Carlos Felipe Orihuela Eloisa

Expediente 702/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
702/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Carlos Felipe Orihuela Eloisa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta sin mayor proveer, toda vez que por acuerdo emitido el veinticuatro de abril del año en curso se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    HA QUEDADO FIRME el auto por el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Por lo que con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el expediente. Se ordena la devolución de los documentos a que se hace referencia. hágase saber a las partes que cuentan con noventa días a la entrega de los documentos originales exhibidos en el presente asunto. devuélvase a la responsable las constancias que anexó a su informe justificado.

  3. Principal

    Este juzgado considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo, no se incurrió en exceso o defecto en su cumplimiento.

  4. Principal

    CITATORIO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SU SINTESIS DICE: Cuernavaca, Morelos, a nueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós,, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo en la que se determinó lo siguiente: ".Por razón de método, conviene destacar que el acto reclamado se hace consistir en el auto dictado por escrito en la causa penal***************, el tres de junio de dos mil veintiuno, por la Jueza de Primera Instancia de Control de la Primera Sede del Distrito Judicial Único en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en el Estado de Morelos y residencia en el municipio de Xochitepec, por el que declaró improcedente el recurso de revocación propuesto por el hoy quejoso en contra del auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, por el que negó la petición de apertura de audiencia de control judicial en contra de lo que consideró el investigado omisiones del ministerio público en la investigación que le sigue en su contra. [.] Esto es así, pues la responsable incurre en una falacia lógica, al considerar que lo peticionado por el investigado penal era una simple petición al ministerio público, y no una petición concreta que atendía al fondo de la función ministerial que es la de pronunciarse sobre el ejercicio o desistimiento de la acción penal desde el punto de vista o vertiente del investigado penal, por lo que erró en no abrir audiencia para escuchar a las adversarias y resolver la cuestión sustancial. Así, analizado exhaustivamente el auto combatido, se considera que violenta en perjuicio del quejoso el derecho humano previsto en los artículos 14, 16, 17 y 20, apartado A, fracción I, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, certeza y legalidad jurídica, tutela judicial en su vertiente formal, y la oralidad como medio o herramienta para decidir los actos trascendentales en materia penal de corte acusatoria y oral. [.] Por tanto, si el quejoso en el recurso de revocación hizo valer a la jueza de control que su petición de veinte de mayo de dos mil veintiuno, lo era para que abriera audiencia a efecto de escucharlo sobre la omisión o paralización de la investigación ministerial, dado que, - desde su óptica-, ya se cuenta con los elementos para determinar la situación legal a la que se encuentra relacionado, dado que como lo expone el propio investigado, ha aportado datos de prueba a la carpeta de investigación. Luego, si la jueza de control, en el auto de tres de junio de dos mil veintiuno, en que resolvió de plano el recurso de revocación, sostiene que se trata de una simple petición que no está sujeta al control judicial, parte de una premisa falsa (sofisma), pues atento a los hechos y circunstancias narradas por el quejoso, no solo es una petición simple de un gobernado la que ha hecho al agente del ministerio público, sino que se trata una petición que hace uno de los actores de la escena ministerial, que versa sobre la función principal que le está encomendada constitucionalmente a ese órgano de Estado, que es la investigación de los delitos y la determinación sobre el posible ejercicio o no de la acción penal. Por otro lado, también sostiene que no puede someter a control judicial el obligar al agente del ministerio público a que consigne los hechos investigados ante el juez de control correspondiente, porque de hacerlo invadiría la facultad que encomienda al ministerio público el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Partiendo de ese criterio, se estima que la juez erró, dado que si bien se converge con que el ejercicio de la acción penal corresponde al ministerio público (fuera de los casos de la acción penal privada), lo cierto es que dejó de considerar un momento ex ante y uno ex post, en esa determinación. [.