Carlos Esteves Meza

Expediente 876/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
876/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • Carlos Esteves Meza

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de trece de junio de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en las hipótesis de asuntos destruibles contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, y por la naturaleza de lo resuelto el presente sumario no es de valor jurídico. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Ahora, de conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrán ser destruidos junto con éste. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    MESA I. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo que promueven ****************, por derecho propio, contra actos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 876/2018-I. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de dar seguimiento a la denuncia por hechos delictuosos presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, ante la falta de ratificación de la misma. Sin que en el presente caso, se tenga como acto reclamado destacado la ejecución de una orden de aprehensión que supuestamente se realizaría en la diligencia de la ratificación de la denuncia presentada, ni como autoridad responsable al Coordinador de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, autoridad señalada como ejecutora, puesto que en la página siete, parte final, el quejoso señaló lo siguiente: ".lo cual sirve de argumento al fiscal anticorrupción, para no darle trámite a mi denuncia y los ilícitos cometidos por dichos servidores queden impunes, cabiendo señalar que no es mi deseo señalar como acto reclamado la orden de aprehensión citada." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, la lectura integral de la demanda, revela que se actualiza la hipótesis normativa prevista por el numeral 113, de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a su desechamiento de plano, al encuadrarse la hipótesis normativa contenida en el artículo la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa a la falta de definitividad. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". De lo anterior se desprende que el juicio de amparo procede únicamente contra actos definitivos, es decir, impone la carga al promovente de agotar -previo a instar la protección de la Justicia Federal- los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. No obstante, también se puntualiza que dicha regla no es absoluta (la observancia del principio de definitividad), puesto que la Constitución Federal, la aludida ley secundaria y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han establecido diversas y específicas excepciones, por ejemplo: a) cuando el acto reclamado carece de fundamentación; b) se aleguen violaciones directas a la Carta Magna; c) los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; d) los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos o lapso superior para concederlo, en relación con los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; e) los que importen una afectación a la libertad personal respecto a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, siempre que no se trate de sentencia definitiva; f) normas generales, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; g) los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; h) actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; o cuando la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, y por último, i) aquéllos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los que se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 258, dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Como se puede apreciar, la disposición legal reproducida prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido pueden inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Luego, si en el caso se reclama la omisión por parte de la autoridad responsable de dar seguimiento a la denuncia por hechos delictuosos presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, es inconcuso que el denunciante, antes de acudir al juicio de amparo, tenía que impugnar esa determinación en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control. Esto, porque es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación en atención al principio de definitividad, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. Sin que en el caso se actualice alguna excepción al principio de definitividad, puesto que: a) el acto reclamado no carece de fundamentación; b) se cuestionó la legalidad del acto reclamado; c) el quejoso no tiene el carácter de persona extraña, por el contrario, fue él quien instó al Ministerio Público para que realizara la investigación correspondiente; d) no se trata de un acto materialmente administrativo y el recurso que prevé la ley se tramita en sede jurisdiccional; e) el acto reclamado no conlleva una afectación a la libertad personal; f) no se combate una norma; g) el acto reclamado no conlleva peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, y h) el recurso está previsto en una ley formal y material. En conclusión, contra la omisión de la autoridad señalada como responsable de llevar a cabo las diligencias necesarias para investigar los hechos considerados por el denunciante como constitutivos de delito dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y con ello la integración de la carpeta de investigación, es procedente el medio de defensa legal previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual debe agotarse antes de acudir al amparo para observar el principio de definitividad. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 27/2018, Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." De igual manera, se cita al caso la jurisprudencia 28/2018, Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda, esto es, las listas de publicación que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizados en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones por así haberlo solicitado expresamente el promovente. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. VISTA MINISTERIO PÚBLICO. Dése vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, a fin de que, en su caso, instruya investigación de acuerdo con sus facultades y con los estándares nacionales, para deslindar responsabilidades en el supuesto de que decida proceder conforme a sus atribuciones y establecer como delito los actos de tortura que se mencionan en la demanda, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 3°, 6° y 8° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1°, 3° y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

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