Carlos Favian Gutiérrez Resendiz
Expediente 387/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos Favian Gutiérrez Resendiz
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa se inconformara contra del proveído trece de noviembre del presente año, que desechó la demanda de amparo que dio origen al presente sumario, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Finalmente, toda vez que se encuentran documentos que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, se le previene para que los recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificado, a fin de que se le haga entrega del mismo, ello con fundamento en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, apercibido que de no hacerlo en el plazo indicado, el documento correrá la misma suerte que este expediente. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...el auto de dos de diciembre del año en curso que dice:"CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa se inconformara contra del proveído trece de noviembre del presente año, que desechó la demanda de amparo que dio origen al presente sumario, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Finalmente, toda vez que se encuentran documentos que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, se le previene para que los recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificado, a fin de que se le haga entrega del mismo, ello con fundamento en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, apercibido que de no hacerlo en el plazo indicado, el documento correrá la misma suerte que este expediente. Notifíquese y personalmente."
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil veinte. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Fabián Gutiérrez Reséndiz, contra actos del Presidente del Consejo de Administración de la Colonia Agrícola El Meco, municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 387/2020-I-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables señaló a Leonel Ávalos Martínez, Roberto Ruiz Rodríguez y Efrén Hernández Balderas, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo de Administración de la Colonia Agrícola El Meco, municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, y a Andrés Martínez Montoya, Encargado de Turismo de la Colonia Agrícola El Meco, municipio de El Naranjo, San Luis Potosí; asimismo, señaló como actos reclamados a los tres primeros, la instrucción dada al Encargado de Turismo de la citada Colonia Agrícola, para restringir y cobrar a los clientes, el acceso al restaurante el SUNDIAL, que aduce es de su propiedad, ubicado frente al río El Naranjo, tramo el Meco, colindante con la citada Colonia, el cual refiere, tiene un litigio por la posesión; así como, del Encargado de Turismo de la referida Colonia Agrícola, reclama el impedir el libre acceso de los clientes al citado restaurante; actos que refiere se han estado realizando desde hace meses, pero en los últimos diez días se han intensificado. Bien, como se adelantó, quien esto resuelve, advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos de lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XXIII del numeral 61, así como con los diversos 1 y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en los que se establece lo siguiente: "Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Como se aprecia de las normas transcritas, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales y las garantías para su protección, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio constitucional sea procedente, sino que es necesario que tal transgresión se atribuya a una autoridad. Ello, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de que se trata, sino únicamente los actos de "autoridad". Ahora, del texto de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable, a saber: a) La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que se atribuye la calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta: a) La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos, y c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que se establece en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El criterio en cita es consultable en la página 520, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso, el quejoso señaló como actos reclamados la instrucción dada por el Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo de Administración de la Colonia Agrícola El Meco, municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, al Encargado de Turismo de la citada Colonia Agrícola, para restringir y cobrar a los clientes, el acceso al restaurante el SUNDIAL, que aduce es de su propiedad, ubicado frente al río El Naranjo, tramo el Meco, colindante con la referida Colonia, así como los actos de éste último al impedir el libre paso a la indicada negociación. Como antecedente del acto reclamado, el promovente refiere que desde el tres de marzo de dos mil nueve, celebró un contrato de arrendamiento con los integrantes del Consejo de Administración de la Colonia Agrícola El Meco, ubicada en el Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, respecto de un predio urbano a la orilla del río El Naranjo, tramo Colonia Agrícola El Meco, del indicado municipio, con una superficie de mil metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias, al norte en cincuenta metros linda con propiedad de la señora Ma. del Carmen Izaguirre Hernández, al Sur