Carlos Fabián Saldaña Rojo

Expediente 229/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
229/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Carlos Fabián Saldaña Rojo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, doce de mayo de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en la que, se sobreseyó en el presente juicio constitucional ; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Acuerdo General. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓIN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental; asimismo, no se trata de un asunto relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni versa sobre la materia agraria; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en artículo 15 del acuerdo general en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se sobreseyó en el juicio; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo dispone el artículo 21, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el artículo 35, del multicitado acuerdo general. IV. Devolución de documentos. Por último, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. V. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA PERSONALMENTE LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN SIGUIENTE: En Zapopan, Jalisco, siendo las diez horas con diez minutos del trece de marzo de dos mil veinte, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1684/2019 , José Israel Hernández Tirado, Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Gilberto Velasco Vidrio, Secretario que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. En estos momentos, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis: "Octava Época Registro: 206494 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: Página: 185 PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas. Amparo en revisión 1545/89. Celia Terrazas Quintana. 9 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Guillermo Cruz García.". Acto continuo, el Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias y por leídas las mismas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva este juicio. Abierto el periodo de pruebas: El Secretario da cuenta al Juez de Distrito, con las pruebas ofrecidas por las partes que así lo hicieron. El Juez de Distrito, acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas antes reseñadas, en razón de su propia y especial naturaleza. No existiendo más medios de convicción pendientes por recibir o desahogar, se cierra esta etapa. Enseguida se abre el período de alegatos, y no existiendo alegatos que recibir o tener por reproducidos, se cierra dicho periodo. Con lo anterior se dan por concluidas estas dos fases de la presente audiencia, levantándose esta acta para constancia legal; por lo que se procede a dictar la sentencia que corresponde. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1684/2019; promovido por ***, contra los actos reclamados al Juez Décimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, Notificador adscrito al Juzgado Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan y Novena Sala del Tribunal de Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el uno de agosto de dos mil diecinueve , ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ***, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las autoridades siguientes: Autoridad responsable:  Juez Décimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México. Actos reclamados: a) El emplazamiento y todo lo actuado en el juicio especial hipotecario ***, así como sus consecuencias y ejecución. SEGUNDO. Admisión de la demanda. La demanda de amparo indirecto de que se trata fue turnada a este Juzgado de Distrito, la cual se registró como expediente 1694/2019, y previa aclaración, mediante proveído de veintiuno de agosto dos mil diecinueve , se admitió a trámite la misma, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, se requirió a la autoridad responsable informe justificado y se ordenó dar vista a la representante social de la adscripción. TERCERO. Ampliación de demanda. Por auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve , se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo, respecto a las autoridades responsables y actos siguientes: Autoridades responsables: I. Notificador adscrito al Juzgado Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. II. Novena Sala del Tribunal de Superior de Justicia de la Ciudad de México. Actos reclamados: a) La diligencia de emplazamiento de seis de julio de dos mil diecisiete, practicada vía exhorto ***. b) La sentencia del toca número ***, de dos de julio de dos mil dieciocho, que confirma la sentencia de primera instancia. Seguido el juicio por sus etapas, se celebró la audiencia constitucional, la cual dio inicio en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como los diversos 52, 53, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, se fija de manera clara y precisa el acto reclamado, para lo cual se efectúa un análisis conjunto de la demanda de amparo, así como de las actuaciones en el presente expediente, en esas condiciones, lo reclamado en este juicio de amparo lo constituye: a) El emplazamiento y todo lo actuado en el juicio especial hipotecario ***, así como sus consecuencias y ejecución, entre ellos la resolución de dos de julio de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación ***, en la que se confirmó la sentencia de primera instancia. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Décimo Noveno de lo Civil, y la Novena Sala del Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México, así como, el Notificar adscrito al Juzgado Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, al rendir sus respectivos informes justificados , manifestaron que son ciertos los actos reclamados; lo cual constituye una confesión expresa que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Consideraciones previas al estudio de fondo. I. Oportunidad de presentación de la demanda. El quejoso manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el dieciocho de julio de dos mil diecinueve ; en tal virtud, el plazo para presentar el juicio de amparo trascurrió del uno al veintiuno de agosto del año en cita. De ahí que al haberse presentado la demanda el uno de agosto de dos mil diecinueve, debe estimarse oportuna, pues fue promovida dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. Sin que en dicho plazo se cuenten los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de agosto, todos del presente año, por ser inhábiles; lo anterior de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Además, se contará en los días inhábiles el periodo vacacional de las responsables el cual comprendió del dieciséis al treinta y uno de julio de dicha anualidad. II. Oportunidad de presentación de la ampliación de demanda. El proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve , por el cual se otorgó a la parte quejosa, cinco días para ampliar su demanda de amparo, fue notificado el treinta y uno de octubre del año pasado, por tanto el plazo concedido trascurrió del cinco al once de noviembre de dos mil diecinueve; de ahí que al haberse presentado la ampliación de demanda el siete de noviembre del mismo año, debe estimarse oportuna. III. Causas de sobreseimiento. Del estudio de las constancias del presente sumario, no se advierte que se actualice causal de sobreseimiento en el presente juicio de amparo; a su vez, las diversas partes no hicieron valer alguna. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. I. Fijación de la litis . Se centra en determinar, si las responsables transgredieron en perjuicio del quejoso el contenido del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del emplazamiento que le fue realizado en los autos del procedimiento de origen. II. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es menester realizar una breve relación de los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias que integran el presente sumario, en los términos siguientes: 1. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, ***, por el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, pagos de intereses moratorios, gastos y costas . 2. Por auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis, el Juez Décimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, quien conoció del asunto, admitió a trámite la demanda con el número de expediente *** y ordenó emplazar a la parte codemandada ***, vía exhorto . 3. El seis de julio de dos mil diecisiete, la Notificadora adscrita al Juzgado Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopán, en cumplimiento a lo ordenado por la resolución de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el exhorto ***, del índice del mencionado Juzgado, y al no haber atendido el citatorio de cinco de julio del mismo año, emplazó a *** . 4. Seguido el procedimiento por sus etapas, el veinte de marzo de dos mil diecisiete , el juez del conocimiento dictó sentencia, en la que, condenó a los demandados al pago de lo demandado. 5. En contra de dicha determinación la parte codemandada *** interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Novena Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el número de expediente ***, quien por resolución de dos de julio de dos mil dieciocho , confirmó la sentencia recurrida. III. Conceptos de violación. El quejoso aduce, en esencia, que se transgredió en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por lo siguiente: 1. Se transgrede el derecho fundamental de audiencia, puesto que no fue oído y vencido en juicio conforme a las formalidades esenciales del procedimiento. 2. Que jamás se le emplazó en forma personal, ni de otra forma, para defender sus derechos, lo que originó un estado de indefensión en su perjuicio. IV. Decisión sobre la litis constitucional. Los conceptos de violación son infundado y otro fundado, en suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo; ya que como lo refiere dicho numeral, ésta aplica en materias distintas a la penal, agraria y laboral, cuando se advierta que ha habido en contra de la parte quejosa una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Lo anterior con fundamento en la jurisprudencia P./J. 149/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 190656, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL". Máxime si se atiende al principio pro homine que dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en aquélla y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, interpretando las normas relativas a esos derechos de conformidad con dichos ordenamientos (principio de interpretación conforme) favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Lo anterior con fundamento en la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/3 (10a.), sustentada por Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, número de registro 2003160, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS". Como se anticipó, es infundado el concepto de violación en el que la parte quejosa aduce que no fue emplazado al juicio, lo que le generó un estado de indefensión al no tener oportunidad de defenderse. Ello es así, en razón de que, contrario a lo que refiere, en el procedimiento de origen sí se le emplazó, al advertirse un emplazamiento vía exhorto, motivo por el cual deviene infundado el motivo de disenso en estudio. Por otra parte, el accionante constitucional aduce, de manera medular, que no fue llamado a defender sus derechos dentro del juicio de origen, en razón de que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento. Dicho motivo de disenso es fundado en suplencia de la deficiencia de la queja, en razón de que este juzgado de Distrito advierte que se transgredió en perjuicio del quejoso el derecho fundamental reconocido en el artículo 14 constitucional, al no haber sido legalmente emplazado al juicio natural, toda vez que el emplazamiento por exhorto efectuado no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento. Así, para que se cumpla con la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución, es menester tener la oportunidad de defenderse en forma previa al acto privativo de los bienes jurídicos tutelados por la constitución, por ende será necesario que: 1) Se notifique al interesado el inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias; 2) Se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa; 3) Se le permita formular alegatos; y, 4) Se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia que dice: "Época: Novena Época Registro: 200234 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Diciembre de 1995 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 47/95 Página: 133 FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Por tanto, en la garantía de audiencia lo fundamental es adecuar los derechos de los gobernados a un procedimiento de defensa, frente a los actos del Poder Público previo a privarlos de esos derechos e intereses, con el propósito de evitar que las autoridades incurran en arbitrariedades. En consecuencia, el respeto a la garantía de audiencia se debe dar antes a que se emita el acto que causará la privación al gobernado, salvo los casos de excepción que la propia constitución consigna como en el artículo 33 Constitucional. El derecho fundamental de audiencia rige solamente para los actos privativos, entendiendo por éstos como aquellos que producen como efecto directo la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, es decir, un acto será privativo cuando su finalidad inmediata sea la privación de un bien material o inmaterial, no así, cuando sus efectos a pesar de ser restrictivos, sean solamente de duración temporal, pues en este último caso, se tratará de actos de molestia, los cuales si bien no escapan al control constitucional deben examinarse al tenor de la diversa de fundamentación y motivación tutelada por el artículo 16 de la Ley Suprema. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Julio de 1996, visible a página 5, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN". Luego, cabe precisar que el emplazamiento constituye el acto procesal a través del cual el juzgador hace del conocimiento de una persona, entre otras cosas, la admisión de una demanda que ha sido enderezada en su contra, en el cual le concede el plazo legalmente establecido en la legislación correspondiente a fin de que tenga oportunidad de contestarla y ofrecer los medios probatorios que considere convenientes; en tales condiciones, y por razones obvias, el citado emplazamiento únicamente puede ser dirigido a la contraparte del actor, esto es, a quien funge como demandado en el juicio relativo. Así, el emplazamiento es la diligencia procesal de vital importancia, dado que por su conducto, el juzgador establece la relación jurídica que vincula a las partes durante el juicio, mediante el cual le otorga al demandado la oportunidad de comparecer a contestar la demanda instaurada en su contra, a fin de defender sus derechos; por consiguiente, la estricta observancia de la normatividad procesal que le resulte aplicable garantiza a aquél el cumplimiento de las garantías de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de evitar con ello que se le deje en estado de indefensión. Ahora, debe establecerse que el emplazamiento realizado a la parte quejosa, se fundó en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, cuya redacción es la siguiente: "Artículo 112.- La diligencia de emplazamiento se realiza personalmente con el demandado; el servidor público judicial, deberá de cerciorarse de la identidad del mismo en la forma prevista por el artículo 70 de este código, o, dar fe de que lo conoce; haciendo constar en el acta esa circunstancia. Si se trata de emplazamiento a juicio o de requerimiento y sólo si a la primera busca no se encuentra al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; y si no espera, se le hará la notificación por cédula; en todo caso la notificación y la cédula contendrá: I. Nombre del servidor público que haya dictado la resolución; II. El juicio en que se pronuncia y número de expediente; III. Breve relación de la resolución que se notifica; IV. Día y hora en que se hace la notificación; V. Término para contestar la demanda o para cumplir el requerimiento; VI. Nombre de la persona en poder de quien se deja; y VII. Firma del servidor público que practique la notificación y de quien la recibe o expresión de su negativa. Para el caso de que el interesado se niegue a recibir la notificación y en el supuesto de que las personas que residan en el domicilio se rehúsen a recibir la cédula, ésta deberá fijarse en la puerta de entrada del domicilio y de ello se sentará razón en los autos, dejando copia simple de la demanda, de los documentos exhibidos con la misma y del auto que lo ordene, en los que se asentará la constancia prevista en el artículo anterior. Cuando la diligencia de emplazamiento