectura íntegra de la demanda y las constancias que forman el presente juicio de amparo, ponen de manifiesto que la parte quejosa reclama: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Torreón, Coahuila, el emplazamiento al juicio laboral 1788/2017-SAIII, y sus consecuencias legales. Del Actuario adscrito a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la ciudad de Torreón, Coahuila, reclama la diligencia de emplazamiento al juicio laboral indicado, así como la notificación del laudo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Torreón, Coahuila, y actuario de su adscripción, ya que al rendir su respectivo informe justificado lo reconocieron. Lo anterior, se corrobora con la documental que remitió la junta laboral responsable, consistente en copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral 1788/2017-SAIII; instrumental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes omitieron invocar alguna causa de improcedencia; y, el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el último párrafo del citado precepto. QUINTO. Problema jurídico a resolver. No se transcriben los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca esa obligación; además de que no le causa perjuicio, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En el caso, el quejoso aduce esencialmente en sus conceptos de violación, que las responsables violaron en su perjuicio sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 743, de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso, pues refiere que no fue emplazado al juicio laboral 1788/2017-SAIII. En ese sentido, el impetrante del amparo argumenta que no existe constancia en el juicio laboral de origen, que acredite que el actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Torreón, Coahuila, lo haya emplazado al procedimiento y, por ende, que haya cumplido con las formalidades establecidas en la Ley Federal del Trabajo, para tal efecto. Precisado lo anterior, cabe anticipar que los argumentos aquí sintetizados resultan fundados por las siguientes consideraciones: El párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas, dispone: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.". De la interpretación literal del precepto transcrito, se advierte que nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; es decir, de entre los diversos derechos de seguridad jurídica que contiene el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, destaca, por su primordial importancia, el de audiencia previa, cuya esencia se traduce en un derecho humano que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas al derecho de legalidad contenido en el texto del párrafo primero del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Norma este criterio, la tesis sostenida por el Pleno de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 15, del Volumen 115-120, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis dispone: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA. De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que establece un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. Este debe contener 'etapas procesales', las que pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio procedimiento, que se traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la dilación probatoria, en que pueda aportar los medios convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, por último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto." Con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran el derecho fundamental de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite; que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Lo anterior, ha sido corroborado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 218, visible en la página 260, Tomo I, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que se cita bajo el rubro y texto de: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Por su parte, el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable en el caso, dispone: "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará, la resolución entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal de aquélla. III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, y si estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye." De lo anterior se colige básicamente que el diligenciario judicial debe cerciorarse de que efectivamente la persona a buscar habita, trabaja o tiene su domicilio en el lugar en que se constituye, con independencia de que sea el domicilio correcto. Asimismo, que el actuario puede cerciorarse por cualquier medio, con la única condición de que, con todos los elementos que tome en cuenta, se pueda arribar al convencimiento de que se cumplió fehacientemente con el cercioramiento de que la persona a quien se dirige la notificación, habita, trabaja o tiene su domicilio en el lugar que se encuentre señalado en autos para ello. Además, deberá asentar razón en autos de todo lo acontecido durante la misma, y señalará con claridad todos y cada uno de los elementos de convicción en que se apoye. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia con número de registro 176018, visible en la página 1636, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "CITATORIO Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. AUN CUANDO EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS RELATIVAS CIERTAS FORMALIDADES PARA QUE AQUÉLLOS SEAN JURÍDICAMENTE VÁLIDOS. Del artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, se colige que el actuario debe cumplir con ciertas formalidades para que tanto el citatorio como el emplazamiento sean jurídicamente válidos; esto es, debe cerciorarse de que el lugar en el que se apersonó es aquel en el que debe actuar, así como en donde puede localizarse a la persona que debe notificar, porque ahí habita, trabaja o tiene su domicilio. Para cumplir con lo anterior, debe expresar las razones particulares o medios de convicción que tenga a su alcance para determinar que el domicilio en el que actúa es el correcto para practicar el emplazamiento a juicio, e indicar las características del inmueble donde se constituyó, y cualquier otra circunstancia objetiva que revele que se ubicó en el domicilio ordenado, y no únicamente mencionar que lo tuvo a la vista; además, en su caso, los nombres de las personas que le indicaron que ahí es el domicilio del demandado, o bien, la negativa a proporcionar su nombre y no únicamente señalarlos genéricamente; es decir, debe hacer constar en las actas respectivas los medios de que se valió, tanto objetivos (aquellos que aprecie directamente el funcionario), como subjetivos (los que le sean proporcionados por otras personas), para tener la certeza que en ese lugar habita, trabaja o tiene su domicilio la persona a quien se busca o en su caso al representante legal de la persona moral demandada, ya que si carece de tales datos, no puede sostenerse jurídicamente la legalidad del emplazamiento, no obstante la fe pública del funcionario." Ahora, en el caso a estudio, debe estarse a lo establecido por el artículo 743 de la ley laboral en cita, es