Carlos Escobedo Suárez

Expediente 703/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
703/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
11/08/2022

Partes del expediente

  • Carlos Escobedo Suárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito de Luz María Mondragón Cervantes, mediante el cual solicita la devolución de documentos originales, que adjuntó en su escrito registrado con el número 12948. En tal virtud, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase el documento que indica, previa identificación, acta de entrega y copia certificada que del mismo se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 703/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria certifica: Que no se cuenta con las constancias requeridas al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, relativas al juicio amparo VI-109/2021 de su índice; sin embargo, ya fue posible ingresar al expediente electrónico respectivo mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), donde una vez analizada la demanda que dio origen a dicho juicio, se pudo constatar que el expediente en que se actúa no se ubica en alguno de los supuestos de relación por turno a que se refiere el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la promoción registrada bajo el número 13869, suscrita por Luz María Mondragón Cervantes, mediante el cual solicita se le reconozca carácter de tercera interesada dentro del presente juicio, pues refiere que tiene interés jurídico en que los actos reclamados subsistan porque presentó solicitud como aspirante a Notario Público y la anulación de ese procedimiento incide en su esfera jurídica. Al respecto el Juez acuerda: En primer término, vista la certificación asentada con antelación, y por los motivos que en ella se exponen, se deja sin efectos el requerimiento formulado al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. En segundo lugar, agréguese el escrito que presenta Luz María Mondragón Cervantes; sin embargo, no procede acordar de conformidad su petición toda vez que, analizada íntegramente la demanda de amparo en que se actúa, se advierte que la omisión de publicar únicamente la versión electrónica del Periódico Oficial del Estado en los días que refiere el aquí quejoso, no tiene relación alguna con el procedimiento que la promovente señala, de modo que no se ubica en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 5º de la Ley de Amparo. Atento lo anterior, se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó el quejoso a su demanda de amparo. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la probanza descrita, aportada por la parte quejosa. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no lo formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de agosto de dos mil veintiuno, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Carlos Escobedo Suárez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, y de otra autoridad. Actos que la parte quejosa consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 82 de la Ley Agraria, así como 15, fracción IX, 16, 22, fracciones I y XXVI, 24, fracción VII, 33, 34, fracciones I y IV, 51, 52, 81, 82, fracciones I y II del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, este juzgado, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, la admitió a trámite y la registró bajo el número 703/2021; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; y otorgó la intervención legal que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Finalmente, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos omisivos a autoridades residentes dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y de conformidad con el criterio citado, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de publicar electrónicamente los números ordinarios del Periódico Oficial del Estado, correspondientes a los días dos al once de agosto de dos mil veintiuno. Acto que atribuye a las autoridades: Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo; Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán. Ambos con residencia en Morelia, Michoacán. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Al respecto, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad las autoridades están obligadas a realizar esa conducta. En otras palabas, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Es aplicable la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 53, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de 1998, Materia Común-Administrativa, Novena Época, registro 196080, de rubro y texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. También es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 104/2018, publicada en la página 926 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018 Tomo I, Décima Época, Materia Común, registro digital 2018110, la cual es del tenor siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Como quedó asentado en el considerando anterior, la quejosa reclama la omisión de publicar electrónicamente los números ordinarios del Periódico Oficial del Estado, correspondientes a