se entienda personalmente con el demandado, el servidor público judicial, deberá de cerciorarse de la identidad del mismo en la forma prevista por el artículo 70 de éste código, o, dar fe de que lo conoce; haciendo constar en el acta esa circunstancia." El segmento normativo inserto establece que tratándose de la diligencia de emplazamiento se realiza personalmente con el demandado. También precisa el numeral que el llamamiento a juicio o requerimiento, sólo si a la primera búsqueda no se encuentra al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente. Y, si no espera, se le hará la notificación por cédula la que contendrá el nombre del servidor público que haya dictado la resolución, el juicio en que se pronuncia, número de expediente; breve relación de la resolución que se notifica; día y hora en que se hace la notificación; término para contestar la demanda o para cumplir el requerimiento; nombre de la persona en poder de quien se deja; y la firma del servidor público que practique la notificación y de quien la recibe o expresión de su negativa. Las reglas establecidas en el numeral transcrito tiene como propósito garantizar que la primera notificación dentro del juicio, particularmente el emplazamiento se haga a la persona directamente interesada para que con pleno conocimiento del asunto de que se trata tenga la oportunidad de salir a juicio y ser oído en defensa de sus derechos, es decir, para permitir que el demandado en el juicio oponga las excepciones y las defensas a su alcance, ofrezca las pruebas que acrediten sus medidas defensivas, objete las de su contraria e intervenga en su recepción, formule los alegatos que a sus intereses competa e interponga los recursos ordinarios que tenga a su alcance. En ese sentido, en aquellos casos en que el actuario no encuentre al demandado y deba dejarle citatorio para que lo espere a una hora hábil fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, el funcionario que practica la diligencia no puede arbitrariamente fijar cualquiera que esté dentro de dicho término, pues el ejercicio de la referida facultad no puede ser arbitrario o caprichoso, sino que, por el contrario, para el señalamiento de la hora de espera en el citatorio debe atenderse a las reglas de la lógica y de la experiencia; a las circunstancias que le hayan sido manifestadas en la primera búsqueda, o incluso al contexto del lugar o población, a fin de que, en lo posible, se garantice que el interesado tenga conocimiento del citatorio, ya que sólo así la diligencia cumplirá su cometido, el cual consiste en hacer del conocimiento efectivo del buscado el inicio o trámite de un juicio instaurado en su contra, a fin de tener oportunidad real de defenderse. Respecto de la cita de espera la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2005-PS , estableció lo siguiente: "..Tal es el caso de la materia de la presente contradicción, en que se plantea la interrogante de que si conforme al artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán -en aquellos casos en que el actuario no encuentre al demandado y deba dejarle citatorio para que lo espere a una hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes- es facultad del funcionario que practica la diligencia fijar arbitrariamente en el citatorio de espera para el emplazamiento cualquier hora dentro de las veinticuatro a que alude la norma, o bien, si por el contrario, en vez de fijar dicha hora arbitrariamente, debe atenderse a las reglas del sentido común, de la lógica y de la experiencia o, incluso, al contexto del lugar o población, a fin de que en lo posible se garantice que el interesado tenga real conocimiento del citatorio. La norma en cuestión, que fue interpretada por los tribunales contendientes, es omisa en establecer regla alguna que responda puntualmente la interrogante. [.] En efecto, para tal supuesto la ley no especifica si para señalar dicha hora fija en que se llevará a cabo la segunda búsqueda es facultad del funcionario que practica la diligencia fijar arbitrariamente en el citatorio de espera para el emplazamiento cualquier hora dentro de las veinticuatro a que alude la norma, o bien, si por el contrario, en vez de fijar dicha hora arbitrariamente debe atenderse a las reglas del sentido común, de la lógica y de la experiencia o, incluso, al contexto del lugar o población, a fin de que en lo posible se garantice que el interesado tenga real conocimiento del citatorio. De lo hasta aquí expuesto queda claro que existe una laguna en relación con la situación que se presenta, y como toda laguna legal la antes referida puede ser colmada atendiendo a la interpretación declarativa -en la que el intérprete empleando el criterio literal o gramatical determina el significado de la norma- o con base en la interpretación correctora -que permite atribuir a un texto normativo no su significado literal más inmediato, sino un significado que atienda a la finalidad de la norma- los cuales, como es sabido, llevan a conclusiones diametralmente opuestas, pues mientras que el primero produce una interpretación restrictiva de la ley, el segundo produce una interpretación extensiva. [.] Efectivamente, una interpretación literal del artículo en cuestión llevaría a la conclusión de que en tal eventualidad el notificador puede establecer en el citatorio a su libre arbitrio cualquier hora que se encuentre dentro de dicho plazo de veinticuatro horas. Empero, una interpretación jurídica extensiva de la ley, atendiendo a los fines de la institución de que se trata, es decir, a los propósitos que se persiguen con la diligencia de emplazamiento, nos lleva a la conclusión siguiente: De conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, en aquellos casos en que el actuario no encuentre al demandado y deba dejarle citatorio para que lo espere a una hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, el funcionario que practica la diligencia no puede arbitrariamente fijar cualquiera que esté dentro de las veinticuatro horas a que alude la norma, puesto que el ejercicio de dicha facultad no puede ser arbitrario o caprichoso y, por el contrario, para el señalamiento de la hora de espera en el citatorio debe atenderse a las reglas del sentido común, de la lógica y de la experiencia, a las circunstancias que le hayan sido manifestadas en la primera búsqueda o, incluso, al contexto del lugar o población, a fin de que en lo posible, se garantice que el interesado tenga real conocimiento del citatorio, ya que sólo así se busca que la diligencia cumpla su cometido, que en el caso consiste en hacer del conocimiento efectivo del buscado el inicio o trámite de un juicio instaurado en su contra, a fin de tener una oportunidad real de defenderse. Debiéndose además señalar en la razón actuarial, las razones por las que el notificador determinó el señalamiento de determinada hora en el citatorio, puesto que al tratarse de un acto de autoridad, el mismo debe gozar de la debida fundamentación y motivación. El anterior razonamiento se justifica porque esta Primera Sala al resolver, el catorce de noviembre de dos mil uno, la diversa contradicción de tesis 41/2001-PS,(1) consideró que ante dos o más interpretaciones posibles debe optarse por aquella que mejor cumpla la teleología de la norma que se interpreta. Además, como antes se acotó, el debido respeto a la garantía de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ante tribunales previamente establecidos y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho (que pueda culminar con un acto privativo) se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, siendo la primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, lo cual es, además, requisito indispensable para que se puedan dar las otras formalidades. Siendo, por tanto, indispensable que en la diligencia de emplazamiento se busque ante todo el cumplimiento irrestricto de su finalidad que, como se ha venido mencionando, lo es el conocimiento efectivo por parte del demandado de un juicio instaurado en su contra, lo que se asegura si -para señalar hora fija en que se llevará a cabo la segunda búsqueda en aquellos casos en que el actuario no encuentre al demandado y deba dejarle citatorio para que lo espere a una hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes- se atiende a las reglas del sentido común, de la lógica y de la experiencia, a las circunstancias que le hayan sido manifestadas en la primera búsqueda o, incluso, al contexto del lugar o población, a fin de que dentro de un término razonable el citado pueda acudir al llamado y así se busque que el demandado tenga, en lo posible, oportunidad de acudir a la cita. Lo anterior es así, ya que si, por ejemplo, el notificador acude a un local comercial a las nueve de la mañana a la primera búsqueda del demandado y advierte que en el lugar señalado para el emplazamiento existe un letrero que indica que el lugar está abierto de las once a las dieciocho horas, sería ilógico que señalara en el citatorio para la nueva búsqueda las diez de la mañana del mismo día, pues ante la información que se desprende del letrero, debería fijarse una hora en la que se tenga mayor certeza de que el buscado se enteró de la citación. También podría presentarse el caso de que se acude a un domicilio a las once de la mañana y los vecinos informan al notificador que en ese domicilio sólo se puede encontrar al buscado antes de las diez o hasta las veinte horas, que además vive solo y no hay manera de localizarlo, ante tales circunstancias, tampoco sería lógico que arbitrariamente el notificador señalara en el citatorio las quince horas del mismo día, puesto que aun cuando dicha hora se encuentre dentro las veinticuatro horas a que alude la norma que se interpreta, lo cierto es que bajo esas circunstancias particulares del caso no se tendría la certeza de que el demandado tuvo conocimiento real de la cita y, por tanto, no se estaría atendiendo a la finalidad que se persigue con la institución de que se trata. Cabe destacar que el esquema propuesto en este asunto permitirá tener mayor certeza de que el interesado al menos tuvo un conocimiento real del citatorio y entonces -al habérsele otorgado al demandado una auténtica posibilidad de enterarse de la cita para el emplazamiento y éste haya desacatado dicha orden judicial- es permisible la imposición de la sanción procesal a que alude el propio texto del artículo 80 del código procesal civil en cuestión, consistente en realizar la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre y apellido del promovente, el tribunal o Juez que mande practicar la diligencia, la determinación que se notifique, la fecha y la hora en que se deje y el nombre y apellido de la persona que lo reciba. Es incuestionable que con la anterior solución se logra de mejor manera el respeto puntual a la garantía de audiencia, finalidad ésta que, como se ha precisado, es la que se persigue con el emplazamiento, pues así se evita la indefensión del afectado, ya que de otra forma no se garantizaría que el demandado tuviera conocimiento de la cita y, por ende, que tuviera posibilidad de atenderla, lo que a la postre implicaría el desconocimiento del inicio de un juicio en su contra produciendo su indefensión que, se insiste, es precisamente lo que pretende evitarse