Carlos Esteban Solís García
Expediente 791/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Carlos Esteban Solís García
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, doce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito en el Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el recurso de queja interpuesto por ********************, defensor particular del quejoso********************, contra del acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo indirecto ********************, ha sido admitido y registrado con el número de queja ********************. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Lo proveyó y firma Perla Fabiola Estrada Ayala, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Campeche, ante María Fernanda Maya Uribe, Secretaria que autoriza y da fe.*Rubén
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, seis de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito recibido vía electrónica de ***************, defensor particular del quejoso *************, mediante el cual, interpone recurso de queja contra el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, remítanse las constancias respectivas del presente juicio de amparo, el escrito del medio de impugnación interpuesto, el informe de ley sobre la materia de la queja, al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuido, con sede en esta ciudad, para la substanciación y decisión del recurso interpuesto. Ríndase el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto recurrido, toda vez que este Juzgado dictó el proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en autos del juicio de amparo 791/2023, en que desechó la demanda de amparo promovida por ************, defensor particular del quejoso ********; sin embargo, dicho acuerdo fue dictado en estricto apego a derecho. Sin que obste a lo anterior el hecho de que no se haya dado la vista que refiere el artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que al tratarse de un desechamiento, con excepción de la parte quejosa no existe diversa parte a quien otorgarle la vista antes referida. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese el escrito presentado vía electrónica por **************, quien se ostenta defensor particular de **************, mediante el cual, desahoga la prevención formulada en proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, e informa que su representado se encuentra en libertad. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, el análisis integral de la demanda de amparo, pone de manifiesto que el acto reclamado es el siguiente: La resolución de seis de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal **************, por los Magistrados de la Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Campeche, en la que se determinó revocar el fallo condenatorio emitido en contra del aquí quejoso y ordenó la reposición parcial del procedimiento penal. Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V -interpretado en sentido contrario-, ambos de la Ley de Amparo, de contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De conformidad con el precepto legal transcrito, el juicio de amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de "imposible reparación en juicio", entendiéndose por tales, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, determinó que por "actos de imposible reparación" deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2. Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. De estas ejecutorias emergieron la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual (a diferencia de los sustantivos( sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado (con toda razón( a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Y, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo I, página 15, Décima Época, intitulada: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de ser 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual (a diferencia de los sustantivos( sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: 'VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.' y 'ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.'; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Ahora bien, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 205651, de contenido siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 168/2016, en sesión de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, sostuvo que la decisión de un Tribunal de Alzada que oficiosamente ordena la reposición de un proceso penal instaurado en contra de un quejoso que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación, contra el cual sí procede el juicio de amparo indirecto. Explicó que, como esa determinación no contiene un pronunciamiento relacionado con el fondo del asunto, se puede llegar a considerar que únicamente involucra aspectos de índole adjetiva o procesal, cuya trascendencia está supeditada al fallo que en su momento se llegase a dictar; sin embargo, puntualizó que, derivado de la reposición de un proceso penal, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el peticionario de amparo se encuentra sujeto de manera preventiva se prolonga; por lo que, su derecho a que la referida restricción de la libertad sea por un plazo razonable puede verse afectado desde el pronunciamiento de esa decisión, el que se encuentra reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México. En efecto, expuso que la fracción IX del apartado B del artículo 20 constitucional, precisa que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso y que en ningún caso será de dos años; de ahí que, señaló que se trata de un derecho fundamental, cuya afectación inmediata se puede tornar irreparable. De esta ejecutoria emergió la jurisprudencia 1a./J. 64/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, diciembre de 2016, Tomo I, página 356, Décima Época, intitulada: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de 'sustantivos', expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México." Bajo ese contexto, en el caso que nos ocupa, los antecedentes de la resolución reclamada son los siguientes: El día veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se decretó la vinculación a proceso del aquí quejoso ************** por el hecho que la ley señala como delito de uso