Carlos Felix Guzman

Expediente 449/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
449/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
25/05/2021

Partes del expediente

  • Carlos Felix Guzman

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO EL AUTO DE DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, TOMANDO EN CUENTA QUE LA PARTE QUEJOSA NO INTERPUSO RECURSO DE QUEJA CONTRA DICHO ACUERDO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO Y SE ORDENA EL ARCHIVO.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido y se agrega a los autos el escrito de demanda de amparo promovida aparentemente por Carlos Félix Guzmán, contra el acto reclamado y autoridades responsables siguientes: "III.- Autoridades responsables.- ORDENADORA: 1). Juez de Control de la Región Seis, con sede en Nacajuca Tabasco. 2). Fiscal del Ministerio Público del Centro de Procuración de Justicia de Bosques de Saloya, Tabasco. 3). Fiscales del Ministerio Público del Centro de Procuración de Justicia de Nacajuca, Nacajuca. 4). LIC. ANGEL MARIO MORALES VIDAL, Director de delitos comunes zona foránea de la fiscalía general del Estado de Tabasco. 5). Fiscales del Ministerio Público del Centro de Procuración de Justicia Centro, Tabasco, adscritos a la unidad de tramitación Masiva de Causas. 6). Fiscal General del Estado de Tabasco. 7). ARTURO FLAVINO MARCIAL LÓPEZ, VICEFISCAL DE DELITOS COMUNES. 8). KENIA MEDINA CAMPOS, Coordinadora del Centro de Procuración de Justicia de Nacajuca, Tabasco. 9). FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA PRIMERA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO. 10). FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA SEGUNDA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO. 11). FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA TERCERA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO. 12). FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA CUARTA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO. 14). FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA QUINTA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO. 15). FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA SEXTA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO. 16). FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA SÉPTIMA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO. 17). FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA OCTAVA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO. 18). FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA ESPECIALIZADA PARA EL COMBATE AL ROBO DE VEHÍCULO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO. 19). JUEZ DE CONTROL CON SEDE EN VILLAHERMOSA, TABASCO. EJECUTORA: 1) Policía de Investigación adscritos al centro de procuración de justicia de Nacajuca, Tabasco. 2) Policía de Investigación adscritos al centro de procuración de justicia de Centro, Tabasco 3) DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE TABASCO. 4) Policía de Investigación adscritos al centro de procuración de justicia de Bosques de Saloya, ACTOS RECLAMADOS: a). De las ordenadoras: La orden de aprehensión y detención girada en mi contra. b). De la ejecutora: El indebido cumplimiento que pretenden dar con dicha orden". ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, se captura su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y bajo número 449/2021-I. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, a fin de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es importante destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, motivo por el cual se efectuará el análisis respectivo. En este punto, es pertinente señalar que, uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es el de "agravio personal y directo", que se desprende de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del 6º de la Ley de Amparo que prescriben: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecta la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por si, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]." De los preceptos aludidos se desprende que la fracción I, del artículo 107 Constitucional, dispone expresamente que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada y por otra parte, el artículo 6 de la Ley de Amparo, determina que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Ahora bien, toda vez que el estudio de las causales de improcedencia debe hacerse de oficio, toda vez que son una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en la especie se actualiza la causal prevista en el numérico 61 fracción XXIII de la Ley de la Materia, en relación con el diverso 6 del citado cuerpo normativo, así como también de los numerales 72, 73 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, toda vez que el libelo constitucional carece de firma electrónica (evidencia criptográfica) del promovente Carlos Félix Guzmán. Así, es menester enunciar el contenido de los artículos 61 fracción XXIII, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, así como los diversos 72, 73 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, mismo que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos. Artículo 73. Una vez enviada su demanda de amparo, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. De proporcionarse una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda de amparo se remitirá automáticamente a ésta el acuse de recepción electrónica. [.] Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente". De conformidad con el transcrito artículo 6 de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, es decir, tomando como base doctrinal los principios de instancia de parte agraviada y de la existencia de agravio personal y directo para la procedencia de un juicio de amparo, la afectación que se resiente en una esfera jurídica de derechos, debe ser invocada necesaria y obligadamente por disposición de la ley, por la persona directamente involucrada en dicha lesión, pudiendo hacerlo por sí o por su representante. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3º, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente o al haberlo presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica de la parte promovente. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que, es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa de la parte interesada o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital o evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. Por cuestión de técnica jurídica, en primera instancia es importante destacar la falta de firma autógrafa de la parte promovente en el escrito de demanda, ello, puesto que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta precisamente a través de su firma, ya que de lo contrario no existe evidentemente tal manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, que la demanda de amparo fue presentada aparentemente por Carlos Félix Guzmán, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), Juicio en Línea, y por tanto, su tramitación electrónica. En ese sentido, el artículo 3° de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre el tema, el numérico 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se deprende que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que el promovente ingrese su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó al momento de registrarse conforme al artículo 64 del citado Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad; asimismo, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo y agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente a efecto de enviar su demanda. Por su parte el diverso 76 del citado acuerdo general, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónico en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente. Asimismo, en el citado artículo se señala que tales datos deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. En la especie, la demanda de amparo presentada vía electrónica presuntamente por Carlos Félix Guzmán, carece de su firma electrónica, pues no contiene la evidencia de seguridad criptográfica a que se refiere el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. Por lo anterior, no se advierte la manifestación de voluntad del promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio el amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En otras palabras, la firma constituye un requisito esencial para dar validez a las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda de amparo, pues acredita la voluntad del suscriptor de emitirlas; de tal suerte que si el libelo constitucional de cuenta carece de firma electrónica de quien promueve, debe considerarse como un simple papel, que no incorpora expresión de voluntad alguna en cuanto a dicha persona y, por tanto, en esos supuestos procede desechar de plano la demanda de amparo. Máxime que la demanda que se pretende, no se encuentra en la excepción establecida en el artículo 72 del Acuerdo en cita, pues no se trata de una de las promovidas con fundamento del artículo 15 de la Ley de Amparo, que en términos del diverso numeral 109 de la Ley de Amparo, establece que no se requerirá firma electrónica. Esto es, que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión y/o detención, así como su ejecución, no se ajusta en modo alguno, a los diversos establecidos en el numeral 15 de la legislación en análisis. En ese sentido, no existe forma de saber si fue voluntad de Carlos Félix Guzmán, el incoar el presente juicio de amparo; ya que si bien, de conformidad con lo dispuesto en la parte in-fine del numérico de 6 de la Ley de Amparo, el acto que se pretende reclamar en el presente juicio es de índole laboral y no penal, pues en este último supuesto, la citada legislación prevé que la demanda de amparo podrá promoverse por sí, por su representante legal, por su apoderado, o por cualquier persona; no debe de perderse de vista, que los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece y nueve de diciembre de dos mil quince, establecen que el registro de cada usuario en el sistema constituye un trámite personal; por tanto, resulta indispensable que la demanda de amparo sea firmada electrónicamente por el promovente, a fin de tener la certeza de que realmente es su voluntad instaurar el presente juicio de amparo. Luego, cuando una persona promueve el juicio de amparo indirecto, es necesario que de la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió le pertenece a la persona que promueve, lo que no acontece en la especie, ya que, como se dijo, de la revisión de la demanda, no se advierte la evidencia criptográfica de Carlos Félix Guzmán, de ahí que, no se encuentra satisfecho el principio de instancia de parte agraviada. En ese contexto y ante los diversos razonamientos antes esgrimidos, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica) del quejoso, por reclamarse un acto de índole penal que no se ajusta en modo alguno, a los diversos establecidos en el numeral 15 de la ley de la materia. Se precisa que toda vez que las promociones que carecen de firma electrónica, en el caso que nos ocupa, no son una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, son equiparables a una copia simple, las cuales no tienen ningún valor probatorio, puesto que no se encuentra avalado mediante el nombre y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido, este Juzgado se encuentra impedido para acordar lo que en derecho corresponda respecto de su contenido. En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica de quien en este caso promueve, no se puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. En las narradas circunstancias, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, conforme lo previsto en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de la Materia, en relación con el diverso numeral 6 del citado cuerpo normativo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones de la parte quejosa el que señala en su demanda de cuenta, y por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Antonio López Aquino, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En otro orden de ideas, conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al Actuario Judicial adscrito, para que en caso de ser necesario se constituya en el domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de que pueda notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    MESA I.....SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO, EL PROVEÍDO DE 10 DE MAYO DE 2021, A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO COMPARECIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DEL CITADO PROVEÍDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:....... procede desechar de plano la demanda de amparo......

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