Carlos Ezequiel Castellanos Y Oteo

Expediente 1567/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1567/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
27/01/2022

Partes del expediente

  • Carlos Ezequiel Castellanos Y Oteo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el siete de enero de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, y toda vez que obra por separado un legajo de pruebas consistente en copia certificada del juicio de nulidad 318/18-17-03-5, que remitió la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en ese sentido, devuélvase el legajo de mérito a la citada autoridad, sin que haya lugar a requerir el correspondiente acuse de recibo, toda vez que la constancia de notificación del oficio que para tal efecto se expida, hará las veces del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En Ciudad de México, a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 1567/2021- VII, en audiencia pública el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/5338/2021, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de amparo promovida por Carlos Ezequiel Castellanos y Oteo, por propio derecho, con la admisión de la demanda de amparo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, las constancias de emplazamiento a las partes. Enseguida, el Secretario Encargado del Despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede. A continuación, se abre el período probatorio y se informa al Secretario Encargado del Despacho, que la autoridad responsable ofreció como pruebas las documentales que exhibió. El Secretario Encargado del Despacho acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad responsable, con las que se da cuenta, que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas en el momento de dictar la resolución correspondiente. Periodo de alegatos, abierto éste, el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo así como tampoco el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito presentó el pedimento que a su representación social compete. El Secretario Encargado del Despacho acuerda: Se declara desierto este periodo. En consecuencia, el Secretario Encargado del Despacho acuerda: Téngase por hecha la manifestación que antecede para todos los efectos legales conducentes. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1567/2021-VII, promovido por Carlos Ezequiel Castellanos y Otero, por propio derecho, contra un acto del Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recibido el día hábil siguiente en este Juzgado Sexto de Distrito en la materia y sede citados, Carlos Ezequiel Castellanos y Otero, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo con tal carácter a las siguientes. 1. Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,. 2. CC. Magistrados que integran la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal (sic) y Administrativa, . III.- ACTO QUE SE RECLAMA.- - PRIMERO.- Al Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo constituye la OMISIÓN DE CUMPLIR en sus términos y para los efectos en que fue emitida, la sentencia y resoluciones dictadas e los autos del juicio 318/18-17-03-5, del índice de la Tercera Sala Regional Metropolitana Federal de Justicia Administrativa, más específicamente de las siguientes: - La sentencia de 02 de Julio del año 2018 emitida por la H. Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal (sic) y Administrativa, mediante la cual se resuelve el juicio de nulidad 318/18-17-03-5. - La resolución de fecha 09 de Octubre del año 2020 emitida por la H. Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al resolver el RECURSO DE QUEJA, derivado del DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO de la diversa sentencia de fecha 02 de Julio del año 2018. - SEGUNDO.- A la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Lo constituye la OMISIÓN DE LLEVAR EL PROCEDIMIENTO QUE REFIERE EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en el juicio 318/18-17-03- 5." El quejoso precisó como derechos que se infringieron en su perjuicio los reconocidos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró bajo protesta de decir verdad los antecedentes del caso e hizo valer los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. En auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 22 a 26), se registró la demanda con el número 1567/2021-VII, se admitió, se requirió a las responsables su informe justificado, se dio al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, la vista que legalmente le corresponde y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez substanciado el juicio de amparo en todas sus etapas, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, que concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, el punto primero, fracción I; punto segundo, fracción I, numeral 3; y, punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, así como el artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil dieciséis, toda vez que se reclama un acto omisivo, atribuido a diversas autoridades administrativas cuya residencia se encuentra en la Ciudad de México, ámbito material y territorial en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual impone la obligación de que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional a reclamar lo siguiente: Al Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le reclamó: El incumplimiento a la sentencia ejecutoriada de dos de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 318/18-17-03-5, así como la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte. A la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; le reclamó: La omisión de llevar el procedimiento que refiere el artículo 58, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en el juicio 318/18-17- 03-5." TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto atribuido a la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en la omisión de llevar el procedimiento que refiere el artículo 58, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el juicio 318/18- 17-03-5; ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Situación que se corrobora con la copia certificada de autos del expediente 318/18-17-03-5, del índice de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de los que se advierte que la citada sala, en proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, determinó que no se encontraba cumplida la sentencia definitiva dictada en el referido juicio de nulidad, lo anterior de conformidad con el artículo 58, de la de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a las que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia. Sin que la parte quejosa ofreciera prueba idónea para desvirtuar dicha negativa, en el sentido de acreditar la violencia institucional. En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, respecto del acto y autoridad precisados en el presente considerando. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 310, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." (No registro 394,266, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página: 209) CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado el Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, negó el acto que se le reclama, consistente en omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de dos de julio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad 318/18- 17-03-5, del índice de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como la resolución de queja de nueve de octubre de dos mil veinte. Sin embargo, se impone destacar que la negativa de la autoridad se desvirtúa con la copia certificada de los autos del juicio de nulidad 318/18-17-03-5, a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las cuales se desprende que el cumplimiento de la sentencia de nulidad se le requirió a dicha autoridad en su carácter de autoridad demandada y, ante su incumplimiento, la sala de origen declaró fundado el recurso de queja por incumplimiento de dicho fallo; sin que hayan dado cumplimiento a la referida sentencia; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto que se reclama a las citadas autoridades. Tiene sustento lo anterior, en la tesis sin número, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 97-102, Primera Parte, Materia Civil del rubro: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA." QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En ese sentido, en relación al acto consistente en el incumplimiento a la sentencia ejecutoriada de dos de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 318/18-17-03-5, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º fracción I, y 6º de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, todos ellos con relación al 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen: El artículo en cuestión dispone lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en las fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.) "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (...)" La causa de improcedencia en estudio, establece que el juicio de amparo puede promoverse por quien acredite la afectación a un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, cuando exista un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico (interés legítimo); siendo además que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En este contexto, el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b2.0e 06/02/22 13:24:37 12 Así, se puede concluir que para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen en el mismo deben ser derivados de un acto concreto de autoridad o de la observancia de una ley que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole una afectación a un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico (interés legítimo), y es éste el perjuicio a que se refiere la Ley de Amparo, para que pueda prosperar la acción constitucional y para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de estimar actualizado el perjuicio que le ha sido ocasionado al gobernado y puedan proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos. Ahora bien, tratándose del amparo contra normas generales, para acreditar una afectación al interés jurídico de la quejosa, que la legitime para impugnarla en el juicio de amparo con motivo de su primer acto de aplicación, únicamente es necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio. Ante todo debe tenerse presente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la clara diferenciación existente entre la legitimación procesal y la legitimación en la causa, las cuales no pueden ni deben ser confundidas, tanto por ser cosas distintas, como por los efectos diversos que de ellas se derivan, ya que la primera hace relación a la forma y se refiere a la facultad que tiene una persona para representar a otra en el juicio, mientras que la segunda hace relación al fondo SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b2.0e 06/02/22 13:24:37 AMPARO INDIRECTO. P. 1567/2021-VII 