Carlos Evaristo Lizárraga Flores
Expediente 297/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/06/2021
Partes del expediente
- Carlos Evaristo Lizárraga Flores
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual informa que asume el conocimiento de la demanda instada. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula del mismo. En cumplimiento al artículo vigésimo primero, fracción I, del mencionado acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, al haberse declarado legalmente incompetente este órgano jurisdiccional para conocer del juicio, estableciéndose como fecha probable el veintiuno de junio de dos mil veintiséis. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda, el veintiuno de junio de dos mil veinticuatro. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la comunicación oficial proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, a la que se adjunta la constancia actuarial de la que se advierte que el agraviado Carlos Evaristo Lizárraga Flores, ratificó la demanda de amparo promovida en su favor. Se plantea incompetencia Ahora, del análisis de la demanda, se advierte que se señalaron como actos reclamados los siguientes: "I.- ACTO RECLAMADO. Los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial en perjuicio del quejoso CARLOS EVARISTO LIZÁRRAGA FLORES [.] toda vez que no existe documento escrito de autoridad competente que funde o motive el encarcelamiento que sufre violentándose el principio de legalidad." Asimismo, del estado de autos se colige que el directamente agraviado se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato. Ante ello, es necesario puntualizar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción anterior, se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de distrito competente será aquél ante quien se presenta la demanda. En tal contexto, si se reclaman ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial en perjuicio de Carlos Evaristo Lizárraga Flores, y el mismo se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, es evidente que las consecuencias jurídicas y materiales de tales actos no tienen ejecución en la localidad en la que este juzgado de distrito ejerce jurisdicción, sino en el lugar en el que el quejoso se encuentra recluido. Por ende, conforme a lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se considera que la autoridad competente para conocer de la demanda de derechos fundamentales es el Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1º.A.44 A del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, agosto de 2001, tomo XIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por lo antes expuesto, resulta palmario que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, y se declina competencia en favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León; fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; remítase el presente asunto con las fotocopias de traslado a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, a fin de que lo turne al juzgado de distrito que corresponda. Así también, se le solicita al juzgado que le toque conocer del presente asunto, informe a este órgano jurisdiccional la determinación que recaiga al presente proveído. Finalmente, agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual informa la observancia dada a la suspensión de plano. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Dalia Margarita Lizárraga Flores, en favor de Carlos Evaristo Lizárraga Flores, contra actos del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México, y de otra autoridad, por considerar que se vulneran los derechos fundamentales del directamente agraviado; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 297/2021-B. Suspensión de plano Considerando que en la demanda que se atiende se reclaman ataques a la libertad personal fuera de procedimiento en perjuicio de Carlos Evaristo Lizárraga Flores, al mantenerlo supuestamente privado de la libertad sin que exista mandamiento de autoridad competente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para los efectos siguientes: Cesen de inmediato los actos de los que dice la promovente es objeto el agraviado Carlos Evaristo Lizárraga Flores, por parte de las autoridades responsables, así como cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, es decir, las penas de infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier índole u otra pena inusitada y trascendental. En relación con los ataques a la libertad fuera de procedimiento, al aseverar que se mantiene privado de la libertad al agraviado sin que exista mandamiento de autoridad competente, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que sin demora se ponga a disposición del juez competente a Carlos Evaristo Lizárraga Flores; es decir, si la detención surgió por flagrancia en la comisión de un delito o en ejecución de una orden del ministerio público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo sexto del artículo 16 constitucional, la medida cautelar producirá el efecto de que el quejoso quede, por lo pronto, a disposición de este juzgado de distrito en lo que a su libertad personal se refiere, pero a disposición del juez de la causa de origen, para la continuación del procedimiento. Informe de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, legalmente computado, rindan su informe en acato a la suspensión de plano; hágase de su conocimiento que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el numeral 262, fracción III, del ordenamiento legal antes invocado, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Ratificación de la demanda Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase al directamente agraviado, para que, en el acto de notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada, quedando sin efecto las providencias dictadas. Notificación Toda vez que existe la posibilidad de que el probable quejoso se encuentre recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 (CPS), con sede en Ocampo, Guanajuato, con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, y como lo prevé el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y con apoyo en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 298, primer párrafo, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, envíese exhorto a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda para que notifique este proveído a Carlos Evaristo Lizárraga Flores. De igual forma, se le solicita que tan pronto sea diligenciado el exhorto de mérito, lo devuelva a este órgano jurisdiccional con las actuaciones practicadas. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y por exhorto a Carlos Evaristo Lizárraga Flores.
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