los días dos al once de agosto de dos mil veintiuno. Al respecto, es necesario traer a contexto el contenido de los artículos 3º, 6 y 9 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, los cuales disponen: "Artículo 3º. El Periódico Oficial es el órgano del Gobierno del Estado, de difusión permanente, a cargo del Gobernador, a través del Secretario." "Artículo 6º. El Periódico Oficial, se publicará de lunes a viernes, de manera ordinaria, con excepción de aquellos en que falte material de publicación y de forma extraordinaria en cualquier día, cuando lo determine el Gobernador o el Secretario." "Artículo 8º. En el Portal de Internet del Gobierno del Estado, deberá publicarse una versión digital del Periódico Oficial, la que servirá de medio de consulta y carecerá de valor legal." "De la Dirección del Periódico Oficial Artículo 9º. El Director, tendrá las obligaciones y atribuciones siguientes: I. Imprimir, editar y circular el Periódico Oficial; II. Compilar y constatar la fidelidad con sus originales, debidamente firmados y sellados, de la información que se publique en el Periódico Oficial; III. Publicar los documentos remitidos por el Secretario en un plazo no mayor de diez días naturales; IV. Solicitar el respaldo magnético de los documentos fuente a publicar; V. Vigilar que la impresión del Periódico Oficial se realice con la periodicidad, calidad y tiraje necesarios; VI. Remitir al Archivo del Congreso del Estado al menos un ejemplar de cada edición para su guarda y custodia, el día de su publicación; VII. Llevar un registro cronológico de las publicaciones ordinarias y extraordinarias del Periódico Oficial; VIII. Determinar los procesos técnicos adecuados para la impresión del Periódico Oficial; IX. Archivar y conservar el acervo histórico del Periódico Oficial; X. Llevar un archivo de los documentos fuente remitidos para su publicación; XI. Publicar en la primera quincena de cada mes un índice general del contenido de las publicaciones correspondientes al mes inmediato anterior y dentro del primer trimestre de cada año un índice por materia de las publicaciones del año inmediato anterior; XII. Archivar al menos cinco ejemplares de cada publicación; XIII. Conservar ejemplares para venta o reposición por el término de un año y realizar las reimpresiones necesarias; XIV. Proporcionar los servicios de información, consulta, asesoría y venta del acervo compilado en su hemeroteca; XV. Publicar la fe de erratas; y, XVI. Las demás que le señalen las disposiciones legales y la Secretaría. De los preceptos transcritos se obtienen, para lo que aquí interesa y en relación con el acto reclamado, las siguientes premisas: Que el Periódico Oficial es el Órgano de Gobierno del Estado, a cargo del Secretario de Gobierno, en representación del Gobernador. Que el Periódico Oficial se publicará de lunes a viernes de manera ordinaria, con excepción de aquellos en que falte material de publicación y de forma extraordinaria en cualquier día, cuando lo determine el Gobernador o el Secretario. Que dentro de las obligaciones y atribuciones del Director del Periódico Oficial del Estado, se encuentran las de imprimir, editar y circular el Periódico Oficial, vigilar que su impresión se realice con la periodicidad, calidad y tiraje necesarios, así como llevar un registro cronológico de las publicaciones ordinarias y extraordinarias. Lo anterior evidencia que el Periódico Oficial del Estado es un órgano de difusión permanente a cargo del Gobernador del Estado, por conducto de su Secretario, y que corresponde al Director del Periódico Oficial del Estado, vigilar que las impresiones se realicen oportunamente, así como llevar el registro cronológico de las publicaciones. En el caso, las dos autoridades responsables, al momento de rendir sus respectivos informes, negaron la existencia de los actos reclamados, el Secretario de Gobierno, al referir que las publicaciones electrónicas no son propias de esa autoridad, y el Director del Periódico Oficial del Estado, señaló que las publicaciones reclamadas por el quejoso sí se realizaron en versión digital o electrónica, con lo cual se dio vista a las partes en su oportunidad. Así, una vez realizado el análisis correspondiente y en atención a las constancias que obran en el sumario, quien esto resuelve concluye que, efectivamente, son inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables en esta instancia constitucional. Es así, porque de un análisis de las constancias allegadas al sumario se desprende que el quejoso aduce que existe omisión de las autoridades responsables de publicar electrónicamente en el portal de internet del Gobierno del Estado de Michoacán, los números ordinarios del Periódico Oficial de los días uno a once de agosto de dos mil veintiuno, lo cual viola en su perjuicio el contenido de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Al efecto, refirió el peticionario del amparo que el once de agosto de dos mil veintiuno, a las ocho cuarenta y cinco horas, consultó la dirección electrónica ----------------------------------- http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/periodico-oficial/ correspondiente al portal de internet del Gobierno del Estado de Michoacán, en la sección atinente a la publicación electrónica del Periódico oficial del Gobierno del Estado, y no encontró publicados los números ordinarios del citado periódico, de los días uno a once de agosto de dos mil veintiuno; asimismo, a su demanda de amparo, adjuntó una documental privada consistente en captura de pantalla con la que dice pretende probar lo antes señalado. Sin embargo, contrario a lo que aduce el quejoso, al realizar una consulta en la dirección electrónica indicada, la cual efectivamente corresponde al portal de internet del Gobierno del Estado de Michoacán, en el apartado correspondiente al Periódico Oficial se consultan los documentos en formato digital, donde se despliega un índice de carpetas de diversos años hasta el dos mil veintiuno. A continuación, al ingresar al año que transcurre, existen diversas carpetas con los meses de enero a octubre, por lo que al ingresar específicamente en el mes de agosto, las publicaciones realizadas en los días del dos al seis [lunes a viernes] y del nueve al once [lunes a miércoles] de agosto de dos mil veintiuno, cuya omisión reclama el quejoso, se observan como se ilustra a continuación: Publicaciones electrónicas que pueden ser consultadas al ingresar directamente a cada una de las carpetas marcadas con el día correspondiente. En esa virtud, es evidente que las publicaciones del Periódico Oficial del Estado aquí reclamadas sí pueden ser consultadas electrónicamente en la página oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, por ende, la omisión reclamada a las autoridades responsables debe declararse inexistente. En las condiciones apuntadas, al resultar inexistentes los actos omisivos atribuidos a las autoridades responsables, procede sobreseer en este asunto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cuarta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carlos Escobedo Suárez, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, en términos de lo expuesto en la consideración tercera de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de tres de septiembre del presente año, se solicitó al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a fin de que remita datos específicos sobre el diverso juicio amparo ********************de su índice, toda vez que la autoridad responsable Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, con sede en esta ciudad, informó a este órgano jurisdiccional sobre la existencia de dicho juicio promovido por el aquí quejoso. En virtud de lo anterior y toda vez que no se ha obtenido respuesta alguna, solicítese por tercera ocasión al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que de no tener inconveniente legal o material alguno con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación que se realice del presente auto, se sirva hacer disponible el expediente electrónico del juicio de amparo Vl-109/2021 de su índice y relacionarlo con el presente asunto, para consultarlo mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. Asimismo, para que en el mismo término informe lo siguiente en relación con el juicio de amparo ********************de su índice: a) Nombre del quejoso y fecha de presentación de la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad; b) Autoridades responsables; y, c) Acto reclamado y de ser el caso, juicio de origen del que deriva el mismo. Lo anterior, toda vez que resulta necesaria dicha información para cotejo, contraste electrónico y resolver el juicio en que se gestiona. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de tres de los actuales, se solicitó al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a fin de que remita datos específicos sobre el diverso juicio amparo VI-109/2021 de su índice, toda vez que la autoridad responsable Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, con sede en esta ciudad, informó a este órgano jurisdiccional sobre la existencia de dicho juicio promovido por el aquí quejoso. En virtud de lo anterior, solicítese nuevamente al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que de no tener inconveniente legal o material alguno con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación que se realice del presente auto, se sirva hacer disponible el expediente electrónico del juicio de amparo 109/2021 de su índice y relacionarlo con el presente asunto, para consultarlo mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. Asimismo, para que en el mismo término informe lo siguiente en relación con el juicio de amparo VI-109/2021 de su índice: a) Nombre del quejoso y fecha de presentación de la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad; b) Autoridades responsables; y, c) Acto reclamado y de ser el caso, juicio de origen del que deriva el mismo. Lo anterior en virtud de que resulta necesaria dicha información para cotejo, contraste electrónico y resolver el juicio en que se gestiona. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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