Carlos Esteban Henson Reyes
Expediente 1810/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1810/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/11/2018
Partes del expediente
- Carlos Esteban Henson Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 153 y 154), la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de trece de noviembre del año en curso (foja 155), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el catorce del citado mes y año (foja 156), por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para la parte agraviada del dieciséis al veintidós de noviembre actual, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así tenemos que por sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del presente sumario constitucional (fojas 106 a 121), se concedió a ********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. . 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de ********************respecto de las cantidades de ********************, que erogó, el primero por concepto de "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", Fom. Educación, Asist. Social y U.A.N. y, el segundo, por los diversos de 'INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO', Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N., respecto del instrumento público respecto del instrumento público ********************emitido por el Notario Público número ********************, con sede en esta ciudad . Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de ******************** sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. . En la inteligencia de que la cuota de ******************** que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, consistente en el pago de derechos por inscripción del instrumento público referido, que está acreditado en autos con las copias certificadas ofrecidas por la quejosa y por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Titular de dicha dependencia, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. . 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionario de amparo la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de diecisiete de octubre de la presente anualidad (fojas 132 a 133), causó ejecutoria la resolución referida y se requirió al Secretario y Recaudador de Rentas, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de que dentro del término de diez días la acataran y remitieran las constancias que acreditaran el cumplimiento al fallo. En virtud de lo anterior, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el doce del actual mes y año (fojas 153 y 154), la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, informó que había efectuado la transferencia respectiva por la cantidad de $********************/100 moneda nacional); situación que acreditó con el anexo antes indicado. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $******************** moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (******************** 00/100, moneda nacional), da como resultado la suma de $********************), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el quince de agosto de dos mil dieciocho, y el ocho de noviembre de este año se le efectuó el pago mediante transferencia bancaria; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de julio a octubre de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil dieciocho fue 132.991; y para el mes de octubre de esta anualidad fue 101.440 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.76275; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a ********************, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $********************), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió al promovente del amparo $********************/100 moneda nacional); sin embargo, éste debía reintegrarle la diversa de $********************), es decir, tiene un excedente de $138.00 (ciento treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe el peticionario de garantías, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
Tepic, Nayarit, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, mediante el cual, remite el diverso suscrito por la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; sin embargo, agréguese sin mayor acuerdo, toda vez que dicha información ya obra en autos (fojas 153 y 154) *
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito en línea, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por *, así como la evidencia criptográfica del archivo magnético del libelo en comento, a través del cual solicita se le autorice la consulta vía internet del expediente electrónico del presente juicio de garantías con nombre de usuario "janette.chavez", en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, así como las notificaciones electrónicas; entonces, agréguese el libelo de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, de conformidad con el arábigo 3°, parte final del párrafo octavo de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica del presente sumario constitucional, con nombre de usuario "janette.chavez". Ello, en virtud de que tal y como lo establece el precepto de previa mención, el Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los acuerdos generales que consideró necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, que al día de hoy, se encuentra funcionando; asimismo, con sustento en el precepto 26, fracción IV, de la ley de la materia, se autorizan las notificaciones vía electrónica a la parte promovente, como lo solicitó. Por otra parte, visto el estado de autos, de donde se advierte que las autoridades responsables dentro del presente juicio de amparo, únicamente han realizado gestiones relativas al cumplimiento del fallo protector; sin embargo, no han dado total acatamiento al mismo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 192 de la señalada Ley, requiérase a las responsables de mérito, para efecto de que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento total a la sentencia de amparo; toda vez que si bien informan lo que a la fecha ha realizado para ello, no acreditan total cumplimiento. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo Constitucional, en relación con el segundo y tercero transitorios del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el arábigo 193 de la ley citada. Luego, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la ley en comento.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso ********************, mediante el cual, informa que ha entregado la documentación requerida por la responsable a efecto de que le realicen la transferencia por la cantidad correspondiente a la ejecutoria del amparo, como lo acredita con los anexos que acompaña; además, solicita se multe a los entes responsables y se remita el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, a efecto de dar trámite al incidente de inejecución de sentencia; así también, pide copias certificadas de la sentencia de veintiséis de septiembre de este año. Luego, por última ocasión, previo a remitir el presente asunto en inejecución de sentencia y multar a las responsables, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas y Secretario, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, emitan las constancias que acrediten haber dado cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo. Apercibidos que de no hacerlo, o de no manifestar el impedimento que tengan para ello, se harán acreedores a una medida de apremio, consistente en una multa por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Asimismo, se hace de su conocimiento que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejare el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. Finalmente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo por disposición de su arábigo 2º, se autoriza a costa del quejoso la expedición de las copias certificadas que solicita, previa identificación y constancia que de recibo deje en autos el promovente.
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