con el emplazamiento a juicio". (Énfasis añadido). De la ejecutoria anterior derivo la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 175945 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 186/2005 Página: 277 EMPLAZAMIENTO. PARA EL SEÑALAMIENTO DE LA HORA DE ESPERA EN EL CITATORIO DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, O INCLUSO AL CONTEXTO DEL LUGAR O POBLACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 80 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Las reglas establecidas para la práctica del emplazamiento, como formalidad esencial del procedimiento que debe cumplirse en respeto a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen como fin último evitar que el demandado quede en estado de indefensión. En congruencia con lo anterior y de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, se concluye que en aquellos casos en que el actuario no encuentre al demandado y deba dejarle citatorio para que lo espere a una hora hábil fija dentro de las 24 horas siguientes, el funcionario que practica la diligencia no puede arbitrariamente fijar cualquiera que esté dentro de dicho término, pues el ejercicio de la referida facultad no puede ser arbitrario o caprichoso, sino que, por el contrario, para el señalamiento de la hora de espera en el citatorio debe atenderse a las reglas de la lógica y de la experiencia; a las circunstancias que le hayan sido manifestadas en la primera búsqueda, o incluso al contexto del lugar o población, a fin de que, en lo posible, se garantice que el interesado tenga conocimiento del citatorio, ya que sólo así la diligencia cumplirá su cometido, el cual consiste en hacer del conocimiento efectivo del buscado el inicio o trámite de un juicio instaurado en su contra, a fin de tener oportunidad real de defenderse. Debiéndose además expresar en la razón actuarial, los motivos por los que el notificador señaló determinada hora en el citatorio, ya que al tratarse de un acto de autoridad, debe gozar de la debida fundamentación y motivación.". Del criterio invocado se desprende, esencialmente, lo siguiente: a) Para desentrañar el contenido del artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán -cuyo contenido es esencialmente el mismo que el diverso 112, párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y por tanto aplicable al caso concreto- es posible adoptar una interpretación literal o una extensiva. b) Sin embargo, ante tales posibilidades debe de optarse por la segunda -una interpretación jurídica extensiva- por ser la que mejor cumple con la teleología de la norma que se interpreta, es decir, que el demandado tenga un conocimiento efectivo del juicio instaurado en su contra. c) Por tanto, es necesario que, al momento en que se practica la diligencia mediante la cual se deja citatorio previo al emplazamiento, la hora y fecha que se señale, no quede al completo arbitrio de funcionario que la practique, sino a las reglas del sentido común, de la lógica y de la experiencia, a las circunstancias que le hayan sido manifestadas en la primera búsqueda o, incluso, al contexto del lugar o población. d) Aunado a que el acta correspondiente, deberá contener las razones por las que el notificador determinó el señalamiento de determinada hora en el citatorio, puesto que al tratarse de un acto de autoridad, el mismo debe gozar de la debida fundamentación y motivación. Una vez precisado lo anterior, en el caso, del citatorio respectivo, se advierte que la autoridad responsable señaló: "Siendo las 8:10 ocho horas con diez minutos del día 05 cinco del mes de Julio del año 2017 dos mil diecisiete, la suscrita notificadora adscrita a este H Juzgado Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado con sede en la Ciudad de Zapopan, Jalisco, Licenciada ***, con el de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por la resolución de fecha 19 diecinueve de Mayo del año 2017 dos mil diecisiete, dictada por el titular de este Juzgado Licenciado *** en el exhorto ***, en cumplimiento con lo ordenado por las resolución de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, y cuatro de abril de dos mil diecisiete, dictadas por el JUEZ DÉCIMO NOVENO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, dentro del expediente ***, promovido POR CI BANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO **, en contra de ***, me constituyo física y legalmente en la finca marcada con el número **** y cerciorado previamente del domicilio citado por así indicarlo la placa que se encuentra en la esquina así como el número oficial que se encuentra al exterior de la finca, así mismo habiéndome cerciorado que es el domicilio donde vive la parte demandada de nombre ***, por así confirmármelo el nombre y nomenclatura de la calle, además de dicho de una persona que se encuentra en el interior del domicilio en que actuó y dice llamarse *** y dice ser la esposa de la parte demandada, misma que si se identifica con credencial de elector [.] a quien le requiero por la presencia de mi buscado, a lo que me indica que por el momento éste no se encuentra, por lo que procedo a dejar citatorio con la persona que me atiende, para que el demandado se sirva esperar a la suscrita el próximo día hábil a la misma hora y en el mismo lugar, apercibido que de no hacerlo la diligencia se entenderá con la persona que se encuentre, la persona que se encuentra en el interior y con quien se entiende la presente manifiesta que no firma por manifestar que así tiene indicación de su esposo, firmando la suscrita notificadora al calce del presente para su debida constancia y legalidad." (Lo destacado es propio) En