Carlos Fernando Botero Jaramillo

Expediente 1022/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1022/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Carlos Fernando Botero Jaramillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Ciudad de México, a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en atención a sus términos, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe previo que en él se contiene. De conformidad con los numerales 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia, ténganse como delegados a las personas que menciona la autoridad oficiante y como domicilio para recibir notificaciones el que señala. Notifíquese.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Incidental

    Ciudad de México, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, en atención a sus términos, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes previos que en ellos se contienen. De conformidad con los numerales 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia, ténganse como delegados a las personas que mencionan las autoridades oficiantes y como domicilio para recibir notificaciones el que señalan. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Carlos Fernando Botero Jaramillo, contra los actos reclamados del Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 1022/2019. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese sentido, de la demanda se aprecia que el promovente de amparo señaló como actos reclamados los siguientes: 1. La orden de detención, con fines de deportación; y 2. La orden de deportación. No se soslaya que el quejoso precisó: "LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTOS ACTOS, EN VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL MIGRANTE Y ACCESO A LA JUSTICIA POR NO ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 14 SEGUNDO PÁRRAFO, 16 PRIMER PÁRRADO, 17 SEGUNDO PÁRRAFO Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN PÓLITÍCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Sin embargo, no ha lugar a tenerlo como acto reclamado, pues su señalamiento constituye un aspecto de legalidad, derivado de los dos actos inicialmente precisados. Tampoco ha lugar a tener como acto reclamado "la aplicación de la alerta migratoria", pues de la lectura integral de la demanda no se aprecia algún antecedente relativo a la emisión o activación de dicha alerta, aunado a que los hechos relatados y conceptos de violación únicamente se relacionan con la detención y la posible deportación señaladas. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional considera que es procedente desechar de plano la demanda, por lo que respecta a la deportación reclamada. En efecto, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .". El artículo 5°, fracción I, de la legislación de la materia, establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. .". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada, es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto que nos ocupa, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular, de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". Bajo esas consideraciones, en el caso, es inconcuso que la deportación reclamada no afecta el interés jurídico del peticionario de amparo, al no existir agravio alguno, pues en el apartado correspondiente a los antecedentes, bajo protesta de decir verdad, refirió que: ". 2.- En fechas pasadas, el día dieciocho de diciembre del año en curso, fueron a buscarme a mi domicilio autoridades migratorias ´PARA DETENERME Y PONERME A DISPOSICIÓN DE UNA ESTACIÓN MIGRATORIA PARA DEPORTACIÓN´, lo cual es incomprensible, pues para regularizar mi estancia en México, estoy realizando un trámite para cambiar mi condición a regularización por unidad familiar debido a que soy padre de una hija mexicana con la cual tengo obligaciones alimentarias --- 3.- Naturalmente, al día siguiente acudí ante las autoridades migratorias para saber cómo iba mi trámite y porqué razón me estaban buscando, negándome toda información, lo que ocasiona que dicha circunstancia sea inatacable, en virtud de que el instituto Nacional de Migración, es omiso en señala las causas por las cuales decretó la ORDEN DE DETENCIÓN para DEPORTACIÓN, pues se indica que es por razones de SEGURIDAD NACIONAL Y QUE ACTUAMENTE LA POLÍTICA MIGRATORIA ES DE DEPORTACIÓN.", de lo que se obtiene que el quejoso sólo tiene certeza de que pretendieron detenerlo con la finalidad de deportarlo, es decir, no tiene conocimiento si se ha emitido una resolución en que se determine que tiene que abandonar el territorio nacional, aunado a que no relató que se le hubiera instruido el procedimiento relativo a la deportación, dado que únicamente indicó que había realizado "un trámite para cambiar mi condición a regularización por unidad familiar". En el entendido que tal acto, al menos acorde con el planteamiento de la demanda, no puede considerarse futuro e inminente para la procedencia del juicio, pues de los hechos relatados, se insiste, únicamente tiene certeza de su posible detención, lo cual sólo representa un indicio de que pudiera iniciarse en su contra el procedimiento de deportación, cuyo resultado no puede anticiparse, al estar condicionado al cumplimiento de las formalidades que el mismo prevé y a la justipreciación de las pruebas que consten en el expediente relativo. Lo anterior es así, porque el Máximo Tribunal de justicia del país determinó que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el agravio que los actos reclamados causen a la parte quejosa deben ser actuales, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causarán dicha afectación. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de este sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º de la ley de la materia, condiciona su promoción a que los actos reclamados perjudiquen a la parte quejosa. Por consiguiente, si de la lectura de la demanda no se infiere la inminencia de la deportación reclamada, es evidente que no existe el agravio que refiere el amparista y, por ende, no le causa perjuicio alguno. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por cuanto a dicha deportación. Por otro lado, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo. I. Se admite la demanda únicamente por los actos que se precisarán más adelante. II. Se señala el cinco de febrero de dos mil veinte, a las nueve horas con cuarenta minutos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. III. Pídase a la(s) autoridad(es) responsable(s) rinda(n) informe justificado en el plazo de quince días, contado a partir de que quede(n) notificada(s) de este proveído, al que deberá(n) acompañar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que apoyen dicho informe; apercibida(s) que de no hacerlo, de conformidad con el diverso 117 de dicha legislación, se presumirá cierto el acto reclamado, asimismo, se le sancionará con multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de la fracción II del numeral 260 del ordenamiento invocado. En el entendido que este órgano de control constitucional, a fin de fijar la litis en el presente juicio y en su caso dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, estima que de la lectura integral de la demanda el (los) acto(s) reclamado(s) es (son) el (los) siguiente(s): - La orden de detención con fines de deportación, así como su ejecución. Asentado lo anterior, hágase del conocimiento del promovente de amparo que de no hacer alguna manifestación al respecto en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, se sustanciará el juicio acorde con la interpretación realizada por este juzgado. IV. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión. Dese la intervención que corresponde a la representación social de la adscripción, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64, párrafo primero, de la ley reglamentaria, requiérase a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir con esa obligación se les impondrá multa por el equivalente a treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde con el dispositivo 251 de la ley de la materia. Resérvese acordar lo correspondiente a las pruebas que ofrece la parte quejosa, hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe de ley. Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el señalado, asimismo, téngase por autorizada únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a la persona mencionada, no así para los efectos del primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes de que puede ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada, sin necesidad de posterior acuerdo. En cuanto a que se permita ".el uso de medios electrónicos de captura y/o grabación, de acuerdos y demás documentos que integren el expediente de amparo.", dígasele que en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de los citados aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, resoluciones, informes de ley o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos, lo anterior a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, se autoriza hacer uso de los medios que refiere única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio. En el entendido que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede. En términos de los artículos 113, fracción I, y 117, ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación de nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente a dicha publicación, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales -información confidencial-; en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva a que en las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como en las constancias del expediente, se supriman los datos sensibles que pudieran contener, como lo dispone el diverso numeral 118 de la legislación que se invoca -versión pública-, a no ser que se actualice alguno de los supuestos de excepción a que se refiere aquel precepto citado en segundo término. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,848 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano