Carlos Espinoza Arias
Expediente 612/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz. 26 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Espinoza Arias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
...Agréguese a los autos la pieza postal devuelta por el Jefe de la Oficina Postal, en esta ciudad, que contiene el oficio 19392/2023 dirigido al Responsable de la Oficina Estatal de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Veracruz, con sede en la Ciudad de México, girado a fin de notificar el acuerdo de veintiuno de septiembre del año en curso, de la que se desprende la leyenda "Rehusado x oficialía de partes la autoridad que cita no se encuentra en este domicilio"; sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento al respecto, pues en el acuerdo a notificar se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido...
- Principal
...Agréguese a los autos la pieza postal devuelta por el Jefe de la Oficina Postal, en esta ciudad, que contiene el oficio 18007/2023 dirigido al Responsable de la Oficina Estatal de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Veracruz, con sede en la Ciudad de México, girado a fin de notificar la sentencia dictada el treinta y uno de agosto del año en curso, de la que se desprende la leyenda "Rehusado x oficialía de partes la autoridad que cita no se encuentra en este domicilio"; sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento al respecto en virtud de que en proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto...
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos...se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes...archívese el presente asunto como totalmente concluido...Por último, se deja a disposición de la parte quejosa los documentos originales que exhibió en el presente juicio, por lo que se le requiere para que comparezca a este Juzgado Federal, a fin de recibirlos dentro del plazo de noventa días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo, correrá la misma suerte que el expediente en que se actúa; en el entendido de que la persona autorizada que comparezca, deberá hacerlo con identificación oficial y firmar la constancia de recibido para que conste en autos...
- Principal
... Agréguese el oficio firmado electrónicamente por el delegado de la autoridad responsable Director del Plantel 34 Nanchital del Organismo Público Descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, por medio del cual solicita se le notifique la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el presente asunto. Ahora bien, se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, que en el incidente de suspensión 612/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, la citada autoridad responsable al rendir su informe previo, a solicitud expresa indicó un usuario para el acceso de expediente electrónico y notificaciones electrónicas; por tanto, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en obvio de mayores dilaciones procesales, remítase bajo el mismo número de oficio 18006/2023, girado en la sentencia de mérito a dicha autoridad, vía electrónica a través del usuario emiliorivera a efecto de que dicha autoridad tenga conocimiento para los efectos legales conducentes...--SE TRANSCRIBE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS--AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procedió a celebrarla sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia por Nancy Juárez Salas, Jueza Decimonoveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, asistido por la licenciada Beatriz Morales Payan, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe, informó de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, conforme a la tesis 26 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del informe de labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dispone: PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas. Abierto el período probatorio con apoyo en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas con base a su naturaleza, las documentales aportadas por las partes. Enseguida, abierto el periodo de alegatos se hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, de lo anterior se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar sentencia. VISTOS, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo, expediente número 612/2023-V, promovido por ***, contra actos de Secretario de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, que consideró violatorios, en su perjuicio, de los derechos reconocidos en los artículos 1, 3, 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial, remitido en esa misma data a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, al día hábil siguiente ***, acudió a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo en su carácter de ordenadora: Secretario de Educación Pública; con domicilio conocido en la Ciudad de México ubicado en República de Argentina Número 28, Centro Histórico Ciudad de México. C.P. 06020. Responsable de la Oficina Estatal en el Estado de Veracruz, de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), con domicilio en Calle Tulipanes número 141, Unidad Habitacional Adolfo Ruiz Cortines, con Código Postal 91829, en la Ciudad de Veracruz, en el Estado de Veracruz. (ubicado en el Cetis 15) Señalo en su carácter de ejecutora: Director General, de la ***, con domicilio ubicado en Avenida ***, número ***, en la colonia ***, con Código Postal ***, en Coatzacoalcos, Veracruz. Director del Plantel, del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, Plantel número 34 en el Municipio de Nanchital, Veracruz; con domicilio exacto en el ***, en la ya referida Ciudad, en el Estado de Veracruz. IV. ACTO RECLAMADO: De todas las autoridades señaladas como ordenadoras, vengo a reclamar lo siguiente: a) La ejecución de actos de discriminación, ante la omisión de emitir a