13 JUICIO DE AMPARO P- 1567/2021- VII y se refiere a la titularidad del derecho que se hace valer en el juicio. En ese sentido se tiene, que la legitimación en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta; siendo la legitimación la idoneidad de la persona para actuar en el juicio, inferida no de sus cualidades personales, sino de su posición respecto del litigio. Así, la legitimación es la posibilidad legal en que se encuentra una persona para ser parte en un proceso, en relación con un caso concreto, como demandante, como demandado o como tercero; toda vez que, las normas relativas a la legitimación están destinadas a establecer qué sujetos pueden pretender una decisión por parte de los órganos jurisdiccionales y frente a qué sujetos puede formularse la pretensión. De esta manera, la legitimación puede ser activa o pasiva, la primera se refiere al actor y, la segunda, al demandado. Asimismo, debe destacarse, que la legitimación es una institución que puede dividirse en legitimación en el proceso (ad processum) y legitimación en la causa (ad causam). La legitimación en el proceso es un presupuesto procesal que se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio, identificándose la legitimación en el proceso con la capacidad para realizar actos jurídicos de carácter procesal en un juicio determinado, pues la legitimación en el SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b2.0e 06/02/22 13:24:37 14 proceso es la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro. Tiene sustento lo anterior en la jurisprudencia 2a./J. 75/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." Época: Novena Época, Registro: 196956, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 75/97, Página: 351. En cambio, la legitimación en la causa (ad causam) es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que invoca en juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensión; es decir, es la identidad de la persona del actor con la persona a cuyo favor está la ley (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley (legitimación pasiva), de lo que se deduce que está legitimado en la causa quien ejercita un derecho que SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b2.0e 06/02/22 13:24:37 AMPARO INDIRECTO. P. 1567/2021-VII 15 JUICIO DE AMPARO P- 1567/2021- VII realmente es suyo o, en su caso, a quien se le exige el cumplimiento de una obligación que también es a cargo de él. Asimismo, la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales, cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, la legitimación en la causa es la afirmación que hace el actor, el demandado o el tercerista de la existencia de un derecho sustantivo cuya aplicación y respeto pide al órgano jurisdiccional por encontrarse frente a un estado lesivo a ese derecho, acreditando su interés actual y serio. Sirve de apoyo, la tesis de rubro y texto siguiente: LEGITIMACION AD CAUSAM. CONCEPTO. La legitimación "ad causam" es una condición para el ejercicio de la acción que implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad de derecho que se cuestione; esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional. Época: Séptima Época, Registro: 241609, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 69, Cuarta Parte, Materia(s): Civil, Tesis: Página: 43. De lo anterior se desprende, que la legitimación en el proceso apunta a la realización de un proceso válido, mientras que la legitimación en la causa se encamina a la obtención de un fallo favorable al actor o promovente. En efecto, la legitimación en el proceso es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b2.0e 06/02/22 13:24:37 16 comparecer al juicio, para lo cual se requiere únicamente que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, aunque también puede referirse a la representación de quien comparece a nombre de otra persona; mientras que la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable, ya que ésta consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Así las cosas, en términos generales puede concluirse lo siguiente: 1.- La legitimación en el proceso se refiere a la capacidad o a la calidad de obrar de la persona que comparece al juicio. 2.- La legitimación en la causa, con relación al actor, corresponde a la identidad de la persona a quien la ley concede el derecho subjetivo que se ejercita a través de la acción que se deduce ante los tribunales con la persona que deduce dicha acción. 3.- La legitimación en la causa, con relación al demandado, corresponde a la identidad de la persona que conforme a la ley debe responder de la obligación cuyo cumplimiento se demanda. Lo relativo a la legitimación en el proceso y en la causa, válidamente puede aplicarse a cualquier tipo de procedimiento, ya que para la debida integración de la relación jurídica procesal, es necesario establecer a quién le asiste el carácter de parte material o formal, para la debida solución del asunto. SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b2.0e 06/02/22 13:24:37 AMPARO INDIRECTO. P. 1567/2021-VII 17 JUICIO DE AMPARO P- 1567/2021- VII Ahora bien, en el caso resulta conveniente precisar algunos antecedentes del juicio de nulidad 318/18-17-03-5, del índice de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de los que se advierte lo siguiente: 1) Mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil dieciocho (fojas 1 a 25 del tomo de pruebas), Angélica García Hernández, demandó al Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2) Mediante proveído cinco de enero de dos mil dieciocho (fojas 205 del tomo de pruebas), la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, admitió a trámite la demanda en vía ordinaria, promovida por Angélica García Hernández, quedando registrada 318/18-17-03-5, de su índice. 