Carlos Fernández Díaz de León

Expediente 301/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
301/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • Carlos Fernández Díaz de León

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de abril de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se colige que ha transcurrido el plazo para que el accionante interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda que promovió; en consecuencia, con apoyo en el artículo 98 de la Ley de Amparo, así como de los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado estado dicha determinación. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, y toda vez que el expediente electrónico coincide con el expediente físico, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 3, de la Ley de Amparo archívese el presente sumario como concluido. SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen...IV

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo dieciocho de marzo de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por el quejoso Carlos Fernández Díaz de León, a través del cual da cumplimiento a la prevención que le fue formulada el nueve de marzo pasado y exhibe el original del instructivo que anexo a su escrito inicial de demanda en consecuencia, se acuerda: DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 2 No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, de un análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso Carlos Fernández Díaz de León acude a esta instancia constitucional a impugnar: a El emplazamiento de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, efectuado por la actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del juicio ejecutivo mercantil 823/2021, promovido por José Antonio Barradas Palacios en contra de Carlos Fernández Díaz de León quejoso, diligencia en la que se decretó el embargo del 30% sobre el excedente del salario mínimo sobre las prestaciones laborales brutas ordinarias y extraordinarias del quejoso. b El auto de exequendo contenido en el proveído de veintitrés de septiembre del año pasado, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 823/2021, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 En esas condiciones, respecto de los actos precisados anteriormente, se actualiza la causal de improcedencia derivada de la infracción al principio de definitividad, prevista en el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales b Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal c Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo De acuerdo con lo anterior, se desprende que el juicio de amparo se rige, entre otros principios, por el de definitividad, que obliga a los gobernados previamente a instarlo a agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que rige el acto para remediar los vicios que se adviertan de los actos de autoridad. Lo que implica que, por regla general, la acción constitucional sólo será procedente contra actos definitivos, esto es, respecto de aquellos que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación a través de algún recurso o medio ordinario de defensa que pueda hacerse valer ante los tribunales ordinarios. Ahora bien, dicho principio de definitividad debe observarse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Ciertamente, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El citado principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo es decir, éste es un medio extraordinario sui generis, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a instar la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En ese tenor, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotó el medio de impugnación ordinario mediante el cual la resolución reclamada pudo haber sido reparada por la propia autoridad que lo emitió, o bien, por el superior jerárquico o tribunal de segunda instancia. En el caso, uno de los actos reclamados por el quejoso, consiste en el emplazamiento de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, efectuado por la actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del juicio ejecutivo mercantil 823/2021, promovido por José Antonio Barradas Palacios en su contra, diligencia en la cual se decretó el embargo del 30% sobre el excedente del salario mínimo sobre las prestaciones laborales brutas ordinarias y extraordinarias del quejoso, también resulta improcedente el amparo, pues el quejoso tampoco agotó el principio de definitividad. En efecto, contra tal determinación procede el incidente de nulidad de notificaciones de conformidad con los artículos 319 y 320 del Código Federal Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, de conformidad con el numeral 1063 de dicho ordenamiento, que a la letra dicen lo siguiente: Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 6 estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. Artículo 320. No obstante lo dispuesto en el título anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. Artículo 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local. De la lectura de dichos preceptos se advierte que el Código Federal Procedimientos Civiles puede ser aplicado de forma supletoria al Código de Comercio, ante la falta de un procedimiento expreso para impugnar una notificación cuando se haga en forma distinta a la prevenida en la ley, a través del incidente de nulidad de notificaciones. Debe decirse que la declaración de nulidad es el reconocimiento, por parte de la autoridad que resuelve el incidente respectivo, de que la actuación de que se trate ha sido ilegal y, por lo tanto, inaplicable en lo pasado como en el futuro, con las consecuencias que de ello resulten, especialmente la anulación de los actos que se hayan realizado con base en ella. En esa virtud, contra la el emplazamiento de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, efectuado por la actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del juicio ejecutivo mercantil 823/2021, en el que se trabó el embargo del 30% sobre el excedente del salario mínimo sobre las prestaciones laborales brutas ordinarias y extraordinarias del quejoso, el accionante debió promover el incidente de nulidad de notificaciones SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 previsto en los artículos 319 y 320 del Código Federal Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al