decir, que el actuario debe cerciorarse plenamente de la existencia del lugar donde el demando pueda ser localizado, señalando con claridad los medios de convicción en los que se apoye para llegar a tal conclusión y, hecho lo anterior, requerir la presencia del interesado o su representante legal, sin dejar de considerar los requisitos formales que deben contener las cédulas de notificación. Asentado lo anterior, debe decirse que el análisis que se realiza a las constancias que integran el juicio laboral 1788/2017-SAIII, que remitió la propia Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por conducto de su presidente, no se advierte la existencia de la constancia de notificación mediante la cual se haya emplazado a juicio al demandado, ahora quejoso, José Guadalupe Parra Marmolejo. En efecto, ciertamente las constancias que integran el sumario, revelan que efectivamente el tercero interesado Fernando Iván Parra Barrera demandó al promovente del amparo, por el pago y cumplimiento de diversas prestaciones; sin embargo, no se advierte que se haya emplazado a juicio al demandado, pues no existe el acta relativa a la notificación de la demanda. De lo expuesto, se pone de manifiesto que las autoridades responsables incumplieron con la formalidad del procedimiento laboral que le impone la ley respectiva, al no haber llamado legalmente a la parte demandada en el juicio laboral, coartándole así el derecho de preparar en forma adecuada su defensa. De ahí que resulten fundados los conceptos de violación hechos valer, pues ante la omisión del notificador responsable en dar cumplimiento a lo ordenado por su superior, debe decirse que no se respetó el derecho de audiencia al quejoso, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, sin cumplir además lo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley." En tal virtud, al no quedar satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, el acto de autoridad resulta atentatorio del derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues contraviene las reglas procedimentales de la notificación y formalidades del emplazamiento, lo cual deja en estado de indefensión a la parte quejosa. Es aplicable al asunto, la jurisprudencia VI.2º.J/270, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 70, Tomo 77, mayo de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dispone: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO. DEBEN OBSERVARSE TODAS LAS FORMALIDADES DEL. De conformidad con lo que dispone el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, para que un emplazamiento se encuentre correctamente desahogado no basta que el actuario se cerciore de que el domicilio donde efectúa es el señalado en la demanda, por medio de las placas de nomenclatura oficiales, sino además tiene que cerciorarse de que en ese lugar habita, trabaja o tiene su domicilio el demandado, ya que de omitir esa circunstancia resulta ilegal el emplazamiento, debiendo hacerse constar en el acta que al efecto se levante los medios a través de los cuales llegó a tal conocimiento." Asimismo, también es aplicable la jurisprudencia VI.2º. J/271, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible la página 71, Tomo 77, mayo de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y cuyo texto son: "EMPLAZAMIENTO. LUGAR SEÑALADO PARA PRACTICAR EL. De la redacción de la fracción I del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, se infiere que la obligación que le impone al actuario en el sentido de cerciorarse de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación, tiene como propósito el de cerciorarse de que el demandado concurre al lugar indicado y en él puede encontrársele, por habitarlo, trabajar o estar domiciliado en el mismo, esto es, corroborar que en el lugar señalado por la parte actora para emplazar al demandado, puede localizarse a éste, porque se encuentre ordinaria, habitual y permanentemente en el mismo sitio." También apoya lo anterior, la jurisprudencia 710, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página 480, Tomo V, parte TCC, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, que señala: "EMPLAZAMIENTO, FORMALIDADES DEL. Si el actuario no precisó, como se desprende de los citatorios e instructivos, que se cercioró al llevar a cabo la primera notificación o emplazamiento, si los codemandados habitaban, trabajaban o tenían su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación, con ello se apartó de los lineamientos que para esta clase de notificaciones señala el artículo 743, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, pues se limitó a decir que se había constituido en el domicilio correcto señalado en autos, con lo cual no dio cumplimiento a la formalidad señalada para este tipo de diligencias." En tales condiciones, al quedar demostrado que el quejoso no fue llamado al juicio laboral de origen, en términos de lo establecido en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, lo procedente es conceder a José Guadalupe Parra Marmolejo, el amparo y protección de la Justicia de la Unión por el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Torreón, Coahuila, y actuario de su adscripción, consistente en la falta de emplazamiento al juicio laboral 1788/2017-SAIII, y sus consecuencias legales, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral señalado, y se ordene el emplazamiento al demandado mediante notificación personal, en términos de lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. Tal concesión se hace extensiva a los demás actos reclamados incluyendo el laudo, su notificación y ejecución, pues al resultar ilegal el emplazamiento a la reclamación laboral, también resultan ilegales los actos que del mismo se derivan. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Guadalupe Parra Marmolejo, contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Torreón, Coahuila, y actuario de su adscripción, consistente en la falta de emplazamiento al juicio laboral 1788/2017-SAIII, y sus consecuencias legales, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resuelve y firma Sergio Pérez Cárdenas, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, según autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, emitida en sesión celebrada el once de octubre de dos mil veintiuno, comunicada por oficio CCJ/ST/3387/2021 de esa fecha, hasta hoy veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano judicial, ante Daniel Covarrubias Sánchez, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Doy Fe."

  3. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Fernando Cigarroa García, por las razones y motivos expuestos en la presente sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, agréguense para los efectos legales correspondientes y con vista a las partes los informes justificados rendidos por el Presidente y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de dar cuenta con los mismos al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales que exhibe la autoridad responsable; ello sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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