3) Seguido el procedimiento el dos de julio de dos mil dieciocho (fojas 312 a 328 del tomo de pruebas), la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictó sentencia definitiva, para los efectos siguientes: "Ciudad de México, a dos de julio de dos mil dieciocho.- ... SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b2.0e 06/02/22 13:24:37 18 (.) RESULTADOS 1.- Mediante escrito recibido el 03 de enero de 2018, por la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, compareció la C. ANGÉLICA GARCÍA HERNÁNDEZ, por propio derecho, para promover juicio en contra de la resolución NEGATIVA FISCTA recaída al a solicitud de incremento y pago de diferencias con motivo de la incorrecta actualización de la cuota diaria asignada en la Concesión de Pensión por Jubilación número 279280,. (.) En consecuencia, con fundamento en el artículo 52, fracción V, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se impone la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, reconociéndose el derecho subjetivo que le asiste a la impetrante y condenándose a la autoridad demandada a su cumplimiento. Por el, se ordena que se dicte resolución expresa en donde de manera clara y precisa, determine cuáles han sido los aumentos que ha sufrido la cuota diaria de pensión desde la fecha de su otorgamiento -01 de marzo de 1992-; también deberá establecer en forma práctica y esquemática el procedimiento, mecanismos y/o datos que utilice para sustentar su conclusión, así como la fuente oficial de la información. En realidad, deberá llevar a cabo el incremento de la pensión conforme a los porcentajes reportados en la multicitada Constancia de Evolución de Evolución (sic) Salarial, contenida en el oficio AEFCM/DGOSE/CSEP/SAP/10419/2018, de fecha 11 de abril de 2018, y en su caso, reiterar los enterados antes de interponer el presente juicio cuando hayan sido superiores a los señalados en dicha constancia, puesto que no puede revocar por sí y ante sí esa situación de hecho, por tratarse de una resolución favorable al particular. Sin perder de vista, en su caso de existir diferencias por los aumentos de la cuota diaria de SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b2.0e 06/02/22 13:24:37 AMPARO INDIRECTO. P. 1567/2021-VII 19 JUICIO DE AMPARO P- 1567/2021- VII pensión y con motivo de los aguinaldos que se hubieren generado, las mismas deberán ser pagadas ÚNICAMENTE por lo que hace a los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de incremento, esto es, el 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 y hasta el momento en que la autoridad cumpla cabalmente con el presente fallo. (.) Es importante hacer hincapié, los incrementos de la cuota de pensión de la hoy actora deberán calcularse, a partir de su cumplimiento, conforme a lo previsto en el artículo 57, tercer párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 04 de enero de 1993, por haber demostrado que tiene derecho adquirido previamente a la reforma del precepto aludido, por ende no procede la aplicación retroactiva de la Ley del Instituto vigente del 01 de enero de 2002 al 31 de marzo de 2007, debido a que la jubilación no es un derecho que surja por el solo hecho de existir la relación laboral o por simple efecto del pago de las cotizaciones, sino que más bien constituye una mera expectativa de derecho que únicamente se concreta hasta que se cumplan los requisitos para su otorgamiento, ya que la incorporación de dicha prestación al patrimonio jurídico de las personas se encuentra condicionada al cumplimiento de los años de servicio requeridos. Por tanto no exista un mandato expreso del legislador para incorporar entre los destinatarios de la norma a los pensionados con anterioridad, el parámetro que legalmente les corresponde a sus incrementos es el previsto en función del salario mínimo, el cual no puede sustituirse, vía interpretativa, por un sistema indexado o el homologado con quienes se encuentran laboralmente activos, porque sería tanto como desconocer el principio en el sentido de que las pensiones se rigen por la ley vigente al momento de otorgarse, y además asignar a la ley un efecto retroactivo que nunca tuvo en mente el autor de la reforma respectiva. (.) SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b2.0e 06/02/22 13:24:37 20 Finalmente, se informa a la autoridad demandada con motivo de lo resuelto y de acuerdo con lo estipulado en los artículos 52 y 57, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, cuenta con un plazo máximo de CUATRO MESES para emitir la resolución que cumpa puntualmente con los lineamientos señalados, el cual comenzará a transcurrir cuando la presente sentencia haya quedado firme. (.) I.- LA PARTE ACTORA PROBÓ PARCIALMENTE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE SU PRETENSIÓN, EN CONSECUENCIA; II.- SE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA CUESTIONADA Y SE RECONOCE EL DERECHO QUE ASISTE A LA ACTORA, POR LO QUE; III.- SE CONDENA A LA AUTORIDAD DEMANDADA A SU CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO SEÑALADO AL FINAL DEL PRESENTE FALLO. (.)" 