Código de Comercio. Lo anterior es así, pues de lo manifestado por el promovente en su escrito de demanda, y del anexo que a la misma acompañó, consistente en el instructivo de veinticuatro de febrero pasado, se advierte que en esa data se constituyó el actuario adscrito al juzgado señalado como responsable en el domicilio del quejoso, en busca del demandado Carlos Fernández Díaz de León, y al no haberlo encontrado presente se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 823/2021, promovido por José Antonio Barradas Palacios, misma que se entendió con su hijo Alan Fernández Padrón, a quien se le dejó el instructivo correspondiente de dicha diligencia. De lo anterior resulta evidente que, no obstante el quejoso pretende ostentarse como tercero extraño, señalando como acto reclamado la falta de emplazamiento a juicio, o bien la ilegalidad de dicha diligencia, en el caso el quejoso fue emplazado a juicio y tuvo conocimiento del procedimiento instruido en su contra, pues incluso vierte conceptos de violación encaminados a cuestionar el cumplimiento de las formalidades del emplazamiento efectuado. Ello aunado a que, al habérsele emplazado el veinticuatro de febrero pasado, se encontraba transcurriendo el término se le otorgara para comparecer ante el juzgado responsable hacer el pago de la cantidad reclamada o en su caso oponer las excepciones que tuviere, conforme el artículo 1396 del Código de Comercio. Es decir, el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño, pues exhibe como anexo a su demanda el instructivo que fue entregado a su hijo de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de veinticuatro de febrero pasado, razón por la que está enterado del juicio entablado en su contra, por lo que se encuentra en aptitud de hacer valer los derechos y recursos que le asisten, como en el caso lo es el incidente de nulidad de actuaciones, mismo que debe agotar previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad que lo rige. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/243, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1651, del Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. Ahora bien, de igual forma el quejoso reclama el auto de exequendo contenido en el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 823/2021, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo sin embargo, la causa de improcedencia en estudio se pone de manifiesto también, al tener en consideración que dicho proveído es impugnable a través del recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, pues mediante dicho medio de defensa SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 el quejoso puede lograr la revocación, modificación o nulidad del acto de que se duele. Lo anterior es así, porque el peticionario de amparo es parte demandada en el juicio de origen, en el cual se dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, a fin de requerirle el pago de la cantidad de $122,000.00 ciento veintidós mil pesos, y en caso de no hacerlo, practicar el embargo sobre bienes propiedad de la quejosa. Procedimiento al cual, como ha quedado evidenciado, ya se le emplazó. Luego, el artículo 1339 del Código de Comercio, vigente al momento de emitirse el auto de exequendo reclamado veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, establece: Artículo 1339.- Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 Setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N. por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. . Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia que de la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior al establecido en el artículo 1339 del Código de Comercio, es decir $705,379.03 setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N. por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de la misma, ya que la intención del legislador al usar la expresión recurribles fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del cuarto párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a $705,379.03 setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N. por concepto de suerte principal, como en el caso que es de $122,000.00 ciento veintidós mil pesos, son impugnables mediante el recurso de revocación. En esa tesitura, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es evidente que el acto que se tilda de inconstitucional no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra éste procede el mencionado recurso de revocación. En efecto, los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, legislación aplicable al juicio natural, establecen: Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso. De ahí que, como se vio, al ser la quejosa parte demanda en el controvertido natural, se encuentra legitimada para promover ese medio de impugnación, y por ende debió interponer tal recurso antes de acudir a esta instancia constitucional. Se afirma lo anterior, ya que dicho recurso es idóneo, en tanto que, como ya se señaló, el diverso precepto 1339 de dicho ordenamiento, señala que las resoluciones dictadas en los juicios mercantiles, serán irrecurribles mediante apelación cuando no superen la cuantía establecida para ello, hipótesis que se actualiza en el asunto, pues como se desprende de las constancias del juicio ejecutivo mercantil de origen, se reclama una cantidad menor a la establecida en el dispositivo legal para la procedencia de dicho recurso. Tiene aplicación, por los motivos que la informan, la jurisprudencia 70/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 401, con número de registro 2005047, de rubro y texto siguientes: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión son irrecurribles, en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto De los Juicios Mercantiles, título primero Disposiciones Generales, capítulo XXV, denominado De la Apelación, del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno. De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia 101/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, página 138, Novena Época, con registro digital: 188092, de rubro y texto siguientes: REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.. Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS., en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema cerrado de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como principio de impugnación que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación. Es necesario aclarar que, en la especie, no se surte ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, establecidos en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que los actos en estudio no son de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como tampoco se trata de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Además, no consisten en una orden de aprehensión o reaprehensión un auto que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos una orden de arresto u otro que afecte la libertad personal del amparista. Asimismo, no se impugna un auto de vinculación a proceso. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página a1816, que establece: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. En suma, si el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, prevé el incidente de nulidad de notificaciones, el quejoso debe hacer valer dicho recurso ante la autoridad responsable, reclamando las deficiencias que asevera tuvo la diligencia de emplazamiento que le fue practicada, previo a acudir a la sede constitucional. Asimismo, si el Código de Comercio establece el recurso de revocación, el cual es procedente e idóneo para impugnar el auto de exequendo que se reclama, resulta claro que debió interponerse dicho medio de impugnación antes de instar el presente juicio de amparo. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo...IV

  3. Principal

    Previo AVISO, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el/la auto/resolución de 18 de MARZO de 2022, en el/la que se determinó:...Pachuca de Soto, Hidalgo dieciocho de marzo de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por el quejoso Carlos Fernández Díaz de León, a través del cual da cumplimiento a la prevención que le fue formulada el nueve de marzo pasado y exhibe el original del instructivo que anexo a su escrito inicial de demanda en consecuencia, se acuerda: DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 2 No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, de un análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso Carlos Fernández Díaz de León acude a esta instancia constitucional a impugnar: a El emplazamiento de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, efectuado por la actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del juicio ejecutivo mercantil 823/2021, promovido por José Antonio Barradas Palacios en contra de Carlos Fernández Díaz de León quejoso, diligencia en la que se decretó el embargo del 30% sobre el excedente del salario mínimo sobre las prestaciones laborales brutas ordinarias y extraordinarias del quejoso. b El auto de exequendo contenido en el proveído de veintitrés de septiembre del año pasado, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 823/2021, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 En esas condiciones, respecto de los actos precisados anteriormente, se actualiza la causal de improcedencia derivada de la infracción al principio de definitividad, prevista en el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales b Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal c Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo De acuerdo con lo anterior, se desprende que el juicio de amparo se rige, entre otros principios, por el de definitividad, que obliga a los gobernados previamente a instarlo a agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que rige el acto para remediar los vicios que se adviertan de los actos de autoridad. Lo que implica que, por regla general, la acción constitucional sólo será procedente contra actos definitivos, esto es, respecto de aquellos que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación a través de algún recurso o medio ordinario de defensa que pueda hacerse valer ante los tribunales ordinarios. Ahora bien, dicho principio de definitividad debe observarse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Ciertamente, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El citado principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo es decir, éste es un medio extraordinario sui generis, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a instar la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En ese tenor, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotó el medio de impugnación ordinario mediante el cual la resolución reclamada pudo haber sido reparada por la propia autoridad que lo emitió, o bien, por el superior jerárquico o tribunal de segunda instancia. En el caso, uno de los actos reclamados por el quejoso, consiste en el emplazamiento de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, efectuado por la actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del juicio ejecutivo mercantil 823/2021, promovido por José Antonio Barradas Palacios en su contra, diligencia en la cual se decretó el embargo del 30% sobre el excedente del salario mínimo sobre las prestaciones laborales brutas ordinarias y extraordinarias del quejoso, también resulta improcedente el amparo, pues el quejoso tampoco agotó el principio de definitividad. En efecto, contra tal determinación procede el incidente de nulidad de notificaciones de conformidad con los artículos 319 y 320 del Código Federal Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, de conformidad con el numeral 1063 de dicho ordenamiento, que a la letra dicen lo siguiente: Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 6 estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. Artículo 320. No obstante lo dispuesto en el título anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. Artículo 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local. De la lectura de dichos preceptos se advierte que el Código Federal Procedimientos Civiles puede ser aplicado de forma supletoria al Código de Comercio, ante la falta de un procedimiento expreso para impugnar una notificación cuando se haga en forma distinta a la prevenida en la ley, a través del incidente de nulidad de notificaciones. Debe decirse que la declaración de nulidad es el reconocimiento, por parte de la autoridad que resuelve el incidente respectivo, de que la actuación de que se trate ha sido ilegal y, por lo tanto, inaplicable en lo pasado como en el futuro, con las consecuencias que de ello resulten, especialmente la