favor de mi representado, el certificado incompleto de los estudios de bachillerato realizados por mi menor hijo *** en la escuela y hoy responsable *** en Coatzacoalcos, Veracruz, correspondiente a los primeros cuatro semestres en la referida Institución Educativa, mismos semestres en los que Bajo Protesta de Decir Verdad mi hijo cumplió y acreditó debidamente todas y cada una de las asignaturas sin tener pendiente ninguna. b) De todas las autoridades señaladas como ejecutoras: Del Director General, de la ***: La omisión de expedir a favor de mi representado, *** el certificado incompleto de estudios de bachillerato, correspondiente a los primeros cuatro semestres del bachillerato. Del Director del Plantel, del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, Plantel número 34: La orden verbal o escrita por la que se proceda a dar de baja del ciclo escolar correspondiente al sexto semestre al signante, ****. Actos que se reclaman por la violación a mis derechos humanos relacionados con el derecho a la educación, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se concluye en este caso particular con la obtención del documento con el que se acredita haber cursado dicha instancia educacional, de manera concreta como es el Certificado Incompleto correspondiente a los primeros cuatro semestres que cursé en la Institución Educativa *** el cual me están negando. Y en este mismo orden de ideas, de la Institución Educativa COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ, PLANTEL NÚMERO 34 (en adelante COBAEV 34) la inminente orden verbal o escrita con la que se me da de baja, asimismo se violenta el derecho al libre desarrollo de la personalidad. SEGUNDO. Por acuerdo de trece de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, admitió la demanda a trámite, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde y, citó a las partes a la audiencia constitucional; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Este Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, es constitucional y legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III, inciso b) y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; puntos Primero, fracción X, Segundo, fracción X, Tercero, fracción X y Cuarto fracción X, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso 15/2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de junio de dos mil dieciocho, toda vez que la parte quejosa reclama un actos de naturaleza omisiva. SEGUNDO.- Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 en sus fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, que prevén que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener .La fijación clara y precisa del acto reclamado., así como, .Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer.; es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.. Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación del acto reclamado, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, interpretada en su conjunto, como un todo, y relacionada con la totalidad de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que la parte quejosa en esencia se duele de: A) La omisión de emitir el certificado incompleto de los estudios de bachillerato realizados por el quejoso en la institución educativa ***. B) La orden verbal o escrita por la que se proceda a dar de baja del ciclo escolar correspondiente al sexto semestre del Colegio Bachilleres del Estado de Veracruz, plantel número 34, en Nanchital, Veracruz. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado B). La autoridad responsable 1) Director de Procesos Jurisdiccionales, en ausencia del Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México, al momento de rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclaman. En tales condiciones, como la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas; razón por la cual se deberá sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. CUARTO. Acto existente. Las autoridades responsables 2) Director de Procesos Jurisdiccionales en ausencia del Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, en representación del Comisionado Responsable de la Oficina Estatal de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Veracruz, con sede en la Ciudad de México 3) Director del Plantel del Colegio Bachilleres del Estado de Veracruz, Plantel Numero 34, en Nanchital, Veracruz y, al rendir su informe justificado, manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclama; sin embargo, con posterioridad remitieron en el ámbito de sus facultades 1) el certificado de estudios de ***, con matrícula ***, con el cual acredita que concluyó sus estudios completos de Bachillerato el diecinueve de julio de dos mil veintitrés en dicho plantel educativo y 2) el certificado parcial de estudios de ***, con matrícula ***, con el cual acredita que cursó el bachillerato tecnológico, con la carrera técnica en computación del veintiuno de septiembre de dos mil veinte al seis de julio de dos mil veintidós en el plantel educativo Escuela ***. Tocante a la 4) Directora de la Escuela ****, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, no dijo si eran ciertos o no los actos reclamados; sin embargo, de las manifestaciones vertidas se advierte que el quejoso se encontraba inscrito en su institución. Apoya lo anterior, la tesis con número de registro 255646, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Séptima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 62, Sexta Parte, página 41, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO OMISO O IMPRECISO. El artículo 149 de la Ley de Amparo establece que la falta de informe, lo que debe lógicamente extenderse a los informes omisos, vagos o confusos, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, quedando a cargo del quejoso la prueba de su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías por sí mismo, sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. En tales condiciones, cuando el acto reclamado es omiso, vago o confuso, en cuanto a los hechos en que se funda, y la parte quejosa en su demanda precisa con claridad las cuestiones de hecho relativas, narrando hechos en que han tenido intervención las autoridades, los hechos así precisados deben presumirse ciertos si las autoridades responsables no establecen claramente controversia al respecto en sus informes justificados, y en caso de que establezcan tal controversia, la carga de la prueba podrá corresponderle a la parte quejosa cuando no se trate de hechos negativos, o de hechos internos de las propias autoridades que no esté al alcance de la quejosa probar. Y sólo en lo que toca a las cuestiones de derecho, en principio corresponderá siempre a la quejosa argüir legalmente los motivos de inconstitucionalidad del acto reclamado, a menos que esa inconstitucionalidad surja en forma clara y manifiesta de las características mismas de dicho acto. La consideración anterior encuentra apoyo en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, registro 211004, que es del rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA.- En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. QUINTO.- Causales de improcedencia. El estudio de las causales de improcedencia es preferente al fondo del asunto, por ser de una cuestión de orden público y se realiza a solicitud de cualquiera de las partes u oficiosamente, por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, y acorde con la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 87, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, correspondiente al mes de agosto de 1994, Octava Época, registro 210784, que dice: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la propia ley de la materia, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, sea porque la autoridad lo deroga o revoca, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, el criterio sustentado en la tesis P. CL/97, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, con registro 197367, que a la literalidad dice: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Para estimar actualizada la causa de improcedencia invocada, es indispensable que concurran los siguientes extremos: a) Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; y, b) Que, respecto del mismo, se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 2. Una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados; 3. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, pues la parte quejosa estima como acto lesivo a sus derechos fundamentales, lo siguiente: A) La omisión de emitir el certificado incompleto de los estudios de bachillerato realizados por el quejoso en la institución educativa ***. B) La orden verbal o escrita por la que se proceda a dar de baja del ciclo escolar correspondiente al sexto semestre del Colegio Bachilleres del Estado de Veracruz, plantel número 34, en Nanchital, Veracruz. Por lo que hace al segundo de los extremos necesarios para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita el señalado en la hipótesis número 1, relativa a que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional, un acto de autoridad que deja insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo. En efecto, de las constancias que obran en los autos se advierte que obra el 1) certificado de estudios de ***, con matrícula ***, con el cual acredita que concluyó sus estudios completos de Bachillerato el diecinueve de julio de dos mil veintitrés en dicho plantel educativo y el 2) certificado parcial de estudios de ***, con matrícula ***, con el cual acredita que cursó el bachillerato tecnológico, con la carrera técnica en computación del veintiuno de septiembre de dos mil veinte al seis de julio de dos mil veintidós en el plantel educativo Escuela ***, de diecisiete de julio del año en curso, esto es, los emitió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Documentales que tienen plena eficacia demostrativa, de conformidad con los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el numeral 2 de la Ley de Amparo. De ahí que, a criterio de este juzgado de distrito, los actos reclamados por la parte impetrante han cesado en sus efectos. En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en el precepto 63, fracción V, de la propia Ley de la materia. Sirve de apoyo, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, correspondiente al mes de noviembre de 1997, Novena Época, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Entonces, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito, este juzgado federal se encuentra impedido para abordar el estudio de los conceptos de violación argumentados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda de amparo. Sirve de apoyo al anterior razonamiento, la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 335, Toma VI, parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. SEXTO. Finalmente, en tanto que las partes contendientes en el presente juicio constitucional, no se opusieron a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva; por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto por los numerales 6, 7 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; se suprimirán los datos sensibles que pueda contener tal fallo, sin que tal supresión impida conocer el criterio de este Tribunal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, por los motivos y fundamentos legales expuestos en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. SEGUNDO. Cúmplase lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Nancy Juárez Salas, Jueza Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, ante Beatriz Morales Payan, Secretaria de Juzgado, que autoriza y da fe. Doy fe...
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