} Pues la falta de pronunciamiento del titular de la representación social sobre la consulta de no ejercicio de la acción penal, lesiona su derecho humano a la certeza y seguridad jurídica, en virtud de que, en tanto no exista pronunciamiento de dicha autoridad ministerial, la situación jurídica del investigado se encuentra pendiente de resolver y él legalmente no puede desatenderla, y con ello le provoca perjuicio de distinta índole, pues en caso de que, conforme a su potestad el ministerio público ejerza la acción penal, el investigado estará sujeto o pendiente de su presentación ante el juzgador, a través de cualquiera de los medios de conducción al proceso que prevé el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. [.] En consecuencia, al demostrarse la ilegalidad de la resolución reclamada, lo procedente es conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que Alejandra Trejo Reséndiz, actuando como Jueza de Primera Instancia de Control de la Primera Sede del Distrito Judicial Único en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en el Estado de Morelos y residencia en el municipio de Xochitepec, realice lo siguiente: 1.- Deje insubsistente el auto dictado por escrito el tres de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal ***************por el que declaró insuficientes los argumentos con los que pretendió el investigado se revocara diverso auto; y, 2.- Como efecto extensivo deje sin efectos el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno y, siguiendo los lineamientos establecidos en esta resolución, señale fecha y hora para celebrar audiencia pública y oral en la que, garantizando el principio de contradicción en materia procesal penal y, agotado el debate y control horizontal de las partes, resuelva lo que conforme a derecho corresponda de acuerdo con lo que en la misma se le exponga." Por tanto, la sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, mediante oficio presentado el veinticinco de enero de dos mil veintidós, la Juez Especializada de Control del único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos, remitió copia certificada del auto dictado el trece de enero de dos mil veintidós dentro de la causa penal ***************, en el que se advierte que señaló las doces horas con treinta minutos del veintiuno de enero del año en curso, para llevar a cabo la audiencia en la que se resolviera lo conducente respecto al cumplimiento del fallo protector, asimismo, ordenó notificar dicho auto al investigado, aquí quejoso, con el apercibimiento que de no comparecer, sin justa causa, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declararía sin materia el control judicial que ha solicitado. Asimismo, remitió copia autorizada del escrito signado por el quejoso, en el que se desistió de la petición de audiencia, solicitando se declarara sin materia la audiencia programada, y remitió el proveído de diecinueve de enero del año en curso, en el que se le dijo al promovente que dicho desistimiento lo tenía que ratificar en audiencia y con la asistencia legal de sus defensor. Así también, allegó copia autorizada del audio y video e formado DVD, de la audiencia de veintiuno de enero del año en curso, en la que se advierte que, dejó sin efectos los autos dictados el tres de junio y veinticinco de mayo, ambos de dos mil veintiuno, asimismo, hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de enero del año en curso, y declaró sin materia el control judicial solicitado por el quejoso. Por lo que este Juzgado Federal, dio vista y corrió traslado a la parte quejosa con dichas constancias. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las constancias mencionadas en el párrafo que antecede, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de su derecho transgredido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, dejó sin efectos los autos emitidos el tres de junio y veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, respectivamente, señaló fecha y hora para celebrar audiencia pública y oral en la que, se resolviera lo que conforme a derecho correspondiera respecto a la solicitud de la parte quejosa, asimismo, en la data señalada para tal efecto, la responsable declaró sin materia la solicitud de control judicial presentada por el quejoso, en virtud que dicha parte, se desistió de la misma, por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acataron en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable únicamente, dejara insubsistente el auto dictado el tres de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal ***************por el que declaró insuficientes los argumentos con los que pretendió el investigado se revocara diverso auto, asimismo, para que dejara sin efectos el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno y, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia amparadora, señalara fecha y hora para celebrar audiencia pública y oral en la que, garantizando el principio de contradicción en materia procesal penal y, agotado el debate y control horizontal de las partes, resolviera lo que conforme a derecho correspondiera de acuerdo con lo que en la misma se le presentara. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que demostró que cumplió en su totalidad lo ordenado e el fallo protector, sin que se haya extralimitado en su actuar, tal como quedó establecido en párrafos anteriores del presente acuerdo, en donde este juzgador estimó cumplida la sentencia amparadora. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la parte tercera interesada.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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