anulación de los actos que se hayan realizado con base en ella. En esa virtud, contra la el emplazamiento de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, efectuado por la actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del juicio ejecutivo mercantil 823/2021, en el que se trabó el embargo del 30% sobre el excedente del salario mínimo sobre las prestaciones laborales brutas ordinarias y extraordinarias del quejoso, el accionante debió promover el incidente de nulidad de notificaciones SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 previsto en los artículos 319 y 320 del Código Federal Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al Código de Comercio. Lo anterior es así, pues de lo manifestado por el promovente en su escrito de demanda, y del anexo que a la misma acompañó, consistente en el instructivo de veinticuatro de febrero pasado, se advierte que en esa data se constituyó el actuario adscrito al juzgado señalado como responsable en el domicilio del quejoso, en busca del demandado Carlos Fernández Díaz de León, y al no haberlo encontrado presente se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 823/2021, promovido por José Antonio Barradas Palacios, misma que se entendió con su hijo Alan Fernández Padrón, a quien se le dejó el instructivo correspondiente de dicha diligencia. De lo anterior resulta evidente que, no obstante el quejoso pretende ostentarse como tercero extraño, señalando como acto reclamado la falta de emplazamiento a juicio, o bien la ilegalidad de dicha diligencia, en el caso el quejoso fue emplazado a juicio y tuvo conocimiento del procedimiento instruido en su contra, pues incluso vierte conceptos de violación encaminados a cuestionar el cumplimiento de las formalidades del emplazamiento efectuado. Ello aunado a que, al habérsele emplazado el veinticuatro de febrero pasado, se encontraba transcurriendo el término se le otorgara para comparecer ante el juzgado responsable hacer el pago de la cantidad reclamada o en su caso oponer las excepciones que tuviere, conforme el artículo 1396 del Código de Comercio. Es decir, el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño, pues exhibe como anexo a su demanda el instructivo que fue entregado a su hijo de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de veinticuatro de febrero pasado, razón por la que está enterado del juicio entablado en su contra, por lo que se encuentra en aptitud de hacer valer los derechos y recursos que le asisten, como en el caso lo es el incidente de nulidad de actuaciones, mismo que debe agotar previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad que lo rige. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/243, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1651, del Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. Ahora bien, de igual forma el quejoso reclama el auto de exequendo contenido en el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 823/2021, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo sin embargo, la causa de improcedencia en estudio se pone de manifiesto también, al tener en consideración que dicho proveído es impugnable a través del recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, pues mediante dicho medio de defensa SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 el quejoso puede lograr la revocación, modificación o nulidad del acto de que se duele. Lo anterior es así, porque el peticionario de amparo es parte demandada en el juicio de origen, en el cual se dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, a fin de requerirle el pago de la cantidad de $122,000.00 ciento veintidós mil pesos, y en caso de no hacerlo, practicar el embargo sobre bienes propiedad de la quejosa. Procedimiento al cual, como ha quedado evidenciado, ya se le emplazó. Luego, el artículo 1339 del Código de Comercio, vigente al momento de emitirse el auto de exequendo reclamado veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, establece: Artículo 1339.- Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 Setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N. por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. . Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia que de la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior al establecido en el artículo 1339 del Código de Comercio, es decir $705,379.03 setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N. por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de la misma, ya que la intención del legislador al usar la expresión recurribles fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del cuarto párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a $705,379.03 setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N. por concepto de suerte principal, como en el caso que es de $122,000.00 ciento veintidós mil pesos, son impugnables mediante el recurso de revocación. En esa tesitura, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es evidente que el acto que se tilda de inconstitucional no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra éste procede el mencionado recurso de revocación. En efecto, los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, legislación aplicable al juicio natural, establecen: Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso. De ahí que, como se vio, al ser la quejosa parte demanda en el controvertido natural, se encuentra legitimada para promover ese medio de impugnación, y por ende debió interponer tal recurso antes de acudir a esta instancia constitucional. Se afirma lo anterior, ya que dicho recurso es idóneo, en tanto que, como ya se señaló, el diverso precepto 1339 de dicho ordenamiento, señala que las resoluciones dictadas en los juicios mercantiles, serán irrecurribles mediante apelación cuando no superen la cuantía establecida para ello, hipótesis que se actualiza en el asunto, pues como se desprende de las constancias del juicio ejecutivo mercantil de origen, se reclama una cantidad menor a la establecida en el dispositivo legal para la procedencia de dicho recurso. Tiene aplicación, por los motivos que la informan, la jurisprudencia 70/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 401, con número de registro 2005047, de rubro y texto siguientes: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión son irrecurribles, en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto De los Juicios Mercantiles, título primero Disposiciones Generales, capítulo XXV, denominado De la Apelación, del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno. De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia 101/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, página 138, Novena Época, con registro digital: 188092, de rubro y texto siguientes: Es necesario aclarar que, en la especie, no se surte ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, establecidos en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que los actos en estudio no son de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como tampoco se trata de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Además, no consisten en una orden de aprehensión o reaprehensión un auto que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos una orden de arresto u otro que afecte la libertad personal del amparista. Asimismo, no se impugna un auto de vinculación a proceso. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página a1816, que establece: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. En suma, si el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, prevé el incidente de nulidad de notificaciones, el quejoso debe hacer valer dicho recurso ante la autoridad responsable, reclamando las deficiencias que asevera tuvo la diligencia de emplazamiento que le fue practicada, previo a acudir a la sede constitucional. Asimismo, si el Código de Comercio establece el recurso de revocación, el cual es procedente e idóneo para impugnar el auto de exequendo que se reclama, resulta claro que debió interponerse dicho medio de impugnación antes de instar el presente juicio de amparo. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo...IV

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; nueve de marzo de dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Fernández Díaz de León, contra actos del Juez Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, y actuaria de su adscripción; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 301/2022-IV-B. ACLARACIÓN. Previo a acordar el escrito de cuenta, debe precisarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo, prevé los requisitos que debe expresar la demanda de amparo indirecto, el cual a la letra establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.) Asimismo, el diverso 114 del aludido ordenamiento legal, señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Conforme al último numeral reproducido, el juez de amparo debe requerir al promovente para que aclare la demanda cuando haya alguna irregularidad en ésta, se omita alguno de los requisitos que establece el numeral 108, no se exhiba el documento que acredite la personalidad o el que se adjunte sea insuficiente, en los casos que así se requiera, no se exprese con precisión el acto reclamado, o bien, no se exhiban las copias necesarias del libelo constitucional, salvo que se trate de asuntos de orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación, se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, pues en estos casos el órgano jurisdiccional de amparo debe mandar expedir tales copias, de oficio. IRREGULARIDAD RELACIONADA CON LOS HECHOS O ANTECEDENTES. En el caso, de la lectura de la demanda se advierte que el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el veinticuatro de febrero pasado se presentaron en su domicilio cuatro personas quieren le indicaron a su hijo que tenían SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 una orden de embargo en contra del promovente, que la orden provenía de un juzgado mercantil sin proporcionar más datos, pero que al solicitarles que mostraran la orden judicial por escrito no lo hicieron ni dejaron documento alguno, y al no haberles permitido pasar se marcharon del lugar. Sin embargo, en el capítulo de pruebas el quejoso ofreció copia simple de un instructivo número 156603 de fecha veinticuatro de febrero del año en curso, relativo al juicio ejecutivo mercantil 823/2021; documental que al haberse exhibido en copia simple no es totalmente legible, lo que impide advertir con claridad el contenido de la diligencia practicada en él, sobre todo los datos del procedimiento de origen; es decir, quiénes son las partes, el número y tipo de juicio, el proveído que se le notifica, etcétera; por lo anterior, debe prevenirse al peticionario de amparo a fin de exhiba el original o copia certificada legible de dicho documento, o bien proporcione bajo protesta de decir verdad la información que contiene, y con ello, advertir la procedencia del juicio de amparo. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 112 y 114, todos de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que, en el término de cinco días, contado a partir de aquel en que quede legalmente notificado de este proveído, aclare su demanda en los siguientes términos: ? Proporcione el original o copia certificada legible del instructivo que anexó en copia simple a su escrito de demanda a efecto de que este juzgado pueda advertir mayores datos del juicio de origen; o en su defecto, manifieste bajo protesta de decir verdad los datos que contiene, como la fecha y hora en que se llevó a cabo esa diligencia, y si se hizo requerimiento de pago y si se embargaron bienes. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento a la anterior prevención, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del numeral 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como tal el ubicado en calle Doctor José Ma. Bandera número 400, colonia Doctores, en esta ciudad. CORREO ELECTRÓNICO. Asimismo, se tiene a la parte quejosa proporcionando la cuenta de correo electrónico urielmanuel@hotmail.com, para que de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dicho medio no sustituye el lugar para recibir notificaciones, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del acuerdo general de referencia, únicamente son el medio para tener comunicación no procesal. AUTORIZADOS. Se tiene al promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Said Dan Mendoza Martínez; así como, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Uriel Manuel Hernández Martínez, toda vez que no se encontró su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario.

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