Indebido de atribuciones y facultades, previsto y sancionado en el artículo 291, fracción II, y último párrafo, del Código Penal del Estado de Campeche. Desahogada la etapa de juicio, el diez de marzo de dos mil veintitrés, se dictó fallo condenatorio en contra del aquí quejoso; por lo que, el día veintitrés de mazo siguiente, se dio lectura y explicación de la sentencia, dentro de la carpeta judicial **************, del índice del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad. Inconforme con dicha resolución, el ahora quejoso interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, bajo el número de toca penal **************. Mediante audiencia de explicación y dictado de sentencia de seis de junio de dos mil veintitrés, se estableció lo siguiente: "PRIMERO: Se declaran intocados los agravios de la defensa, así como la contestación que de estos realizó el Ministerio Público. SEGUNDO: Se REVOCA la resolución impugnada, y en su ligar, se ordena la reposición parcial del procedimiento con fundamento en lo que dispone el artículo 480 del Código Nacional de la materia, para efectos de que el Tribunal de Enjuiciamiento realice lo siguiente: a) De debido cumplimiento con lo establecido en el numeral 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, exprese con toda precisión el o los preceptos legales aplicables al caso; así como también las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, sin olvidar que, además, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; lo anterior, no implica escuchar nuevamente a las partes, sino que el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento debe concretarse a emitir una nueva sentencia con plenitud de jurisdicción, y en su momento comunicárselo a las partes conforme a las formalidades que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales." Ahora bien, atendiendo a la doctrina jurisprudencial del Pleno y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la determinación de los Magistrados de la Sala Penal y Especializada en Adolecentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, de ordenar la "reposición parcial del procedimiento" en la carpeta judicial **************, no constituye un acto de imposible reparación, entendiéndose como tal, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. Lo anterior es así, en razón de que la resolución reclamada no impide el libre ejercicio de algún derecho sustantivo de la parte quejosa en forma actual o presente, sino que se trata de un auto que sólo podría producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, pues el efecto de tal decisión es la continuación del juicio, en su caso, hasta el dictado de la sentencia definitiva, en la que puede repararse la violación que se hubiera cometido respecto a aquélla. Además, se toma en consideración que el quejoso no se encuentra privado de su libertad personal, pues así lo refirió quien se ostenta como defensor particular del hoy quejoso Carlos Esteban Solís García, mediante escrito aclaratorio de veintitrés de junio del presente año. En esa tesitura, la resolución reclamada si bien pospone la decisión del fondo del asunto con motivo de la reposición del procedimiento penal, empero, no produce el efecto de prolongar la restricción de la libertad personal del hoy quejoso, precisamente, porque no se encuentra privado de la libertad, en caso contrario, esto es, que el quejoso se encontrara en prisión preventiva, entonces la resolución reclamada sí constituiría un acto de imposible reparación, lo que no acontece en el caso sujeto a estudio. Bajo ese contexto, se reitera, la resolución reclamada no ocasiona violación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino solamente una afectación de naturaleza formal o adjetiva, por ende, no procede en su contra el amparo indirecto. Este juzgado federal no soslaya el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.), de rubro siguiente: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."; en el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia de la demanda de amparo, cuando el acto reclamado sea una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen sobre los efectos concretos que produce tanto en las personas como en las cosas, sin que esto pueda efectuarse en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento no se cuenta con las constancias necesarias para poder llegar a tal determinación. Sin embargo, en el caso concreto, la parte quejosa exhibió copia digitalizada de la resolución de seis de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal 211/22-2023, por los Magistrados de la Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Campeche, de donde se revela que, atendiendo a los efectos concretos y específicos para los cuales se repuso el proceso penal de origen, la resolución reclamada tiene efectos meramente procesales y no sustantivos, ya que la trascendencia de la reposición del procedimiento impacta únicamente en la audiencia en comento y en aquéllos aspectos procesales que deberán subsanarse, atendiendo a los lineamientos establecidos por los Magistrados de la Sala responsable, a saber: "(.) a) De debido cumplimiento con lo establecido en el numeral 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, exprese con toda precisión el o los preceptos legales aplicables al caso; así como también las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, sin olvidar que, además, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; lo anterior, no implica escuchar nuevamente a las partes, sino que el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento debe concretarse a emitir una nueva sentencia con plenitud de jurisdicción, y en su momento comunicárselo a las partes conforme a las formalidades que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales." Por lo que, resulta evidente que el fallo de segunda instancia reclamado no causa efectos de imposible reparación, pues sus consecuencias son meramente procesales. Así, en las relatadas consideraciones, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Se exhorta a todas las partes, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (messenger, whatssapp, etc). De igual forma, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Con fundamento en los párrafos quinto y sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a la secretaría de acuerdos, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo material del oficial administrativo correspondiente. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Perla Fabiola Estrada Ayala, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Campeche, ante María Fernanda Maya Uribe, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por presentado el escrito de demanda de amparo, promovido por ********************, quien se ostenta defensor particular de ********************quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que atribuye a la Sala Penal y Especializada en Adolecentes del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS. Tienen el carácter de autoridades responsables los Magistrados integrantes de la Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de San Francisco Campeche, a quienes reclamo la determinación emitida en la audiencia celebrada en fecha 31 de mayo del 2023 en autos del Toca Penal **************** en contra del aquí quejoso********************, mediante la cual se ordenó devolver en vía de reenvió la resolución de condena al Juez natural a efecto de que corrija las deficiencias de la misma." Se ordena anotar en el Libro de Registro de Juicios de Amparo con el número de expediente ********************, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 9 y 10 del Acuerdo General 12/2020, reformado mediante el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo", fórmese el expediente electrónico respectivo en términos del artículo 3°, fracción II, del mencionado Acuerdo General; el cual se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que se dirijan por las partes al presente asunto. Supresión de impresión. En ese sentido, dados los ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del propio consejo; se ordena formar el expedientillo físico a que se refieren las fracciones II y XII del precepto en cita, para el único efecto de integrar los documentos que sean recibidos materialmente en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y las constancias de notificación practicadas; de manera que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Se decreta la integración del presente expediente electrónico en el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE); para lo cual, el personal designado para tal efecto deberá digitalizar completa y oportunamente, así como de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera física y que no hayan sido digitalizados por las propias autoridades responsables ni por el personal de la OCC, así como garantizar su gestión electrónica eficiente. Asimismo, se precisa que los secretarios, actuarios y oficiales judiciales adscritos al presente órgano jurisdiccional; en el ámbito de sus respectivas funciones, deberán vigilar la correcta integración de las promociones, acuerdos y/o notificaciones que se realicen durante la tramitación de este asunto. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se debe observar lo que dispone el numeral 112 de la Ley de Amparo, que impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. El contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." De igual forma, es importante transcribir lo establecido en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Con fundamento en el artículo 114, fracción I, en relación con el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al ********************, defensor particular del quejoso********************, para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, aclare su demanda en los siguientes términos: a) Informe si el quejoso ********************se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén, Campeche, o en libertad. b) Asimismo, deberá anexar las copias necesarias del escrito y anexos con el que dé cumplimiento a la prevención que en este auto se le hace, para correr traslado a las partes. Lo anterior, en atención a la jurisprudencia P./J. 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que dispone: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". Se le apercibe al promovente que de no dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de amparo vigente, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De igual forma, se le apercibe, si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas por las partes y autoridades responsables, este tribunal advierte que, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que les constan con relación al acto reclamado, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. En el entendido que el desahogo de la prevención de referencia, deberá atender a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, conforme al cual el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la parte quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 1, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 13/2020, en relación con los enunciados normativos 6 y 16 del diverso Acuerdo General Conjunto 12/2020, se autoriza a los usuarios "********************", "********************y "******************** para consultar el expediente en línea y recibir notificaciones vía electrónica, toda vez que se encuentran registrados en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, se ordena realizar el trámite correspondiente a efectos de cumplir materialmente dicha autorización y a tomar las medidas conducentes, para que el expediente electrónico esté conformado con todas las constancias del expediente físico. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y ********************, y con las limitaciones que señala el citado numeral, a las demás personas que cita en el apartado relativo de su escrito. Se tienen por señalados por parte de la quejosa el correo electrónico y el número telefónico citados en su escrito de cuenta, únicamente como contactos para entablar comunicaciones no procesales. Por lo que respecta a la utilización de medios electrónicos, con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase al promovente y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado, siempre que se ajuste a los diversos acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la pandemia que aqueja actualmente al país. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Notifíquese personalmente.
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