la constancia referida destaca el hecho de que en el citatorio practicado al quejoso el cinco de julio del dos mil diecisiete, la diligenciaria judicial asentó que lo dejó para que la demandada, la esperara el próximo día hábil a las ocho horas con diez minutos del seis de julio de dos mil diecisiete; sin que se advierta que en la razón actuarial expresara los motivos por los cuales señaló dicha data a fin de emplazar a la enjuiciada. Lo anterior, ya que dicha funcionaria no puede arbitrariamente fijar cualquier hora del propio día o del día siguiente, porque el ejercicio de la referida facultad no puede ser arbitrario o caprichoso, sino que, por el contrario, para el señalamiento de la hora de espera en el citatorio debe atenderse a las reglas de la lógica y de la experiencia; a las circunstancias que le hayan sido manifestadas en la primera búsqueda, o incluso al contexto del lugar o población, a fin de que, en lo posible, se garantice que el interesado tenga conocimiento del citatorio. En efecto, la Notificadora responsable debió expresar en la razón actuarial los motivos por los cuales señaló la hora del día hábil siguiente al del citatorio, es decir, por qué dejó el citatorio para que lo esperara en la hora precisada, y no en alguna otra de las que está facultada para dejarlo; pues al tratarse de un acto de autoridad, debe gozar de la debida fundamentación y motivación, cuestiones que no fueron realizadas por la funcionaria judicial. En ese sentido, si la diligenciaria judicial que practicó el emplazamiento que se reclama, no cumplió con la formalidad legal mencionada en párrafos que anteceden, claro está que ello torna ilegal el emplazamiento reclamado. Máxime que, como quedó precisado, la diligenciaría judicial en cita no se allegó de mayores datos para poder establecer en qué momento sería factible localizar a la parte demandada para su emplazamiento, ni tampoco manifestó alguna imposibilidad para allegarse de dichos elementos a fin de señalar una fecha y hora en la cual pudiera localizar a la codemandada y así practicar su emplazamiento de forma personal. Siendo que el objeto del citatorio es que el demandado en el juicio de origen pueda tener un conocimiento oportuno de la diligencia de emplazamiento que será practicada y tenga una auténtica posibilidad de atenderla, y no que ésta se practique irremediablemente, con independencia de la persona que la atienda. Cabe precisar, que la obligación del diligenciario de fundar y motivar las razones por las que se fija determinada fecha para la diligencia de emplazamiento, no se constriñe a los casos en que el lapso entre el citatorio y la diligencia de emplazamiento son mínimos, sino que debe operar de manera absoluta; de ahí que se insista, que la diligencia reclamada resulta ilegal. Por lo que se infiere que la responsable en el emplazamiento llevado en el juicio de origen, transgredió en perjuicio de la parte quejosa el máximo fundamento legal previsto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, lo que da nacimiento a la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen al desconocimiento del juicio y, por ello, a la omisión de sus demás formalidades esenciales, ya que imposibilita al demandado (quejoso) para contestar la demanda, oponer excepciones y defensas, ofrecer pruebas y objetar las de su contraria. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, que dice: "Época: Décima Época Registro: 2014523 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo III Materia(s): Civil Tesis: PC.III.C. J/31 C (10a.) Página: 1797 EMPLAZAMIENTO. EN EL ACTA DE ENTREGA DEL CITATORIO CORRESPONDIENTE, EL FUNCIONARIO JUDICIAL DEBE ASENTAR LAS RAZONES POR LAS QUE FIJÓ DETERMINADA HORA PARA QUE EL DEMANDADO LO ESPERE. De los artículos 112, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en su texto publicado en el Periódico Oficial local el 30 de diciembre de 2003, y 1393 del Código de Comercio, que son análogos a la disposición de la ley procesal civil de Michoacán analizada en la jurisprudencia 1a./J. 186/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se colige que, conforme a lo determinado en dicha jurisprudencia, los funcionarios judiciales que actúan con las facultades establecidas en los referidos numerales, están obligados a señalar en el acta de entrega del citatorio correspondiente, las razones por las que fijan determinada hora para que el demandado espere, a efecto de emplazarlo; con independencia de que el plazo fijado sea el menor, el mayor o el intermedio que contemplan los preceptos legales en cuestión, ya que lo trascendente para verificar el respeto al derecho de audiencia del demandado, consignado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que la fijación de tal plazo atienda a las reglas del sentido común, de la lógica y de la experiencia, así como a las circunstancias que le hayan sido manifestadas al diligenciario en la primera búsqueda o, incluso, al contexto del lugar o población, a fin de que, en lo posible, se garantice que el interesado tenga real conocimiento del citatorio; debiéndose asentar, además, en el acta correspondiente, las razones por las que el notificador determinó la hora fijada en el citatorio, por tratarse de un acto de autoridad que debe estar debidamente fundado y motivado.". Consecuentemente, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. V. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de restituir al accionante del juicio de amparo en el pleno goce de sus derechos fundamentales transgredidos, el amparo y la protección de la justicia federal, se otorga para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, realicen lo siguiente: 1. Dejen insubsistente todo lo actuado a partir del emplazamiento de seis de julio de dos mil diecisiete, practicado al codemandado **** por lo que deberá ordenar reponer el procedimiento desde dicha actuación. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "Décima Época Registro: 2015693 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 99/2017 (10a.) Página: 287 EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Dicha concesión se hace extensiva respecto a los actos de ejecución reclamados a las autoridades responsables ejecutoras, ya que al ser inconstitucional el acto de la ordenadora, también lo es el de aquéllos que habrían de ejecutarla. Apoya lo anterior la jurisprudencia que establece: "Época: Quinta Época Registro: 917623 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 89 Página: 71 AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional". Se precisa que, si bien, la concesión del amparo se hizo extensiva a lo actuado en lo concerniente al diverso codemandado en el juicio de origen, debe subsistir el emplazamiento practicado a María del Carmen Martin Martin, en términos de lo indicado en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J 72/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, octubre de dos mil once, Tomo 2, página novecientos treinta y tres, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO". SEXTO. Notificación de la presente resolución. De conformidad con lo establecido en el ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID19, específicamente en su artículo 4, el presente asunto no es de los contemplados como urgentes. Robustece lo anterior, el hecho de que los actos reclamados no son aquellos contemplados en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, así como, en el artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del propio Consejo, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Tampoco, en consideración de quien esto resuelve, se trata de un caso urgente, de acuerdo con la ley que los rigen. Así, de conformidad con el artículo 11, fracción I, primer párrafo, del Acuerdo General 8/2020, antes citado, la notificación a las partes, de la presente sentencia deberá hacerse de manera escalonada y una vez que se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, contra los actos que reclama del Juez Décimo Noveno de lo Civil, de la Novena Sala del Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México y del Notificador adscrito al Juzgado Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, precisados en el considerando segundo, por lo motivos expuestos y para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 11, fracción I, primer párrafo, del ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID19, la notificación a las partes, de la presente sentencia deberá hacerse de manera escalonada y una vez que se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma José Israel Hernández Tirado, Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, hoy ocho de mayo de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Gilberto Velasco Vidrio, secretario que autoriza y da fe

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de abril de dos mil veintiuno. Superioridad informa. Se recibe el oficio proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual hace del conocimiento el proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en los autos del toca de revisión 77/2021, de su índice, del que se advierte se declaró incompetente para conocer de dicho recurso ordenando remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno; en consecuencia, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, seis de abril de dos mil veintiuno. Perito solicita pago de honorarios. Téngase por recibido el escrito presentado, vía electrónica, por el perito oficial Javier Acosta López, mediante el cual solicita el pago de sus honorarios, de conformidad con el Arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación para los ejercicios 2019 y 2020, correspondiente a su dictamen pericial en materia de topografía encomendado en el presente asunto. Se levanta reserva. Atento a lo anterior, así como del estado de autos, del que se aprecia que el perito ya rindió y ratificó el dictamen encomendado y realizó las gestiones inherentes a las prestaciones de su servicio, se levanta la reserva contenida en proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte, y se provee lo siguiente. Se aprueban honorarios. Toda vez que los honorarios que manifiesta el diestro en comento se ajustan al Arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación para los ejercicios 2019 y 2020, se aprueban los mismos. Se solicita pago de honorarios. En virtud de lo expuesto, en términos del artículo 17 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el pago de honorarios y gastos, se ordena girar oficio al Administrador Regional en Zapopan, Jalisco, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, con copia del presente auto, constancia de ratificación del dictamen aludido, así como del ocurso de cuenta, a fin de que se realice el pago correspondiente. Firma electrónica. En la inteligencia, que el escrito de referencia fue presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y contiene firma electrónica conforme la regulación dispuesta por el Consejo de la Judicatura Federal, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Intégrese expediente físico. Se instruye al Secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído, así como con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

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