4) Ante la contumacia de la autoridad demandada, la autorizada de la parte actora Angélica García Hernández promovió queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva, misma que fue resuelta el nueve de octubre de dos mil veinte (fojas 425 a 433 del tomo de pruebas), se dictó en los siguientes términos en lo que aquí interesa: "(.) Este cuerpo colegiado, después de considerar los argumentos vertidos por la quejosa y una vez valoradas las pruebas que obran en autos del presente juicio., llega a la conclusión que la presente queja es PARCIALMENTE FUNDADA, a saber de las siguientes consideraciones lógicojurídicas que a continuación se exponen: (.) Derivado de todo lo antes expuesto, resulta evidente que con el oficio número SP/1096/2020, de fecha 18 de febrero de 2020, la autoridad demandada acredita que ha emitido una nueva resolución a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de 02 de julio de 2018; sin embargo, la misma no puede tenerse por efectivamente cumplida. En otras palabras, no hay forma de comprobar que esos porcentajes son los que ciertamente recibieron los salarios en activo de la plaza que ocupaba antes de pensionarse, habida cuenta que, si bien, digitaliza las Constancias de Evolución Salarial, que sirvieron de base para sustentar las conclusiones arribadas por la autoridad, no fue anexada a la resolución motivo de la queja, lo cual resulta indispensable para corroborar la correspondencia de los porcentajes de aumento con la constancia digitalizada, máxime que en la sentencia definitiva de fecha 02 de julio de 2018, se ordenó claramente que debía acompañarse dicha información al momento de la notificación del acto respectivo, esto para verificar la plena ejecución del fallo. Sin perder de vista, que la Constancia de Evolución Salarial que toma como referencia para el cálculo de la pensión no está actualizada a la fecha en que la autoridad intentó dar cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 02 de julio de 2018, esto es el 18 de febrero de 2020, por lo que, puede sostenerse, no contó con las documentales idóneas, necesarias y suficientes para arribar a una correcta determinación y por tanto, no existe certidumbre respecto al aumento efectuado al pensionista sea el que por derecho le corresponde. En esa tesitura, no cabe duda, la autoridad debía emitir resolución expresa debidamente fundada y motivada, explicando de manera clara y precisa, los argumentos que ha sufrido la cuota diaria de pensión, allegándose de una Constancia de Evolución Salarial completa y actualizada hasta el momento en que dio cumplimiento al fallo emitido por esta Sala Juzgadora o bien, haber comprobado de manera fehaciente, el incremento de los salarios de los trabajadores en activo en el puesto que ocupó el pensionado respecto de los años 2019 y 2020, a fin de respaldar que el aumento que aplicó en su oficio de cumplimiento era el que verdaderamente correspondía al impetrante. (.)" I.- Ha resultado PROCEDENTE Y PARCIALMENTE FUNDADA la queja interpuesta por la parte actora; en consecuencia; II.- Se deja sin efectos el Oficio número SP/1096/2020, de fecha 18 de febrero de 2020, emitido por el Subdirector de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)" 5) Seguido el procedimiento de cumplimiento, mediante autos de diez de diciembre de dos mil veintiuno, en el primero tuvo por recibido el escrito de la autorizada de la parte actora en el juicio de natural, en el que le fue informado el fallecimiento de Angélica García Hernández (parte actora en el juicio de nulidad del que emana el acto reclamado), exhibiendo constancias para acreditar su dicho; por lo que, la sala responsable determinó no tener por acreditada la personalidad como albacea o bien el reconocimiento de heredero de la actora a Carlos Esquivel Castellanos García; toda vez que los documentos que le exhibieron resultaron insuficientes para acreditar el nombramiento con el que se ostentó; por consiguiente acordó interrumpir el juicio por causa de muerte del actor. Asimismo, emitió un acuerdo de la misma fecha, determinando de conformidad con el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procedió a calificar el cumplimiento dado por la autoridad demandada a la sentencia definitiva de dos de julio de dos mil dieciocho y a la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, emitida en el recurso de queja; determinando que no acató debidamente lo ordenado en dichas resoluciones y concluyó por tener por no cumplida la sentencia definitiva, requiriendo nuevamente a la autoridad demandada el cabal cumplimiento. De lo anterior se advierte que Carlos Ezequiel Castellanos y Otero, se ostentó con el carácter de albacea a bienes de la parte actora Angélica García Hernández; sin embargo, la sala autoridad no le tuvo acreditada la personalidad con la que se ostentó; por lo que, no se advierte cual es la afectación al derecho subjetivo del cual sea titular el quejoso o de un interés legítimo individual o colectivo, que le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; ello es así toda vez que quien promovió el juicio de nulidad en contra del Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fue Angélica García Hernández, por propio derecho. En todo caso el que tendría que promover es el albacea a bienes de la señora Angélica García Hernández, a efecto de que tenga legitimación para efectos del amparo. Sirve de sustento la Jurisprudencia de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, página 217, del rubro y tenor literal siguiente: "HEREDEROS PRESUNTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones. En ese tenor, y en atención a que