Carlos Escobedo Suarez
Expediente 932/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 932/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Escobedo Suarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintisiete de enero de dos mil veintidós. Como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja, en contra del proveído que desechó la demanda de garantías promovida por - por propio derecho, o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto indirectamente ante la superioridad; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, ha causado estado. Asimismo, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción y no se formaron cuadernos incidentales; lo anterior, de conformidad con el artículo 21 fracción I, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: I. En los Juzgados de Distrito: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-932/2021-2. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: "1. Omisión de publicar, oficialmente en la página de internet oficial del Congreso del Estado la Convocatoria a Sesión, el Orden del Día, la Gaceta Parlamentaria, y la Convocatoria correspondientes a la Sesión de 29 de septiembre de 2021 2. Celebrar la Sesión de 29 de septiembre de 2021 sin haber publicado oficialmente previamente el él Orden del Día, la Gaceta Parlamentaria, y la Convocatoria correspondientes 4.." Al respecto, el Suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 107, fracción I, del mismo ordenamiento legal, éstos últimos interpretados a contrario sensu. El citado artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Resulta aplicable la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Los preceptos legales anteriormente señalados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.; (.)" "ARTÍCULO 107. (.) El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Pues bien, el interés legítimo, se encuentra establecido por la fracción I del artículo 107 Constitucional. Se establece como un principio básico del juicio de amparo, puesto que, como medio de control constitucional, aquél se debe seguir siempre a instancia de parte agraviada. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 57/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2014433, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En síntesis, para la actualización del interés legítimo, se requiere que se demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es necesario como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. En la especie, quien aquí juzga, arriba a la plena convicción, de que el quejoso acude a este juicio con un interés simple, no con interés legítimo (pues solamente aduce que son de información de interés público en términos del artículo 3 fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Puesto que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual: cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que lleva a cabo la autoridad responsable), para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Ahora bien, se estima que se actualiza la causal de improcedencia citada, porque el interés con el que acude al juicio constitucional, corresponde al que, en general tiene toda persona de conocer las gestiones del Congreso del Estado, por lo que, no puede equipararse al interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues no se advierte la afectación de un interés cualificado, actual y real en la esfera jurídica concreta del gobernado, por virtud de la especial situación que guarde en relación con el orden jurídico. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 38/2016, Tomo III, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2012364, publicada en la página 690, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Dicho de otro modo, no se advierte que el justiciable haya resentido afectación alguna en su esfera jurídica, con motivo de los actos que ahora reclama, máxime que, de los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad, no se advierte que con dichas medidas se repercuta en alguno de sus derechos fundamentales. Lo anterior permite constatar, que si bien el quejoso únicamente acredita un interés simple, como el de cualquier otro ciudadano; sin embargo, el interés simple no es suficiente para la procedencia del juicio de amparo, ya que se requiere un interés legítimo en donde se demuestre una afectación real y directa en su esfera jurídica por su especial situación jurídica frente al acto reclamado. Esto es, el justiciable solamente acredita su interés, al manifestar que la omisión de publicar oficialmente en la página de internet oficial del Congreso del Estado la Convocatoria a Sesión, el Orden del Día, la Gaceta Parlamentaria, y la Convocatoria correspondientes a la Sesión de 29 de septiembre de 2021 y en Celebrar la Sesión de 29 de septiembre de 2021 sin haber publicado oficialmente previamente el Orden del Día 'la Gaceta Parlamentaria, y la Convocatoria correspondientes, son de información de interés público en términos del artículo 3 fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Puesto que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, pero no se advierte que pudiera obtener algún beneficio concreto y real con una eventual concesión del amparo; pues, se insiste, la relación jurídica con que se ostenta, es la que existe con cualquier otro ciudadano, sin determinar individualmente algún perjuicio o la privación de algún beneficio. Bajo tal escenario, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda de amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 107, fracción I, del mismo ordenamiento legal, éstos últimos interpretados a contrario sensu. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Como lo solicita la impetrante, se comisiona a la Analista Jurídico (SISE), para que realice el trámite correspondiente respecto al usuario -, a fin de que el promovente tenga acceso a la consulta del expediente electrónico y se le realicen las notificaciones relativas vía electrónica. Asimismo, se le tiene proporcionando únicamente como dato de contacto la cuenta de correo electrónico y número de teléfono móvil precisados en la constancia secretarial que antecede, no así para recibir notificaciones, a través de la cual en caso de requerirse, este órgano jurisdiccional entablará comunicaciones no procesal, de cuyo contenido se ordena su registro, y de ser necesario, su incorporación al expediente previa certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene al promovente como domicilio señalado para oír y recibir notificaciones personales, el indicado en la demanda relativa a través del usuario referido, y como autorizados únicamente para recibir notificaciones a las personas que indica, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Como de la constancia secretarial que antecede, se evidencia que en proveído de uno de diciembre pasado, este órgano jurisdiccional, tuvo a la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, informando que comisionó a la encargada del SISE, de su adscripción, a efecto de que realizara la vinculación respectiva del juicio de amparo -de su índice al presente asunto; sin embargo, de la revisión realizada al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se evidencia que no se encuentran expedientes electrónicos relacionados al juicio de amparo en que se actúa, como se desprende de la impresión que se anexa al presente juicio; en consecuencia, solicítese al referido Tribunal, para que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva ordenar a quien corresponda realice la vinculación respectiva del juicio de amparo - de su índice al presente asunto, o bien, remita copia certificada de las constancias relativas de donde se advierta el domicilio señalado por el impetrante de amparo, para oír y recibir notificaciones, así como copia cotejada de la demanda de amparo que dio origen al juicio de garantías en cita, y del informe justificado rendido en dicho juicio por el Congreso del Estado, con residencia en esta ciudad; lo anterior, a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintidós de noviembre del presente año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante oficio CCJ/ST/4240/2021; y con apoyo en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa en legal y debida forma con el licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, a uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta remitido vía interconexión por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa a este órgano jurisdiccional que comisionó a la encargada del SISE, de su adscripción, a efecto de que realice la vinculación respectiva del juicio de amparo 913/2021 de su índice al presente asunto; sin embargo, como se advierte de la constancia secretarial que antecede, que de la revisión realizada al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se evidencia que no se encuentran expedientes electrónicos relacionados al juicio de amparo en que se actúa, como se desprende de la impresión que se anexa al presente juicio; en consecuencia, solicítese al referido Tribunal, para que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva a comisionar a quien corresponda a fin de que se realice la vinculación en comento; lo anterior, a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza y da fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes
- Carlos Eduardo Alonso Gonzalez896/2021
- Carlos Eduardo Muñoz Reyes170/2022
- Carlos Eduardo Palafox Rodriguez192/2018
- Carlos Emilio Tapia Ledesma728/2021
- Carlos Enrique Hernandez Arroyo3/2022
- Carlos Enrique Sanchez Morales718/2021
- Carlos Escobedo Suarez1262/2022
- Carlos Estrada Alvarado1028/2022
- Carlos Fernandez Madrigal542/2022
- Carlos Fernando Cabrera Lopez1025/2018
- Carlos Garcia Chavez760/2023
- Carlos Garcia de Leon Mendez673/2020