en cincuenta metros linda con la ribera del río, al este en veinte metros linda con terrenos de la Colonia, al poniente en veinte metros linda con propiedad de Juan Ignacio Torres Landa, fracción de terreno que la Colonia identifica como parte del Lote 357, con una superficie de 3,213.113 metros cuadrados. Continúa señalando que, una vez que finalizó el plazo de diez años, establecido en el contrato, expresó a los arrendatarios su deseo de continuar con el arrendamiento, sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo con motivo de la nueva tarifa fijada, por lo que aquéllos iniciaron un juicio de desocupación ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, el cual quedó registrado bajo el número 222/2019. Conviene destacar, que de las documentales que exhibe el promovente, se advierte que el acuerdo de voluntades se fundamentó en los artículos 45 y 79 de la Ley de Agraria y 2398, 2399 y 2400 del Código Civil Federal, en los que se dispone: "Artículo 45.- Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios titulares, según se trate de tierras de uso común o parceladas, respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a treinta años, prorrogables. "Artículo 79.- El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo podrá aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles." "Articulo 2398.- Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto. El arrendamiento no puede exceder de diez años para las fincas destinadas a habitación y de veinte años para las fincas destinadas al comercio o a la industria. Artículo 2399.- La renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en cualquiera otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. Artículo 2400.- Son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin consumirse; excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. (.)" De lo anterior, se advierte que los actos de que se duele el impetrante no derivan de una relación de supra a subordinación jurídica establecida entre el gobernado y la responsable, sino que se trata de actos entre particulares que no pueden ser objeto del juicio de amparo, pues tales actos se efectuaron en un plano de igualdad. Es así, porque la orden de cobro que aduce emitió el Consejo de Administración de la Colonia Agrícola El Meco, para el acceso a las instalaciones del restaurante que dice es de su propiedad, con la consecuente restricción a este y la ejecución de esa orden, se trata de actos emitidos en un plano de igualdad, más de modo alguno en su calidad de autoridad, en virtud de que como lo narra el promovente existe un conflicto respecto a la posesión del terreno donde se ubica el restaurante, mismo que está siendo dirimido ante la potestad común. En efecto, el quejoso señala que celebró un contrato de arrendamiento con la Colonia Agrícola El Meco, por conducto de sus representantes, respecto de una fracción de terreno ubicado dentro de la superficie lote 347, al ostentar estos últimos la posesión del citado predio; que al vencimiento del citado acuerdo de voluntades no fue posible llegar a un arreglo en cuanto a la renta, motivo por el cual, los representantes de la referida colonia agrícola promovieron ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, un juicio extraordinario por desocupación; de lo que se sigue que los actos que por esta vía impugna el promovente no constituyen actos unilaterales, sino de coordinación, atendiendo a la controversia suscitada con motivo del vencimiento del contrato de arrendamiento celebrado. Por ende, la decisión emitida por el Consejo de Administración de la Colonia Agrícola El Meco y su ejecución, que reclama el impetrante, no son actos equivalentes a los de autoridad para efectos del amparo, porque de conformidad con el artículo 5º, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Amparo, no basta que se atribuya al particular señalado como autoridad responsable, la emisión de actos en forma unilateral y obligatoria, por estimar que podrían afectar sus derechos, pues para poder determinar que aquél reviste esa calidad en el juicio de amparo indirecto, el precepto citado exige, además, que las funciones del particular estén determinadas por una norma general, en sentido material y formal, condición que no se actualiza en el caso del referido consejo de administración, ya que si bien la constitución y organización de la colonia agrícola se encuentra regulada por la Ley Agraria y el Reglamento de La Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, los actos que aquí se reclaman no pueden desvincularse de la controversia judicial que se ventila ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, en el que los integrantes del Consejo de Administración que señala como responsables acudieron en defensa de una fracción de terreno de la que se ostentan poseedores como sujetos de derecho agrario, conforme con el contrato que se anexa. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, así como con los diversos 1 y 5, fracción II, ambos del aludido ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. No es óbice a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 829, bajo la voz: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." dado que de las manifestaciones del quejoso, realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de las documentales que exhibe, se advierte de manera clara y manifiesta que el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, conforme los razonamientos expuestos en la presente determinación, ya que aun y cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes, pues de todas suertes se arribaría a la conclusión anotada. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Y DATOS DE CONTACTO. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). De igual modo, requiérase a la parte quejosa a efecto de que proporcione un número de teléfono fijo o móvil y una cuenta de correo electrónico para que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, para entablar comunicaciones no procesales. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a Fernando Eduardo González Ponce y Jaime Nicolás Martínez Ávalos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...el auto de rece de noviembre del año en curso que dice:"Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil veinte. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Fabián Gutiérrez Reséndiz, contra actos del Presidente del Consejo de Administración de la Colonia Agrícola El Meco, municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 387/2020-I-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables señaló a Leonel Ávalos Martínez, Roberto Ruiz Rodríguez y Efrén Hernández Balderas, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo de Administración de la Colonia Agrícola El Meco, municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, y a Andrés Martínez Montoya, Encargado de Turismo de la Colonia Agrícola El Meco, municipio de El Naranjo, San Luis Potosí; asimismo, señaló como actos reclamados a los tres primeros, la instrucción dada al Encargado de Turismo de la citada Colonia Agrícola, para restringir y cobrar a los clientes, el acceso al restaurante el SUNDIAL, que aduce es de su propiedad, ubicado frente al río El Naranjo, tramo el Meco, colindante con la citada Colonia, el cual refiere, tiene un litigio por la posesión; así como, del Encargado de Turismo de la referida Colonia Agrícola, reclama el impedir el libre acceso de los clientes al citado restaurante; actos que refiere se han estado realizando desde hace meses, pero en los últimos diez días se han intensificado. Bien, como se adelantó, quien esto resuelve, advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos de lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XXIII del numeral 61, así como con los diversos 1 y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en los que se establece lo siguiente: "Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Como se aprecia de las normas transcritas, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales y las garantías para su protección, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio constitucional sea procedente, sino que es necesario que tal transgresión se atribuya a una autoridad. Ello, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de que se trata, sino únicamente los actos de "autoridad". Ahora, del texto de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable, a saber: a) La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que se atribuye la calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta: a) La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos, y c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que se establece en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El criterio en cita es consultable en la página 520, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso, el quejoso señaló como actos reclamados la instrucción dada por el Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo de Administración de la Colonia Agrícola El Meco, municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, al Encargado de Turismo de la citada Colonia Agrícola, para restringir y cobrar a los clientes, el acceso al restaurante el SUNDIAL, que aduce es de su propiedad, ubicado frente al río El Naranjo, tramo el Meco, colindante con la referida Colonia, así como los actos de éste último al impedir el libre paso a la indicada negociación. Como antecedente del acto reclamado, el promovente refiere que desde el tres de marzo de dos mil nueve, celebró un contrato de arrendamiento con los integrantes del Consejo de Administración de la Colonia Agrícola El Meco, ubicada en el Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, respecto de un predio urbano a la orilla del río El Naranjo, tramo Colonia Agrícola El Meco, del indicado municipio, con una superficie de mil metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias, al norte en cincuenta metros linda con propiedad de la señora Ma. del Carmen Izaguirre Hernández, al Sur en cincuenta metros linda con la ribera del río, al este en veinte metros linda con terrenos de la Colonia, al poniente en veinte metros linda con propiedad de Juan Ignacio Torres Landa, fracción de terreno que la Colonia identifica como parte del Lote 357, con una superficie de 3,213.113 metros cuadrados. Continúa señalando que, una vez que finalizó el plazo de diez años, establecido en el contrato, expresó a los arrendatarios su deseo de continuar con el arrendamiento, sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo con motivo de la nueva tarifa fijada, por lo que aquéllos iniciaron un juicio de desocupación ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, el cual quedó registrado bajo el número 222/2019. Conviene destacar, que de las documentales que exhibe el promovente, se advierte que el acuerdo de voluntades se fundamentó en los artículos 45 y 79 de la Ley de Agraria y 2398, 2399 y 2400 del Código Civil Federal, en los que se dispone: "Artículo 45.- Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios titulares, según se trate de tierras de uso común o parceladas, respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a treinta años, prorrogables. "Artículo 79.- El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo podrá aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles." "Articulo 2398.- Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto. El arrendamiento no puede exceder de diez años para las fincas destinadas a habitación y de veinte años para las fincas destinadas al comercio o a la industria. Artículo 2399.- La renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en cualquiera otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. Artículo 2400.- Son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin consumirse; excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. (.)" De lo anterior, se advierte que los actos de que se duele el impetrante no derivan de una relación de supra a subordinación jurídica establecida entre el gobernado y la responsable, sino que se trata de actos entre particulares que no pueden ser objeto del juicio de amparo, pues tales actos se efectuaron en un plano de igualdad. Es así, porque la orden de cobro que aduce emitió el Consejo de Administración de la Colonia Agrícola El Meco, para el acceso a las instalaciones del restaurante que dice es de su propiedad, con la consecuente restricción a este y la ejecución de esa orden, se trata de actos emitidos en un plano de igualdad, más de modo alguno en su calidad de autoridad, en virtud de que como lo narra el promovente existe un conflicto respecto a la posesión del terreno donde se ubica el restaurante, mismo que está siendo dirimido ante la potestad común. En efecto, el quejoso señala que celebró un contrato de arrendamiento con la Colonia Agrícola El Meco, por conducto de sus representantes, respecto de una fracción de terreno ubicado dentro de la superficie lote 347, al ostentar estos últimos la posesión del citado predio; que al vencimiento del citado acuerdo de voluntades no fue posible llegar a un arreglo en cuanto a la renta, motivo por el cual, los representantes de la referida colonia agrícola promovieron ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, un juicio extraordinario por desocupación; de lo que se sigue que los actos que por esta vía impugna el promovente no constituyen actos unilaterales, sino de coordinación, atendiendo a la controversia suscitada con motivo del vencimiento del contrato de arrendamiento celebrado. Por ende, la decisión emitida por el Consejo de Administración de la Colonia Agrícola El Meco y su ejecución, que reclama el impetrante, no son actos equivalentes a los de autoridad para efectos del amparo, porque de conformidad con el artículo 5º, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Amparo, no basta que se atribuya al particular señalado como autoridad responsable, la emisión de actos en forma unilateral y obligatoria, por estimar que podrían afectar sus derechos, pues para poder determinar que aquél reviste esa calidad en el juicio de amparo indirecto, el precepto citado exige, además, que las funciones del particular estén determinadas por una norma general, en sentido material y formal, condición que no se actualiza en el caso del referido consejo de administración, ya que si bien la constitución y organización de la colonia agrícola se encuentra regulada por la Ley Agraria y el Reglamento de La Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, los actos que aquí se reclaman no pueden desvincularse de la controversia judicial que se ventila ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, en el que los integrantes del Consejo de Administración que señala como responsables acudieron en defensa de una fracción de terreno de la que se ostentan poseedores como sujetos de derecho agrario, conforme con el contrato que se anexa. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, así como con los diversos 1 y 5, fracción II, ambos del aludido ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. No es óbice a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 829, bajo la voz: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." dado que de las manifestaciones del quejoso, realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de las documentales que exhibe, se advierte de manera clara y manifiesta que el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, conforme los razonamientos expuestos en la presente determinación, ya que aun y cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes, pues de todas suertes se arribaría a la conclusión anotada. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Y DATOS DE CONTACTO. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). De igual modo, requiérase a la parte quejosa a efecto de que proporcione un número de teléfono fijo o móvil y una cuenta de correo electrónico para que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, para entablar comunicaciones no procesales. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a Fernando Eduardo González Ponce y Jaime Nicolás Martínez Ávalos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente."
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