el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco faculta a los herederos a ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, si no está en funciones el interventor o el albacea de la sucesión, se concluye que quien no sea heredero declarado por la autoridad correspondiente o no esté reconocido como tal y solamente tenga la calidad de presunto heredero carece de legitimación para promover el juicio de garantías en defensa de la masa hereditaria, pues si aún no se le ha reconocido ni declarado el carácter de heredero, ni se le han adjudicado los bienes, no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que de llegar a tener esa calidad, no cederá sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, el presunto heredero no podría sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no es titular de un derecho legítimamente tutelado." Asimismo, sirve de apoyo la Tesis de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, página 1483, de la literalidad siguiente: "HEREDEROS. NO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE TERCERÍA QUE LES PERMITA COADYUVAR CON EL ALBACEA DE LA SUCESIÓN EN QUE PARTICIPAN EN LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS BIENES QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si se toma en consideración que los artículos 3020, 3025 y 3119 del Código Civil para el Estado de Puebla disponen que la sucesión es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de una persona a sus herederos que ocurre con motivo de su fallecimiento, que la propiedad de ese patrimonio corresponde a los descendientes desde la muerte del de cujus, y que los herederos instituidos sin designación de la parte que a cada uno corresponda heredan por partes iguales; así como que en el numeral 3421 de esa legislación se señala que al albacea corresponde, como órgano representativo de la sucesión, la defensa de los bienes que la integran, resulta evidente que los herederos no cuentan con legitimación propia para realizar por sí la defensa judicial de la masa sucesoria, aun cuando el resultado del procedimiento que la involucra pudiera representarles algún beneficio patrimonial. De esta manera, al ser el mismo derecho aquel que corresponde al albacea en la defensa de la totalidad de los bienes de una sucesión y el que asiste a cado uno de los herederos en la parte alícuota que les pertenece, éstos no están legitimados para promover juicio de tercería y de esta manera coadyuvar con el albacea en el procedimiento seguido en contra de su representada, pues el derecho en cuestión no puede diferenciarse del que pertenece a cada uno de los sucesores. Esto es, si para la procedencia del juicio de tercería se requiere que quien resulta extraño o ajeno a una contienda judicial sea titular de un derecho y que éste, además, sea distinto del que se está debatiendo en la controversia ya iniciada, tal supuesto no se actualiza entre los herederos y el albacea, ya que a los primeros corresponde una parte del patrimonio respecto del cual el segundo es su representante legal." De igual manera sirve de apoyo la Tesis de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, página 1082, del rubro y contenido siguientes: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS. De una correcta interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con lo señalado en los dispositivos 1533 y 1534 del Código Civil de la entidad, anterior al vigente, se llega a la conclusión de que cuando un heredero reconocido en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación activa para instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa del derecho de posesión que deriva del citado artículo 1533, esto es, en su calidad de heredero respecto de la masa universal de bienes del de cujus. Ello, porque su título no es individual sino en comunidad con el resto de los sucesores reconocidos en el juicio relativo y entonces, es precisamente el albacea quien resulta legitimado para tales efectos en cuanto representante de la sucesión, por corresponderle a ésta ese derecho de posesión y no a los herederos en lo individual." En las condiciones apuntadas, se estima colmada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º fracción I, y 6º de la Ley de Amparo, por lo que SOBRESEE EN EL JUICIO. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, así como los demás relativos y aplicables, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, por las razones expuestas en el tercero y último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/5338/2021, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta signado por el Subdirector de Pensiones, Titular del Área de Pensiones, en suplencia del Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual, rinde su informe justificado. Se agrega el oficio de cuenta y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad citada en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éste se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad citada a las personas que menciona. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, del citado ordenamiento, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta signado por la Directora General de la Universidad Nacional Autónoma de México, por medio del cual, informa la imposibilidad que le asiste para proporcionar un perito en materia de contabilidad, por los motivos que refiere; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos tomando conocimiento de su contenido Notifíquese.

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